ZAPATERO Y SU MANERA DE HACER POLÍTICA

El paso de José Luis Rodríguez Zapatero por la presidencia del Gobierno ha resultado catastrófico para España y para los españoles. A excepción de esos cuatro caraduras que han sabido explotar las manifiestas carencias y debilidades del jefe del Ejecutivo, todos han salido chamuscados, incluso hasta sus propios compañeros de partido. Se han librado de la quema los líderes de las centrales sindicales mayoritarias, CC OO y UGT y los del sindicato de la ceja, entre los que se encuentra el mundo de la farándula y de los titiriteros. A pesar de las duras dificultades por las que atraviesa España, ni los líderes sindicales, ni los de la ceja, han sido zarandeados por la nefasta crisis económica que soportamos, pues unos y otros han sido beneficiados ampliamente con el dinero de todos los españoles.

Fueron muchos los que, en 2004 dieron alegremente su voto a Zapatero y ahora todos estamos pagando unas consecuencias muy duras, derivadas de ese voto inconsciente. Es cierto que, en la actualidad, muchos de aquellos votantes están ya plegando velas y dispuestos a no repetir errores. Aunque demasiado tarde, se han dado cuenta que Zapatero ha resultado ser todo un bluf, endiosado, eso sí, pero tremendamente incapaz e incompetente. El daño que ha causado a la economía nacional y a la necesaria coexistencia pacífica entre españoles, es francamente enorme y tardaremos muchos años en levantar cabeza.

El pacto de convivencia firmado por todas las fuerzas políticas en 1978 y que dio origen a la Transición democrática, se estaba respetando escrupulosamente. Comenzó a ser cuestionado desde el momento mismo en que Rodríguez Zapatero fue investido presidente del Gobierno. La Ley de Memoria Histórica y el Estatuto de Autonomía de Cataluña fueron los instrumentos utilizados por Zapatero para quebrantar aquel espíritu de concordia que dio paso a nuestra democracia actual. Además de una buena dosis de incompetencia, el presidente recién estrenado se dejó llevar por su radicalismo extremo y por sus ansias incalificables de revanchismo.

Con su mente puesta en la memoria de su abuelo el capitán Lozano, puso todo su empeño en el desarrollo de la trasnochada Ley de Memoria Histórica. Con dicha ley, Zapatero buscaba y consiguió algo tremendamente negativo para la convivencia nacional, enfrentar a buena parte de la izquierda, que había sido más proclive a la ruptura que a la reforma política, con los grupos nostálgicos de la derecha postfranquista. Dice Zapatero que la Transición española se hizo “sobre la base de mucha concordia”, pero dejando a un lado la memoria. E insiste en que los de su generación, que como él llegaron a la vida política en un contexto de democracia y libertad, necesitan reconocer el sacrificio de muchos de sus familiares y tienen derecho a saber qué les pasó, para proceder a su rehabilitación.

La otra medida nefasta, propiciada por Rodríguez Zapatero prácticamente desde antes de llegar a la presidencia del Gobierno, la tenemos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Fue el 13 de noviembre de 2003, en la precampaña de las elecciones al Parlamento de Cataluña, cuando se desató el pelo y tuvo la desfachatez de prometer con toda claridad: “Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña.". Y andando el tiempo, así lo hizo. Este Estatuto fue aprobado sin más en las Cortes Generales con los votos favorables del PSOE, a pesar de que no encajaba en absoluto en el actual orden jurídico español. Se trata, en efecto, de un Estatuto sumamente radical, que propugna el carácter nacional de Cataluña, la bilateralidad del Gobierno catalán con el del Estado central y aboga por la descentralización del Poder Judicial. En una palabra, más que de un Estatuto, se trata de una Constitución paralela a la española.

Esto es tanto como poner en práctica esa idea absurda de Zapatero de que el término de Nación española es un concepto discutido y discutible. Y sirvió además para avivar los sentimientos separatistas de las personas adscritas al nacionalismo y sobre todo de los independentistas del radicalismo republicano catalán. La unidad indisoluble de la Nación española, de que nos habla el artículo 2 del Titulo Preliminar de nuestra Constitución, queda reducida a cenizas. Pero para Zapatero, acostumbrado a jugar con fuego, esto no tiene importancia. Es su manera de imponer sus antojos políticos, utilizando siempre medidas extremas y peligrosas.

Desde que los sucesos del 11M le llevaron a La Moncloa, ha intentado una y otra vez dar al traste con el espíritu constitucional, logrado a base de cesiones mutuas, de reconciliación y de convergencia. Ha tratado de manera insistente de debilitar y romper los acuerdos a que llegaron los diferentes actores de la Transición política. Ha pretendido reestructurar España, un poco a su aire convirtiéndola en una especie de federación asimétrica. Y en parte lo ha logrado. Ya que España, hoy día, es prácticamente un Estado Federal, por el alto grado de descentralización del gasto que ha propiciado. Eso si, las diferentes partes que integran ese Estado cuasi Federal se caracterizan por su enorme insolidaridad.

La “revolución cultural”, intentada aviesamente por Zapatero, ha tenido también sus consecuencias nefastas. La educación ha terminado en una situación manifiestamente desastrosa. Ahí está, por ejemplo, el informe “Educación para todos”, que elabora cada año la Unesco. Según dicho informe, en cuanto al funcionamiento de nuestro sistema actual educativo, estamos, por debajo de casi todos los países de la Unión Europea. El último informe “Pisa” de la OCDE es también muy claro y revelador: España, con respecto al año 2000, cayó 12 puntos, situándose con 481, demasiado lejos de los 496 puntos de media de la OCDE. Quedamos hasta por detrás de Portugal, que alcanzó los 489 puntos. Todo un logro de la impericia y el mesianismo de Zapatero

Gijón, 15 de enero de 2011

José Luis Valladares Fernández

SUS SEÑORÍAS LOS SENADORES SE PASARON

Los socialistas, como es su costumbre, están siempre apuntados al despropósito y al absurdo. Tal es así que, guiados por su jefe de filas actual, José Luis Rodríguez Zapatero, han hecho de la España de las Autonomías otra España diferente, un país prácticamente seudofederal, donde los nacionalistas disfrutan de ciertos derechos que no tiene el resto de los ciudadanos. Seguro que Zapatero habrá sido convenientemente asesorado por Minerva, o quizás por Atenea, para disponer que el español deje de ser la lengua común de los españoles. De otro modo, sería inexplicable el acuerdo con los nacionalistas que quita al español el calificativo de ‘común’ dentro del Senado.
Los adscritos a las organizaciones nacionalistas, con semejante iniciativa, pretendían y han conseguido que en la Cámara Alta se utilicen habitualmente las lenguas cooficiales, tanto en los plenos y en las comisiones, como en la Diputación Permanente. Piensan que de este modo se salvaguarda el derecho que tiene todo individuo a expresarse en su propio idioma. Y claro, según esto, a sus señorías periféricas no se las puede prohibir que hagan del Senado una auténtica torre de Babel lingüística, por lo que podrán prescindir del idioma común que todos comparten y utilizar cada uno su propia lengua cooficial que muy pocos comprenden.
A semejante desaguisado se llegó el pasado 21 de julio, cuando sus señorías, con el voto en contra del Partido Popular, aprobaron la reforma del Reglamento que proponían los senadores nacionalistas. De este modo se amplia el uso de las lenguas cooficiales, ocasionando así un importante gasto adicional a las arcas del Estado para que esa minoría nacionalista pueda hacerse entender. Se da la circunstancia de que el español es también la lengua común de los senadores nacionalistas, ya que tienen la obligación de conocerla y el derecho a utilizarla. De ahí que la inversión en traductores de las otras lenguas particulares, más que gasto, es un auténtico despilfarro. Y los contribuyentes, que yo sepa, no han renunciado jamás al derecho inalienable que tienen de que no se dilapide miserablemente el dinero que aportan con sus impuestos.
Los integrantes de las fuerzas políticas periféricas, aunque son minoría en la Cámara Alta, hacen lo que los plebeyos en la primitiva Roma hacían con los patricios: exigir de los demás senadores toda una serie de concesiones políticas y económicas extraordinarias. En Roma, con la intervención de Menenio Agripa, contando a unos y a otros su famosa fábula, cedieron los plebeyos y regresaron a la ciudad, plenamente dispuestos a defenderla. En el Senado español en cambio, quizás por falta de un oportuno Menenio Agripa, triunfa la plebe nacionalista. Los patricios centralistas, convenientemente chantajeados, cedieron de forma incomprensible a las exigencias de aquellos, sin tener en cuenta el excesivo coste económico que esto comporta. Los socialistas, buscando su propio interés político, propiciaron con sus votos tan lamentable concesión. Como siempre se va de menos a más, ante el éxito logrado por el nacionalismo en la Cámara Alta, ya ha comenzado la lucha para imponer lo mismo en el Congreso.
Del desaguisado que se avecina hubo ya un previo ensayo en el Senado el pasado 24 de mayo de 2010. Fue el cordobés de Iznájar, José Montilla, que ostentaba entonces la presidencia de la Generalitat, quien, sin defenderse bien en catalán, utilizó esta lengua ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, buscando que estas apoyaran su ofensiva para renovar el Tribunal Constitucional y desbloquear la sentencia sobre el famoso Estatut. Esta comparecencia de José Montilla obligó al Senado a contratar siete traductores, dos para el catalán, dos para el euskera, otros dos para el gallego y uno para el valenciano, para que pudieran entenderse unos con los otros. Esta carnavalada costó entonces unos 6.500 euros.
Ahora ya no se trata de ensayos. De manera oficial, el Senado estrenará el uso de las lenguas cooficiales los próximos días 18 y 19 de enero en el debate de las mociones, de acuerdo con la reforma del Reglamento aprobado parlamentariamente. A partir de ese primer pleno del año, los senadores podrán intervenir en cualquiera de dichas lenguas, lo que obliga a la Cámara a proveer de auriculares a todas y cada una de sus señorías y oficializar además la intervención de los traductores. Si tenemos en cuenta que el debate de las mociones en pleno dura dos días, cada mascarada nos va a costar a los españoles la cantidad de 11.950 euros.
Que una minoría de senadores, apuntados a un nacionalismo absurdo, se dirija a la mayoría de la Cámara Alta en sus respectivas lenguas cooficiales, para ser traducidos después al idioma que todos ellos conocen, es cuando menos una astracanada de muy mal gusto. Si esto no costara dinero, podría darse de paso, aunque aún así se trataría de una broma excesivamente pesada. Pero como cuesta mucho dinero, más del millón de euros anuales, deja de ser una broma y se convierte en una auténtica imbecilidad surrealista. Es imperdonable que el PSOE gaste así el dinero de los contribuyentes, aunque cabe esperar cualquier cosa de una formación política, cuyo líder máximo se atreve a confesar que la nación española es un “concepto discutido y discutible”.

Gijón, 5 de enero de 2011

José Luis Valladares Fernández

LA CONJURA DE LOS NECIOS

Las Cortes de Cádiz bautizaron como culiparlantes a los diputados que no presentan proyectos de ley, ni aportan nada sustancial en los debates. Se limitan a dar su voto de acuerdo con las indicaciones concretas de su propio partido. José Luis Zapatero era un culiparlante clásico, que jamás abrió su boca en La Cámara hasta que su partido lo utilizó para evitar el desembarque de José Bono, aupándolo a la Secretaría General del PSOE. Tan pronto tuvo en sus manos la responsabilidad del partido socialista, se rodeó de cerebros acreditadamente grises que, sin hacerle sombra, le ayudaran a instalarse en la consigna de la propaganda vacua y mendaz más absoluta.
Como las desgracias nunca vienen solas, en el mes de marzo de 2004, Zapatero llega a La Moncloa en unos trenes de cercanías que fueron criminalmente despanzurrados con explosivos. Pero las funciones de Gobierno le desbordan completamente. Como es un traje que le queda demasiado grande, quiere justificarse tratando de hacernos creer que es un genio incomprendido y que, por tal motivo, los necios se han conjurado contra él. En realidad se comporta de manera similar al protagonista de ‘La conjura de los necios’, novela escrita por el estadounidense John Kennedy Toole. Las peripecias de Zapatero parecen calcadas en las de Ignatius J. Reilly, que es el personaje central y excéntrico de la novela.
El protagonista de dicha obra literaria es un ser desgraciadamente inadaptado y anacrónico que quiere implantar de nuevo la moral y la forma de vida del Medioevo. No le hace caso nadie y, además, es el hazmerreir de todo el mundo. Sin abandonar este cometido, se embarca simultáneamente en unas estrafalarias aventuras para competir con una amiga suya en el terreno de la agitación social. Zapatero no pretende que adoptemos las formas de vida medievales, pero trata de que olvidemos parte de nuestra historia y nos retrotraigamos sumisos a los desgraciados tiempos de la II República. También emula a Ignatius J. Reilly metiéndose continuamente en líos, alterando la convivencia pacífica de los españoles. En su afán por restaurar las dos Españas de la República, no ha dudado en burlarse de sus conmilitones catalanes y pactar con el líder de Convergencia y Unión un Estatuto para Cataluña claramente anticonstitucional.
Gracias a la testarudez de Zapatero, España se ha convertido en un país tremendamente anómalo y bananero. Se está contagiando España del progresismo sectario del jefe del Ejecutivo, lo que nos aleja cada día más de de Europa y nos acerca paso a paso a la Cuba de Castro y a la Venezuela del Gorila Rojo. Con su política desleal y populista se está cargando las distintas instituciones españolas. Hasta la propia Justicia, de la mano de Zapatero, parece darle la razón al alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, cuando la definió como un “cachondeo”. Solamente en ese contexto puede tener explicación el aquelarre organizado o consentido ayer por el Rector de La Universidad Complutense, Carlos Berzosa. En ese acto vergonzoso, en defensa de Baltasar Garzón, se cuestionó vilmente el Estado de Derecho y el principio de igualdad ante la Ley
Pero Zapatero también tiene su lado cómico. Es capaz de hablar durante horas de cualquier cuestión, y no decir absolutamente nada. Pero no por eso abandona su talante trasnochado. Nadie como él puede presumir de tener un elenco tan elevado de frases pretenciosas, que pueden sonar muy bien pero que no dicen nada de nada. Recordemos sus palabras de mayo de 2006, pronunciadas en la entrega del premio ‘Leonés del año’ al poeta Antonio Colinas. Aquí se retrató perfectamente dejando al descubierto la medida de su inteligencia y su claridad de ideas: "La gran poesía enseña que la única debilidad es la mentira, cuando el egoísmo y el miedo pretenden pasar por amor a la tierra, desoyendo el papel legislador del pensamiento y el papel mediador de la sensibilidad". Tampoco tiene desperdicio su discurso en la Cumbre de Copenhague de diciembre pasado, donde dijo en tono poético: "(en la Tierra) viven pobres, demasiados pobres. Y ricos, demasiados ricos, pero la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento".
En la actualidad, es habitual sorprender a Zapatero oteando el horizonte, en busca de los fantasmagóricos brotes verdes que nos van a llevar a la recuperación económica. Y al igual que el que se pierde en un desierto, después de muchas horas bajo el sol y dominado por la sed, comienza a ver oasis por todas partes, Zapatero no ve más que brotes verdes ilusorios, naciendo por todas partes. De ahí que anuncie, un día sí y otro también que si no hemos abandonado la recesión, estamos a punto de hacerlo. Y que la creación de puestos de trabajo, que al final resulta reiteradamente ilusoria, comenzará en unos meses, siempre a finales del próximo trimestre o, como mucho, a finales del semestre actual.
Como Zapatero es tan celoso de su imagen y los desastres económicos continuados han dañado tan profundamente su valoración mediática, esperaba como agua de mayo el momento de hacerse cargo de la presidencia de turno de la Unión Europea. Asumió esa presidencia con grandes alharacas, pensando que le iba a devolver con creces la popularidad perdida. Pero nada de eso ocurrió. Ni la UE le presentó, tal como él esperaba, como cuajado estadista, ni le hizo el más mínimo caso. Es más, a lo largo de estos meses, cada vez que ha habido que tomar alguna decisión importante, le han ignorado claramente. Los que de verdad cuentan en la UE, consideran que Zapatero no es la persona adecuada para dar consejos sobre la mejor forma de gestionar la crisis.
Nada útil de cuanto se ha propuesto nuestro presidente del Gobierno llegó a cristalizar en algo real, ni siquiera la tan cacareada igualdad entre los distintos estamentos de la sociedad. Quiso que la igualdad fuera la suma expresión de su mandato. De ahí que creara el Ministerio de Igualdad, al frente del cual puso a Bibiana Aido. La igualdad, tal como la entiende la indocumentada ministra, y en cualquier orden que se mire, ha resultado ser un manifiesto fracaso. En muchos casos ha terminado por convertirse en una burla, en un desprecio hasta para el propio concepto de igualdad. La mayor desigualdad la produce el hecho de que haya un número tan desorbitado de parados que se ven obligados a vivir prácticamente de unas escasas limosnas.
La única igualdad conseguida por Zapatero tiene un valor muy pírrico, aunque se trate de una igualdad perfecta. Se empeñó en tener un Gobierno paritario, con igual número de mujeres que de hombres y lo consiguió. Más aún, dado su afán de que ningún ministro le hiciera sombra, consiguió que, hombres y mujeres, fueran todos iguales en incompetencia e incapacidad.

Gijón, 14 de abril de 2010

José Luis Valladares Fernández

El SEPARATISMO CATALAN

Los separatistas catalanes, con su odio declarado a España y a lo que esta significa, están haciendo un daño irreparable a Cataluña. Son muchos ya los españoles de otras regiones que han decidido no comprar productos catalanes. No es que tengan nada contra Cataluña, pero les molesta que cuatro arribistas de la política se apropien del ser y el sentir catalán y quieran hacernos ver que Cataluña son ellos.
En el resto de España, sabemos de sobra que la mayoría de los catalanes pasan de la independencia. Ahí está, para demostrarlo, la escasa participación en esa alucinante consulta de hace unas fechas, llevada a cabo en 166 municipios de Cataluña. Consulta o referéndum realizado con la connivencia culpable de Zapatero y de todo el Gobierno central. Al lendakari Ibarreche le prohibieron realizar una consulta similar en el País Vasco. Los prohombres de Esquerra Republicana de Cataluña, por lo que se ve, cuentan con la correspondiente bula para aspirar impunemente a la independencia, bula que no han logrado aún los del Partido Nacionalista Vasco.
La participación ciudadana en esta consulta no llegó, ni tan siquiera, al 30%. Hay que resaltar, como dato curioso y relevante, que la participación es inversamente proporcional al censo real de cada municipio. En los municipios con más de 10.000 habitantes, la media no ha sobrepasado el 22%. Con un censo entre 5.000 y 10.000, la participación sube hasta el 24%. Entre 1.000 y 5.000, la afluencia de participantes alcanza el 27%. Es en pueblos de menos de mil habitantes donde la participación sube hasta el 35%.
Todos sabemos que el sondeo realizado por el instituto Noxa para La Vanguardia, o está amañado, o eligieron las personas que debían ser consultadas. Nadie se cree que un 53 % de los catalanes estén a favor de los referéndums por la independencia. Como supongo que la mayoría de los catalanes son claramente sensatos, estoy convencido de que la realidad catalana es muy diferente a como la cuentan los periódicos y las emisoras de radio, sobornados a base de recibir abundantes y frecuentes subvenciones. Seguro que, si se organizara en serio una consulta soberanista, Cataluña elegiría seguir siendo española.
El mismo Artur Mas, con tendencias políticas nada sospechosas, reconoce sin ambages que en su partido se ha “contrastado con estudios sociológicos que en una consulta en toda Cataluña ganaría el no. Sería un error convocarla para evidenciar ante España y todo el mundo que Cataluña lo que quiere es simplemente ser española. Eso llevaría al país a la derrota. Si se puede plantear en el futuro, ya se verá”. Y es normal que sea así ya que los independentistas, con ser muchos y muy ruidosos, representan tan solo a una exigua minoría. La Cataluña real está formada por todos los que viven en esa admirable tierra, y no solamente por aquellos que aspiran a la independencia. Y esto es así, se pongan como se pongan, los prohombres de Esquerra Republicana y cuantos comparten sus absurdas proclamas.
Son llamativas las declaraciones del nuevo converso del independentismo catalán, el presidente del FC Barcelona. A Joan Laporta le ciegan sus ambiciones políticas para cuando abandone la dirección del Barça. Ante la posibilidad de un referéndum legal sobre la independencia, no duda en afirmar que la gente votaría a favor. Y agrega: “No me cabe en la cabeza que alguien vote en contra”. No se que pensaría si el FC Barcelona, como consecuencia lógica de su postura, no pudiera participar en la liga española y se viera abocado a jugar con el UDA Gramanet, el CE Mataró y el Palamós CF, entre otros.
Cuando sí acierta plenamente Laporta es cuando dice que “Es el momento de que Cataluña despierte”. Eso es, precisamente, lo que pretenden los que no compran productos catalanes. Con el hecho de buscar productos alternativos y rechazar los fabricados en Cataluña, se pretende dar un aldabonazo en la conciencia del pueblo catalán, para que mande a casa, de una vez por todas, a todos estos políticos advenedizos que se han adueñado de las instituciones catalanas. Más aún, proclaman desvergonzadamente que Cataluña son ellos, cuando en realidad, están haciendo un daño irreparable a los catalanes.
Y para mandar a casa a tanto intruso político, no es suficiente organizar “butifarradas” como hizo recientemente la Asociación Cultural Gastronómica Butifarréndum. Está bien para reírse un poco de esas consultas ilegales en pro de la independencia y para disfrutar simultáneamente de la cultura catalana. Sería de necios utilizar estos actos culturales como si fuera todo un instrumento político. Hace falta algo más. Hay ocasiones en las que es preciso mojarse con decisión.
Entre las ocasiones perdidas está la del referéndum en que se aprobó el polémico Estatut de Cataluña que, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, es claramente anticonstitucional. De los 5.309.767 catalanes con derecho a votar, solamente lo hizo el 49,4% del censo, de los que el 20,7% votaron en contra. El Estatut, por consiguiente, solamente fue respaldado por el 36% de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto. De haber acudido masivamente los catalanes a la consulta, hubiera triunfado con seguridad el no. Resultado: no tendríamos ahora a todos estos indocumentados políticos marcando pautas a tirios y troyanos y fanfarroneándose, a la vez, de su catalanidad.

Gijón, 30 de diciembre de 2009

José Luis Valladares Fernández

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SUS CHALANEOS

A los ojos de los legos en la materia, la justicia española deja mucho que desear. Para empezar, quizás haya demasiados jueces estrella y demasiada poca independencia. La muerte del Barón de Montesquieu, anunciada con enorme fruición por Alfonso Guerra, puede ser la causa de ese comportamiento, al menos un poco chocante y llamativo, de los encargados de administrar justicia. Y no será de otra manera, mientras sean los políticos y los Gobiernos de turno los que cocinen los nombramientos y ascensos de los jueces.
Históricamente, las sentencias del Tribunal Constitucional, en las que se barajan asuntos de cierta importancia, se han dictado siempre con la vista puesta en los intereses ocasionales del Gobierno. De una manera más o menos disimulada, los fallos importantes siempre han estado políticamente mediatizados. El primer ejemplo descorazonador nos lo dio el alto Tribunal con la sentencia del día 2 de diciembre de 1983. En dicha sentencia, para no hacer sangre del Gobierno de Felipe González, se declara constitucional la precipitada expropiación del holding de Rumasa. En el sentido del fallo, fue decisivo el “voto de calidad” del presidente de entonces Manuel García-Pelayo. Y García Pelayo, por culpa de ese “voto de calidad” del que no tardo en arrepentirse, vivió amargado hasta el último de sus días.
Desde junio de 2004 es presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas Baamonde, y ha dado motivos sobrados para dudar de su independencia e imparcialidad. Si llega el caso, es muy posible que, a la hora de dictar sentencia, valore más lo que conviene en ese momento a los poderes públicos que lo que establezca nuestro ordenamiento jurídico. Por algo el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, a raíz de ser elegida para el cargo, declaró exultante a la agencia EFE que era "una gran noticia y una suerte para todos" y añadió que "muestra el cambio en la conciencia" de la sociedad española. Y quizás sea esa la posible explicación de su permanencia al frente de este Tribunal, a pesar de haber agotado el tiempo para el que fue elegida.
Son muchos los motivos por lo que esta magistrada debiera estar fuera del Tribunal Constitucional. Tal como determinan las leyes, la duración del cargo de magistrada del Constitucional, sin posibilidad de reelección inmediata, es de nueve años. Y María Emilia Casas fue uno de los cuatros vocales que nominó el Senado allá por el año 1998.
No se si es irregular o no su permanencia como presidenta, ya que el mandato para estar al frente de este Tribunal es de solamente tres años. Como interesaba esa continuidad, se reforma la Ley del Tribunal y, a la vez, se dictamina que esta reforma era plenamente constitucional. Para que esto fuera posible, tienen que recusar a dos magistrados que no estaban por la labor. La magistrada Casas tenía que seguir al frente del Constitucional como fuera. Por lo menos, hasta que el Estatuto de Cataluña obtenga previsiblemente todas las bendiciones constitucionales.
A parte de esto, María Emilia Casas será muy competente como jurista, pero, de acuerdo con juicios pasados, quizás no haya demostrado fehacientemente su independencia y su imparcialidad. Para empezar, es una magistrada muy cercana a las tesis del PNV, no se si por convicción propia o por razones de su matrimonio con Jesús Leguina Villa, antiguo asesor del PNV.
Y una vez dentro del Tribunal Constitucional, a María Emilia Casas le faltó exquisitez jurídica en sus actuaciones. A pesar de la estrecha relación con el dirigente de Herri Batasuna, Karmelo Landa, en 1999 votó a favor del amparo a la mesa nacional de esa formación política, provocando la excarcelación de sus miembros. Lo preceptivo para esta magistrada era la abstención, ya que entre los que pidieron el amparo se encontraba su amigo Karmelo Landa. De este modo, colaboró para que se revocara la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo que les había condenado por colaboración manifiesta con la banda terrorista de ETA. También el 20 de marzo de 2004 María Emilia Casas se significó votando en contra de la impugnación del famoso Plan Ibarretxe que había interpuesto del Gobierno de Aznar.
Al lado de estos hechos, que dejan su imparcialidad tocada y en entredicho, nos encontramos con algún otro acto, si no delictivo, si al menos sumamente imprudente. María Emilia Casas llamó personalmente a una abogada, hoy en la cárcel, para asesorarla jurídicamente en un caso de violencia de género. Para empezar, los magistrados tienen prohibido por ley cualquier tipo de asesoramiento. La Ley del Poder Judicial, en su artículo 389, dice taxativamente que “el cargo de juez o magistrado es incompatible, entre otras cosas, con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido”. Dejando a un lado si esto comporta algún tipo de responsabilidad, sea esta penal o administrativa, rompe toda la estética del asesoramiento con la reveladora coletilla empleada por María Emilia Casas y que, oportuna o inoportunamente, destacaron en su día los periódicos: “si esto llega al Constitucional, me avisas”.
La prolongada espera por el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña tiene su enjundia. La inconstitucionalidad de algunos artículos es manifiesta hasta para quienes somos legos en leyes. Es más, alguno de ellos es plenamente anticonstitucional. Pero aún así, el Gobierno actual, valiéndose de la magistrada Casas, busca desesperadamente una sentencia interpretativa que, al menos, no cercene ninguno de los artículos importantes del texto estatutario.
La presidenta del Tribunal Constitucional ha intentado una y otra vez complacer al Gobierno, tratando de desbloquear la situación creada con el Estatuto de Cataluña. Pero afortunadamente siempre ha fallado alguno de los peones con que contaba el PSOE, haciendo inútil hasta el voto de calidad de la presidenta. Ante la imposibilidad de una sentencia favorable, María Emilia Casas congela el fallo, buscando una ocasión más favorable. Lo que no logrará nunca María Emilia Casas, es una sentencia que, según ella, deje contentos a todos. Ella apunta, que esta sentencia “debería satisfacer a todos, porque será la aplicación de la propia Constitución”. Una aplicación de la propia Constitución, eso sí, muy a su aire y, si llega el caso, tan inconstitucional como el propio Estatuto.
Como colofón al despropósito de las continuas dilaciones en el fallo final sobre el Estatuto de Cataluña, la presidenta Casas nos ha salido ahora por peteneras y afirma que, de momento, no puede haber sentencia ya que “el texto está redactado en un idioma raro que, sinceramente, imposibilita su correcta interpretación”. Los catalanistas, por medio de la prensa, se lanzan a presionar descaradamente al Tribunal Constitucional en busca de una sentencia favorable al Estatuto. Lo malo es que hoy les arropa hasta el propio Zapatero, con esas declaraciones extemporáneas a la televisión sexta.
La manera correcta de introducir cambios en nuestra Constitución viene señalada por la propia Constitución. Modificarla acudiendo a la política de hechos consumados y a ocasionales Estatutos, es evidentemente anticonstitucional. Dejemos pues en manos del Tribunal Constitucional que decida libremente. En sus manos está aumentar su descrédito, o atenerse de manera estricta a lo que dicta nuestra Constitución y comenzar así a recuperar parte del crédito perdido. Hasta ahora, el descrédito y la desconfianza de la sociedad, se lo han ganando a pulso, al igual que el resto de las instituciones judiciales españolas. Veremos si son capaces de enderezar el rumbo y dejar a un lado definitivamente las habituales componendas.

Gijón, 29 de noviembre de 2009

José Luis Valladares Fernández