SIMULANDO TRANSPARENCIA

    

  Una vez instaurada la democracia en España, los partidos políticos se movilizan inmediatamente, buscando sin disimulo alguno la manera de colonizar todas las instituciones y de usurpar a los pacientes ciudadanos el poder y el protagonismo que les corresponde. Así es como han llegado a ocupar y a controlar la sociedad civil y todas las instituciones que conforman la administración del Estado.

      Aprovechando la irresponsable pasividad  de los ciudadanos y para no tener que dar explicaciones a nadie de sus actuaciones y enjuagues, los partidos políticos fueron  anulando poco a poco los distintos tipos de control que les obligaban a rendir periódicamente cuentas detalladas de sus actividades. Comenzaron privando a los ciudadanos de su inalienable derecho a elegir personalmente a sus representantes públicos.  Les dejan, eso sí, optar entre un partido u otro, pero nada más. Son los responsables de los partidos políticos los que realizan esa labor, eligiendo los candidatos que van en esas listas cerradas y convenientemente bloqueadas.

       Los dirigentes políticos en España han desterrado de sus respectivas formaciones la democracia interna y exigen obediencia ciega, sumisión y lealtad plena a todos sus militantes y, de una manera muy especial a los que aspiran a figurar en esas listas o a ocupar algún cargo público de relevancia. Y son estos líderes los que, suplantando  a  los ciudadanos, eligen realmente a los que nos representan  en las instituciones públicas. Y al girar todo en torno al jefe, se fomenta el amiguismo y el clientelismo más servil y rastrero, se aviva la mediocridad del sistema y se facilita la corrupción institucional.

        Llevábamos años comprobando que cada vez eran más los políticos profesionales que utilizaban desvergonzadamente las instituciones públicas, que practicaban sin disimulo alguno el tráfico de influencias y el soborno para enriquecerse de manera ilegal. Y si viene a cuento, y esto les reporta algún beneficio personal, burlan los escasos controles que existen, incumplen las leyes y, si hace falta, engañan descaradamente a los ciudadanos, amparándose, claro está, en la opacidad de nuestro modelo administrativo. Ha habido casos muy claros en los que han desarrollado todo un proceso de complicada ingeniería para delinquir y apropiarse de dinero público.

OTRA VEZ EL FEDERALISMO

Desde que se restauró la democracia en España, el federalismo en el PSOE ha sido como el Guadiana: aparece y desaparece cuando menos lo esperas. Cuando el PSOE tiene responsabilidades de Gobierno a nivel nacional, dicha forma de organización política pervivirá en su subconsciente, pero la elimina totalmente de su discurso. Y cuando las circunstancias les llevan otra vez a ejercer labores de oposición, los socialistas españoles comienzan nuevamente a pedir la reforma urgente de nuestra Constitución. Tratan de implantar a toda costa un sistema político más descentralizado y plenamente homologable con los Estados federales de nuestro entorno.

     Al perder las elecciones de noviembre de 2011, el PSOE volvió a rescatar el discurso federalista, discurso que se agudizó aún más con el aterrizaje de Pedro Sánchez en Ferraz, como secretario general de este partido político. A partir de entonces,  no hay socialista español que, cuando tiene a su alcance un micrófono, no acuse a Mariano Rajoy de inmovilista y que no reclame seguidamente la reforma de la Constitución para instaurar, cómo no, un Estado federal. Actúan todos ellos como si hubiera habido alguna consigna generalizada para defender todos sin excepción ese nuevo  proyecto de país.

     Aunque pasen largas temporadas sin acordarse del federalismo, los socialistas en España siempre han tenido una querencia muy especial por este sistema político y también por la República. Hay que tener en cuenta que el PSOE fue fundado en mayo de 1879, apenas cinco años después del fracaso solemne de la Primera República Española. Y que fue precisamente esta República la que, copiando el modelo político de los Estados Unidos de América, redactó en 1873 una nueva Constitución federal, que no llegó a aprobarse, porque varios territorios y cantones, aprovechando las circunstancias, declararon unilateralmente su independencia. Quizás haya sido este el motivo de que el PSOE eligiera entonces al republicanismo y al federalismo como una de sus principales señas de identidad.

     En el sistema federalista, las funciones del gobierno están siempre repartidas entre los diversos Estados que se hayan asociado y que delegan algunas competencias a otro organismo superior o Estado Federal central, que es a quien corresponde realmente la soberanía. El federalismo será simétrico si todos los territorios asociados comparten los mismos poderes y las mismas competencias. Y será asimétrico cuando alguno de esos territorios federados tenga más atribuciones o más poder jurisdiccional que otros. España, por ejemplo, se comporta como un Estado federal asimétrico, ya que Navarra y el País Vasco tienen más competencias en materia fiscal, que el resto de las Autonomías.

     El sistema autonómico que rige en España desde 1978 se comporta objetivamente del mismo modo que un Estado Federal. En realidad, lo único que cambia son los nombres. En España, el Estado central, en vez de ser un Estado federal, es un Estado autonómico, y las entidades que lo forman, en vez de llamarse Estados federados, se llaman Comunidades Autónomas. Tenemos, si se quiere, otra pequeña diferencia, ya que los Estados federados tienen todos su Constitución propia, mientras  que  en las Comunidades Autónomas rigen los Estatutos de Autonomía. Pero desde un punto de vista estrictamente jurídico, los dos sistemas ofrecen más o menos, las mismas prestaciones. Aunque es muy posible que el Estado federal preserve mejor la unidad territorial y la igualdad entre los ciudadanos que  el Estado autonómico.