LAS PRERROGATIVAS DE LOS POLÍTICOS

 Usando la terminología del materialismo histórico popularizada por el marxismo, podemos decir que, en Occidente,  bajo el yugo del Imperio Romano, se fue sustituyendo poco a poco el esclavismo por un feudalismo que, aunque algo más humano, consagraba jurídicamente la desigualdad entre los ciudadanos. Y este régimen feudal se mantuvo intacto en España durante varios siglos. Fueron las Cortes de Cádiz las que dieron el primer paso, en 1811, para abolir los injustos dictados de vasallo y vasallaje. Colaboraron positivamente en la supresión del feudalismo, la revolución industrial que llegó por fin a España y la revolución burguesa.

Los últimos vestigios del feudalismo desaparecieron, al menos aparentemente, con la configuración del Estado liberal durante el reinado de Isabel II. Y hoy día, el artículo 14 de nuestra Constitución quiere corroborar esa igualdad absoluta de todos los ciudadanos con estas palabras: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Será verdad que todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros porque la casta política ha terminado por situarse más allá del bien y del mal. Aunque entre nuestros políticos predomina ampliamente la mediocridad, han sabido instalarse en el privilegio y en el favoritismo más descarado. Funcionan como en un sistema feudal y, con la excepción del período de elecciones, tratan al resto de ciudadanos como si fueran auténticos plebeyos. Ya se han encargado ellos de redactar su propio régimen jurídico y laboral, que les reporta unas prerrogativas excesivas y unos beneficios extraordinarios, que no están al alcance de los demás mortales.

Muchos de esos privilegios, a los que se aferran de manera escandalosa,  quiebran inevitablemente el principio de igualdad consagrado por la Constitución. Hasta se pasan unos cuantos pueblos con la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial reconocido por nuestra Carta Magna. Estas prerrogativas surgieron para proteger la necesaria independencia de los parlamentarios en tiempos de las monarquías absolutistas y no tenían la consideración de privilegios. Se trataba simplemente de garantizar el funcionamiento libre e independiente de las cámaras parlamentarias y hoy ese problema no existe. Aquí en España se va aún más lejos, y se extiende la inmunidad parlamentaria hasta para los delitos de corrupción.

A parte de estas tradicionales y hoy innecesarias prerrogativas, la casta política no ha hecho más  que procurarse egoístamente el mayor número posible de privilegios. Y como lleva más de 30 años acaparando gangas y beneficios, sus ventajas sobre los demás ciudadanos son escandalosamente insultantes y astronómicas. Para la casta política no hay crisis económica que valga, ya que están por encima de cualquier contingencia económica. Las privaciones, las  estrecheces no van con ellos. Eso queda para los currantes, para los ciudadanos de a pié.

La lista detallada de las diferencias de trato entre un político y un ciudadano corriente, sería interminable. Por eso vamos a repasar las más lacerantes y que más desmoralización producen entre las gentes normales. Cuando los diputados electos llegan al Congreso después de una elecciones, con el correspondiente acta que acredita su nombramiento, reciben un  móvil última generación, un Ipad último grito y la conexión, desde su domicilio, a una línea de ADSL Y todo ello sin coste alguno.

Mientras que los currantes están obligados a tributar por el total de sus ingresos, los políticos que se sientan en el Congreso y el Senado solamente lo hacen por los dos tercios de su salario y al insultante tipo del 4,5%. El otro tercio restante no está sujeto al IRPF porque se supone que es una especie de indemnización para cubrir los gastos que origina el cargo institucional.  Pasa lo mismo con los años de cotización que precisan unos y otros para alcanzar la pensión máxima. Mientras que los trabajadores necesitan cotizar durante  35 largos años para conseguir una jubilación de 32.000 euros anuales, a sus señorías les basta con  dos legislaturas en el cargo o siete años de cotización y los primeros espadas alcanzarán los 74.000 euros anuales de pensión. Hay además otros agravantes: las pensiones de los políticos son perfectamente compatibles con otros sueldos de la administración o con cualquier otra actividad económica.

Otra ventaja considerable de estos parlamentarios es el sueldo. El salario medio de un trabajador en España es de 22.511 euros, algo más de 1.800 euros mensuales. Los diputados,  por ejemplo, tienen un sueldo base  de 2.813,87 euros. Pero a esta cantidad hay que sumar toda una serie de ayudas y los más variados e inimaginables complementos, de modo que su salario aumenta considerablemente, acercándose en muchos casos a los 10.000 euros mensuales. Guarda relación, eso sí, según que participe en más  o en menos ponencias y comisiones, y que ejerza o no de portavoz de alguna de ellas. De todos modos, son muy pocos los diputados que se quedan por debajo de los 5.000 euros mensuales.

Uno de esos complementos, que incrementan el sueldo de los diputados, corresponde a los gastos de alojamiento y manutención. Todos los  diputados de circunscripciones distintas  a la de Madrid reciben 1.823,86 euros, para ayudarles a pagar los gastos de manutención y de hotel o alquiler de vivienda en la capital. Los parlamentarios electos por Madrid perciben exactamente por el mismo concepto 870,56 euros. Estas cantidades están, además,  exentas de tributación a la hacienda pública. Y aún hay más: cada vez que los parlamentarios viajan oficialmente al extranjero cobran una dieta de 150 euros diarios y 120 euros si es por España.

No es esto todo. A pesar de las elevadas dietas que cobran para gastos  de alojamiento y manutención, sus señorías pueden utilizar ventajosamente, si así les place, los servicios de restaurante que funcionan con toda normalidad en el Senado, en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid. Los políticos pueden utilizar estos servicios por un precio módico y ridículo, aproximadamente una tercera parte  de lo que pagan, por el menú más barato, aquellos trabajadores que tienen que mantenerse  por su cuenta. Los de la casta privilegiada, que utilicen esos servicios de restaurante,  pagarán 3,55 euros por una comida normal con dos platos, el postre, la bebida y el café. Los mismos escolares madrileños tienen que pagar 25 céntimos más, y eso que solamente se trata de utilizar el comedor y servirse del microondas para calentar la comida que llevan de su casa.

En el Congreso están a la orden del día las comisiones que llaman de trabajo, a las que están adscritos 29 presidentes, 55 vicepresidentes, 56 secretarios, 217 portavoces y 148 portavoces adjuntos y sustitutos. Y todos ellos, claro está, reciben gastos de representación, que oscilan, según el cargo, entre los 697,65 euros y 1.431,31 euros. En el caso del presidente del Congreso, esa cantidad se eleva hasta los 3.327,89 euros. También existe un complemento mensual por gastos de libre disposición que cobra el presidente del Congreso, el vicepresidente, los secretarios y los portavoces. El importe de esta ayuda va de los 600 euros a los 2.728 euros para el presidente.

Además de no pagar ningún medio de transporte, los parlamentarios foráneos que utilicen su propio vehículo  para ir a Madrid, cobran un kilometraje de 0,25 euros por kilómetro. Y a los que no disponen de coche oficial, se les facilita  una tarjeta personalizada, con un límite anual de 3.000 euros que utilizan profusamente para abonar el servicio de taxi en Madrid.  Cuentan además con un plan de pensiones con cargo a la Cámara legislativa, con lo que van a completar  su pensión el día que se jubilen.

Las ventajas de los parlamentarios no terminan aquí. Disfrutan en exclusiva de otros muchos beneficios que no tienen los demás mortales, por ejemplo la indemnización por cese en el cargo, sea este institucional o representativo. Así que, cuando dejen el cargo, percibirán una indemnización equivalente a una mensualidad de su asignación salarial por  cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales hasta un máximo de 24 mensualidades. Otro tanto ocurre con los ministros. Cuando estos cesan en su cargo, cobrarán una indemnización del 80% de su salario durante dos años, perfectamente compatible con la remuneración de cualquier otro cargo público. Disfrutan también de esta Ganga los ex secretarios de Estado. Ahí están para demostrarlo Diego López Garrido e Inmaculada Gómez Piñero.

Pero aún hay más cosas. Mientras no se trate de una votación, no se controla el absentismo de los parlamentarios. Y de hecho, estamos cansados de ver, con demasiada frecuencia, distintas tomas de la televisión mostrándonos cantidad de asientos vacíos. Este comportamiento es impensable en un trabajador normal, porque correría el riesgo de ser despedido inmediatamente.

Pasa otro tanto con los negocios. No son muchos los diputados que se dedican exclusivamente a su labor política. La mayoría de ellos procura engordar sus cuentas corrientes participando asiduamente en empresas privadas o en fundaciones y también, como no, colaborando con algún medio de comunicación.

Así las cosas, no es de extrañar que sean muchos los que quieren dedicarse a la política. Se da, además, la circunstancia de que para político vale cualquiera, ya que no hay que hacer oposiciones como para cualquier otro trabajo. Tienen un inconveniente, eso sí, y es que suelen manchárseles frecuentemente las manos. Es por esto por lo que el Premio Nobel de literatura irlandés, Bernard Shaw,  se guaseó de ellos con una frase que se ha hecho célebre: “Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo y por los mismos motivos”.

Gijón, 23 de noviembre de 2012

José Luis Valladares Fernández

ASÍ ACTUA LA CASTA POLÍTICA

Las monarquías medievales fueron evolucionando paulatinamente hacia un absolutismo cada vez más intenso, concentrando cada vez más poder en la figura del rey. Culminó este proceso absolutista, a finales de la Edad Media, con la llegada al trono de Francia del rey Sol Luis XIV. Las decisiones de este monarca francés eran sentencias inapelables. Ahí está para atestiguarlo su famosa frase, que hizo también famoso a todo su reinado: "L'état, c'est moi". No había nada más que un poder y éste era ejercido exclusivamente por el rey. Hubo, es cierto, intentonas revolucionarias de burgueses y liberales para acabar con ese poder omnímodo de los reyes. Pero éste se mantuvo hasta la Revolución francesa de 1848 que, además de acabar con la mal llamada Santa Alianza, depuso al rey de Francia Luis Felipe I e instauró la Segunda República Francesa.

A España llegó también la fiebre del absolutismo de la mano del rey Felipe V, que era nieto del rey francés Luis XIV. Una vez consolidado en el trono, Felipe V se dedicó a la reorganización del aparato del Estado, imponiendo una mayor centralización y el absolutismo. Los episodios más sonados que el absolutismo monárquico provocó en España tuvieron lugar durante el reinado de Fernando VII en  su enfrentamiento violento con los liberales de las Cortes de Cádiz, sobre todo durante el período que conocemos como la década ominosa.

La ilustración del denominado Siglo de las Luces fue sentando las bases para poner límites al absolutismo o despotismo ilustrado de aquella época. Los intelectuales de entonces se ocupaban prioritariamente de hacer saber a los gobernantes absolutistas que, parte de los derechos del hombre nacen de su condición humana y no de la organización estatal. Explica Juan Jacobo Rosseau que, antes de existir la sociedad, los hombres eran libres y completamente felices. Y como querían aún ser más felices decidieron de común acuerdo ceder voluntariamente parte de sus derechos para crear esa sociedad. Lo que implica que el soberano es el pueblo aunque se de ese nombre al encargado de regir los destinos de esa sociedad. Son, por tanto, los ciudadanos, los que pueden pedir cuentas al que abuse del poder.

Detrás vino Charles-Louis de Secondat, el famoso barón de La Brède y de Montesquieu y elaboró una teoría que, para aquella época, era absolutamente revolucionaria. En su obra describe perfectamente la manera de vigilar al poder del Estado mediante la separación o división de poderes para que éste no se corrompa. Según  Montesquieu, los poderes fundamentales del Estado son tres: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder o función legislativa correspondería a los Parlamentos, el ejecutivo a los Gobiernos y el judicial a los Tribunales de Justicia.

Para que estos tres poderes o funciones salvaguarden eficientemente los derechos de las personas,  deben implicar una independencia escrupulosa entre uno y otro poder. Doctrina que cautivó al liberalismo político y que, además, pasó a ser un elemento básico del Constitucionalismo moderno. Esa división de funciones y la no subordinación de unos poderes a los otros acabó con el absolutismo y es, cuando en realidad, se puede hablar con toda propiedad del Estado de Derecho.

Lo malo es que, a lo largo de la historia, los políticos de vía estrecha, que hemos padecido frecuentemente,  han adulterado considerablemente el valioso legado dejado por los intelectuales de la ilustración.  A nuestros políticos no les valía el absolutismo por razones obvias: tenían un protagonismo excesivamente limitado.  Como siempre han querido estar en la procesión sin dejar de repicar  las campanas, tampoco les solucionaba mucho la independencia real de los poderes propuesta por Montesquieu. No quieren ni frenos, ni contrapesos que limiten su actuación en alguno de los poderes clásicos y menos que se les reduzca a simples menestrales de la política del Estado.

Hay dos tipos de políticos, los que se dedican ocasionalmente a la política  y los profesionales que eligieron esta ocupación como único  modus vivendi. Los verdaderamente peligrosos son éstos últimos, los profesionales, los que integran esa nueva casta política, porque no saben hacer otra cosa. Estos últimos tienen algo de autistas y son desmedidamente autocráticos. Aisladamente ya son peligrosos por su manifiesta incompetencia, pero lo son mucho más si llegan a la cúpula de los partidos. Entonces, para ser más poderosos, tratarán de controlar hasta el más mínimo movimiento social. Y así, en vez de ayudar a los ciudadanos, a los que pagan sus platos rotos, les crearan  abundantes  problemas y asfixiaran impunemente a la sociedad. Y a la vista está que, sin representarnos ni consultarnos, nos suplantan y deciden desvergonzadamente por nosotros.

Los líderes políticos debieran ser simplemente meros ejecutores de la voluntad popular. Pero ellos van siempre más allá y rompen cualquier tipo de amarra con el ambiente que les rodea. Como saben perfectamente que no podrían ganarse la vida de otra manera, buscan con verdadero ahínco su propia autonomía ya que no quieren verse condicionados por las ataduras de la sociedad a la que pertenecen. Anteponen sus propios intereses a las necesidades que pueda tener el pueblo, aunque estas sean muy acuciantes. De ahí que su divorcio con la sociedad sea cada vez mayor y crezca desesperadamente el ya enorme desprestigio social con que cuentan.

Como la sociedad no es muy dada a movilizarse, los políticos han aprovechado esta contingencia para burocratizarse y convertir a su partido en una institución oligárquica.  Hacen todo lo que pueden para que sean las propias leyes las que respalden de manera eficaz sus intereses y así perpetuarse indefinidamente en la política, dominando el mayor número posible de parcelas del poder. Los de la casta política buscan afanosamente, como primera medida, ampliar lo más posible sus derechos y por supuesto garantizar su blindaje. Y para eso, nada mejor que colonizar debidamente las instituciones y ahormarlas a su propio interés y al de sus amigos y familiares, aunque se corra el riesgo  de volverlas inoperantes.

De una manera un tanto insolente, se han apropiado del poder popular y lo ejercen de manera prepotente, sin dar ningún tipo de explicación de sus actos a los ciudadanos que les dieron su confianza. Y abusará desvergonzadamente de ese poder, hasta que encuentre un límite que se lo impida y le haga entrar en razón. Lo dijo muy bien Montesquieu en El Espíritu de las Leyes: “para que nadie pueda abusar del poder, es necesario conseguir, mediante la adecuada  ordenación de las cosas que el poder frene al poder”.

La política hoy día está llena de paracaidistas. Es la única ocupación a la que se accede directamente sin someterte a un examen previo y sin oposiciones. El inefable José Bono lo explica muy bien y lo justifica diciendo que sabe bien de lo que habla. Fue al programa de Telecinco “El Gran Debate”, más que nada para hacer propaganda de su libro, y allí afirmó rotundamente que, para alcanzar una plaza de diputado o senador, no hacía falta nada extraordinario. Bastaba con afiliarse a un partido con posibilidades y dedicarse concienzudamente a hacer la pelota al jefe.

La mayor parte de los que integran hoy las inacabables listas de políticos son unos advenedizos, que llegaron ahí de la mano de algún preboste por enchufe o porque ingresaron de jovencitos en las Juventudes del partido y supieron dar jabón en toda regla al jefe. Son muchos los que, con una capacidad intelectual normalmente escasa y sin experiencia alguna en el sector privado, optan por la política para seguir viviendo del cuento y porque saben perfectamente que no valen para otra cosa. Y hoy abundan ejemplares de estos en todos los partidos que, hasta sin estudios y sin preparación alguna, tratan de regir nuestros destinos.

No harán otra cosa bien, pero son maestros en cultivar nuestros favores para perpetuarse en el mundo de la política y no harán nada que les perjudique. Por eso, que nadie espere que los políticos se embarquen en reformas que puedan dar al traste con sus expectativas. Y eso, aunque estas sean absolutamente imprescindibles y las demande el pueblo. Estos políticos suelen perder la vergüenza y, como dijo hace mucho tiempo el profesor alemán Georg C. Liechtenberg, “cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”.

Gijón, 8 de octubre de 2012

José Luis Valladares Fernández

LA CONJURA DE LOS NECIOS

Las Cortes de Cádiz bautizaron como culiparlantes a los diputados que no presentan proyectos de ley, ni aportan nada sustancial en los debates. Se limitan a dar su voto de acuerdo con las indicaciones concretas de su propio partido. José Luis Zapatero era un culiparlante clásico, que jamás abrió su boca en La Cámara hasta que su partido lo utilizó para evitar el desembarque de José Bono, aupándolo a la Secretaría General del PSOE. Tan pronto tuvo en sus manos la responsabilidad del partido socialista, se rodeó de cerebros acreditadamente grises que, sin hacerle sombra, le ayudaran a instalarse en la consigna de la propaganda vacua y mendaz más absoluta.
Como las desgracias nunca vienen solas, en el mes de marzo de 2004, Zapatero llega a La Moncloa en unos trenes de cercanías que fueron criminalmente despanzurrados con explosivos. Pero las funciones de Gobierno le desbordan completamente. Como es un traje que le queda demasiado grande, quiere justificarse tratando de hacernos creer que es un genio incomprendido y que, por tal motivo, los necios se han conjurado contra él. En realidad se comporta de manera similar al protagonista de ‘La conjura de los necios’, novela escrita por el estadounidense John Kennedy Toole. Las peripecias de Zapatero parecen calcadas en las de Ignatius J. Reilly, que es el personaje central y excéntrico de la novela.
El protagonista de dicha obra literaria es un ser desgraciadamente inadaptado y anacrónico que quiere implantar de nuevo la moral y la forma de vida del Medioevo. No le hace caso nadie y, además, es el hazmerreir de todo el mundo. Sin abandonar este cometido, se embarca simultáneamente en unas estrafalarias aventuras para competir con una amiga suya en el terreno de la agitación social. Zapatero no pretende que adoptemos las formas de vida medievales, pero trata de que olvidemos parte de nuestra historia y nos retrotraigamos sumisos a los desgraciados tiempos de la II República. También emula a Ignatius J. Reilly metiéndose continuamente en líos, alterando la convivencia pacífica de los españoles. En su afán por restaurar las dos Españas de la República, no ha dudado en burlarse de sus conmilitones catalanes y pactar con el líder de Convergencia y Unión un Estatuto para Cataluña claramente anticonstitucional.
Gracias a la testarudez de Zapatero, España se ha convertido en un país tremendamente anómalo y bananero. Se está contagiando España del progresismo sectario del jefe del Ejecutivo, lo que nos aleja cada día más de de Europa y nos acerca paso a paso a la Cuba de Castro y a la Venezuela del Gorila Rojo. Con su política desleal y populista se está cargando las distintas instituciones españolas. Hasta la propia Justicia, de la mano de Zapatero, parece darle la razón al alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, cuando la definió como un “cachondeo”. Solamente en ese contexto puede tener explicación el aquelarre organizado o consentido ayer por el Rector de La Universidad Complutense, Carlos Berzosa. En ese acto vergonzoso, en defensa de Baltasar Garzón, se cuestionó vilmente el Estado de Derecho y el principio de igualdad ante la Ley
Pero Zapatero también tiene su lado cómico. Es capaz de hablar durante horas de cualquier cuestión, y no decir absolutamente nada. Pero no por eso abandona su talante trasnochado. Nadie como él puede presumir de tener un elenco tan elevado de frases pretenciosas, que pueden sonar muy bien pero que no dicen nada de nada. Recordemos sus palabras de mayo de 2006, pronunciadas en la entrega del premio ‘Leonés del año’ al poeta Antonio Colinas. Aquí se retrató perfectamente dejando al descubierto la medida de su inteligencia y su claridad de ideas: "La gran poesía enseña que la única debilidad es la mentira, cuando el egoísmo y el miedo pretenden pasar por amor a la tierra, desoyendo el papel legislador del pensamiento y el papel mediador de la sensibilidad". Tampoco tiene desperdicio su discurso en la Cumbre de Copenhague de diciembre pasado, donde dijo en tono poético: "(en la Tierra) viven pobres, demasiados pobres. Y ricos, demasiados ricos, pero la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento".
En la actualidad, es habitual sorprender a Zapatero oteando el horizonte, en busca de los fantasmagóricos brotes verdes que nos van a llevar a la recuperación económica. Y al igual que el que se pierde en un desierto, después de muchas horas bajo el sol y dominado por la sed, comienza a ver oasis por todas partes, Zapatero no ve más que brotes verdes ilusorios, naciendo por todas partes. De ahí que anuncie, un día sí y otro también que si no hemos abandonado la recesión, estamos a punto de hacerlo. Y que la creación de puestos de trabajo, que al final resulta reiteradamente ilusoria, comenzará en unos meses, siempre a finales del próximo trimestre o, como mucho, a finales del semestre actual.
Como Zapatero es tan celoso de su imagen y los desastres económicos continuados han dañado tan profundamente su valoración mediática, esperaba como agua de mayo el momento de hacerse cargo de la presidencia de turno de la Unión Europea. Asumió esa presidencia con grandes alharacas, pensando que le iba a devolver con creces la popularidad perdida. Pero nada de eso ocurrió. Ni la UE le presentó, tal como él esperaba, como cuajado estadista, ni le hizo el más mínimo caso. Es más, a lo largo de estos meses, cada vez que ha habido que tomar alguna decisión importante, le han ignorado claramente. Los que de verdad cuentan en la UE, consideran que Zapatero no es la persona adecuada para dar consejos sobre la mejor forma de gestionar la crisis.
Nada útil de cuanto se ha propuesto nuestro presidente del Gobierno llegó a cristalizar en algo real, ni siquiera la tan cacareada igualdad entre los distintos estamentos de la sociedad. Quiso que la igualdad fuera la suma expresión de su mandato. De ahí que creara el Ministerio de Igualdad, al frente del cual puso a Bibiana Aido. La igualdad, tal como la entiende la indocumentada ministra, y en cualquier orden que se mire, ha resultado ser un manifiesto fracaso. En muchos casos ha terminado por convertirse en una burla, en un desprecio hasta para el propio concepto de igualdad. La mayor desigualdad la produce el hecho de que haya un número tan desorbitado de parados que se ven obligados a vivir prácticamente de unas escasas limosnas.
La única igualdad conseguida por Zapatero tiene un valor muy pírrico, aunque se trate de una igualdad perfecta. Se empeñó en tener un Gobierno paritario, con igual número de mujeres que de hombres y lo consiguió. Más aún, dado su afán de que ningún ministro le hiciera sombra, consiguió que, hombres y mujeres, fueran todos iguales en incompetencia e incapacidad.

Gijón, 14 de abril de 2010

José Luis Valladares Fernández