AL BORDE DEL ABISMO

Oímos con mucha frecuencia, con una redacción u otra, que “España no es ni Irlanda ni Portugal”. El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, hilvanó esta expresión de ésta otra manera: España “ni era Grecia, ni es Irlanda, ni lo será nunca”. Formulado de una manera u otra, quizás sea éste uno de los mantras más repetidos actualmente por los miembros del Gobierno y sus acólitos. Y es cierto que la diferencia de España con estos países es considerable, pero si el Gobierno no es meticuloso en los ajustes presupuestarios y sigue huyendo de las oportunas reformas estructurales que necesita nuestra economía, corremos serio peligro de seguir el mismo camino. Querámoslo o no, ya nos falta menos.
No olvidemos que las circunstancias nos han colocado en la pista de salida y todo apunta a que tendremos serias dificultades en los mercados financieros internacionales. De ahí el nerviosismo que se aprecia en las instituciones europeas, e incluso en nuestro propio Gobierno. Eso explica que ahora José Luis Rodríguez Zapatero reconozca, por fin, que “no se augura un cambio de tendencia”. Es evidente que, desde hace tiempo, estamos en el ojo del huracán y por eso hemos sido intervenidos, de manera un tanto encubierta, el pasado mes de mayo. Así que no debemos extrañarnos de que dichos mercados financieros internacionales sigan con inquietud los vaivenes de nuestra deuda pública, la enorme tasa de desempleo que padecemos y la falta de una política presupuestaria rigurosa.
Si la crisis financiera de Irlanda se extendiera a Portugal, el contagio de España sería casi inevitable. No en vano la banca española es la principal acreedora del sector público portugués y de su sistema bancario. La propia banca española ha asumido igualmente importantes riesgos hasta en el sector no financiero de Portugal. El rescate de Irlanda es asumible. Con 50.000 millones de euros si el rescate se reduce exclusivamente a la banca, ó 100.000 millones de euros si el rescate es estatal, además del bancario. El problema aparecería si el contagio llega a España. España es demasiado grande para caer y ser rescatada. Normal que exista una seria preocupación entre los medios financieros europeos, ya que, si España es afectada, peligraría la estabilidad de la zona euro y derivaría en una crisis sistémica de toda la zona euro.
A pesar del optimismo de la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, las perspectivas que tenemos por delante no son nada halagüeñas. El presidente del Gobierno, que hasta ahora veía recuperaciones económicas y creación de empleo a la vuelta de cada esquina, abandona su optimismo infantil y reconoce que corremos el riesgo de volver de nuevo a la recesión. Sin embargo, José Manuel Campa, a pesar de reconocer que en el tercer trimestre no hubo crecimiento del PIB, niega que la economía española esté estancada. Más aún, asegura que durante los tres últimos meses del año, nuestra economía registrará crecimientos positivos y que se cumplirán los ajustes fiscales. "Estamos seguros de que el objetivo del 9,3% en 2010 se va a cumplir", afirmó, y espera cumplir también con el 6% de 2011. Si en el año 2011 no crecemos el 1,3% previsto por el Gobierno, el impacto negativo, según confiesa, sería como mucho de tres décimas, con lo que pasaríamos de un déficit público de 6 a un 6,3%, con lo que “las predicciones casi se han mantenido”
Y hasta ahora el Gobierno no ha adoptado ninguna medida sería para corregir nuestra precaria situación económica. Las que ha tomado, son insuficientes y demasiado tarde, ya que ha querido prevenir el impacto negativo que puedan tener estas medidas de cara a unas próximas elecciones. Y al final, como pasó en mayo, será Bruselas la que tome una determinación y obligue al Gobierno a efectuar un recorte mucho más drástico. Y como pasó entonces, Zapatero transferirá esa imposición a las capas más débiles de la sociedad y seguirá despilfarrando dinero en la forma acostumbrada que todos conocemos. Nuestro presidente está dispuesto a cualquier sacrificio, pero soportado por los demás, no por él mismo.
Mientras el Gobierno no aplique rigurosamente las medidas estructurales demandadas por el sector empresarial y por las instancias comunitarias, será muy difícil reducir el déficit a las cotas previstas. El cuento de la lechera le ha fallado una vez más. Esperaba un aumento notable en la recaudación por la subida del IVA y, como era previsible, el consumo y la inversión en bienes de equipo se redujeron drásticamente. Esto fue determinante para que, en el tercer trimestre, el crecimiento del PIB fuera nulo. Y según todas las estadísticas, el consumo ha seguido empeorando, por lo que es muy posible que en el cuarto trimestre tengamos un crecimiento negativo.
Es significativa la caída de ventas en el sector de automoción durante el pasado mes de octubre. Contabilizando todas las ventas, la caída ha sido del 38% con respecto al mismo mes del año anterior. Si nos atenemos a las ventas de vehículos a particulares, la caída en las ventas es mucho más escandalosa, ya que sería un 52%5 menos que hace un año. Así las cosas, esperar que terminemos el año con un déficit del 9,3%, es creer en los milagros. La subida caprichosa del IVA le ha jugado una mala pasada al Gobierno. Nuestra situación económica, con la tasa de desempleo del 20,8% que soportamos, desaconsejaba la subida de impuestos. Es cierto que la presión fiscal en España era inferior a la de algunos países de nuestro entorno, pero nuestro poder adquisitivo también se queda muy por debajo del de esos países, que es tanto como decir que nuestro esfuerzo fiscal es también muy superior al de ellos.

Gijón, 21 de noviembre de 2010

José Luis Valladares Fernández

SIGUE EL DESPILFARRO DEL GOBIERNO

El Boletín Oficial del Estado de fecha 17 de mayo de 2010 certifica que nuestro Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, se ha instalado definitivamente en la denominada ‘chapuza nacional’. Zapatero apareció el pasado día 12 de este mes en el Parlamento español y, con cara de compungido, desgranó toda una serie de medidas económicas, para conseguir un increíble recorte histórico del gasto social. A pesar de su inusitado aspecto de abatimiento, todo fue una desvergonzada farsa, cuyos platos rotos saldrán muy caros a los de siempre, a las clases medias españolas.
De todo el programa que expuso en la comparecencia parlamentaria, solamente una cosa se va a cumplir, la reducción y posterior congelación del sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la eliminación del cheque-bebé y la limitación de las prestaciones por dependencia. La reducción prometida del gasto público quedará, con seguridad, en agua de borrajas. El Boletín Oficial de Estado citado así lo atestigua, al dar cuenta de la nueva subvención concedida a las organizaciones sindicales, casi 16 millones de euros. Exactamente 15.798.500,00 euros. Esta subvención del Ministerio de Trabajo tiene por objeto, según se dice, "fomentar, mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores". Algo que han dejado de hacer desde que Zapatero llegó a La Moncloa.
El plan de ajuste presentado por Zapatero el pasado miércoles en el Congreso, fue una incomprensible mascarada. Lo que pretendían ser medidas concretas contra el déficit, se convirtieron en medidas contra ciertos colectivos de las clases medias. A la vista del Boletín Oficial del lunes pasado, fue más bien un acto cínico en el que, emulando a Luis Candelas, el bandido más castizo de la historia de España, anuncia el robo a los funcionarios, a los pensionistas y a las futuras madres, para resarcirse del dinero que tenía previsto entregar ahora, fundamentalmente, a las centrales sindicales mayoritarias.
Es muy posible que ese día, con la comparecencia de Zapatero ante el Parlamento, se hayan calmado provisionalmente los ánimos en los restantes países de la Eurozona, al venderles ese ahorro de 15.000 millones con el supuesto recorte de la inversión pública, la congelación de las pensiones y la rebaja media del 5% en los sueldos de los funcionarios. De ahí que el presidente del Eurogrupo y primer ministro de Luxemburgo, Jean Claude Juncker, dijera que "las medidas tomadas por el Gobierno español han sido valientes” y que “España ha actuado de manera ejemplar”. Aún así, y sin conocer los nuevos dispendios a los sindicatos, anunciados posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, ya dijo que habría que esperar a la evaluación de la Comisión Europea del próximo mes de junio, para saber si estas medidas “pueden ser consideradas suficientes”.
La incompetencia del jefe del Ejecutivo español le lleva a pensar que cualquier gesto es suficiente para confundir a las delegaciones comunitarias que miran con lupa todos nuestros movimientos económicos. Con ese tijeretazo a los haberes de los funcionarios y a las pensiones de los jubilados cree que ya cubre holgadamente el expediente y que puede seguir sin problemas subvencionando a los colectivos de siempre. Seguro que ahora, a la vista de los nuevos dispendios millonarios, ya no se creen que Zapatero sea capaz de recortar el déficit en 2010, como prometió, desde el 11,7% del PIB hasta el 9,3% y llevarlo al 6% en 2011 para poder situarlo en 2013 por debajo de ese 3% que exige el pacto de estabilidad. Seguro que la Comisión Europea ya ha decidido exigirnos nuevos sacrificios, para cuando llegue la hora del examen en el próximo mes de junio. Nos exigirán, en primer lugar, acometer reformas estructurales que posibiliten el inicio del deseado crecimiento económico.
La nueva subvención a los sindicatos, cercana a los 16 millones de euros, tiene por objeto cortar de raíz cualquier posibilidad de huelga por el plan de recortes anunciados el pasado día 12 de mayo. Así es como Zapatero acostumbra a comprar la paz social de la que presume y los demás favores políticos. Es esta la única explicación posible de que, con un paro superior al 20%, las centrales sindicales mayoritarias hayan permanecido calladas. Propiciar este silencio durante todo el año 2009, nos ha costado a los españoles la friolera de 193 millones de euros.
Las razones dadas en el propio Boletín Oficial del Estado, para conceder estos 15.798.500,00 de subvención, son claramente peregrinas. Se dice en las propias páginas del BOE de que estos fondos públicos pretenden que se lleven a cabo “actividades de carácter sindical”, como es “la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores”. Y yo creía que esa era su obligación primordial, la defensa del mundo laboral sin necesidad de que entren de por medio razones crematísticas.
A pesar del plan de recortes de la semana pasada, Zapatero es fiel a sí mismo y sigue con la chequera abierta y da 500.000 euros a los responsables del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, para “la gestión de viajes y estancias” de los responsables de este organismo. Una tajada aún más importante, 270 millones de euros, acaba de concederse también a los promotores teatrales y circenses, a las comunidades y municipios y a las empresas de las comarcas mineras. La magnanimidad de Zapatero con los de siempre, no tiene límites.
Se da la circunstancia de que el mayor recorte de derechos sociales de la democracia, no va a afectar en absoluto ni a los sindicalistas, ni a los titiriteros, ni a ninguna persona de las beneficiarias del maná de las subvenciones. Esos recortes afectarán exclusivamente a los colectivos más débiles, los pensionistas, las futuras madres, los que sufren algún grado de dependencia y los funcionarios. Estos son los que de verdad correrán con las consecuencias de la ineptitud de un presidente del Gobierno despilfarrador que, para más inri, no ha sabido gestionar correctamente nuestra crisis económica.
Es lamentable que haya personas, como el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, que se lamente del coste que tiene este plan de ajustes para el propio Rodríguez Zapatero. Campa no dudó en afirmar en el Senado, al siguiente día de anunciar los recortes del gasto social que “ningún pensionista cobrará menos y los funcionarios estarán como a principios de 2008”. Este “ajuste duro”, dijo, aunque afecte a los ciudadanos, tiene mucho más coste para el Gobierno y sobre todo para Zapatero. Lo normal sería que fuera solamente él, el que cargara con todo el coste de semejantes medidas, por su manifiesta incompetencia para pilotar una gestión adecuada de la crisis. No tiene por qué pagar nadie las imperdonables torpezas, las improvisaciones y los errores de bulto de un Gobierno desnortado e impredecible, que no genera más que incertidumbre y desconcierto.

Gijón, 19 de mayo de 2009

José Luis Valladares Fernández.