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lunes, 22 de julio de 2013

10.-El poder adquisitivo de las pensiones en entredicho

El comportamiento decepcionante del Gobierno de Mariano Rajoy ha incrementado desmesuradamente el descontento y la insatisfacción de los ciudadanos por la falta continuada de perspectivas económicas fiables. Se habían hecho muchas ilusiones al constatar que el Partido Popular concurría a las elecciones de noviembre de 2011 prácticamente con el mismo programa que en 1996 y que tan buenos resultados dio entonces.

Pero Rajoy falló estrepitosamente y no cumplió ninguna de sus esperanzadoras promesas. En vez de desarrollar su propio programa, lo archiva inesperadamente y, como si no hubiera habido cambio de Gobierno, sigue practicando la política socialista de los recortes  y  subidas de impuestos. La frustración sufrida por  los ciudadanos fue enorme y sirvió para que creciera considerablemente el descontento y la protesta callejera. La desafección hacia la clase política adquirió rápidamente caracteres alarmantes, y aunque con demasiado retraso terminó por preocupar a los de la casta.

Es muy posible que el Gobierno haya decidido efectuar, por fin, alguna reducción de la administración pública, a costa de los políticos, por miedo a que esa desafección política adquiera proporciones incontrolables. Fue Soraya Sáenz de Santamaría la que comunicó los detalles de tan interesante  iniciativa el pasado 22 de junio, con estas palabras: llegó la hora del "sacrificio de los políticos”. Se trata de acabar con las duplicidades administrativas y, esta vez, tienen que ser los políticos los que sumen su esfuerzo al que, por exigencias de la crisis, vienen realizando últimamente los ciudadanos de a pie, los que menos culpa tienen del desaguisado económico.

Pero esta reforma de las administraciones, además de llegar demasiado tarde, es claramente insuficiente. Como la mayoría de las reformas pilotadas por Mariano Rajoy nace ya descafeinada y van a eliminar muy pocos comederos de los utilizados por las cúpulas de los partidos para pagar favores y colocar a familiares, amigos y conmilitones. Van a desaparecer simplemente algunas entidades regionales, no muchas, y fusionará otras pocas con distintos organismos estatales que ofrezcan los mismos o parecidos servicios, siempre y cuando las Comunidades Autónomas no decidan lo contrario.

El recorte sobre el gasto público total, derivado de esta sombra de reforma administrativa, será necesariamente muy exiguo, ya que las instituciones que desaparecerán con ella tienen muy poca entidad. No se suprimen, sin embargo otras que comportan gastos cuantiosos y que, además, son perfectamente inútiles, como el Senado, ese majestuoso cementerio de elefantes, donde se entretienen unos y otros hablándose a través de intérpretes, aunque todos ellos sepan perfectamente el español.

domingo, 26 de diciembre de 2010

EL SISTEMA DE PENSIONES A DEBATE

Con la llegada de la actual crisis económica y la falta de una respuesta adecuada por parte del Gobierno se han trastocado muchas cosas, entre otras, la estabilidad del sistema de pensiones. No quiso José Luis Rodríguez Zapatero reconocer a tiempo el problema que se avecinaba y ahora pagamos todos las consecuencias. Hasta se atrevió a tachar desvergonzadamente de antipatriotas a quienes avisaban de que la crisis estaba ya haciendo estragos en nuestra economía. Y cuando ya no pudo negar la evidencia, no supo adoptar las medidas oportunas y las pocas que tomó fue ya demasiado tarde, por lo que resultaron totalmente estériles.
Así las cosas, algo habrá que hacer para prevenir la quiebra de la Seguridad Social y garantizar la percepción de las pensiones dentro de unos años. Son varios los puntos que inciden negativamente sobre nuestra economía y que contribuyen de manera notable en acrecentar las dificultades que hacen inviable el actual sistema de pensiones. Los cinco millones de parados por un lado, determinantes de que sean muy pocos los que, en este momento, están cotizando a la Seguridad Social. Por otro lado el excesivo déficit que soportamos que por lo que parece no hay manera de reducir, y el descalabro real de las finanzas públicas que han provocado un fuerte y peligroso incremento de la deuda pública y que en el año 2011 representará al menos el 72% del PIB. Esto sin contar el considerable endeudamiento de las entidades autonómicas y locales y la deuda privada.
Una recuperación económica que diera lugar a un aumento significativo de cotizantes a la Seguridad Social, se aplazaría al menos la urgencia en tomar medidas drásticas, que no gustan a nadie, sobre el sistema público de pensiones. Podría demorarse lo que ya ha comenzado a llamarse el “pensionazo”. Pero con este Gobierno, la solución a la crisis y la creación de empleo, visto lo visto, es totalmente imposible. Son incapaces de asumir el reto de la economía española de absorber a la mayor parte de esos cinco millones de desempleados. A la vista de estos datos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE) ha preparado un informe en el que advierte que nuestro modelo de pensiones “es demasiado generoso” y que el gasto público registrará un incremento sustancial como resultado del envejecimiento de la población. Para solucionar esto, recomienda retrasar la jubilación hasta los 70 años y computar toda la vida laboral para determinar la cuantía de la pensión.
El Gobierno, consciente de la gravedad del problema y a pesar de la oposición frontal de los sindicatos, quiere retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años. Pretende además elevar el número de años cotizados para el cálculo de la pensión, de los 15 actuales, hasta los 20 ó 25 últimos. Esto supondría ya una rebaja media del 5% al 10% en las futuras prestaciones. Mantiene en cambio los 35 años actuales de cotización para tener derecho a la pensión máxima. Los sindicatos de la UGT y de CC.OO. ya han puesto el grito en los cielos y han amenazado con una nueva huelga general si por fin se adoptan las reformas anunciadas.
Sin embargo a la OCDE le parecen insuficientes y un tanto descafeinadas las modificaciones que pretende incluir el Gobierno. Dice que se hace imprescindible una reforma mucho más contundente que la anunciada. Esta organización de cooperación internacional considera “bienvenidos” los 67 años como nueva edad legal de jubilación tal como propone el Gobierno de Zapatero, e indica que hay que ir más lejos si es que se quiere mantener la sostenibilidad del sistema público. Dependiendo de la evolución de la esperanza de vida, con el tiempo habrá que retrasarla hasta los 70 años. Y es indispensable ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral, para que el recorte medio de las futuras pensiones sufra un recorte de alrededor de un 30%.
Teóricamente todo esto estará muy bien, pero en las circunstancias actuales, a donde nos ha llevado la incuria de Zapatero, hay algo que no cuadra, que resulta demasiado extraño y llamativo. Queremos retrasar la edad de jubilación a los 67 años, cuando todos sabemos que son muy pocos los que se jubilan a los 65 años. Lo normal es que se prejubilen, como mucho, a los 55 años y otros incluso antes de cumplir los 50 años. Ahí está el caso actual de las Cajas de Ahorro que pretenden realizar ahora unas 20.000 prejubilaciones a costa de todos y todos entre los 54 y 55años. De todos modos, me parece una aberración que haya trabajadores en activo con más de 65 años, cuando tenemos a más de un 40% de la juventud en el paro.
Tampoco resulta ética y estéticamente correcto que se amplíe el número de años de 15 a 20 ó 25 para realizar el cálculo de la pensión y exigir los 35 años de cotización, o incluso más, para tener derecho a la pensión máxima, cuando hay un grupo privilegiado, los políticos que, de manera insultante, tienen derecho a esa pensión máxima cubriendo solamente dos legislaturas en El Parlamente o en El Senado. Y además, ya lo han dicho, no renuncian a esa gabela, ni admiten que se les rebaje el sueldo. Según esto, parece ser que la igualdad ante la ley de que nos habla la Constitución es un cuento, ya que unos son más iguales que otros.

Gijón, 21 de diciembre de 2010

José Luis Valladares Fernández

miércoles, 16 de junio de 2010

DESFALCO EN LA HUCHA DE LAS PENSIONES

Es innegable que, para jugar con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, como lo hace José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno, hace falta ser un irresponsable integral y poseer un alto grado de ignorancia intelectual y moral. No es posible que una persona normal se atreva a meter la mano en la denominada ‘hucha de las pensiones’, para favorecer exclusivamente a alguna de sus habituales redes clientelares. No es admisible que los ministros, con el jefe del Ejecutivo a la cabeza, entren a saco en la Tesorería General de la Seguridad social y dispongan del dinero que no es suyo para hacer favores a personas o instituciones amigas o muy cercanas políticamente hablando y que, encima, digan que se trata de un acto de solidaridad. Es muy loable que sean solidarios, ya lo creo, pero con lo suyo, con su propio dinero y no a costa de los demás.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social lo creó el Gobierno de José María Aznar en septiembre del año 2003, constituyendo así una especie de ‘hucha de las pensiones’ para ser utilizado por el Estado única y exclusivamente en caso de que el sistema de protección de la Seguridad Social entre en números rojos. Se trata de una caja donde el Gobierno, por ley, debe ir metiendo cada año el superávit que aporte la Seguridad Social. Y el fondo resultante no podrá ir destinado, tal como obliga la correspondiente ley, nada más que a inversiones de la “máxima calidad crediticia” y que sean totalmente seguras.
Pero la Ley tiene muy poco valor para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y la obvia sistemáticamente cuando le interesa. El Estado tiene ahora enormes dificultades para colocar deuda española en los mercados internacionales. En consecuencia, al Gobierno de Zapatero se le ocurrió cambiar parte de estos fondos por papelitos de dicha deuda y seguir así manteniendo su política errática de gastos. No contestos con esto, deciden enajenar parte de la deuda pública francesa y alemana de que disponía la ‘hucha de las pensiones’ para emplear el importe recaudado por esa venta en la compra de bonos españoles. En la actualidad, la caja de pensiones ha invertido ya más de un 80% de sus fondos en deuda pública española que, en este momento, ofrece muy pocas garantías.
Vender deuda pública Francesa y Alemana para adquirir deuda española, es tanto como cambiar productos financieros de la máxima calidad, tal como indican las distintas agencias de rating, por otros con mucha menor solvencia. El Gobierno español ha sacrificado la seguridad de unos fondos en aras de una dudosa y problemática rentabilidad. Francia y Alemania no elevan el tipo de interés que abonan por la deuda que emiten porque, al tratarse de un producto seguro, les resulta muy fácil colocarla en los circuitos financieros internacionales. De ser cierto que interesa más la rentabilidad que la seguridad, tal como quieren hacernos ver desde el Gobierno, en vez deuda pública española, deberían haber adquirido deuda griega, ya que indiscutiblemente, y por motivos fáciles de comprender, tiene una rentabilidad bastante mayor.
La inversión de la mayor parte del fondo de pensiones en deuda de baja calidad no es el único problema al que se enfrentan los que dependen de una jubilación. A los pocos días del famoso decretazo, con el que desvergonzadamente se congelaban las pensiones a unos seis millones de españoles, el Consejo de Ministros del pasado día 4 de junio decide meter la mano en la caja y destinar 900.000 euros de la Tesorería General de la Seguridad Social a financiar la formación de sindicalistas en Iberoamérica, y otros 500.000 euros más para las “organizaciones de empleadores” latinoamericanas.
Se trata de una aportación, posiblemente ilegal, de 1.400.000 euros que hace nuestro Gobierno, a costa de un dinero que pertenece exclusivamente a los pensionistas, para financiar a sindicatos de otros países, si es que en realidad es ese su destino. No sería de extrañar que la mayor parte de ese dinero, como previsiblemente ha ocurrido con otras subvenciones, se quede por el camino en el bolso de alguna organización afín. Es normal que el colectivo de jubilados, a quien apenas nadie hace caso, haya levantado la voz y se haya puesto de uñas, porque la política emprendida por Zapatero puede poner en riesgo la viabilidad futura del sistema de pensiones.
Esta aportación atípica, a cuenta de la Tesorería General de la Seguridad social, destinada a financiar la formación de sindicalistas en América Latina, no es nueva. Ya el 28 de julio del año 2006, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, es de suponer que a propuesta del titular de Trabajo de entonces, el inefable Jesús Caldera, autorizó una aportación financiera de 500.000 euros para el mismo fin, que se hizo efectiva en dos plazos de 250.000 euros cada uno, el primero en 2006 y el otro en el ejercicio de 2007. Y ambos plazos, claro está, a costa de la ‘hucha de las pensiones’.
Ha habido igualmente otras aportaciones de dinero sacado de dicha hucha que han seguido también el camino de Iberoamérica, aunque para otros menesteres, pretendidamente sociales, distintos a la formación de sindicalistas. Así, el 1 de agosto de 2008, el Consejo de Ministros volvió a meter la mano en la caja de los pensionistas y habilita otros 900.000 euros que destina, según dijo, “a la Extensión de la Protección Social en los países de la Subregión Andina”. Como en el caso anterior, esta cantidad se materializará en tres pagos de 300.000 euros, uno por cada año del período 2008-2010.
No nos sorprende que Zapatero regale millones a los sindicalistas iberoamericanos igual que a otros estamentos de dentro y de fuera de España. Lo que verdaderamente inquieta a los jubilados es que el Ministerio de Trabajo, con la anuencia expresa del jefe del Ejecutivo, decidiera sacar este dinero de la Tesorería General de la Seguridad Social, a pesar de que se trata de un organismo que tiene tasadas todas sus competencias y funciones, claramente incompatibles con la financiación de los agentes sociales de Latinoamérica. Para esos menesteres hay otros organismos, como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que depende directamente del Ministerio de Exteriores y que cuenta expresamente con la competencia para ese tipo de ayudas.
Así las cosas, Zapatero demuestra tener muy poca delicadeza, ya que, a pesar de la que está cayendo, carga sobre los pensionistas una parte importante del recorte social. Se declara continuamente defensor máximo de los derechos sociales de los pensionistas, y lo que en realidad hace es utilizarlos miserablemente para sus fines políticos. Sabe sobradamente que los jubilados han ido perdiendo, año a año, buena parte de su poder adquisitivo por el sistema utilizado para la revalorización de sus pensiones. Y que, además de la devaluación continua de las mismas, sufrieron un recorte sensible al comenzar el año 2010, como consecuencia de la última variación del IRPF. Y aún así, viene Zapatero y se las congela descaradamente para que contribuyan con su esfuerzo colectivo a la reducción de un déficit enorme, en el que ellos nada tienen que ver. Sin culpa alguna, se les obliga a pagar, juntamente con los empleados públicos, los desmadrados gastos de un Gobierno desquiciado e irresponsable.

Gijón, 14 de junio de 2010

José Luis Valladares Fernández

lunes, 22 de marzo de 2010

LAS JUBILACIONES A EXAMEN

Es un hecho, y apenas se tiene en cuenta, que los jubilados pierden poder adquisitivo desde la primera revalorización de su pensión. Y mucho más, como es evidente, en épocas de recesión económica como la que padecemos actualmente. Este colectivo, por edad, y a veces por carencia de medios, consume únicamente artículos de primera necesidad. Y son estos artículos los que forman el primer grupo de la cesta de la compra y los que, en realidad, experimentan una mayor elevación de precio.
El Gobierno hace una previsión, más o menos lógica, del comportamiento de los precios a lo largo del nuevo año. Y sin más, con el dato estimado de inflación futura, revaloriza las pensiones. Si a final de año la inflación acumulada supera la previsión realizada, se actualizan de nuevo, teniendo en cuenta el diferencial experimentado por el coste de la vida. Lo malo es que la inflación acumulada refleja siempre las variaciones de precios de un amplio abanico de artículos. Pero no todos estos artículos experimentan las mismas subidas o bajadas de precio, aunque todos se tienen en cuenta para fijar el incremento de las pensiones.
En circunstancias normales, como ya hemos apuntado, los que viven de una pensión consumen casi exclusivamente artículos de primera necesidad, como es la alimentación, la luz o el gas. Y de todos los productos de su particular cesta de la compra, la alimentación es la que tiene un peso real mucho mayor. La mayoría de los pensionistas por su precaria situación económica, no adquieren electrodomésticos, ni aparatos electrónicos, ni coches, que son los artículos que más contribuyen a frenar y a moderar la inflación acumulada. Esto ya determina, por sí solo, una pérdida evidente del poder adquisitivo de estas personas. Y no dependen de un Convenio Colectivo, como los que aún viven de su trabajo, para lograr algún incremento extra que mantenga actualizado su poder adquisitivo.
En épocas de graves crisis económicas, como la que padece ahora España, el deterioro del poder adquisitivo es tremendamente escandaloso para los pensionistas. Pues la inflación resultante, la real, será muy superior a la señalada por los organismos oficiales. La contracción del consumo será la primera consecuencia lógica de toda situación de crisis. Los artículos más o menos de lujo, como coches, muebles y demás enseres que hacen más fácil la vida, dejan de tener salida en los mercados. En circunstancias normales, todos estos productos apenas si varían su precio, contribuyendo así a moderar el índice de precios al consumo. En tiempos de recesión, para darles salida, son objeto de ofertas especiales o rebajas muy notables, lo que no ocurrirá jamás con los artículos de primera necesidad.
El encarecimiento de los productos alimenticios, la luz y otros artículos básicos, es neutralizado con esas rebajas especiales de aquellos otros productos, a los que no tiene acceso la inmensa mayoría de los jubilados. De este modo, el porcentaje que se les va a subir queda muy por debajo del encarecimiento real que han tenido que soportar.
Diga lo que diga Celestino Corbacho, todas estas personas sufrirán indefectiblemente un deterioro brutal en su poder adquisitivo. Y muchos de los que hasta ahora disfrutaban de un nivel de vida simplemente aceptable, en el futuro, tienen y tendrán que hacer verdaderos milagros contables para llegar a fin de mes. Y lo malo es que, muchos de ellos, engrosarán lamentablemente la condición estadística de “pobres”, ya muy considerable en España, que alcanza ahora a un 20% de la población.
Por otra parte, queda muy claro que el Gobierno hace un uso abusivo y antisocial de la crisis y no tiene intención de solucionar adecuadamente este problema. Ahí están, para demostrarlo, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Según dichos presupuestos, se mantiene el gasto público, se elevan los impuestos y no se deflacta la tarifa del IRPF, actualizándola con la inflación.
Es muy alto el número de pensionistas que constatan decepcionados que en 2010 ya en el primer pago del año, del mes de enero, cobran menos que en el año 2009. Tiene la culpa el Real Decreto aprobado por el Gobierno el 23 de diciembre pasado, por el que se modificó el Impuesto sobre la Renta. Y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho Chaves, no se corta ni un pelo y en el escrito, en realidad un impreso que envía a cada jubilado, afirma con descaro que con la subida del 1% y la consolidación del 2% del año pasado, “el mantenimiento de su poder adquisitivo queda plenamente garantizado y mejorado”. ¡Ver para creer! Me gustaría saber qué tipo de alquimia ha utilizado Corbacho para lograr que, cobrando menos, tengan garantizado su poder adquisitivo e incluso mejorado.


(Publicado en El Comercio el día 22 de febrero de 2010)

José Luis Valladares Fernández

viernes, 19 de febrero de 2010

LAS COSAS DE JOSÉ BLANCO

La realidad es muy tozuda y, a cada momento, nos está diciendo que José Blanco fanfarronea miserablemente cada vez que habla sobre nuestra situación económica. Todo lo bueno que se ha hecho en España desde la instauración de la democracia, según el ahora ministro de Fomento, es obra de las legislaturas socialistas y, de manera muy destacada, de la encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero.
Gracias al paso de los socialistas por el Gobierno de España, dice Blanco, disfrutamos ahora de un ‘bienestar social’ envidiable. Y con Zapatero en la Moncloa, mejoró aún mucho más y se está consolidando. Ya dijo hace tiempo que "Los dos períodos de gobierno socialista en España están repletos de leyes memorables". Estas leyes memorables, debidas a la actividad responsable del PSOE, han dado lugar a espectaculares cambios y transformaciones sociales. “No hay nada parecido”, dice, en los ocho años del Gobierno de Aznar.
En la entrevista que le hizo Antonio San José en el programa ‘Cara a Cara’ de CNN+ el pasado 14 de febrero, José Blanco vuelve a dar la medida de sí mismo. Insiste una y otra vez en la conspiración planetaria para arruinar la economía española y, sobre todo, en la demonización de Zapatero. Más o menos, se trataría de una nueva versión del antiguo contubernio judeo-masónico. La descalificación de Zapatero es lo que buscan interesadamente los del “cuanto peor, mejor”, refiriéndose, claro está, al Partido Popular. De ahí los discursos apocalípticos habituales que en nada favorecen los intereses de España.
Tiene una teoría muy peregrina para explicar por qué aún no hemos salido de la crisis económica. Como entramos en la crisis mucho más tarde que el resto de países del G20, es normal también que salgamos de ella mucho más tarde. Esa es la única razón por la que, según dice, estamos aún en recesión. Y se quedó tan pancho, como si hubiera descubierto la teoría de la relatividad.
En cuanto a que se nos quiera comparar con Grecia y Portugal, dice que no hay semejanza posible. Nada tenemos que ver con estos dos países. Reconoce que nosotros tenemos un único problema, derivado de la construcción. Pero, en cambio, según confiesa, tenemos menos endeudamiento que la mayoría de los países europeos y tenemos capacidad suficiente para salir y vencer a la crisis. Y como buscamos la plena eficiencia de nuestras actuaciones, hemos comenzado a marcar los caminos que vamos a recorrer. Se impone, según Blanco, el cambio de las formas de crecimiento de nuestro país.
La reforma misma de la edad de jubilación, propuesta por el PSOE, es ya un adelanto de esa política. Es necesario, dice el ministro de Fomento, acercar la edad real de jubilación de los 63, a la edad legal de los 65 años, marcados por nuestro ordenamiento jurídico-laboral. Y retrasando esa edad legal a los 67 años, la media resultante estaría ya más cerca de los 65 años que de los 63 actuales. Y en un tono un tanto saduceo, fundamenta la propuesta en que la esperanza de vida es muchísimo mayor, como consecuencia de las políticas de ayuda social y del bienestar que siempre han impulsado los socialistas.
Es verdad que, con anterioridad, José Blanco había reconocido que es una obviedad manifiesta que la realidad no se cambia solamente con leyes. Y agrega, a renglón seguido, que este hecho “es uno de los pretextos favoritos de los retrógrados que nunca desean políticas que transformen la realidad”. Y el “hecho traumático” de la recesión evidencia la “necesidad de cambiar nuestros modelos productivos”, lo que implica establecer nuevas reglas de juego en la actividad económica.
Como teoría, todo esto está muy bien. Lo malo es que son los socialistas, encabezados por Zapatero, los que no hacen nada para cambiar la realidad y solucionar, de una vez, los graves problemas económicos que nos afectan. Se escudan en que son los otros, los retrógrados del Partido Popular, los que no quieren cambios, “ni por decreto ni de ninguna otra manera”. Se da la circunstancia de que son los que José Blanco tilda de inmovilistas y retrógrados, los que exigen cambios profundos en nuestras estructuras productivas, además de una contención significativa del gasto público y una rebaja notable de las cargas contributivas.
Los cambios que ha introducido el PSOE, para hacer frente a nuestra situación económica, son meramente testimoniales y llegan demasiado tarde. Les dan, eso sí, nombres muy bonitos y sugerentes, pero carecen prácticamente de contenido. Y así nos hablan de “economía sostenible”, “cambio de modelo productivo”, etc., pero se quedan ahí en simples frases hueras. Apelan, como lo ha hecho Blanco, a que son ellos los de las ayudas sociales a los que las necesitan, y los que mantienen y acrecientan el bienestar social.
Si repasamos la historia, la realidad es muy diferente y deja en muy mal lugar a los socialistas. Es verdad que el concepto de ‘bienestar social’ fue aportado por el socialismo. Pero también es verdad que, con los socialistas al frente de los Gobiernos, el ‘bienestar social’ se deteriora rápida y progresivamente, terminando por convertirse en una simple entelequia. Son precisamente los Gobiernos de otro signo los que, en realidad, proporcionan ese “bienestar social” y lo mejoran.
Pasa exactamente igual con las ayudas sociales. La mejor ayuda social es un puesto de trabajo. Y con los socialistas, a la vista está, aumenta constantemente el número de parados. En vez de ayudas sociales, la progresía izquierdista reparte simplemente, entre quienes no tienen nada, meras limosnas de supervivencia. ¿De qué bienestar social pueden disfrutar los 5.000.000 largos de parados y, sobre todo, esas casi 1.500.000 familias con todos sus integrantes sin empleo? Aunque lo nieguen, el socialismo solamente sabe generar pobreza y miseria.

Gijón, 18 de febrero de 2010

José Luis Valladares Fernández

viernes, 5 de febrero de 2010

LA JUBILACION A LOS 67 AÑOS

Es una constante en el Partido Socialista español criminalizar al Partido Popular, al que acusa constantemente de recortar el bienestar social de los trabajadores. Para los miembros del PSOE, el Partido Popular, con responsabilidades de Gobierno, es poco menos que un peligro público. Pasaba lo mismo en tiempos de Felipe González. Si el Partido Popular gana las elecciones, decían, subirá inmediatamente los impuestos, recortará salarios, quitará las pensiones y hasta privatizará la Seguridad Social.
La realidad, en cambio, es muy distinta. Ya demostró el Partido Popular, con la llegada de Aznar a la Moncloa, que no es así. Son precisamente los socialistas, pésimos gestores de la cosa pública, los que hacen todas esas fechorías que atribuyen a sus adversarios políticos, subir impuestos, recortar salarios y pensiones y despilfarrar a manos llenas el dinero público. Ahora intentan alargar la edad de jubilación sin contar con el Pacto de Toledo. Con el PSOE en el Gobierno, el estado de bienestar social se deteriora progresiva y rápidamente.
Todos recordamos al inefable Pedro Solbes, ministro ya de Economía con Felipe González, recomendando de aquella a los trabajadores que suscribieran Planes de Pensiones particulares. Habían vaciado las arcas de la Seguridad Social y pensaban fundadamente que llegaría un momento que no se podría hacer frente a las jubilaciones. El estado de quiebra era tal que, cuando llegó Aznar a la Moncloa, tuvo que pedir un préstamo para hacer efectivo el pago de las pensiones correspondientes a ese mes. La buena gestión del Gobierno de Aznar, y la tijera del director de la Oficina Presupuestaria de Presidencia del Gobierno, José Barea, devolvieron de nuevo a las cuentas de España los números negros. Se volvió a hablar en Europa del milagro español.
Ahora Zapatero se encuentra en la misma disyuntiva que Felipe González en el año 1996. Al igual que González, Zapatero nos ha llevado de nuevo a la bancarrota. Ahora somos el caso español. Y de seguir así, es muy posible que, al igual que pasa con Grecia, sea Bruselas la que marque directamente las pautas de nuestro destino. Estamos en una situación tan de alto riesgo que, o corregimos el rumbo, o podemos vernos fuera del sistema monetario de la Unión Europea.
En vez de Planes de Pensiones, Zapatero y sus huestes nos proponen, además de unas pensiones más exiguas, retrasar la jubilación hasta los 67 años. Y Cándido Méndez y Fernández Toxo sí han protestado, pero con la boca pequeña, ya que no quieren que se agite y se movilice el mundo del trabajo. El pesebre gubernamental y sus canonjías para los sindicatos tienen mucha más fuerza social de atracción que las propias obligaciones sindicales.
La jubilación a los 67 años es una medida improvisada, como todas las de Zapatero, y tan poco meditada que, a la larga y sin solucionar la descapitalización de la Seguridad Social, generará paro y más paro. Contribuirá, además, innecesariamente a crear tensiones entre los jóvenes porque no encuentran trabajo y a malhumorar a los mayores porque pierden uno de sus derechos adquiridos cotizando durante muchos años. Con toda la razón del mundo, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz Alonso, en su visita de este día a un polígono industrial, sentenció que esta propuesta de Zapatero es "una faena para todos los ciudadanos, ya que se ha producido una reducción en la nómina de las pensiones el pasado mes de enero y, encima, ahora se quiere aumentar la edad de jubilación". Y esto supone, añadió, “trasladar a los jóvenes que para buscar un puesto de trabajo van a tener que esperar dos o tres años más porque la edad de jubilación se retrasará dos años más".
Como en todas las decisiones de este Gobierno, Zapatero sorprende siempre a propios y extraños, anunciando por sorpresa sus ocurrencias. Ahora, ante la paliza dialéctica que recibió en Davos, quiere arreglar algún que otro de los platos rotos y, sin encomendarse a Dios ni al diablo, lanza el anuncio de que hay que alargar la edad legal de jubilación hasta los 67 años. Muy ufano, porque cree haber descubierto una vez más la pólvora, acusa al Partido Popular de populista. En épocas de crisis, dice, aumentan “las tentaciones populistas de líderes y proyectos políticos que no tienen consistencia, ni una idea clara del país”. Y continúa insidioso diciendo que el principal partido de la oposición, además de incoherente con cada tema que sale a debate, se deja llevar por el populismo, poniendo de manifiesto su “falta de compromiso con las dificultades de España”.
El Gobierno en cambio, según dice Zapatero, está abierto a “todas las ideas” que se aporten en el debate de la reforma. Su proyecto, insiste, se diferencia del de otras fuerzas políticas, en que es capaz de atender las necesidades económicas y cumplir con sus compromisos de protección social. Califica de razonable retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años. Más aun, piensa que era completamente necesario reformar ahora el sistema de pensiones para garantizar su viabilidad. “Es más cómodo –dice- no hacer nada ni proponer nada y que el Gobierno de 2020 afronte los problemas, pero esa no es nuestra forma de ser ni nuestro carácter”.
Este plan, como tantos otros a lo largo de estos años, no lo conocieron previamente ni las centrales sindicales, ni la patronal y, mucho menos, la oposición. Cogió por sorpresa, incluso, al PSOE y hasta a los mismos miembros del Gobierno. Las ocurrencias variopintas de Zapatero irrumpen en tromba cuando menos lo esperas. Y ahora, como pasó con los 400 euros famosos, los ministros y demás tropa de la secta, salen a la palestra magnificando las bondades de tan sorpresiva medida. El jefe es siempre el jefe.
El primero que fue cogido en ‘off side’ es el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho y no le ha quedado más remedio que disimular. Aún no está muy lejano el mes de julio de 2009, cuando afirmo con rotundidez en Santander, que no se tocaría la edad de jubilación. Como mucho, se acercaría la edad real de jubilación de los 63 años a la edad legal de los 65. Y que se incentivaría, eso sí, “la voluntariedad de la permanencia en el trabajo”.
Ahora cambia de disco y defiende la jubilación obligatoria a los 67 años. Evidentemente no se trata de una medida propuesta por el titular de Trabajo, pero todo son loas para la nueva ocurrencia de Zapatero. Dice que el ejecutivo ha sido “valiente” al proponer elevar la edad de jubilación hasta los 67 años. Fundamenta la supuesta valentía del ejecutivo en que se trata de una medida “poco cómoda” e “impopular” y en que podía haberla diferido ya que hasta 2023 ó 2030 no se prevé ningún problema para la Seguridad Social. Hubiera sido más cómodo para el Ejecutivo no anticiparse con este tipo de planteamientos, ya que hay dinero para pagar las pensiones, un superávit suficiente y, además, un buen Fondo de Reserva. Pero el Gobierno, dice Corbacho, ha preferido valientemente adelantarse al futuro.
El titular de Trabajo ha subrayado que el Ejecutivo, con esta propuesta, no busca “meter miedo” a la sociedad española. Aunque no sea algo urgente, el Gobierno ha querido “asumir su responsabilidad” para con las futuras generaciones de pensionistas españoles. Trata de edulcorar el proyecto, afirmando que el retraso en la edad de jubilación es un debate que está ahora abierto en toda Europa.
Las aclaraciones que ya hemos visto de Celestino Corbacho y las de la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, prueban de modo evidente que Zapatero cogió con el pie cambiado a casi todo el partido socialista. Para minimizar el impacto negativo de la propuesta, Elena Salgado confesó que “la reforma de las pensiones está abierta y puede ser matizada”. Y siguió insistiendo: “es una propuesta abierta, lo ha sido desde el principio” y admitió la posibilidad de discutir la “gradualidad a la hora de su aplicación. Se trata, según la vicepresidenta económica, de un documento siempre abierto al consenso y que, en todo caso, será el Pacto de Toledo quien diga la última palabra.
Es evidente, para empezar, que el sectarismo de Zapatero no le deja escuchar a nadie, ni siquiera a sus propios ministros. Ahí está, para testificarlo, su anterior ministro de Economía, Pedro Solbes, que se fue a su casa aburrido y deprimido por la sordera del jefe del Ejecutivo. Tampoco es cierto que esta propuesta de reforma de las pensiones solucione el problema esencial de la caja de la Seguridad Social, ni su viabilidad en el futuro. Trabajar dos años más no evita las dificultades que introduce en el sistema la pirámide poblacional. La tendencia de esta pirámide se invierte favoreciendo los nacimientos de niños, no facilitando su destrucción antes de nacer.
La solución a la falta de dinero para hacer frente a la paga de las pensiones pasa por crear las condiciones idóneas para crear puestos de trabajo, no destruyéndolos como hacen ahora. La salud de la Caja de Pensiones queda plenamente garantizada si hay muchas personas cotizando a la Seguridad Social. Con datos estremecedores como los del pasado mes de enero, en que dejaron de cotizar a la Seguridad Social más de 250.000 personas, no se arregla el problema ni trabajando hasta los 67 años, ni incluso tomando como base para el cálculo de las pensiones los 25 años, en vez de los 15 actuales, como quisieron pasar de matute últimamente.
Es evidente que Zapatero está radicalmente incapacitado para solucionar los problemas que se presentan. Y para colmo de males, los ministros del actual Gobierno, además de no andar sobrados de luces, carecen de la suficiente autonomía para ejercer aquellas funciones a las que, en teoría, deberían estar dedicados. Tienen bastante con esperar cada mañana a ver con qué tipo de ocurrencias se despierta el jefe del Ejecutivo. Más que ministros, son simples secretarios de Zapatero. Ya cumplen holgadamente acudiendo con celeridad a apagar los incendios que provoca con su irresponsabilidad el jefe del Gobierno.

Gijón, 4 de febrero de 2010

José Luis Valladares Fernández

jueves, 26 de febrero de 2009

TIEMPO DE LÁGRIMAS

La crisis generalizada y la degradación social que imperaba en Occidente a principios del siglo V, como consecuencia de la descomposición gradual del orden establecido por Roma, dio origen a esta expresión gráfica de San Jerónimo: “...Durante mucho tiempo he permanecido en silencio, persuadido de que había llegado el tiempo de las lágrimas”
Entonces eran las tribus bárbaras del norte las que, aprovechándose de las luchas internas de Roma, amenazaban la estabilidad de todo el imperio romano. En la Hispania romana, por ejemplo, suevos, alanos y vándalos terminaron con la unidad lograda por el Imperio y, por consiguiente, con el orden social y económico que se derivaba de esa unidad.
Ahora ha vuelto a llegar ese tiempo de lágrimas. Con Zapatero se han vuelto a poner de moda los reiterados intentos de establecer nuevas fronteras internas, que rompen el destino común y la solidaridad interregional. Hay un afán patológico por intelectualizar las diferencias entre un ellos, y un nosotros. Y tratan, por todos los medios, de que estas diferencias se conviertan en auténticos límites divisorios, cada vez más infranqueables. Límites divisorios que defienden irracionalmente empleando una fuerte carga emocional. Y esto, a pesar de que son plenamente conscientes de que esas nuevas fronteras representan un verdadero lastre para su propio desarrollo económico. Con estas fronteras internas, evidentemente generadoras de mayor pobreza, se agrava peligrosamente el estado, ya pésimo, de la economía española.
Pero Zapatero es incombustible y le cuesta llamar a las cosas por su verdadero nombre. Una de dos: o trata de anestesiar a la sufrida sociedad española, utilizando, claro está, los tradicionales modos de propaganda del PSOE, o ha terminado por creerse sus propios sueños, cayendo en el espejismo de que, pese a la crisis, aún vivimos en la Arcadia europea.
De ahí que insista machaconamente en hacernos ver que estamos mejor preparados que nadie para solucionar este, según él, coyuntural frenazo económico. A la vista están sus recetas salvadoras: un debate en el Congreso de los Diputados que ha convocado con “carácter inmediato” y, después, que confiemos ciegamente en las iniciativas que pueda elaborar el gobierno. Con estas simples medidas, a partir de mediados del año próximo, según Zapatero, volveremos a crecer económicamente por encima de la media europea. Esperemos a esa comparecencia del presidente del Gobierno ya que, seguro, se despachará con algún anuncio efectista y estrambótico que le permita seguir tirando hasta que aparezca otra nueva andanada de malos datos económicos. Lo lamentable es que esas ocurrencias presidenciales, como los 400 euros de marras, suelen complicar más aún las cosas.
Lo que viene a demostrar, en el mejor de los casos, que no es plenamente consciente del estado real de nuestra economía. De ahí que tardara tanto en reconocer la grave crisis que padecemos. Era ya una fijación recurrente en él la persistente huida de la palabra crisis. Y admite su existencia ahora que la crisis va a dar paso a una preocupante recesión.
La crisis económica tiene su inicio cuando el crecimiento decae y se comienza a crecer menos durante dos o más trimestres consecutivos. Si se traspasa la línea del cero y se comienza a crecer negativamente, como lamentablemente ocurrirá ya a partir de ahora, tendremos a la vuelta de la esquina una recesión económica generalizada. Y los efectos de dicha recesión serán, con toda seguridad, mucho más perniciosos que los de la crisis previa. .
Y lo malo es que Zapatero quiere solucionar los graves problemas por los que atraviesa nuestra economía, aplicando simplemente verdaderos paños calientes. Lejos de solucionarse el problema, se irá agravando cada vez más, ya que el Presidente del Gobierno se ha puesto en manos de unos gurús o arbitristas de nuevo cuño, que tratan de reactivar la economía, regalando simplemente unas lámparas de bajo consumo y, quizás, contratando unos cuantos miles de personas para cuidar los bosques.
Los malos augurios que parecen conjurarse contra nuestra economía, llenan de preocupación a cuantos vivimos de una simple pensión, ya que los efectos de esta crisis se dejaran sentir, con mayor crudeza, en los grupos sociales menos favorecidos. Y entre estos grupos se encuentra la mayor parte de las personas mayores que viven exclusivamente de una pensión. Y lo malo es que, según todos los indicios, la degradación de la economía no ha hecho más que empezar.
El déficit por cuenta corriente tan alto -nada menos que el 10% del PIB- impide solucionar satisfactoriamente ese empeoramiento progresivo de nuestra economía. Además hay otros dos factores, claramente negativos, que contribuyen a que el problema tenga una muy difícil solución: no hay posibilidad de acudir a la socorrida devaluación de la moneda como en otros tiempos, y, también, al endurecimiento real de las normas crediticias del BCE.
Es evidente que esta situación económica es muy grave y afecta a toda la sociedad, pero a unos estamentos con mayor dureza que a otros. Las personas, en edad de trabajar, y que hayan perdido su puesto de trabajo, serán, sin duda, las más perjudicadas. Pero detrás de este colectivo, vienen los jubilados y pensionistas, ya que la pérdida inexorable del poder adquisitivo de sus pensiones va a ser más fuerte de lo normal por culpa de esta crisis económica. Y no digamos nada si, como acostumbran, acuden a una carga impositiva mayor.
Si esta situación se prolongara en el tiempo, más allá de lo razonable, hasta podría ponerse en grave riesgo el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones. Ya estuvo Solbes a punto de conseguirlo en tiempos de Felipe González. Y, como siga así, no será tarde para que lo consiga en esta su segunda etapa al frente del Ministerio de Economía. De todos modos, el desastre económico está servido. No solamente los parados, que perciben una prestación o subsidio muy limitado; también los jubilados y pensionistas tendrán que prepararse para unos tiempos muy difíciles que se avecinan. Definitivamente, ¡… estamos en tiempo de lágrimas!

26-09-08 El Comercio

José Luís Valladares Fernández