DEFICIENCIAS EN SANIDAD PÚBLICA

Es muy habitual que desde el PSOE, como un acto más de propaganda política, se insista continuamente que nadie ha dotado de medios económicos a la Sanidad Pública como ellos. Y quieren hacernos ver que nuestro sistema de salud compite con cualquiera de los países de nuestro entorno. No es fácil calibrar estos datos, ya que intervienen en el resultado final unas cuantas variables, entre las que destaca el ingreso bruto per cápita, la esperanza de vida al nacer y los servicios que cubra esa atención sanitaria en cada país.
Es cuando menos discutible que los socialistas sean los que más dinero aportan al servicio de Sanidad Pública, y es evidente que, en gasto sanitario con relación al Producto Interior Bruto, vamos por detrás de la mayoría de los países de nuestro entorno. El gasto público sanitario en España en el año 2007, que es el último disponible, representa el 6,1% del PIB, lo que nos sitúa claramente por debajo de los 15 países con mayor antigüedad en la Unión Europea, tanto en términos de porcentaje con respecto del PIB como en gasto per cápita. En ese mismo año de 2007, por ejemplo, siempre con relación al PIB propio de cada país, el gasto de Dinamarca representó el 8,2%, el de Alemania un 8,0%, siendo la media comunitaria de un 7,06%.
Si atendemos al gasto por habitante, la situación de la Sanidad Pública española va muy por detrás de la mayoría de los 15 países más antiguos de la Unión Europea, en la decimo tercera posición. Solamente Grecia y Portugal tienen una inversión en salud pública per cápita inferior a la nuestra. Para no aburrir con números, digamos simplemente que España, en el referido año de 2007, de acuerdo con su Producto Interior Bruto, debiera haber gastado en el sistema de salud un 10,5% más, porcentaje que representa el déficit español en sanidad. Pero aún así no llegaríamos a la media de gasto de la Unión Europea.
A pesar del desfase en gasto sanitario con relación a la media de UE, el Ejecutivo español se queja amargamente del elevado coste que tiene la Sanidad para las arcas públicas. Y achacan ese excesivo gasto a tres factores muy concretos: al envejecimiento innegable de la población española, al aumento demográfico debido a los flujos migratorios y a la "espectacular" escalada del número de recetas y visitas al médico registradas por cada español. Silencian, sin embargo, el número de puestos creados en el Sistema Nacional de Salud, que no responde a necesidades objetivas derivadas del servicio sanitario. Se trata, por consiguiente de un personal no necesario, algunos de ellos en puestos directivos y altos cargos, dados por motivos de amistad o para pagar pasados favores políticos.
Como es natural, desde el Gobierno ya se han dado los primeros pasos para contener el gasto en Sanidad y aliviar así la presión presupuestaria. Con tal objeto se ha reunido la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, con los consejeros de Salud de las Comunidades Autónomas, en busca de un consenso en las medidas a adoptar para frenar el gasto sanitario. También aquí, como no, aparece la cuña publicitaria, ya que Trinidad Jiménez afirma claramente que hay que contener el gasto sin merma de la calidad en los servicios y garantizando la equidad o igualdad efectiva y la sostenibilidad del sistema sanitario.
La ministra de Sanidad ha reiterado varias veces que la solución a la situación financiera creada no pasa por medidas disuasorias de los usuarios, como puede ser el “copago”. Pero no es menos cierto que, desde Consejerías de Salud socialistas, sale a colación frecuentemente el globo sonda del mencionado “copago”. Es, dicen, la única medida efectiva para solucionar el problema estructural que sufre el sistema, lo que no es verdad. A pesar del desmentido de Trinidad Jiménez, hay noticias muy claras de que un equipo económico dirigido por la ministra de Economía, Elena Salgado, prepara una reforma profunda de la sanidad y que comenzará a ser operativa en el año 2011. Se trata de reducir las visitas de los usuarios a los médicos y en consecuencia un menor consumo de medicamentos a través del “pago por visita” o “copago”. Lo que quiere decir que el “copago” ha dejado de ser un simple globo sonda y es ya todo un proyecto que se implantará previsiblemente el próximo año.
Obligar a los pacientes a asumir una parte adicional de los gastos ocasionados por la visita a los servicios médicos, puede ser una solución contable a muy corto plazo, pero contraproducente a la larga por el posible agravamiento de algunas patologías. Este sistema evidentemente resultará nefasto para las personas con escasos recursos económicos, pues sufrirían de inmediato las consecuencias derivadas de este tipo de política sanitaria.
La solución definitiva pasa por una mejor gestión de los recursos disponibles, optimizando su utilización de la manera más rentable posible. Racionalizar incluso el contenido de cada envase de medicamentos, de acuerdo a las necesidades previsibles de cada enfermedad. No es de recibo que se jubile personal médico o sanitario y no se cubran esos puestos de inmediato para ahorrar unos sueldos y se mantengan o incluso se aumenten los puestos políticos dentro de Sanidad a sabiendas de que no aportan nada al sistema sanitario, salvo el incremento de un gasto inútil. Lo único que se consigue así es el deterioro de la calidad del servicio y el aumento escandaloso de las listas de espera.
Gestionar mejor los recursos disponibles no implica en absoluto gastar más o contratar más personal dedicado a la atención directa de los pacientes. Significa, ni más ni menos, organizar mejor los procesos, los medios de diagnóstico y las formas de trabajar para resultar más eficientes. Es lo que han hecho los países que hoy son líderes en sanidad, como Holanda, Dinamarca, Islandia y otros que pueden servirnos de modelo. Nosotros nos encontramos bastante al final del ranking, con un sistema de salud en el que predomina la jerarquía política y donde la transparencia brilla por su ausencia.
No cabe duda de que, si el sistema sanitario no funciona y es ineficiente, será porque los políticos que lo gestionan no han sabido resolver el problema. En tal caso será a estas personas a las que habrá que pedir responsabilidades por malos gestores y por no haber sabido cortar de raíz los privilegios de algunos proveedores que no han hecho otra cosa que disparar el gasto sanitario. No estaría demás tampoco que se estudiara la conveniencia de recuperar las competencias sanitarias y reconstruir el antiguo Insalud, en vez de mantener los costosos 17 sistemas sanitarios. Además de evitar agravios comparativos, que los hay, el servicio médico recuperaría calidad y el coste del mismo sería considerablemente inferior.
No cabe duda de que la dispersión de las competencias de sanidad en las distintas autonomías ha supuesto un deterioro notable del sistema sanitario de salud. El anterior ministro de Sanidad, Bernat Soria, así lo reconoció cuando dijo que "la transferencia de la sanidad a las autonomías había incidido en que la atención sanitaria esté por debajo de la media europea".

Gijón, 11 de mayo de 2010

José Luis Valladares Fernández