HUGO CHÁVEZ CONTRATACA

Una vez más, nuestro Gobierno se ha plegado ante las diatribas de Hugo Chávez. Los indicios, muy fundados, de presunta colaboración gubernamental de Caracas con los terroristas de ETA y las FARC, puestos de manifiesto en el auto del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, llevan camino de convertirse en papel mojado. La verborrea faltosa y grosera del Gorila Rojo, unida a una supuesta connivencia ideológica, ha bastado para que nuestro Gobierno se humillara de la manera más torpe y ridícula.
Como consecuencia de unas oportunas investigaciones policiales, ya se sospechaba fundadamente que los etarras que huían a Suramérica encontraban cobijo, además de en Cuba, en la Venezuela de Hugo Chávez. Lo que solamente era una sospecha razonable pasó a ser una realidad manifiesta con la aparición de la computadora del dirigente de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, muerto en Ecuador en un ataque del ejército colombiano. El contenido del disco duro de este procesador es una prueba evidente del apoyo prestado a ETA por el Gobierno de Caracas. De nada vale que Chávez y su ministro de Exteriores califiquen de “farsa” la fuente de estos datos, ya que afirman de modo gratuito que esta computadora fue previamente manipulada.
Los expertos de la lucha antiterrorista, a través de oportunos pinchazos telefónicos y de otros documentos intervenidos a varios comandos etarras, corroboran la veracidad de todos estos datos que han servido al juez Velasco para redactar el auto de la discordia. La detención del terrorista José Lorenzo Ayestarán hace unas fechas en Normandía abunda en el hecho de que los terroristas etarras disfrutan de plena libertad de movimientos entre Caracas y La Habana. Estos etarras realizan misiones de logística y dan refugio a los terroristas que se ven obligados a cambiar de continente. Se permiten, además, el lujo de financiar a la banda mediante las actividades económicas que desarrollan en suelo iberoamericano.
El auto del juez Velasco, que no hace más que recoger los datos aportados por las investigaciones policiales, destapa, entre otras cosas, las relaciones de ETA con las FARC colombianas. Desvela que, con el visto bueno de Caracas, terroristas etarras habían entrenado a miembros de las FARC en el manejo de explosivos, utilizando para ello la selva venezolana. Procesa a seis presuntos miembros de ETA y a siete supuestos terroristas de las FARC, a los que acusa de querer atentar en España contra altos cargos de Colombia. Este auto, y el hecho de que Zapatero, de primera intención, pidiera explicaciones al Gobierno bolivariano, encendieron los ánimos de Chávez y de su ministro de Exteriores.
El propio Hugo Chávez contestó airadamente, diciendo que no daría explicaciones “ni a Zapatero ni a nadie”. La peor parte, en cambio, se la ha llevado el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el cual fue vejado gravemente con insultos de grueso calibre por parte del Gorila Rojo y de su impresentable Canciller. Dice Chávez, refiriéndose al auto del juez Velasco, que "Se trata de un documento que carece de validez y que destaca el verdadero propósito del juez: una denuncia mediática sin sustento alguno". Dice que este juez está "vinculado a la mafia de Aznar" y de "trabajar para el PP”. Además, el dictador bolivariano acusa al juez de ser "militante del PP, partido heredero del franquismo, los mismos agentes que encubren, hasta el día de hoy, los crímenes perpetrados por la dictadura de Francisco Franco, quienes no dudan en bendecir o apoyar golpes de Estado o invasiones militares a naciones soberanas".
“La derecha española y fascista europea -dice Chávez- recibe órdenes del imperio y tiene periódicos, jueces, televisiones, cortes internacionales, con los cuales arremeten. Hay una ofensiva contra Venezuela". El ministro de Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, para no ser menos que su despótico jefe, remacha resueltamente: "El PP es el partido de la derecha que tiene sectores ultraderechistas, que tiene sectores ultra reaccionarios, vinculados al pasado franquista; son los hijos directos del franquismo".
Esta reacción tan brusca de Hugo Chávez y de su ministro de Exteriores, alarmó a Zapatero y a todo su Gobierno. Y comienzan las disculpas humillantes de nuestro Ejecutivo. Ante todo hay que conservar la amistad y la colaboración habitual con estos regímenes totalitarios. Y ahí aparece Miguel Ángel Moratinos tratando de tranquilizar y de calmar los ánimos de estos bolivarianos exaltados. Comenzó Moratinos señalando que la intención de Zapatero no era pedir “explicaciones”, si no, simplemente, pedir “información”. Según explica el ministro de Exteriores español, "El Gobierno no tiene nada que ver" en este asunto y califica la situación de "absurdo enfrentamiento". "Somos un gobierno sereno y nos oponemos a las escaladas verbales", añadió.
El ridículo hecho por nuestro Gobierno es monumental. Hasta el mismo Zapatero se rebajó a las pretensiones de Chávez. Y para quitar hierro a aquel “pedir explicaciones” nos sale ahora con que lo que se dice en el auto de marras sobre Venezuela y su colaboración con ETA no es más que una simple hipótesis. E insiste en la necesidad de conocer la versión chavista sobre la "hipótesis de colaboración" de ETA con "personas al servicio de las fuerzas de un país como Venezuela".
Fue el propio Hugo Chávez el que aclaró el sentido de la intervención de Moratinos y la manera bochornosa con que este se dirigió al Gorila Rojo: “Mi Gobierno no tiene nada que ver en esto, es un juez por allá, del poder judicial, que es autónomo”. El mandatario venezolano aceptó las excusas ofrecidas por el Gobierno español. "La respuesta del Gobierno español –dijo Chávez- ha sido aceptable. Han dicho que pidieron información y no explicaciones”. Y agregó: “Digamos que las cosas vuelven a su cauce gracias a la madurez del presidente Zapatero y de su Canciller".
Ha sido tal la humillación de Zapatero y la de Moratinos ante el Gobierno chavista que, de hecho, confesaron públicamente que las acusaciones del auto eran simples “hipótesis” de un juez. Faltó muy poco para pedir perdón a Chávez y, acto seguido, exigir explicaciones al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Para rizar el rizo de la insensatez, no solamente han bailado el agua al Gorila Rojo, le han ofrecido también un equipo jurídico para que le asesore y le ayude a dejar sin contenido las acusaciones del juez Velasco. Zapatero quiere ocultar de manera cobarde la triste realidad de la colaboración del régimen de Chávez con grupos de ETA y la FARC, cuya pretensión manifiesta no es otra que la desestabilización de las democracias occidentales.
Para el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, es suficiente que Chávez haya firmado un comunicado conjunto con España donde se condena el terrorismo y donde se rechazan "sin paliativos todas las actividades de ETA". Esta expresión de Zapatero es muy clara: "Venezuela ha desmentido la investigación que se desprende del auto y España y Venezuela vamos a colaborar con la acción de la Justicia y seguir en la tarea de reducir cualquier espacio de actividad de un miembro de ETA en cualquier lugar del mundo". Y Zapatero está empeñado en hacernos creer que esta firma es todo un acto de perfecta atrición por parte del mandatario venezolano.
En su fuero interno, es muy posible que Zapatero este convencido de la doblez interesada de las afirmaciones de Chávez. Tanto uno como el otro son dos almas gemelas que ni creen en el honor, ni en la lealtad y mucho menos en la honestidad. Les mueve únicamente el ansia de poder. De ahí que su única manera de hacer política se base en el rencor hacia todos aquellos que puedan ser sus competidores. La ruindad espiritual de semejantes sujetos les inhabilita para el ejercicio normal de responsabilidades políticas.

Gijón, 13 de marzo de 2010

José Luis Valladares Fernández

LA JUSTICIA ESPAÑOLA Y SUS PROBLEMAS

Fue en el año 1985 cuando el PSOE, con el poder de los votos, reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el propio Alfonso Guerra escenificó esa reforma con esta frase: “Montesquieu ha muerto”. Frase que resume gráficamente el cambio que, con dicha ley, se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico. A partir de entonces, desaparece la división de poderes articulada por el Barón de Montesquieu, para defender a los nobles del absolutismo ilustrado de Luis XIV.
Desde ese momento, la justicia comienza a tener color, el color del ejecutivo de turno. Le han quitado la venda que tapaba sus ojos. Y ese es el punto de partida del enorme desprestigio de nuestra justicia. La mediatización del Poder Judicial por el Ejecutivo removió, para mal, hasta los cimientos de la Justicia española. Esa mediatización de los jueces por el ejecutivo es, a todas luces, incompatible con una auténtica democracia liberal. Es tal el desprestigio actual de la Justicia, que no hay nadie que confíe en ella. Y en ese nadie van incluidos hasta los propios jueces.
No funciona la Justicia en España, y algunos jueces de la Audiencia Nacional, descuidando sus propios cometidos, quieren impartir justicia en todo el mundo. Quieren convertirse en justicieros universalles. Y esto, a sabiendas de que ninguna de estas personas encausadas va a sentarse en el banquillo. Van buscando ese estrellato absurdo que los descalifica como jueces.

Abrió el camino el juez Garzón, ya que, con sus ansias inexplicables de titulares de prensa, montó aquellos macro-juicios internacionales contra Pinochet y contra los generales de la dictadura argentina. Hoy ya no es solo Baltasar Garzón. Una advertencia del Fiscal General del Estado, y la admonición del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, parece que motivaron a otros magistrados de la Audiencia Nacional a emular al juez Garzón.
Fue el 16 de abril pasado, en un desayuno informativo de Europa Press, donde Conde Pumpido aseguró que hay que evitar que la Audiencia Nacional se convierta en un juguete con esta universalización indiscriminada de la justicia. Más resolutivo que el Fiscal General estuvo Carlos Divar, que, el 6 de mayo, negó a los a los jueces de la Audiencia Nacional la posibilidad de convertirse en los gendarmes judiciales del mundo. Y alude a una necesaria modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de julio de 1985 para impedirlo. Concretamente el artículo 65 de dicha Ley. Hasta el propio ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aunque se muestra partidario de la jurisdicción universal, pidió a los jueces, en Los Desayunos de TVE, que hagan ejercicio de prudencia y sensatez. Y les indica que esa jurisdicción universal únicamente debe ejercitarse con países no democráticos. En países democráticos, como es el caso de Estados Unidos, se impone el principio de subsidiariedad y esperar a los procedimientos que pongan en marcha esos países
A pesar de avisos tan claros, varios magistrados de La Audiencia Nacional han reactivado su pretensión de intervenir en varios casos foráneos, y que, en alguno de ellos debieran haberse atenido al principio de subsidiariedad, descuidando o retrasando irresponsablemente multitud de procedimientos pendientes, que duermen llenos de polvo en los cajones de sus propios juzgados.
El pasado día 4 el juez Baltasar Garzón comenzó a investigar a los posibles autores materiales, inductores, cooperadores y cómplices de los delitos de torturas cometidos en Guantánamo.
Siguiendo el ejemplo del juez Garzón, el también juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, estudia una querella contra varios asesores de George Bush, entre los que se encuentra Alberto R. González, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta que, en 2005, se convirtió en el fiscal general de Estados Unidos. Les acusa de haber preparado todo el andamiaje legal que posibilitó la apertura de la cárcel de Guantánamo en Cuba.
Y, como no hay dos sin tres, ahí tenemos a otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instruyendo una querella, admitida a trámite, contra siete responsables militares israelíes por un bombardeo perpetrado en Gaza el 22 de julio de 2002 y en el que murieron, además de un líder de Hamás, varias personas civiles. Entre esos militares se encuentra el ex ministro Benjamín Ben Eliécer. Este incidente supone una grave alteración de las relaciones exteriores de España, ya que Israel considera que existe una doble moral y rasero cuando aquí hablamos del pueblo israelí. Y están convencidos, como ya indico la Ministra de Asuntos Exteriores Israelí, de que se trata de una decisión política y no judicial.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no podía ser menos que los anteriores jueces. De ahí que admitiera a trámite una querella contra tres ministros y otros cinco altos cargos del Gobierno chino por un delito de lesa humanidad durante las revueltas del Tibet. Esta querella señala que, desde el 10 de marzo de 2008, "las autoridades políticas y militares chinas dirigieron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana, causando, al menos, 203 muertos, más de mil lesionados y 5.972 detenidos ilegales”. Se trataría de un crimen contra la humanidad, contra todo un colectivo, el pueblo tibetano, por lo que el juez Pedraz solicita viajar a China para poder interrogar a los responsables.
Da la impresión de que los jueces, en la Audiencia Nacional, tienen muy poco trabajo y se aburren soberanamente. Y huyendo de ese aburrimiento, buscan desesperadamente ese trabajo extra que llene sus ratos de ocio. Hay veces que consideran poco llamativas esas causas foráneas para sus aspiraciones y se dedican a hurgar en el pasado régimen franquista en busca de algo raro que aún no haya sido investigado. Este es el caso del juez Moreno.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno estaba llevando ya una investigación contra antiguos miembros de las SS hitlerianas, que residen en Estados Unidos, por su implicación en el Holocausto nazi. Se trata de cuatro ex oficiales que desarrollaron su labor como guardias armados en los campos de concentración y que lograron instalarse en Estados Unidos al finalizar la II Guerra Mundial. El juez Moreno, aprovechando una querella presentada por un superviviente español del Holocausto, acumula a la causa anterior otra, un tanto sorprendente, contra el régimen franquista. Acusa a Franco, y al resto de las autoridades españolas de aquella época, de haberse inhibido ante las prácticas genocidas nazis contra ciudadanos españoles que habían huido a Francia tras nuestra Guerra Civil.
Si los jueces de la Audiencia Nacional se aburren, tienen aún un inmenso campo judicial por delante. Ahí tienen a Vladimir Putin, a Hugo Chávez y, sobre todo a los Hermanos Castro que, en cuanto a genocidas actuales, pocos les igualarán. Y si esto es poco y quieren casos más nuestros, no necesitan acudir a personajes difuntos contra los que no pueden hacer nada. De esa misma época, pueden iniciar actuaciones contra alguien que aún vive y que tiene mucha responsabilidad por lo ocurrido en Paracuellos de Jarama y otros lugares por el estilo.

José Luis Valladares Fernández