Los
ciudadanos de siempre, los que menos podemos y menos culpa tenemos de la
situación actual, llevamos ya demasiado tiempo sacrificándonos y renunciando a
muchas cosas para colaborar positivamente en la recuperación económica de
España. Y es muy posible que, al final, todos esos esfuerzos resulten
completamente inútiles por la actitud incomprensible del Gobierno, que ni baja
los impuestos, ni liberaliza la economía y, sobre todo, no quiere simplificar adecuadamente nuestra
mastodóntica Administración Pública.
Para
comenzar a producir riqueza de manera
sostenida y crear empleo, tenemos que empezar a reducir drásticamente nuestro
enorme gasto público, rebajar de manera significativa los impuestos y, cómo no,
liberalizar convenientemente la economía. Tenemos un sector público francamente
insostenible. En 2007, por ejemplo, el gasto público alcanzó la enorme cifra de
413.000 millones de euros. Menos mal que, de aquella, la burbuja inmobiliaria
cubría satisfactoriamente estos y otros muchos gastos.
Con la
llegada de la crisis, se desploma la actividad económica y, en consecuencia,
disminuye la recaudación y, sin embargo,
aumenta desproporcionadamente el gasto público. En el año 2012, ya en
plena crisis y sin poder contar con el colchón de la burbuja inmobiliaria, ese
gasto alcanzó los 494.000 millones de euros, 81.000 millones más que en 2007. Al
llegar la crisis, tanto el sector privado, como las familias, procuraron adaptar
sus gastos a las circunstancias económicas para no desequilibrar sus balances,
algo que no quiso hacer el sector público.
Es
evidente que las administraciones públicas en general, a pesar de la crisis,
continuaron gastando como si no bhubiera pasado nada. De ahí que, a finales de 2012, nuestro déficit
real se disparara hasta el 10,6% del PIB, al contabilizar los dineros del
rescate bancario. Es normal que, con un agujero fiscal tan elevado, se ponga en
cuestión nuestra solvencia, además de entorpecer el necesario crecimiento
económico y de perder buena parte de nuestra ya escasa competitividad. Y esta
situación se agrava aún más por el excesivo encorsetamiento de nuestra economía y de la desmedida presión
fiscal que soportamos
.
Mientras
no reduzcamos considerablemente semejante déficit, la deuda pública continuará
creciendo de manera alocada hasta límites cada vez más insostenibles. Durante
los 6 años que llevamos de crisis, dicha deuda creció 543.858 millones de
euros, pasando de un aceptable 40% del PIB a más de un 92%. Durante el primer
trimestre de este año, la deuda pública aumento nada menos que 39.438 millones
de euros, alcanzando un total de 923.311 millones, lo que representa un 87,8%
del PIB. Y cerramos el segundo trimestre,
con una deuda de 942.758 millones de euros, equivalente nada menos que al 92,2%
del PIB.
