La Diada del pasado día 11 de septiembre, por su excesiva
deriva separatista, levantó ampollas hasta en ambientes completamente
despolitizados y se han rasgado las vestiduras algunos políticos habituados a
contemporizar irresponsablemente con nacionalistas y soberanistas de dudosa
trayectoria. Este problema, aunque de manera un tanto vaga y equívoca, viene de
muy atrás. Estos sentimientos nacionalistas afloran cuando el rey Felipe V
decide suprimir el autogobierno de Cataluña
Es cierto que Felipe V, para congraciarse con sus vasallos
de la Corona de Aragón, se había comprometido a mantener todas sus
instituciones y, además, juró solemnemente guardar y respetar los privilegios del
Principado catalán. Pero la torpeza de su abuelo, el rey de Francia Luis XIV, provoca que los reinos de Aragón, de Valencia
y el principado de Cataluña optaran por alinearse con el archiduque Carlos de
Austria en la guerra sucesoria. La revancha no se hizo esperar. Como represalia
por haberse comprometido a otorgar los derechos sucesorios al segundo hijo del
Emperador, Felipe V suprimió los fueros de los reinos de Valencia y de Aragón en 1707 y los del Principado de
Cataluña ocho años más tarde.
Pero la auténtica fiebre nacionalista se desata con la
entrada en la escena política del escritor Enrique Prat de la Riba. Es en 1887,
cuando Prat de la Riba ingresa en el Centro
Escolar Catalanista, que es donde surgen las primeras definiciones serias
del catalanismo. Hasta entonces se añoraba el autogobierno y se hablaba incluso
de que Cataluña tenía una identidad propia, diferente a la de las demás
regiones españolas. Pero nadie decía que era una nación. Fue este escritor y
político el primero que acuñó ese
término cuando, refiriéndose a las provincias catalanas, escribió: “Veíamos que
Cataluña tenía -lengua, derecho, arte propios, que tenía un espíritu nacional;
Cataluña era, pues, una nación. Y el sentimiento de patria, vivo en todos los
catalanes, nos hacía sentir que patria y nación eran una misma cosa y que
Cataluña era nuestra nación al igual que nuestra patria”.
La actividad de Enrique Prat de la Riba fue muy intensa.
Fue secretario de la Asamblea constitutiva
de la Unió Catalanista, que redactó las llamadas Bases de Manresa, en las que
se exigía, entre otras cosas, la
restitución del autogobierno, el restablecimiento de la Audiencia de Cataluña y
el reconocimiento de la oficialidad del
catalán como única lengua propia del
país. Dentro de Unió Catalanista,
desempeñó varios cargos de responsabilidad, desde donde trató de justificar ése
nacionalismo inicial, cuyo desarrollo llevaría necesariamente, según pensaba, a la constitución de un Estado catalán
federado con la nación española. Así es como Enrique Prat de la Riba echo a
andar la bola del separatismo catalán y, desde entonces, no ha parado de rodar
y de crecer. La llegada de la República, por supuesto, alentó y afianzó notablemente
ese movimiento independentista.
El 17 de agosto de 1930 se reunieron en San Sebastián
representantes del republicanismo español para pactar la inminente instauración
de la República. La delegación de Cataluña condicionó la aceptación de los
acuerdos de lo que se llamaría posteriormente Pacto de San Sebastián, al reconocimiento
previo de las aspiraciones catalanas de autogobierno. Los republicanos del
resto del Estado español aceptan el reto catalanista exigiendo, eso sí, que
plasmaran sus aspiraciones en un Estatuto de autonomía, y que fuera sometido a
la aprobación de las Cortes constituyentes después de haber sido refrendado por
los ciudadanos catalanes.
Finalizada la Guerra Civil, se ejecuta la supresión de la
Generalidad de Cataluña y se restauran las Diputaciones provinciales. La
Diputación de Barcelona pasaría a ocupar curiosamente el Palacio de la plaza de San Jaime, sede hasta
entonces de la Generalidad. Las autoridades
de la Generalidad se exiliaron, unos a Francia como su presidente Lluís
Companys y otros a Méjico. Tras el fusilamiento de Lluís Companys en 1940, ocupa
interinamente el cargo Josep Irla y forma un Gobierno en el exilio que se
mantendría prácticamente inoperante. Cuando dimite Josep Irla en 1954, con el
fin de mantener la continuidad institucional, antiguos diputados del Parlamento
catalán reunidos en Méjico, eligen como presidente a Josep Tarradellas.
Con la restauración democrática, Cataluña recupera el
autogobierno y Tarradellas, que vivía en el sur de Francia, regresa a Barcelona
para hacerse cargo de la presidencia de la Generalidad en esta nueva
singladura. Tras las elecciones de abril de 1980, es investido presidente de la
Autonomía catalana Jordi Pujol i Soley. Con Pujol al frente de la Generalidad,
comenzó a rodar y a crecer nuevamente la
bola del separatismo catalán. Hay que reconocer que no hilaron muy fino los padres de la
Constitución, al creer que, satisfaciendo algunas de las aspiraciones de los
nacionalistas díscolos, éstos aparcarían sus exigencias soberanistas y dejarían
de dar problemas. No se dieron cuenta que estos personajes son insaciables y, a
la vista está, que siempre quieren ir más
allá.
Se da la triste circunstancia de que, Adolfo Suarez, Felipe González, José María Aznar y José Luis
Rodríguez Zapatero, en algún período de su mandato, tuvieron que pactar con los
nacionalistas para poder formar Gobierno. Esto ha servido para que los
presidentes autonómicos del País Vasco y Cataluña se crecieran y se animaran a plantear reivindicaciones
nuevas, reivindicaciones cada vez más atrevidas
y audaces y que inexorablemente iban minando la unidad de España. Estos pactos
ocasionales sirvieron para que Convergencia i Unió se enfundase el falso traje
de la moderación, para obtener más fácilmente insospechadas ventajas políticas.
Se da la circunstancia francamente deplorable de que ni con
CIU, ni con PSC al frente de la Generalidad se cumplen las sentencias, las
dicte el Tribunal Supremo o el Constitucional. Como quienes tenían que hacérselas
cumplir, se ponen voluntariamente de
perfil o se hacen los distraídos, los responsables políticos del autogobierno
catalán se ríen de los jueces y pasan por el arco del triunfo los dictámenes
judiciales de esos tribunales sobre todo si afectan a la inmersión lingüística. Tras la sentencia
del Tribunal Supremo, que obliga a la Generalidad a introducir la vehicularidad
del español en la educación infantil, Artur Más afirma rotundamente que
seguirán hablando y enseñando el catalán “pese a quien pese y haya las barreras
que haya”.
Estas sentencias judiciales sacaron de quicio a Francesc
Homs, portavoz del Gobierno catalán, y el berrinche mayúsculo que ha cogido le
ha hecho decir que les ampara la Ley de Educación de Cataluña y que su contenido
es el que hay que aplicar porque “el tema de la inmersión lingüística es
sagrado para todos los catalanes de todos los colores políticos”. Y sin
abandonar ese gesto ceñudo e iracundo, que adopta cuando defiende algo indefendible,
añade seguidamente: "Tenemos que
centrarnos en saberlo preservar y no ponernos demasiado nerviosos ante este
tipo de agresiones".
A toda esta patulea de nacionalistas y soberanistas, nadie
les había negado nada desde que se restauró la democracia. Y Artur Mas esperaba
que todo siguiera igual. Así que la negativa de Mariano Rajoy a renegociar un
nuevo pacto fiscal le sacó de quicio y respondió chulescamente adelantando las
elecciones y anunciando que, si las gana, organizará una especie de referéndum
popular con el consentimiento del Gobierno central o sin él. Sabe perfectamente que carece de
competencia para poner en marcha este tipo de consulta popular, pero es igual.
Su despecho le lleva a tratar irresponsablemente de separar a Cataluña del
resto de España.
Para cortar de raíz el plan Ibarretxe, el Gobierno de Aznar
se encargó en 2003 de tipificar como delito la organización de consultas ilegales.
La correspondiente modificación del Código Penal establecía penas entre tres y
cinco años de prisión y la correspondiente inhabilitación para el que convocara
cualquier consulta popular careciendo de las debidas competencias. Pero Zapatero, para congraciarse con el
nacionalismo vasco, enmendó una vez más la plana a su antecesor en el Gobierno
derogando en 2005 esta salvaguarda constitucional. Así que, el Gobierno de
Mariano Rajoy, si quiere hacer frente a este reto, tendrá que rehabilitar
nuevamente la modificación promovida por Aznar. De lo contrario, el Estado
estará indefenso ante esta absurda canallada de Artur Mas.
No se cómo reaccionará el Gobierno actual. Lo tiene ciertamente
muy difícil, pero algo tiene que hacer para evitar que el presidente de la
Generalidad lleve a cabo sus propósitos y convoque impunemente ese referéndum
ilegal con el propósito firme de conseguir la secesión de Cataluña. El
Parlamento catalán ya ha iniciado el proceso aprobando el pasado 26 de
septiembre la siguiente resolución: "El Parlamento de Cataluña constata la
necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y
democráticamente su futuro colectivo e insta al Gobierno a hacer una consulta
prioritariamente dentro de la próxima legislatura".
La Diada del pasado día 11 de septiembre ha aclarado muchas
cosas. Fue, sin duda alguna, la manifestación independentista más masiva de la
historia catalana. La Vanguardia tituló así el editorial del día siguiente:
‘El tsunami de Barcelona’. Los
separatistas de esta región española están ahora tremendamente exultantes y venden descaradamente que
Cataluña tiene ya al alcance de su mano la esperada independencia. Suponen que,
al final del proceso, Cataluña será un nuevo Estado asociado en plan de
igualdad con España, pero no les cabe duda de que será un nuevo Estado de
Europa, como rezaba el lema de la
manifestación: “Catalunya, nou estat d’Europa”.
Espero que los Gobiernos,
que se dedicaron a repartir alegremente competencias, se den cuenta ahora, aunque ya sea demasiado tarde,
de que fue un mayúsculo error transferir Educación. Los que gobiernan actualmente
debieran recapacitar y proceder inmediatamente a posibilitar la recuperación de las competencias de Educación, Sanidad y
Justicia. Con la Educación en manos de los soberanistas, más que a enseñar, se
han dedicado al adoctrinamiento de la juventud. Y así, nos encontramos ahora
con varias generaciones de jóvenes, que desconocen hasta la historia real de su
propia región. No nos engañemos, la situación actual catalana, y también la
vasca, obedece al abuso que se ha hecho de las competencias de Educación.
En Cataluña tenemos hoy
millones de jóvenes, nacidos de padres foráneos, que les han
enseñado a despreciar la cultura de sus
suyos y les incitan a que aborrezcan sinceramente a todo lo que huela a
español. Y este sectarismo no aparece por generación espontánea, se induce y se
construye a base de astucia y maledicencia.
Gijón, 28 de septiembre de 2012
José Luis Valladares Fernández
