El diputado del Partido Popular, Pedro Gómez de la
Serna, en su afán de defender la indefendible, pretende hacernos creer que la
jornada del 9N en Cataluña había sido “un fracaso absoluto”. En ese acto, según
dice, hubo muy poca participación y “no ha habido garantías democráticas”,
porque no había un censo fiable, ni interventores, ni neutralidad y ni tan
siquiera unas urnas precintadas. Y en vista de esto, sin ponerse colorado,
continuó su perorata afirmando solemnemente que el 9N se parecía más “a una
manifestación de democracia orgánica” que a un acto cualquiera de los que se
celebran en las distintas democracias occidentales.
Es verdad que se trata de un proceso participativo
muy poco fiable y sin validez jurídica alguna. Pero, como reconoció María
Dolores de Cospedal, se celebró “al margen de la legalidad”, tratando
vanamente, eso sí, de privar a todos los españoles del derecho inalienable que tienen
de decidir sobre su presente y sobre su futuro y sobre cualquier parte de
España. En consecuencia, diga lo que diga Gómez de la Serna, fracasó de manera
estrepitosa y lamentable el Estado de Derecho y, por supuesto, fracasamos todos
los españoles.
No podemos entender que se organizara un simulacro
de referéndum ilegal tan trapacero y felón como este y que Mariano Rajoy
estuviera desaparecido durante toda la jornada y no hiciera nada para evitarlo.
No podemos entender que se vulneraran tan claramente derechos fundamentales
nuestros y que no encontráramos amparo en la Fiscalía. No podemos entender que
se trasgredieran flagrantemente dos resoluciones recientes del Tribunal
Constitucional y que éste no solicitara el auxilio jurisdiccional necesario
para hacerlas cumplir. No podemos entender que distintos jueces, ante un posible caso de
desobediencia, de prevaricación e incluso de malversación de fondos, se negaran
a tomar medidas cautelares para suspender la votación del 9N porque, según
ellos, retirar las urnas sería una medida desproporcionada. No podemos entender
que la policía o Mossos d’Escuadra no cumplimentaran la orden que tenían de
identificar a los responsables de la apertura de los locales públicos donde
tenían instaladas las urnas para la votación del 9N. No nos defendió
absolutamente nadie.
