Resulta muy raro, sobre todo cuando se habla de hostelería y de viajes en avión, que no aparezca el término ingles overbooking, pues es relativamente
frecuente vender más servicios de los que, en realidad, pueden atenderse. La
sobreventa es una práctica muy extendida en el sector turístico para asegurar
la ocupación plena del espacio disponible. Hoy día, aquí en España, también
podemos utilizar semejante vocablo para referirnos al exagerado número de
políticos que viven de los presupuestos oficiales, bastantes más de los que
tiene cualquier otro país de Europa. Hay
claramente overbooking de políticos.
El número de políticos españoles que cobran sus sueldos de los
impuestos de todos los ciudadanos es prácticamente el doble de los que hay en
Francia y en Italia. Llama la atención que en España haya 300.000 políticos más que en Alemania, siendo
así que los alemanes nos doblan en población y, además, están mucho más
descentralizados que nosotros. En total, son casi medio millón de ciudadanos,
445.568 para ser exactos, los que ocupan un cargo político en la administración
pública española. Salimos aproximadamente a un político por cada 50 trabajadores.
Tenemos más políticos que médicos, policías y bomberos juntos. Tenemos
exactamente 165.967 médicos ejerciendo y 154.000 policías, lo que quiere decir
que tenemos 2,7 políticos por médico y 2,8 por policía.
La cifra de 75.864 políticos, que obtenemos sumando los 350
diputados, los 266 senadores, los 1.206 parlamentarios autonómicos, los 8.112
alcaldes y los 65.896 concejales, con ser sumamente abultada, se queda en un
simple aperitivo. Hay posiblemente una inflación de Ayuntamientos, en cuyo caso
sobrarían algunos alcaldes y un número más
amplio de concejales. Pero lo que sobra, sin ningún género de dudas, es el
Senado y, con él, los 266 senadores. El Senado aparece por primera vez en 1834, por decisión de la regenta de Isabel
II, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Con la Constitución de 1978 resurge
de nuevo el Senado, pero como cámara de representación territorial. A parte de
la labor inútil de segunda lectura, el Senado tiene la atribución exclusiva,
siempre que lo apruebe por mayoría absoluta, de autorizar al Gobierno adoptar
medidas concretas contra alguna Comunidad Autónoma.
Después de 35 años de restaurado el Senado, una cosa queda muy
clara, que estamos ante una institución perfectamente inútil y que, a lo largo
de estos años, se ha convertido en el símbolo evidente del despilfarro más
desvergonzado en la estructura de la administración española. En la pasada
legislatura, los senadores tuvieron la desfachatez enorme de permitir el uso de
las diversas lenguas cooficiales, obligando así a introducir la traducción
simultanea. Da grima ver a estos representantes del pueblo, que podían
entenderse perfectamente hablando castellano, que es la lengua común de todos,
utilizando traductores que pagamos todos nosotros. El inefable José Montilla
justificaba este hecho diciendo que “las lenguas no tienen precio”. Es absurdo
mantener instituciones que, como el Senado, no tiene función alguna y, sin
embargo, nos cuesta mucho dinero. Su presupuesto para el año 2011 alcanzó la
respetable cifra de 55 millones de euros.
Hay otros muchos sitios donde pulula un buen número de gorrones y vividores. Nada menos que
131.250, vegetan en empresas públicas o
con participación estatal, muchas de las cuales fueron creadas precisamente
para pagar favores políticos o para colocar a familiares, a sus propios amigotes y allegados. Tanto las
Comunidades Autónomas como los
Ayuntamientos se comportan como si
fueran agencias de colocación de los partidos políticos. Se sirven para
ello de las empresas municipales o autonómicas de la vivienda, de las empresas
de transporte y de la proliferación de todo tipo de observatorios y organismos varios.
Tenemos también, ahí es nada, 65.130 sindicalistas liberados que toda su
labor se reduce a cobrar sin trabajar y a encarecer los costes de sus empresas.
Su proverbial responsabilidad les empuja a trabajar sin descanso. De ahí que
organicen constantemente todo tipo de manifestaciones y protestas callejeras. Y
si les queda algo de tiempo libre, procuran mejorar sus emolumentos ejerciendo
de consejeros en cualquier Caja de Ahorros, en RTVE o similar. La pauta
ejemplar la marca, sin duda alguna, José Ricardo Martínez, líder indiscutible
de la UGT madrileña. La patronal cuanta también con 31.210 liberados. Unos y
otros realizan funciones políticas y sus organizaciones nutren sus arcas con
dinero público.
No olvidemos que tenemos 40.000 políticos, desempeñando cargos de confianza de otros políticos. Esta
cifra es tan alta porque los grupos municipales y los parlamentarios
autonómicos se han aficionado últimamente a nombrar por menos de nada cargos de
confianza. Además de los cargos de confianza, proliferan los asesores
personales al servicio de los políticos electos. Y hasta nos encontramos
frecuentemente con asesores que asesoran
a otros asesores. Es el llamativo invento de alguna Comunidad Autónoma. Tanto los
asesores como los cargos de confianza forman un buen grupo de enchufados, que
ni ellos mismos saben cual es su labor.
En el sistema sanitario y en el educativo nos encontramos con
8.260 y 9.320 empleados políticos
respectivamente, dedicados de manera casi
exclusiva a controlar a los demás empleados públicos. El resto de políticos
contratados para cobrar y no hacer prácticamente nada útil hasta completar los
445.568 los encontramos en los lugares más variados, sean estos organismos
públicos, fundaciones, consejos o cualquier otro tipo de entidad susceptible de
vivir del cuento. Una muestra evidente del enchufismo que ha proliferado profusamente entre nuestra
clase política que aspira a ocupar puestos que estén, eso sí, magníficamente
retribuidos pero que no exijan esfuerzos. Se aferran descaradamente a la
práctica de la dulce holgazanería.
En la actualidad, son muchos los empresarios que, para mantener a
flote sus empresas, acuden frecuentemente a los expedientes de regulación de empleo (ERE) para despedir a parte de sus trabajadores. Y es muy
posible que la mayoría de estos despidos estén plenamente justificados. Pero nadie
se acuerda de los organismos públicos, donde vegetan cada vez más vividores
inútiles. Aquí si que es urgente aplicar un ERE, si es que queremos reducir el gasto público y dignificar
convenientemente la profesión política.
Gijón, 30 de mayo de 2012
José Luis Valladares Fernández
