CONSECUENCIAS DEL BREXIT BRITÁNICO

La Comunidad Económica Europea (CEE) nació oficialmente un 25 de marzo de 1957, con la firma del Tratado de Roma por parte de Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Como no es posible constituir de inmediato una unidad política integral, los firmantes de ese tratado intentan ponerla en marcha de manera progresiva. Y dan el primer paso, integrando diversos sectores de la economía y cediendo parte de su soberanía particular a las nuevas instituciones supranacionales creadas, para que puedan gestionar adecuadamente todo ese largo proceso de unificación política.

Y los británicos, que han estado siempre en contra del federalismo y que se muestran extremadamente recelosos con las decisiones que provienen del resto de Europa, rehusaron adherirse al Tratado de Roma. Y el 4 de enero de 1960, mediante la Convención de Estocolmo, crean la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC),  en ingles EFTA, como alternativa a la Comunidad Económica Europea. Además del Reino Unido, firmaron el documento fundacional Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Posteriormente entrarían en la EFTA Finlandia (1961), Islandia (1970) y Liechtenstein (1991).

Tenemos que recordar, que la EFTA o AELC se creó, cómo no, para poner un contrapeso o hacer sombra a la CCE, y se estructuró como una simple alianza de intereses estrictamente económicos, sin pretensión o intencionalidad política alguna. En la Comunidad Económica Europea, sin embargo, se mima especialmente la cuestión económica, es verdad, pero siempre con la vista puesta en la formalización de una futura unidad política.

Hay, además, otras diferencias básicas entre la CEE y la Asociación Europea de Libre Comercio. La EFTA, por ejemplo, permitía que, cada Estado miembro fijara libremente sus propios aranceles frente a terceros países, mientras que, en la Comunidad Económica Europea eran  comunes para todos sus miembros. Es cierto que la EFTA eliminó las barreras arancelarias un año y medio antes  que la Comunidad Económica Europea. Pero esa liberalización  afectaba exclusivamente a las manufacturas o productos industriales, quedando afuera los productos agrícolas y los del mar.

EL DESPILFARRO DE LAS AUTONOMÍAS

Cuenta Suetonio que Julio Cesar, en la exhortación dirigida a sus soldados tras cruzar el Rubicón, pronunció esta frase, que pasó a ser una de las más famosas pronunciadas por el general romano: “Vayamos a donde nos llaman los presagios de los dioses y la inequidad de nuestros enemigos. Que la suerte lo decida”. Tras el fracaso de Cesar en sus reiterados intentos para alcanzar la cúpula del poder, optó por enfrentarse directamente al Senado, a Pompeyo y a todos  los  que se empeñaban en cerrarle el camino.

Algo así está pasando con los desesperados intentos del Gobierno parar salir de esta crisis insistente que se resiste a dejar paso a una recuperación económica tan deseada. Todos los intentos por superarla están resultando inútiles. Ni los recortes, ni las imposiciones fiscales han dado resultados positivos. Más bien todo lo contrario. Dichas medidas nos han hecho más pobres y han dado al traste con una parte considerable de nuestro estado de bienestar. Y a pesar de la aparente buena voluntad del Gobierno para buscar soluciones, nuestra credibilidad está por los suelos, la prima de riesgo por las nubes y arden nuestras calles. Las empresas están al borde de la quiebra por falta de financiación y los capitales foráneos huyen precipitadamente de España. Y por si todo esto fuera poco, los mercados financieros desconfían de nuestra solvencia.

La apelación constante a la herencia recibida resulta tan baldía como los tímidos intentos desplegados hasta ahora por Mariano Rajoy para cuadrar las cuentas y transmitir una imagen de país que cumple fielmente con todos sus compromisos. Nada de esto ha logrado frenar la espiral de incertidumbre que nos ha llevado al borde del rescate. Y ya se sabe, el rescate o la intervención completa nos convertiría en un país súbdito, sin soberanía y sin libertad. Y el Banco Central Europeo no quiere saber nada de esa perentoria necesidad que tenemos de que compre masivamente deuda española para aliviar el acoso al que nos someten los mercados financieros. Así que, como hizo Julio Cesar en su momento, Mariano Rajoy debe dejar a un lado sus  complejos para dedicarse a buscar la suerte sin tapujos para que  ésta deje de ser esquiva.

Nuestra situación es extremadamente grave. No olvidemos que desde 2007 hasta finales de 2011 hemos gastado cantidades ingentes de dinero, unos 352.000 millones de euros más de lo que ingresamos. El desfase durante el año 2011 es especialmente significativo, ya que despilfarramos más de 90.000 millones de euros por encima de lo recaudado. Este aumento brutal del déficit ha multiplicado desmesuradamente nuestra deuda pública hasta representar el 80% del PIB. Deuda que, por otra parte, nos cuesta mucho colocar y siempre a un coste cada vez más alto.

Para enjugar semejante desfase, el Gobierno de Rajoy impone unos recortes, demasiado duros para el que los soporta, pero extremadamente mojigatos e insuficientes para el volumen de la deuda contraída. En el mejor de los casos, con la aplicación del copago y otras gaitas, podemos ahorrarnos en Sanidad unos 7.000 millones de euros. Las subidas de las tasas académicas podrían reportarnos, como mucho, alrededor de 3.000 millones de euros. Con estas dos cantidades, a las que habría que sumar aproximadamente otros 4.500 millones de euros, procedentes de la supresión absurda de la paga extra de los funcionarios, apenas si lograríamos dar un mordisco imperceptible a la deuda pública. Ni agregando lo que se pueda recaudar a mayores por las intempestivas subidas del IVA y del IRPF, lograríamos reducir significativamente nuestros números rojos.

Dada la magnitud de nuestra deuda, no es de recibo que se impongan unos duros recortes a los de siempre, a los que menos culpa tienen de la situación creada, con el agravante de que se sabe de antemano que no va a servir de nada. Se trata  de unos simples parches ocasionales que solo sirven para prolongar inútilmente la agonía. Otra cosa muy distinta es que, con semejantes recortes, reiniciáramos claramente la recuperación económica y financiera. Entonces estarían plenamente justificados, siempre que el esfuerzo alcanzara a todos los ciudadanos de manera proporcional a sus posibilidades económicas, algo que tampoco se tuvo en cuenta. Este tijeretazo ha sido absurdo y contraproducente, ha hecho un daño desproporcionado al ciudadano medio, lo acosa y lo empobrece indebidamente y deja a España sin liquidez. Y todo ello, como hemos visto, para nada.

El desmadre económico y financiero es de tal envergadura que España requiere una catarsis total, que hasta es preciso incluso cambiar la mentalidad económica de todos. Hay que empezar reajustando y dinamizando la economía, si es que queremos amortizar la disparatada cantidad de deuda que hemos acumulado. Y querer solucionar esto con una simple subida de impuestos, además de inútil, resulta francamente suicida. De este modo dejamos al descubierto nuestra manifiesta incapacidad para rebajar significativamente nuestra deuda. Y esto es algo que siempre tienen en cuenta los inversores.

Y una de dos, o ponemos los puntos sobre las íes y simplificamos considerablemente nuestra administración para reducir los gastos estructurales que ahogan  nuestra economía, o el rescate será inevitable. Los últimos esfuerzos exigidos a los ciudadanos medios no impiden en absoluto que sigamos gastando, al menos este año, unos 70.000 millones de euros más de lo que ingresamos. Y aplicando los correspondientes intereses, llegamos al consabido desfase de 90.000 euros. Más o menos, el doble de lo que ingresamos aplicando los últimos recortes. Solamente evitaremos el rescate total reduciendo inteligentemente el gasto público. Y para eso, no tenemos nada más que un camino: eliminar el Estado de las autonomías o, cuando menos, dejarlas reducidas a su mínima expresión.

Pero Mariano Rajoy, lleno de complejos, sigue empeñado en ponerse de perfil y espera que, sin hacer prácticamente nada,  se produzca el milagro de nuestra recuperación económica. Y aunque nuestro modelo autonómico es muy ruinoso, no quiere tocarlo, porque acabar con las Comunidades Autónomas, sería tanto como cerrar definitivamente una interesante agencia de colocación al servicio de los partidos políticos. No importa que nos asfixien financieramente con sus despilfarros, sus duplicidades y su descomunal  endeudamiento. Pero es que si desaparecieran las Autonomías, se evaporaría simultáneamente la principal bicoca con que cuentan los políticos. Y muchos de ellos, entonces,  tendrían que ganarse la vida fuera de la política, tendrían que trabajar. Y esto es algo a lo que no están dispuestos.

Si queremos recuperar nuestra credibilidad y volver a ocupar el puesto que nos corresponde, dentro del concierto europeo y mundial, debemos derribar sin contemplaciones muchas ciudadelas particulares y muchos de los tinglados creados con toda la mala intención por una casta política, para así poder vivir perennemente del cuento, a costa del sudor ajeno. Sobran por lo tanto los reinos de taifas y sobran todos sus virreyes, alguno de los cuales se empeña torpemente en restablecer, a estas alturas, el sistema feudal. Y con estos virreyes, sobra toda su tropa y su exótica colección de escuderos. Sobra también el Senado con todo su boato, su piscina y sus absurdos pinganillos. Sobran televisiones públicas y autonómicas y sobran, por supuesto,  infinidad de pesebres y comederos varios donde se solazan descaradamente tantos vividores como produce la clase política española.

No es hora de reclamar competencias y privilegios que nos singularicen y nos distingan de otras regiones españolas. Y como no es de recibo que, dentro de la Unión Europea, haya Gobiernos que se financien al 0% y otros, como es ahora el caso de España, tengan que hacerlo incluso por encima del 7%. Para evitar semejantes despropósitos, en vez de exigir pactos fiscales particulares  como hace ahora Cataluña, hay que tratar de conseguir una unión bancaria, fiscal y presupuestaria común para todos los que formamos parte de esa Unión Europea.

Barrillos de Las Arrimadas, 26 de julio de 2012

José Luis Valladares Fernández

CORTEMOS POR LO SANO DE UNA VEZ

Los enormes y casi siempre disparatados derroches de José Luis Rodríguez Zapatero dejaron las arcas públicas hasta sin telarañas. En esos casi ocho años al frente del Gobierno, batió todos los records de despilfarros. Mariano Rajoy, al hacerse cargo del Gobierno, hereda un déficit fiscal de 90.000 millones de euros, 27.000 millones más de lo que mendazmente aseguraban los responsables  del Gobierno socialista saliente. La situación para el nuevo Gobierno es extremadamente complicada, ya que el total de la deuda acumulada alcanzaba la escalofriante cifra de 340.788 millones de euros y los intereses de la misma rondan los 29.000 millones de euros anuales. No hay dinero ni para pagar los servicios sociales básicos.

A Mariano Rajoy le pasó con Zapatero lo que a Vespasiano con el extravagante Nerón. Cuando Vespasiano llegó al trono imperial de Roma, se encontró sin dinero. El alocado despilfarro de Nerón y la guerra civil desatada para sucederle dejaron las arcas del Imperio completamente vacías, sin un solo sestercio disponible. Investido ya como emperador, Vespasiano demostró ser un buen administrador, redujo al mínimo los gastos superfluos,  reorganizó de una manera más racional la administración y, además de una nueva serie de impuestos,  introdujo algunos tributos  muy especiales que incrementaron rápidamente  la recaudación.

Esperemos que Rajoy sea tan hábil como Vespasiano para reordenar nuestra maltrecha economía, a base de racionalizar los gastos y de controlar adecuadamente nuestras fuentes de ingresos. Las necesidades presupuestarias son tan agobiantes que el Gobierno de Rajoy, no ha tenido más remedio que incrementar el impuesto del IRPF y establecer un tributo, el copago farmacéutico, que está resultando extremadamente polémico. De todos modos, no tan polémico y tan controvertible como el “vectigal urinae”, el gravamen especial que el antiguo emperador romano impuso a los establecimientos que utilizaban la orina recolectada en las letrinas y en la vía pública para el curtido de pieles o para la limpieza de textiles.

Desde que en diciembre de 1942 se crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad, hasta nuestros días, la sanidad española, ha experimentado varios y profundos cambios. En 1978 se crea el Insalud y se establece la universalidad del derecho a la salud. La UCD, en 1981,  comete una garrafal torpeza al traspasar a la Comunidad Autónoma de Cataluña los servicios sanitarios que venía gestionando el Insalud. En 1984, dos años después de llegar al Gobierno, el PSOE hace lo propio con Andalucía. Es en 1986 cuando el Insalud, se transforma  en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y se traspasan las  competencias sanitarias a Valencia, al País Vasco, a Navarra y a Galicia. A Canarias le llega el turno diez años más tarde, en 1984. El proceso de descentralización sanitaria culmina en 2002, que es cuando el Partido Popular trasfiere las competencias sanitarias a las diez comunidades restantes, regidas por el artículo 143 de la Constitución.

El 1 de enero de 2002, el Gobierno central cede definitivamente su labor gestora y organizativa del servicio público de salud a las distintas Comunidades Autonómicas. Pasa a desempeñar exclusivamente el papel de simple coordinador del sistema sanitario descentralizado. A partir de esa fecha, son los gobiernos autonómicos los que se responsabilizan de la gestión y de la organización de los servicios de salud y, por consiguiente, de la financiación adecuada de los mismos.  

Es cierto que la sanidad española vive desde hace mucho tiempo, y por muy diversas razones, en un constante estado de déficit estructural y sus presupuestos son manifiestamente cicateros. Hasta la descentralización del sistema sanitario, los déficits de cada año no eran preocupantes porque se enjugaban oportunamente, al final de cada ejercicio, con la socorrida deuda del Estado. Al transferir este servicio público de sanidad a las Comunidades Autónomas, el problema crece desmesuradamente, ya que se dispara el consumo de medicamentos. Se mantienen, es cierto,  los servicios de sanidad, e incluso se mejoran en algunos, pero es siempre a base de acrecentar sistemáticamente el déficit de cada Comunidad Autónoma.

Por este motivo, algunas comunidades se han endeudado más de lo razonable y apenas si pueden hacer frente ya a los gastos farmacéuticos. De hecho, hay comunidades que están pagando los medicamentos a más de 800 días vista, ocasionando así un grave perjuicio económico a los proveedores sanitarios habituales. Y esto es tan injusto e inaceptable como obligar a los pensionistas a pagar parte de los medicamentos, implantando por decreto el dichoso copago farmacéutico.

Está meridianamente claro que el Gobierno de Mariano Rajoy huye de manera instintiva de las complicaciones, escabulle el bulto cuando otea algún obstáculo espinoso. Y para no tener problemas con las Comunidades Autónomas  rebeldes, optó por lo más fácil: en vez de adelgazar de una vez nuestra absurda y abultada estructura administrativa y recuperar nuevamente las competencias sanitarias, exige sacrificios y privaciones a los de siempre e impone a los jubilados una tasa recaudatoria por enfermedad. Con las competencias sanitarias en manos del Estado, dejaría de ser tan acuciante la necesidad de buscar ingresos más o menos atípicos  y de rebote,  contribuiría notablemente a devolver la necesaria igualdad entre los españoles al tener acceso todos a las mismas prestaciones sanitarias.

Es evidente que algo urgente había que hacer, pues la sanidad española llevaba ya tiempo en crisis y peligraba seriamente su sostenibilidad. Pero es absurdo imponer  gravámenes por el hecho de estar enfermo, y continuar soportando tanto gasto ineficiente como hay en la administración pública. Y para colmo de males, viene la ministra de Sanidad, Ana Mato, y justifica ese tipo de terapia, dando a entender que, por culpa de la gratuidad del servicio, los pensionistas abusan del sistema sanitario consumiendo cantidades enormes de medicamentos. Y no es  así. Se ha llegado a esta situación económica lamentable de la sanidad, porque los gestores de la misma, en vez de utilizar criterios empresariales, la han regido aplicando criterios estrictamente políticos. Este es, y no otro, el principal motivo de que el gasto en el sistema sanitario se haya doblado desde que las autonomías se hicieron cargo de su gestión.

Pero aún así, el gasto sanitario en España es francamente moderado si lo comparamos con los países de nuestro entorno, y eso que nuestra sanidad es bastante más completa que la del resto de Europa. Si nos atenemos al informe que realizó  la Organización Mundial de la Salud en 2011, nuestro gasto sanitario público está 821 dólares por habitante y año por debajo de la media de la Unión Europea de los 15 países, entre los que se encuentra España. Si nos comparamos con la Unión Europea de los 27, entonces estamos solamente 43 dólares por debajo de la media. Esto es debido a que Rumania, Bulgaria  y los tres países bálticos de Lituania, Estonia  y Letonia gastan muy poco en sanidad.

Es inadmisible, por lo tanto, que intenten justificar la implantación del copago por el excesivo gasto farmacéutico,  y menos  por el descontrol en el gasto de los mayores.  Y encima quieren hacernos ver que no se trata de una medida recaudatoria, que solamente buscan fomentar el ahorro. A la ministra Ana Mato le importa muy poco pervertir el lenguaje, ya que, a la vez que da ese rejonazo a los mayores, quiere hacernos creer que se trata simplemente de garantizar la asistencia “gratuita, universal y de calidad”. Y esto se lograría reduciendo un 10% la factura sanitaria para  ahorrar unos 7.000 millones de euros al año.

Para lograr esto, acuden a la vieja terapia de Vespasiano: impuestos y más impuestos. Los pensionistas, los que durante su vida laboral soportaron todo tipo de tributos y deducciones sociales para tener cubiertos estos servicios asistenciales, tienen que volver a pagar esa nueva tasa por enfermar. Y estamos otra vez con lo de siempre. Dice la ministra del ramo sanitario, sin tener en cuenta el poder adquisitivo de los distintos países, que somos los que menos pagamos y la faltó un pelín decir que somos los que más medicamentos consumimos. Se contuvo finalmente y dijo que España es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos. Pero que alguien me diga cómo  se compagina esta afirmación con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, según la cual, en 2011, en gastos sanitarios ocupamos el penúltimo lugar en la UE de los 15 países.

Está bien que se elimine el turismo sanitario y se controle el acceso a la tarjeta sanitaria de los extranjeros. Sería también interesante que se adecuaran  los envases  de los fármacos de una manera más racional, teniendo en cuenta la duración estimada de los tratamientos. Así no irían tantos medicamentos a los Puntos SIGRE de las farmacias o, lo que es peor, directamente a la basura.  Todo esto aligerará en parte los gastos farmacéuticos, pero no será suficiente. Hace falta algo más. La sostenibilidad del sistema sanitario terminara lamentablemente siendo inviable si la administración central no asume de nuevo esas competencias. Y después gestionarla, claro está, con criterios estrictamente empresariales y no políticos.

Y los recortes hay que hacerlos donde merezca la pena y donde se eliminen gastos inútiles y que no aporten nada, como es el caso de las duplicidades en las  administraciones públicas. Nuestra estructura administrativa, al tener un volumen tan desmesurado, además de ser ineficiente, genera unos gastos desorbitados. Y los ciudadanos le han dado Mariano Rajoy esa mayoría tan notable para que racionalice esa estructura y la haga viable,  operativa y moderna. Y ya es hora de que se ponga las pilas y comience a recortar donde hay mucho que recortar, simplificando la administración y no donde los recursos son escasos.

Que no me digan que no sobran en España parlamentos y parlamentarios. Sobran también defensores del pueblo y consejeros. Sobran coches oficiales y multitud de cargos de confianza. Por sobrar, sobran ayuntamientos, y por supuesto sobran televisiones públicas y hasta sobran privilegios de los políticos y de los amigos de los políticos, además de otras muchas cosas. Esperemos que Rajoy se deje de remilgos y se moje de una vez, que es lo que le piden los que le dieron sus votos.

Gijón, 2 de mayo de 2012

José Luis Valladares Fernández

REHENES DE LAS RENOVABLES Y DE GREENPEACE

Para prevenir los problemas proporcionados por el cambio climático, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, deciden  crear un nuevo organismo que analice detalladamente la información científica, técnica y socioeconómica relevante, referida a los riesgos derivados del cambio climático, provocado por la actividad humana. Este nuevo organismo, al que dieron el nombre de Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), deberá evaluar periódicamente cuantos datos vayan apareciendo sobre dicho cambio,  labor que se traducirá  en Informes Especiales y Documentos Técnicos sobre temas tan importantes para ser utilizados por los gobernantes y responsables políticos.

En principio, nada que objetar  teóricamente. Lo malo es que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático utiliza frecuentemente estudios tendenciosos y muy poco fiables para elaborar sus propias conclusiones. El último informe publicado por el IPCC sobre las energías renovables y el calentamiento global carece totalmente de la debida imparcialidad, ya que está basado exclusivamente en un estudio elaborado por Greenpeace en colaboración con el Consejo Europeo de Energía Renovable, el lobby de la industria eólica y solar con sede en Bruselas.

No pueden ser neutrales los miembros del sector energético de las renovables que intervinieron en la elaboración del documento base, juntamente con Greenpeace, por motivos obvios, ya que es normal que barran para casa. El Consejo Europeo de Energía Renovable, en efecto, representa a toda la industria de las renovables a nivel europeo. Tal es así que dicho Consejo se nos presenta asimismo  como una "organización paraguas de la industria renovable europea, asociaciones comerciales y de investigación". Lo que quiere decir que, además de las empresas del sector, representa también a las diversas entidades tecnológicas y de investigación que se ocupan interesadamente de esta materia.

Tampoco puede ser neutral la ONG ecologista, pues nos tiene acostumbrados a que sus estudios climáticos siguen siempre una línea acorde con sus intereses particulares, sin preocuparse lo más mínimo si de sus informes se derivan perjuicios para consumidores y contribuyentes. Nunca ha sido imparcial Greenpeace. Siempre ha exagerado los desastres y las connotaciones negativas de la energía nuclear, silenciando maliciosamente los aspectos positivos de la misma. Ahí están sus exageraciones, referidas al accidente de la central nuclear de Fukushima, ocasionado por el tsunami que siguió al terremoto del 11 de marzo del pasado año. Pero ocultarán, en cambio, que estamos ante un tipo de electricidad más barato y estable que los demás y que además tiene una emisión muy baja de CO2.

El informe del gran lobby de las renovables, utilizado posteriormente por el IPCC para aconsejar a los Gobiernos, no puede ser más sospechoso. Dicho Consejo Europeo de Energía Renovable, tiene su sede en Bruselas y factura al año una cantidad muy próxima a los 70.000 millones de euros al año. Y a pesar de este volumen de ventas tan alto, es generosamente recompensado con abundantes ayudas y subvenciones de  la Unión Europea. Y con este informe, claro está, se elabora la famosa estrategia 20-20-20 para el año 2010. Se trataba de reducir un 20% las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero; ahorrar un 20% en el consumo de energía; y que las renovables contribuyeran con un 20% al conjunto del sistema energético.

Resulta todo extremadamente claro. Estamos ante un grupo de presión muy particular, dedicado exclusivamente a favorecer sus propios intereses de una manera sibilina. Las empresas renovables, en efecto, asesoran a los distintos gobiernos en materia energética. Y lo hacen con ayuda de dinero público, sugiriendo qué políticas deben implementar y el mejor modo de lograr sus objetivos. Y sin que el contribuyente ni el consumidor tengan vela en ese entierro. Al contribuyente se le esquilma para conformar las primas que reciben estas empresas y que en España rondan los 7.000 millones de euros al año y, como es evidente, el consumidor  cada vez tendrá una electricidad más cara.

El Gobierno anterior,  presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, fue excesivamente generoso primando a las empresas dedicadas a la producción de energía renovable. Su excusa no puede ser más baladí, pues argumentaba que así se fomentaba el desarrollo del sector y que todo ello redundaría en el futuro en una energía más limpia y progresivamente más barata.  Los datos nos dicen todo lo contrario. Las empresas dedicadas a la producción de energía eólica y fotovoltaica, con una producción de 22.657 GWh en 2004, fueron agraciadas con 663.499 euros y en 2010, con una producción de 59.342 GWh, la prima que se llevaron ascendió a la importante cifra de 5.268.090 euros, aparte, claro está, de la cantidad que obtienen con la venta de esa energía.

Es evidente que, con la política energética del Gobierno saliente, salieron enormemente perjudicados los consumidores y los contribuyentes, pues el coste total de las energías renovables, en términos absolutos, se multiplicó por ocho desde el año 2004, y su coste relativo hay que multiplicarlo por tres. Lo que dio lugar a un encarecimiento indiscutible de la luz y, como no,  a nuevas subidas fiscales y que siga, además, aumentando la deuda tarifaria. Durante el año 2010, el precio medio del MWh  en el mercado mayorista fue de 45,12 euros, mientras que el MWh eólico se pagó a 76,84 euros y el MWh fotovoltaico se pagó a 475,6 euros.

El coste de generar energía eléctrica depende de la fuente de producción que se utilice. Por mucho que digan los ecologistas y los detractores  de la energía nuclear, esta es, con mucho, la que resulta mucho más barata, y la más cara la fotovoltaica. Generar electricidad en una central nuclear, teniendo en cuenta la operación y mantenimiento, el combustible consumido, la inversión recurrente, así como el coste de gestionar los residuos, no llega a los 20 euros el MWh. Unos 16 ó 17 euros como máximo. En todo caso, bastante más barato incluso que la producida hidráulicamente, que andaría por los 45 euros el MWh.

Fue en 1984 cuando el Gobierno de Felipe González cometió el disparate energético más absurdo de nuestra historia industrial, limitando el peso nuclear a 7.500 MWh, unos 5.000 menos de los contemplados  en el Plan de 1978-1987. Precisamente por eso, el Gobierno socialista de entonces paralizó las obras de las centrales nucleares de Lemóniz I y II en Vizcaya, Valdecaballeros I y II en Badajoz y Trillo II en Guadalajara que estaban ya casi terminadas. Con esta disparatada moratoria nuclear, provocó unas enormes pérdidas, al menos unos 730.000 millones de las pesetas de entonces, unos 8.000 millones de los euros actuales.

Esta moratoria nuclear no solamente la pagaron las empresas que se habían lanzado a la construcción de nuevas centrales nucleares. Lo pagaron también todos los consumidores que debían hacer frente a un recibo de la luz. El Gobierno socialista de Felipe González, para compensar a las compañías eléctricas por las pérdidas ocasionadas con esa paralización, aprobó una disposición que las autorizaba a incluir en el recibo de la luz un porcentaje determinado para recuperar parte de las inversiones perdidas.

Y si fue una barrabasada mayúscula bloquear en 1984 la terminación y la puesta en marcha posterior de las cinco centrales nucleares citadas,  no es menos aberrante que, a estas alturas, no se haya programado la puesta en marcha de algún nuevo proyecto, o la recuperación del antiguo si aún es posible, pues la moratoria nuclear desapareció con la liberalización del sector eléctrico  en 1997. Hay que tener en cuenta que necesitamos de manera urgente aumentar nuestra producción eléctrica para atender autónomamente la demanda interna y abaratar los costes de la luz eléctrica. Va a ser muy difícil encontrar compañías eléctricas dispuestas a invertir la abultada cantidad de millones de euros que cuesta una central nuclear. Y mucho más, cuando ven que, gracias a las primas y a las subvenciones y a que se requieren inversiones mucho menores, resultan más rentables las energías renovables y las de ciclo combinado.

Si no cambia la orientación, nos quedaremos sin centrales nucleares y, como no será posible autoabastecernos, o volvemos a los arcaicos candiles de antaño o  importamos de Francia ese tipo de energía a precio de oro y correremos con todos los riesgos que puedan derivarse de este tipo de centrales sin tenerlas.  Francia cuenta con 50 centrales nucleares, y algunas  muy próximas a la frontera española. Y si alguna de ellas sufriera algún percance grave, afectaría indudablemente a España. Las centrales nucleares francesas producen ellas solas prácticamente el 80% de la electricidad generada en Francia. Y como las centrales nucleares suelen operar con una carga constante, cuentan con unos excedentes notables de electricidad que exporta tranquilamente sin el menor inconveniente. De ahí que el precio de la electricidad en Francia sea uno de los más bajos de la Unión Europea.

Nosotros, entre tanto, continuaremos contaminando y afeando nuestros paisajes con esas ineficientes placas solares y los molinillos o aerogeneradores eólicos, cuya producción sale mucho más cara. Así que, al contrario de Francia, tendremos la electricidad más cara, o una de las más caras de la media de la Unión Europea. Mientras que en la Unión Europea el precio medio de la electricidad para uso doméstico está en  17,08 euros los 100KWh, en España se sitúa en 18,51 euros,  y que puede subir hasta los 20,04 euros si tenemos en cuenta la diferencia en el producto interior bruto.

Gijón, 18 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández

FINAL DE UNA PESADILLA

Son muchos los que ven en la tan traída y llevada burbuja inmobiliaria una de las principales causas de nuestra actual situación económica. Y es cierto que la crisis crediticia e hipotecaria, originada en Estados Unidos en el año 2007 como consecuencia de las hipotecas subprime, se agravó considerablemente en 2008 con la bancarrota del banco de inversión Lheman  Brother, y de otras compañías hipotecarias. El colapso financiero fue de tal envergadura que, no lograron frenarlo ni los cientos de miles de millones de dólares inyectados por el Gobierno norteamericano. Y como era de esperar, se generalizó de tal manera, que terminó extendiéndose al resto de los demás países.

Lo malo es que en España tenemos  esa misma crisis financiera y, asociada a ella,  tenemos otra crisis bastante más complicada y peligrosa, que los socialistas no quieren reconocer. Según ellos, nuestra crisis económica no difiere en nada de la crisis que afecta a los demás países de la Unión Europea, un poco más agravada porque, según dicen, José María Aznar se extralimitó en el tratamiento al boom de la construcción. Ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni ninguno de sus más directos colaboradores, admitirán jamás que la mayor complejidad de nuestra crisis radica en que nuestro sistema económico es escasamente productivo y competitivo y en que no se adoptaron, desde un principio, las medidas estructurales oportunas que hubieran minimizado sus perniciosos efectos.

A esto debemos añadir  que nuestra economía está soportando un modelo autonómico sumamente pernicioso. El famoso “café para todos” con el que se pensaba ahogar las conocidas aspiraciones de los separatistas vascos y catalanes, más que descentralizar servicios, los multiplicó innecesariamente por diecisiete, dando así lugar a una especie de burbuja autonómica, tan peligrosa o más que la burbuja inmobiliaria. Y como no hay nada gratis, ni en Economía ni en ninguna otra cosa, al juntarse el disparate autonómico con la baja productividad y la falta de medidas estructurales para hacer frente a la crisis financiera incipiente, se tradujo en una destrucción masiva de empleo y en un desmoronamiento imparable del tejido empresarial español.

Si analizamos la marcha de nuestra economía desde los comienzos mismos de nuestra democracia hasta nuestros días, veremos que casi siempre, sobre todo con Gobiernos socialistas, nuestra aproximación a esa deseada convergencia con Europa es más aparente que real. Lo normal es que esa brecha que nos separa de la media  europea, se agrande cada vez más, salvo en contadas excepciones. Pues no cabe duda de que los parámetros macroeconómicos que miden nuestra convergencia nominal, como la inflación, el déficit público o las tasas de interés han sido casi siempre más elevados que en Europa. Otro tanto ocurre con la convergencia real, ya que el aumento experimentado por la renta per cápita en España suele ser habitualmente más bajo que la media europea.

La evolución del déficit público en los primeros años de la democracia ya evidencia claramente que en vez de converger, hemos iniciado un proceso de divergencia que nos aleja cada vez más de la media europea. En 1975, por ejemplo, año en que se cierra la etapa de Franco, se cierra el ejercicio con superávit. Unos pocos años después, en 1981, el déficit público representaba ya el 3,7% del PIB, para pasar al 7,5% del PIB en 1993. Este aumento progresivo del déficit público se dejó sentir, y de qué manera, en el volumen de nuestra deuda. En consecuencia, la deuda pública española, que a la muerte de Franco en 1975, representaba el 12,8% del PIB, en 1981 suponía ya el 20,6%, para subir en 1996 al 68,1% del PIB.

Con la llegada de José María Aznar a La Moncloa se pone fin al desmadre del gasto público socialista, que a punto estuvo  de llevarnos directamente a la quiebra estatal. Reduciendo simplemente el gasto público de manera sustancial, fue posible contener la deuda pública, bajar la inflación y reducir considerablemente  los intereses que se abonaban por el dinero. De estar prácticamente desahuciados, el tesón del nuevo Gobierno y la tijera del profesor Barea lograron, por fin, el estupendo milagro económico de cumplir con todos los requisitos exigidos por Maastricht para ingresar en el primer grupo de la Unión Monetaria. De este modo, dimos pasos de gigante hacia una plena convergencia nominal con Europa y nos acercarnos también bastante a la convergencia real al mejorar sustancialmente  nuestros niveles de renta.

Pero con la vuelta de los socialistas al Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del mismo, se frustró nuestro sueño de que la renta per cápita de los españoles fuera igual o incluso algo superior a la de los demás países de Europa. Es cierto que, por inercia, se mantuvo el ritmo de crecimiento durante sus primeros años de gobierno. Fue precisamente en este contexto en el que soltó, muy ufano, aquello de que España estaba en  la  "Champions League de la economía europea" y otras muchas perlas por el estilo que al final, muy a su pesar, ha tenido que tragarse.

Jamás reconocerá Zapatero que se va de la Presidencia del Gobierno, dejando a España al borde de la ruina. Aún piensa que cerraremos 2011 con el aceptable déficit del exigido 6% del PIB y puntualiza que la deuda pública española está 20 puntos  por debajo de la media europea y, según dice, muy por debajo de la deuda de Francia y Alemania. Señala además, que contamos con activos suficientes para garantizar nuestra estabilidad financiera y para abordar, sin mayores problemas, la creación de empleo. Se olvida Rodríguez Zapatero que mientras Francia y Alemania siguen creciendo y creando empleo, España ha estado perdiendo competitividad y destruyendo puestos de trabajo. Desde el año 2008, el PIB per cápita ha caído en España nada menos que tres puntos. Es evidente, por lo tanto, que Francia y Alemania pueden asumir su deuda más fácilmente que nosotros la nuestra.

El pasado día 20 fue nombrado nuevo presidente del Gobierno Mariano Rajoy que tendrá que enfrentarse al espeluznante entuerto que le deja José Luis Rodríguez Zapatero. No va a ser nada fácil salir del pozo en que  nos ha metido la torpeza y la ineptitud del Gobierno saliente. Se puede repetir el milagro de 1996, pero tendrá que ser  a base de sudor y lágrimas de todos los ciudadanos. Además de racionalizar responsablemente el gasto público, Rajoy y sus nuevos ministros tendrán que sopesar la viabilidad de la España autonómica actual. Al menos, tendrán  que adelgazar su sobredimensionada estructura, unificando criterios y eliminando decididamente los servicios duplicados que tanto han proliferado últimamente. No es de recibo que vaya cada uno a su aire y todos quieran tener aeropuertos o Líneas de Ave sin que haya pasajeros.

Gijón, 24 de diciembre de 2011

José Luis Valladares Fernández

YO TAMBIÉN QUIERO SER POLÍTICO

Hay un artículo en nuestra Constitución que dice textualmente: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Se trata del artículo 14, donde con claridad se nos dice, faltaría más, que todos somos iguales ante la ley. Pero esta afirmación, si nos atenemos a la cotidiana realidad, tiene un carácter puramente relativo. Si tuviera un valor absoluto, no habría grupos de personas con privilegios, a veces escandalosos, que no están al alcance de todos los mortales. Los políticos y los cargos públicos disfrutan de muchos más privilegios que la gente de “a pie”.

Los ciudadanos corrientes, a lo largo de su vida laboral, tienen que tributar por el total de los ingresos percibidos. En cambio los diputados y los senadores solamente lo hacen por dos tercios  de su sueldo. El otro tercio restante no está sujeto al IRPF porque se supone que es una especie de indemnización para cubrir los gastos que origina el cargo institucional. Aún hay más. Los ciudadanos corrientes, los que no hemos sido agraciados con una magistratura, ni llamados a desempeñar el honroso cargo de senador o diputado, estamos obligados a cotizar durante 35 largos años, si es que queremos cobrar la pensión máxima. Los que han tenido la suerte de ser tocados por el hada madrina, con dos legislaturas o siete años de cotización ya adquieren el derecho a esa pensión máxima de jubilación.

 Donde más se nota esta injusta discriminación entre un colectivo y otro, es en la jubilación. Los cargos institucionales, los parlamentarios, los ministros y los secretarios de Estado tienen la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones, algo que es impensable para el resto de ciudadanos. Los demás ciudadanos solamente pueden cobrar una, o en el mejor de los casos, podrán tener derecho a dos, siempre y cuando la suma de ambas no lleve a la cuantía máxima establecida. Por una disposición de fecha 11 de junio de 2006, recogida en el Reglamento, se reconoce a los Diputados y senadores el derecho a la pensión parlamentaria, siempre que hayan rebasado los 7 años en el cargo. Se trata de que cuando los parlamentarios no lleguen  al límite máximo de las pensiones públicas, las Cámaras abonen la diferencia hasta que los diputados y senadores alcancen la base máxima de jubilación. Ni más ni menos, según se explica en el Reglamento, se procura que los parlamentarios españoles se homologuen con los de los demás países de nuestro entorno.

Las ventajas de los parlamentarios no terminan aquí. Disfrutan además en exclusiva de otros muchos beneficios que no tienen los demás mortales, por ejemplo la indemnización por cese en el cargo, sea este institucional o representativo. Esta indemnización, que percibirán mensualmente, equivale a una mensualidad por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales, hasta un límite de 24 mensualidades. El objeto de semejante dádiva, según dicen, no es otro que la compensación de los servicios prestados, ya que no tienen cobertura por desempleo al abandonar el cargo y, además, para equipararlos  a la media de los países de la Unión Europea.  Un diputado o un senador que viene cobrando una media mensual de 4.000 euros, tienen motivos más que sobrados para estar nervioso por no percibir la prestación de desempleo, así que necesita perentoriamente esa suculenta indemnización por cese. Esto, claro está, sin que peligre la base máxima de la pensión, siempre que haya estado en el cargo parlamentario al menos durante siete años. Normal que quieran perpetuarse en el cargo. Se ríen del dicho del  escritor británico George Bernard Shaw, el autor de Pygamalion: "los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo,...y por los mismos motivos".

Otro tanto ocurre con los ministros. Cuando un ministro cesa en su cargo, cobrará una indemnización del 80% de su salario durante dos años y la podrá compaginar con la remuneración como diputado o senador. Más aún. Cuando deje el cargo parlamentario, también tendrá derecho a la indemnización correspondiente, que podrá compatibilizar con la que recibía por dejar de ser ministro. Ese es, por ejemplo, el caso de Pedro Solbes que estuvo simultaneando su indemnización  por dejar el escaño del Parlamento Europeo, su cargo de ex comisario europeo y su pensión de ex ministro del Gobierno  durante dos años.

Es descorazonador que, a los jubilados que no han disfrutado de las mieles de la política, se les congelen las pensiones y se recorte el sueldo de los trabajadores públicos y no se toquen los emolumentos de los parlamentarios y de los cargos institucionales. Y mientras se carga el peso de la crisis sobre los más débiles, los ex parlamentarios y los ex ministros siguen acumulando y simultaneando  pensiones y remuneraciones con todas las garantías legales a costa del dinero de los contribuyentes. También está previsto, que la reforma del sistema de pensiones solamente afecte a los ciudadanos de a pie. Los privilegios de nuestros diputados y senadores, de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, aunque escandalosos, son intocables. Un político tiene un plus de valor sobre los demás ciudadanos. Por eso yo también quiero ser político.

Gijón, 12 de enero de 2011

José Luis valladares Fernández

LOS ENGAÑOS DE ZAPATERO

El paso de José Luis Rodríguez Zapatero por La Moncloa ha sido, en general, tremendamente negativo para España y para la inmensa mayoría de los españoles. Nunca ha sabido estar a la altura de las circunstancias y ha dado muestras abundantes de que la presidencia del Gobierno le queda demasiado grande. Un talante ficticio y una sonrisa bobalicona es muy poco bagaje para desempeñar adecuadamente las tareas propias del jefe del Ejecutivo. Si a esa falta notable de aptitud para tan elevado cargo, le sumamos su manifiesta irresponsabilidad, nos encontramos con el Zapatero real que ha hipotecado nuestro futuro económico y cultural y que ha puesto en peligro hasta la convivencia nacional.

Ni que Rodríguez Zapatero fuera un personaje de novela, pues además de ser un tipo extremadamente utópico, sueña que él es el mesías, el salvador, el que por fin hará felices a todos los españoles al hacerles partícipes del mejor de los estados de bienestar social posible. Como si fuéramos indefensos niños, trata de tutelarnos económica y culturalmente, para protegernos hasta de la verdad. Sus continuas mentiras tienen esta piadosa intención. De ahí su afán por ocultar la cris económica. Como a pesar de todas sus precauciones, llegamos a saber que estábamos en crisis, había que dulcificarnos la desilusión sufrida, con los brotes verdes y las señales ciertas de nuestro repunte económico definitivo.

Comenzando por el principio y guardando el orden cronológico, veremos que esto no es una exageración. Para levantar los ánimos de los ciudadanos españoles, como aperitivo, puso su primera inyección de entusiasmo el 19 de diciembre de 2005, con una de sus primeras frases famosas: "Somos la envidia de Europa y en pocos años vamos a ser un país de primera división en el mundo". Ya en el año 2007, concretamente el día 11 de septiembre, cuando la crisis comenzaba a producir los primeros estragos, quiso situar a nuestra economía entre las más florecientes de nuestro entorno. "Haciendo un símil futbolístico -dijo-, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial, mal que les pese a algunos”. E insiste: "En esta Champions League de las economías mundiales, España es la que más partidos gana, la que más goles ha metido y la menos goleada. Ésa es la realidad." Y por si a alguien le quedaba alguna duda, remachó en la Cadena SER y en Libertad Digital: "El Gobierno ha situado a España en la Champions League de las economías del mundo".

Sería ya en 2008, a raíz del debate electoral entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro, cuando llamaría “antipatriotas” a quienes anuncian que la crisis ya está haciendo estragos en nuestra economía y piden medidas específicas y estructurales para enfrentarnos a ella con garantía. A estas personas las acusa Zapatero de “falta de patriotismo” porque generan, según dice, un “alarmismo injustificado”. Quizás no se había enterado de que, por entonces, ya se destruía empleo a un ritmo injustificadamente elevado, la inflación era cada vez más alta y nuestro crecimiento estaba ya estancado. La pérdida de poder adquisitivo era muy notable y la confianza en nuestra economía estaba ya bajo mínimos. Fue en diciembre de ese mismo año, cuando las circunstancias le obligaron a cambiar de disco y afirmó: "Aunque la crisis es fuerte y aún nos quedan momentos duros en los próximos tres o cuatro meses, España saldrá de ella en la segunda parte del 2009". Pero es cierto que aún le costaba utilizar la palabra “crisis”, como apreciamos por la siguiente frase, pronunciada a primeros de 2009: “No hay crisis, hay una desaceleración acelerada de la economía”.

Según reveló entonces el Banco de España, la economía había caído un 1,8% en el primer trimestre de 2009 y el 2,9% en el último año. Es en el mes de abril cuando Zapatero, ante estos preocupantes datos que reflejaban la mayor contracción de la economía española desde la década de los 70, aseguraba en Bruselas que “es probable que lo peor de la crisis económica haya quedado atrás". Y atribuía estos datos, tan negativos para nuestro crecimiento, a la recesión mundial que azotaba a todos los países y que no tenía precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Poco tiempo después, en pleno verano de dicho año, aparecen los famosos brotes verdes tal como afirmó solemnemente la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado. Lo que confirmaría en la práctica Rodríguez zapatero, al presentar el informe económico correspondiente a ese año, con esta concluyente frase: "La economía española va a volver a crecer con carácter inminente".

Las medidas que ha tomado el Gobierno a lo largo del año 2010, por iniciativa propia u obligado desde Bruselas, son en realidad muy pocas. Entre ellas está la descafeinada reforma laboral aprobada el 9 de septiembre, el recorte de salarios a los trabajadores públicos y la congelación de las pensiones. Piensa Zapatero que, con este escaso bagaje, tenemos garantizada la salida inmediata de la crisis económica con un crecimiento posiblemente espectacular. Por eso no dudó en afirmar, en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNBC en el pasado mes de diciembre que "Hay algunos análisis que dicen que, con la implantación de las reformas que se han puesto en marcha, en 2011-2012 España podría ser uno de los países que registre mayor crecimiento en la Unión Europea". Esto nos vendría muy bien pero, como las dotes proféticas del presidente del Gobierno son tan poco fiables, tendremos que verlo para creerlo.

Gijón. 17 de enero de 2011

José Luis Valladares Fernández

EL ABISMO ECONÓMICO CADA VEZ MÁS CERCA

Es evidente que la historia está ahí para aprender de ella y evitar así la repetición continuada de errores. Pero nuestros políticos, y muy especialmente las cabezas pensantes del PSOE actual, dan la espalda con demasiada frecuencia a los acontecimientos pasados, o como mucho los falsean torpemente de acuerdo con sus intereses particulares. Este desconocimiento de la historia, unido al hecho frecuente de que no abunda en demasía el sentido común, da origen a muchas torpezas, cuyas consecuencias podemos pagar muy caras.
Ya en la antigua Roma, cuando gobernaba el Primer Triunvirato, tenemos precedentes claros de los males que nos acucian en nuestros días y que Cicerón trató inútilmente de prevenir. La obra literaria de Marco Tulio Cicerón, y toda su actividad pública, debiera ser un referente para los que nos gobiernan. Mucho antes de que se inventara la Economía como ciencia y, por supuesto, mucho antes de que se hablara del Estado de Bienestar, escribió unas recomendaciones para que los políticos de entonces las aplicaran y evitaran así el desastre ya previsible del pueblo romano. Ni más, ni menos, las recomendaciones que debieran seguir, al pie de la letra, nuestros Gobernantes. “El presupuesto -escribía Cicerón- debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente -añadía- debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado”.
Estos problemas, que afectaban a la Roma Imperial de hace ya bastante más de 2000 años, no son muy distintos a los que soportamos los españoles en la actualidad. Pero el Triunvirato formado por Cesar, Pompeyo y Craso, que gobernaba entonces en Roma, desoyó las recomendaciones de Cicerón y aquello terminó como era previsible que terminara. Es, ni más ni menos, la misma postura que adopta ahora José Luis Rodríguez Zapatero, haciendo oídos sordos a las recomendaciones de los expertos económicos. No hay manera de que tome medidas estructurales a tiempo, aunque sean antipáticas, que reviertan nuestra crítica situación económica. Con simples ocurrencias, en vez de medidas adecuadas y efectivas, terminaremos como los griegos o de una manera muy similar.
Las recomendaciones de Cicerón son de plena actualidad y plenamente aplicables a nuestra situación económica actual. Decir que “el presupuesto debe equilibrarse” es tanto como decir que no se puede gastar más de lo que se ingresa. La recomendación del orador romano de que se disminuyera la deuda pública se traduce actualmente por reducir el gasto público. Por lo tanto, menos coches oficiales, menos gastos suntuarios a costa del erario público y, claro está, menos viajes pagados de nuestros políticos, sobre todo cuando son estrictamente privados o de partido. “La ayuda a otros países debe disminuirse” también. Así que se deben suprimir esas subvenciones absurdas, como las concedidas a los gays y lesbianas de Zimbabue o aquellas otras destinadas a la “corrección del pie zambo congénito” de la República Democrática del Congo.
“La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado”. Entonces, lo mismo que ahora, hay mucha gente que vive de papá estado y se olvida de algo tan bonito, aunque azaroso, como es la iniciativa privada. La Autocracia, lo mismo que la Servidumbre, estaban en manos de un populacho que no trabajaba y Vivía a costa del Estado. A parte de holgar, se ocupaban de facilitar la labor a los del Triunvirato, Cesar, Pompeyo y Craso, para controlar la cabeza de la República. Exactamente lo que han hecho aquí, en favor de Zapatero, los que se han apuntado a vivir cómodamente de las subvenciones.
Desaparecido Cesar de manera traumática, Roma seguía caminando firmemente hacia el desastre económico y Cicerón, que se adelantó con mucho a su tiempo, continuó denunciando valientemente tal circunstancia. Prueba de ello son las famosas filípicas y la epístola que escribió a Octavio Augusto, al que pone a caldo, ya que le culpa de que el pueblo romano perdiera de nuevo la libertad, reconquistada con la muerte de Cesar. En dicha carta, se muestra extremadamente duro con Marco Antonio. Le tilda de ambicioso y dice de él que “aspiraba a un poder más extenso de lo que consiente un pueblo libre; dilapidaba los fondos del Estado, agotaba el tesoro, disminuía las rentas, prodigaba el derecho de ciudadanía” y hasta “imponía leyes” arbitrariamente.
Las malas prácticas políticas que achaca Cicerón a Marco Antonio son calcadas prácticamente, muchos siglos después, por José Luis rodríguez Zapatero. Y si el comportamiento de los responsables del Poder en la antigua Roma llevó al Imperio al más absoluto de los fracasos económicos, es de esperar que España corra exactamente la misma suerte. De momento, y como consecuencia lógica de las ocurrencias disparatadas de Zapatero y de su política irresponsablemente atrabiliaria y mesiánica, ya hemos dejado de ser autónomos y hemos pasado a ser un país tutelado desde el exterior. No somos ya nosotros los que tomamos las decisiones económicas que juzguemos oportunas. Es la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional los que nos marcan, a partir de ahora, las líneas maestras de nuestra depauperada economía nacional. Poe suerte o por desgracia, desde el punto de vista económico, hemos pasado a ser un simple protectorado.
A pesar de esta tutela, ganada a pulso por la actuación torpe de nuestro Gobierno, Zapatero ya ha dado muestras de que busca cualquier resquicio para seguir despistando dinero para mantener adhesiones y gratificar complicidades. No en vano es ahora todo un experto en deuda y en déficit público. Su orgullo y su ambición le impiden aceptar que ha estado equivocado y que, con su actuación, nos ha llevado al borde del abismo económico. Podemos aplicarle con toda justicia, lo que, en dicha epístola, dijo Cicerón de Marco Antonio: “¡lástima que su cordura no sea tanta como su ambición!”

Barrillos de Las Arrimadas, 14 de julio de 2010

José Luis Valladares Fernández