A VUELTAS CON LA BURBUJA INMOBILIARIA

Mucho ha llovido desde aquel 15 de enero de 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, presa de un arrebato repentino de optimismo, confesó entusiasmadamente: "Vamos a superar a Alemania en renta per cápita. De aquí al 2010 les podemos superar perfectamente. Igualar y superar ligeramente. Es que el crecimiento de España está en el 4%. Creando empleo. Sólo con esa cifra uno, como presidente de Gobierno, se siente ya absolutamente reconfortado en el balance de su actuación". De aquella aún no se había extinguido por completo el impulso dado por el Gobierno de José María Aznar a la economía española. Y eso, a pesar del obsceno despilfarro iniciado por Zapatero desde el momento mismo en que fue investido presidente y, cómo no,  de su errática y equivocada política.

Pero el efecto beneficioso de la herencia recibida de Aznar ha llegado a su fin y el estado de nuestras cuentas no puede ser más catastrófico, circunstancia que nos  coloca en el furgón de cola de la Unión Europea. Pero Zapatero, como siempre, tratará de desvincularse de cualquier situación negativa  y buscara insistentemente a alguien a quién echar la culpa de la tremenda crisis económica que padecemos. Por supuesto, según nos dice, la raíz de todos los males de nuestra economía está en el abuso irresponsable que se ha hecho del ladrillo durante los mandatos de Aznar. Y tenía que ser José María Aznar, quizás influenciado maléficamente por el ex presidente norteamericano George Bush, el que pusiera en marcha la dichosa burbuja inmobiliaria.

En  el último Debate celebrado sobre el estado de la Nación, Rodríguez Zapatero se queja amargamente de la burbuja inmobiliaria que heredó de los Gobiernos de Aznar. Pues no puede ser una herencia buena el crecimiento alocado de la inversión en vivienda, desatado entre 1996 y 2004, circunstancia que provocó un endeudamiento desmesurado de las familias.  Circunstancia esta que, además de agravar nuestra crisis económica, ha propiciado  la destrucción de empleo tan elevada que padecemos. Zapatero llegó a afirmar incluso que estaba profundamente arrepentido de no "haber pinchado o intentar pinchar la burbuja inmobiliaria con la que conviví durante dos o tres años".

Según Zapatero, nuestra crisis económica está vinculada casi exclusivamente  a la crisis del ladrillo, a la dichosa burbuja inmobiliaria. No se da cuenta que hay otras burbujas, tan culpables, o más, de nuestra situación económica, como es el caso de la burbuja financiera, la burbuja de las energías renovables, la burbuja creciente de nuestra deuda pública y, cómo no, la burbuja de su propia  incompetencia planetaria. Su única obsesión es la burbuja inmobiliaria, heredada del Partido Popular. Para el actual presidente del Gobierno, el 70% de los puestos de trabajo, perdidos en España durante estos años de crisis, proceden de la burbuja inmobiliaria derivada de las leyes habilitadas por el Gobierno de José María Aznar. La prueba del algodón, según Zapatero, está en que la mayor parte del paro en España procede del sector de la construcción.

La evidente crisis del ladrillo ocasionó muchos y muy graves problemas, entre los que destaca claramente el insostenible endeudamiento de las familias españolas. Las hipotecas y el derroche incontrolado del ahorro familiar en la construcción, dieron lugar a que peligrara la estabilidad financiera de las cajas de ahorro y de otras entidades bancarias que imprudentemente  incitaban a la inversión inmobiliaria. Ni el propio Rodríguez Zapatero, ni sus secuaces socialistas quieren darse cuenta del hecho constatable de que, cuando se hicieron cargo del Gobierno, la demanda de viviendas estaba muy por encima del  stock disponible. En marzo de 2004, hasta el mismo crédito estaba perfectamente saneado.

Fue ya, con Zapatero en La Moncloa, cuando la vivienda comenzó a incrementar su precio muy por encima del IPC, hecho que determina el inicio de la burbuja inmobiliaria. ¿Cuál ha sido la causa de ese desbarajuste anormal del precio de la vivienda? La falta de suelo edificable, la especulación y la recalificación, así como el exceso de crédito, forman parte de los factores externos que han dado al traste con ese equilibrio necesario entre el coste de la vivienda y el IPC.  Ante todo, no es de recibo que la firma del concejal de urbanismo de turno influya tan decididamente en el alza del precio de la vivienda. El Partido Popular quiso prevenir este extremo con la frustrada Ley del Suelo de 1998, que no pudo aplicarse, ya que el Tribunal Constitucional avaló la competencia de las comunidades autónomas sobre el suelo edificable.

Ahora viene Alfredo Pérez Rubalcaba, se presenta como un soplo de aire nuevo presto a regenerar el PSOE, enterrar definitivamente el zapaterismo y, de paso, arreglar todos nuestros problemas económicos y sociales. Aunque el Gobierno del que él formó parte durante mucho tiempo como vicepresidente no supo poner freno a la destrucción de empleo, Rubalcaba confiesa ufanamente que sabe cómo solucionarlo. Quizás esté pensando en la burbuja inmobiliaria, de la que dijo que “tuvo algunas ventajas”, ya que “nos hizo vivir a todos bien, incluso demasiado bien, incluso por encima de lo que realmente teníamos que haberlo hecho”, aunque “ha tenido consecuencias desastrosas para muchas cosas”. Por lo menos ha dado a entender que quiere  “revitalizar la construcción”, aunque sea nada más  que para no pasar del “atracón al ayuno”.

Barrillos de Las arrimadas, 28 de julio de 2011

José Luis Valladares Fernández

LA ACCIÓN POPULAR EN PELIGRO

Parece ser que el Gobierno, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, busca desesperadamente la rehabilitación del juez Baltasar Garzón. Lo necesitan en la Audiencia Nacional, como agua de mayo,  para enjaular definitivamente a ese molesto faisán,  que se les esta yendo de las manos. De ahí que el Ejecutivo, según revela La Gaceta, haya comenzado ya a presionar insistentemente al presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, para que, por lo menos, restrinja las funciones de la acción popular. Y de hecho, ya han comenzado los contactos entre los diversos magistrados de este Tribunal, para ver cual es la posición de cada uno de sus miembros.

Es cierto que la acción popular viene  avalada por nuestra Constitución, en su artículo 125, donde se reconoce expresamente el protagonismo del pueblo en cualquier asunto penal. Se trata, ni más ni menos, de una institución procesal que complementa de manera eficaz la acusación pública, y que interviene sin el control preciso del Ministerio Fiscal. Y esto es precisamente lo que más molesta al Gobierno que preside Rodríguez Zapatero: que pueda actuar al margen de la fiscalía y, encima,  sin necesidad de ser una víctima real del delito. De ahí que recabe los buenos oficios de Pascual Sala para limitar la acción popular para que no pueda en modo alguno acusar y ni solicitar la apertura de juicio oral cuando no haya fiscal o acusador particular.

Tanto la acción popular como el juez de instrucción llevan ya tiempo en el punto de mira del Gobierno. Quiere que ambas instituciones queden reducidas a la más mínima expresión. Y de hecho, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está preparando  Francisco Caamaño, según todos los indicios, va en ese sentido.  Simultáneamente está presionando al Tribunal Constitucional para que limite al máximo el ejercicio de la acción popular, para que el monopolio de la acusación pública quede exclusivamente en manos del Ministerio Fiscal. No quiere que se repitan casos similares al de Filesa que, por culpa de acusaciones particulares, no fue posible archivar el caso, a pesar de que el Ministerio Fiscal no acusaba.

A nadie se le escapa que, con un recorte de funciones de la acusación popular por parte del Tribunal Constitucional, se allanaría el camino para que Garzón regresara nuevamente al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.  Como es lógico, se volvería a hacer cargo de los casos más polémicos, como el del chivatazo del Bar Faisán. Y además, por si esto fuera poco, conseguirían archivar la comprometida querella contra la Hípica Almenara, propiedad de la familia del actual presidente del Congreso de los Diputados, José Bono. Esta querella fue interpuesta por la asociación Ciudadanía Anticorrupción y admitida a trámite, en contra del criterio de la Fiscalía, por  el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo. Se imputa a los administradores de dicha Hípica dos presuntos delitos, uno societario y otro por falseamiento de las cuentas anuales.

Si el Tribunal Constitucional cediera a las insistentes presiones del Ejecutivo y elimina de hecho la acción popular, solamente podrían acusar el Ministerio Fiscal y la llamada acusación particular o parte perjudicada. En consecuencia, la Justicia perdería definitivamente la poca credibilidad que le queda ante los ciudadanos españoles. Es cierto que son Jueces y Magistrados los encargados de impartir justicia, y lo hacen en nombre del Rey, pero no es menos cierto, como indica la Constitución Española, que la justicia emana del pueblo. De ahí que las limitaciones que se adopten,  para que la acción popular no pueda acusar ni solicitar la apertura de juicio oral en contra del criterio del Ministerio Fiscal, sería un timo y una monumental tomadura de pelo al propio pueblo soberano. Sería tanto como reírse de la democracia.

Gijón, 21 de marzo de 2011

José Luis Valladares Fernández

LA CONSTITUCIÓN COMO JUGUETE

Cada 6 de diciembre se viene celebrando en España el aniversario de la Constitución Española, aprobada en referéndum en 1978. Este año hemos conmemorado el XXXI aniversario de la misma y, con tal motivo, el Congreso de los Diputados se ha vestido de gala y ha celebrado por todo lo alto lo que se ha dado en llamar el Día de la Constitución.
Los festejos arrancaron ya el día 4 en el propio Hemiciclo, con la lectura de forma ininterrumpida, artículo por artículo, del texto constitucional. Este hecho lo protagonizaron un grupo de estudiantes, además de varias figuras del mundo del deporte, de la música y la televisión. Y la fiesta se prolongó durante los días 7 y 8 de diciembre, con la habitual Jornada de Puertas Abiertas. Los ciudadanos interesados en la visita realizaron un recorrido por las estancias más representativas del Palacio, incluido el edificio de Ampliación de la Cámara Baja.
Festejos similares se celebraron igualmente en los diversos Parlamentos Autonómicos, con actos calcados a los del Congreso de los Diputados. Sobresale en estas celebraciones, sobre todo, la recepción de autoridades y las Jornadas de Puertas Abiertas para cualquiera que esté interesado en esta visita festiva.
La fecha del 6 de diciembre, día de la Constitución, ha estado siempre marcada por estas vistosas celebraciones, en las que abundan las declaraciones rimbombantes y también algún que otro discurso ditirámbico. Destaca el fervor y la suntuosidad que derrocha la variopinta progresía de izquierda para organizar estos festejos conmemorativos de la Constitución. Han hecho de ella todo un adorable fetiche. Aparentemente la han deificado y quieren que los ciudadanos corrientes les crean capaces de postrarse de hinojos ante ella.
Llega hasta tal punto la ceremonia de la exaltación de nuestra norma suprema, que han sembrado toda nuestra geografía con el nombre de la Constitución. No hay ciudad en España, ni pueblo alguno, por pequeño que sea, que no tenga alguna calle o avenida bautizada con tan bendito nombre.
Desde el año 1978, todo lo bueno que nos ha acontecido, según sentencian los progres de última hora, se lo debemos a la Constitución. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vincula a su vigencia “la alternancia en el poder, el desarrollo pleno de los derechos fundamentales” y hasta el nivel de autogobierno de las comunidades autónomas. Y recalca con aparente satisfacción que, gracias a ella, hemos logrado consolidar “la paz, la libertad, la estabilidad y el progreso” y hemos podido recuperar nuestro papel en el mundo.
Pero si ahondamos en el comportamiento real de las huestes de la progresía, veremos con claridad que, todo este rimbombante discurso sobre la Constitución, carece de base real. Palabrería barata, utilizada conscientemente para montar una oportuna escenografía del despiste. La Constitución es, para todas estas mesnadas de nuevos conversos, todo un dogma laico, bastante maleable, y muy útil como instrumento de poder para doblegar y anatematizar a los adversarios políticos.
Cuando la izquierda española, por algún interés oculto y a veces inconfesable, se despacha con alguna norma o comportamiento opuesto a lo dictado por la Carta Magna, y se le ocurre a alguien interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, buscan inmediatamente el oportuno compadreo con los miembros del Tribunal Constitucional para bendigan su actuación y la declaren conforme a la Constitución.
En los 31 años de vigencia de la Constitución, nos encontramos con varios casos muy llamativos que el alto Tribunal declaró plenamente constitucionales, no se si a sabiendas de que no era así. El más llamativo y el más sangrante, por su volumen, quizás sea la expropiación de Rumasa. Y veremos a ver en que termina el Estatuto catalán, ya que abundan las maniobras y las presiones para consagrar y declarar constitucional la desigualdad de los españoles ante la Ley y la insolidaridad de sus territorios. Si se declara constitucional el famoso Estatuto catalán, el Tribunal Constitucional perdería el poco crédito que aún le queda.
Al hablar de esta izquierda que, desde el Gobierno y sus aledaños, no hace más que cantar incansablemente loas a la Constitución, me viene a la mente aquel dicho de Adolfo Suarez ante los fracasos electorales con el CDS: “Amarme menos y votarme más”. Parafraseando esta expresión del ex presidente Suarez, podemos decir a los miembros del Ejecutivo y a quienes les apoyan, que amen menos a la Constitución, que no la enaltezcan tanto, pero que la respeten y cumplan sus dictados con toda fidelidad. Todos saldríamos ganando.

Gijón 10 de diciembre de 2009

José Luis Valladares Fernández

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SUS CHALANEOS

A los ojos de los legos en la materia, la justicia española deja mucho que desear. Para empezar, quizás haya demasiados jueces estrella y demasiada poca independencia. La muerte del Barón de Montesquieu, anunciada con enorme fruición por Alfonso Guerra, puede ser la causa de ese comportamiento, al menos un poco chocante y llamativo, de los encargados de administrar justicia. Y no será de otra manera, mientras sean los políticos y los Gobiernos de turno los que cocinen los nombramientos y ascensos de los jueces.
Históricamente, las sentencias del Tribunal Constitucional, en las que se barajan asuntos de cierta importancia, se han dictado siempre con la vista puesta en los intereses ocasionales del Gobierno. De una manera más o menos disimulada, los fallos importantes siempre han estado políticamente mediatizados. El primer ejemplo descorazonador nos lo dio el alto Tribunal con la sentencia del día 2 de diciembre de 1983. En dicha sentencia, para no hacer sangre del Gobierno de Felipe González, se declara constitucional la precipitada expropiación del holding de Rumasa. En el sentido del fallo, fue decisivo el “voto de calidad” del presidente de entonces Manuel García-Pelayo. Y García Pelayo, por culpa de ese “voto de calidad” del que no tardo en arrepentirse, vivió amargado hasta el último de sus días.
Desde junio de 2004 es presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas Baamonde, y ha dado motivos sobrados para dudar de su independencia e imparcialidad. Si llega el caso, es muy posible que, a la hora de dictar sentencia, valore más lo que conviene en ese momento a los poderes públicos que lo que establezca nuestro ordenamiento jurídico. Por algo el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, a raíz de ser elegida para el cargo, declaró exultante a la agencia EFE que era "una gran noticia y una suerte para todos" y añadió que "muestra el cambio en la conciencia" de la sociedad española. Y quizás sea esa la posible explicación de su permanencia al frente de este Tribunal, a pesar de haber agotado el tiempo para el que fue elegida.
Son muchos los motivos por lo que esta magistrada debiera estar fuera del Tribunal Constitucional. Tal como determinan las leyes, la duración del cargo de magistrada del Constitucional, sin posibilidad de reelección inmediata, es de nueve años. Y María Emilia Casas fue uno de los cuatros vocales que nominó el Senado allá por el año 1998.
No se si es irregular o no su permanencia como presidenta, ya que el mandato para estar al frente de este Tribunal es de solamente tres años. Como interesaba esa continuidad, se reforma la Ley del Tribunal y, a la vez, se dictamina que esta reforma era plenamente constitucional. Para que esto fuera posible, tienen que recusar a dos magistrados que no estaban por la labor. La magistrada Casas tenía que seguir al frente del Constitucional como fuera. Por lo menos, hasta que el Estatuto de Cataluña obtenga previsiblemente todas las bendiciones constitucionales.
A parte de esto, María Emilia Casas será muy competente como jurista, pero, de acuerdo con juicios pasados, quizás no haya demostrado fehacientemente su independencia y su imparcialidad. Para empezar, es una magistrada muy cercana a las tesis del PNV, no se si por convicción propia o por razones de su matrimonio con Jesús Leguina Villa, antiguo asesor del PNV.
Y una vez dentro del Tribunal Constitucional, a María Emilia Casas le faltó exquisitez jurídica en sus actuaciones. A pesar de la estrecha relación con el dirigente de Herri Batasuna, Karmelo Landa, en 1999 votó a favor del amparo a la mesa nacional de esa formación política, provocando la excarcelación de sus miembros. Lo preceptivo para esta magistrada era la abstención, ya que entre los que pidieron el amparo se encontraba su amigo Karmelo Landa. De este modo, colaboró para que se revocara la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo que les había condenado por colaboración manifiesta con la banda terrorista de ETA. También el 20 de marzo de 2004 María Emilia Casas se significó votando en contra de la impugnación del famoso Plan Ibarretxe que había interpuesto del Gobierno de Aznar.
Al lado de estos hechos, que dejan su imparcialidad tocada y en entredicho, nos encontramos con algún otro acto, si no delictivo, si al menos sumamente imprudente. María Emilia Casas llamó personalmente a una abogada, hoy en la cárcel, para asesorarla jurídicamente en un caso de violencia de género. Para empezar, los magistrados tienen prohibido por ley cualquier tipo de asesoramiento. La Ley del Poder Judicial, en su artículo 389, dice taxativamente que “el cargo de juez o magistrado es incompatible, entre otras cosas, con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido”. Dejando a un lado si esto comporta algún tipo de responsabilidad, sea esta penal o administrativa, rompe toda la estética del asesoramiento con la reveladora coletilla empleada por María Emilia Casas y que, oportuna o inoportunamente, destacaron en su día los periódicos: “si esto llega al Constitucional, me avisas”.
La prolongada espera por el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña tiene su enjundia. La inconstitucionalidad de algunos artículos es manifiesta hasta para quienes somos legos en leyes. Es más, alguno de ellos es plenamente anticonstitucional. Pero aún así, el Gobierno actual, valiéndose de la magistrada Casas, busca desesperadamente una sentencia interpretativa que, al menos, no cercene ninguno de los artículos importantes del texto estatutario.
La presidenta del Tribunal Constitucional ha intentado una y otra vez complacer al Gobierno, tratando de desbloquear la situación creada con el Estatuto de Cataluña. Pero afortunadamente siempre ha fallado alguno de los peones con que contaba el PSOE, haciendo inútil hasta el voto de calidad de la presidenta. Ante la imposibilidad de una sentencia favorable, María Emilia Casas congela el fallo, buscando una ocasión más favorable. Lo que no logrará nunca María Emilia Casas, es una sentencia que, según ella, deje contentos a todos. Ella apunta, que esta sentencia “debería satisfacer a todos, porque será la aplicación de la propia Constitución”. Una aplicación de la propia Constitución, eso sí, muy a su aire y, si llega el caso, tan inconstitucional como el propio Estatuto.
Como colofón al despropósito de las continuas dilaciones en el fallo final sobre el Estatuto de Cataluña, la presidenta Casas nos ha salido ahora por peteneras y afirma que, de momento, no puede haber sentencia ya que “el texto está redactado en un idioma raro que, sinceramente, imposibilita su correcta interpretación”. Los catalanistas, por medio de la prensa, se lanzan a presionar descaradamente al Tribunal Constitucional en busca de una sentencia favorable al Estatuto. Lo malo es que hoy les arropa hasta el propio Zapatero, con esas declaraciones extemporáneas a la televisión sexta.
La manera correcta de introducir cambios en nuestra Constitución viene señalada por la propia Constitución. Modificarla acudiendo a la política de hechos consumados y a ocasionales Estatutos, es evidentemente anticonstitucional. Dejemos pues en manos del Tribunal Constitucional que decida libremente. En sus manos está aumentar su descrédito, o atenerse de manera estricta a lo que dicta nuestra Constitución y comenzar así a recuperar parte del crédito perdido. Hasta ahora, el descrédito y la desconfianza de la sociedad, se lo han ganando a pulso, al igual que el resto de las instituciones judiciales españolas. Veremos si son capaces de enderezar el rumbo y dejar a un lado definitivamente las habituales componendas.

Gijón, 29 de noviembre de 2009

José Luis Valladares Fernández