Hace ya
mucho tiempo que los españoles luchamos contra los políticos, pero nos han
ganado la batalla y, además, por goleada. Con la implantación del Estado de las
Autonomías en España, comenzaron a llenarse las instituciones de gorrones y de
enchufados que se aprovechan descaradamente del presupuesto público. Pero no es
fácil determinar el número exacto de estos afortunados que, sin el menor
esfuerzo, viven extraordinariamente bien a costa de nuestros impuestos.
De
momento, no hay cifras oficiales de los cargos públicos que ocupan los diversos puestos oficiales de la
Administración estatal. Todo indica que son bastante más de 400.000 las
personas que actualmente están comiendo la sopa boba. Son evidentemente
demasiados. Por eso, la clase política pasó a ser el tercer gran problema para los españoles, después
del paro y de la corrupción. Es tal el desmadre de personal, que hemos
pasado a ser el país con más políticos por habitante de toda la Unión
Europea. En España contamos con una población de 47.500.000 habitantes. Por lo
tanto, tenemos un cargo político por
cada 115 ó 120 ciudadanos. En Italia, sin embargo, con 59.750.000 habitantes,
esa proporción es más moderada: en números redondos, un político por cada 300
ciudadanos.
Si nos
comparamos con Alemania, el resultado es aún mucho más escandaloso. La
República Federal de Alemania, con 82 millones largos de habitantes, casi nos
dobla en población. Y por si esto fuera poco, está mucho más descentralizada que España, ya que
además de los 16 Bundesländer, cuenta con algunas regiones administrativas, los
numerosos distritos y las entidades municipales. Y sin embargo, en vez de
doblarnos en cargos públicos, se arreglan exclusivamente con poco más de 100.000
políticos, uno por cada 800 ciudadanos. Nada menos que 300.000 políticos menos
que nosotros.
De toda
esa nube de políticos que pueblan la administración española, solamente unos 72.000
deben su cargo a un proceso electoral más o menos reglamentario. En esta cifra,
aparentemente razonable, están integrados los parlamentarios nacionales de
ambas Cámaras, los parlamentarios autonómicos, los diputados provinciales y los
parlamentarios europeos, además de la
enorme pléyade formada por todos los alcaldes
y concejales españoles.
Pero esa
cifra se desmadra con los políticos que aterrizan en la Administración por obra
y gracia de algún dedo especial. Es como se cubren habitualmente los cargos en las empresas públicas o mixtas y
en los distintos organismos que dependen de las Comunidades Autónomas o de los
Ayuntamientos. Resulta especialmente escandalosa la cantidad que sale de sumar
los innumerables cargos de confianza, la nube de asesores y todos los que
pululan en los distintos observatorios fantasma creados ad hoc. Y es que los partidos políticos han
convertido las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos en auténticas agencias
de colocación para situar de manera
digna a sus familiares, amigos y
conmilitones.
