SIMULANDO TRANSPARENCIA

    

  Una vez instaurada la democracia en España, los partidos políticos se movilizan inmediatamente, buscando sin disimulo alguno la manera de colonizar todas las instituciones y de usurpar a los pacientes ciudadanos el poder y el protagonismo que les corresponde. Así es como han llegado a ocupar y a controlar la sociedad civil y todas las instituciones que conforman la administración del Estado.

      Aprovechando la irresponsable pasividad  de los ciudadanos y para no tener que dar explicaciones a nadie de sus actuaciones y enjuagues, los partidos políticos fueron  anulando poco a poco los distintos tipos de control que les obligaban a rendir periódicamente cuentas detalladas de sus actividades. Comenzaron privando a los ciudadanos de su inalienable derecho a elegir personalmente a sus representantes públicos.  Les dejan, eso sí, optar entre un partido u otro, pero nada más. Son los responsables de los partidos políticos los que realizan esa labor, eligiendo los candidatos que van en esas listas cerradas y convenientemente bloqueadas.

       Los dirigentes políticos en España han desterrado de sus respectivas formaciones la democracia interna y exigen obediencia ciega, sumisión y lealtad plena a todos sus militantes y, de una manera muy especial a los que aspiran a figurar en esas listas o a ocupar algún cargo público de relevancia. Y son estos líderes los que, suplantando  a  los ciudadanos, eligen realmente a los que nos representan  en las instituciones públicas. Y al girar todo en torno al jefe, se fomenta el amiguismo y el clientelismo más servil y rastrero, se aviva la mediocridad del sistema y se facilita la corrupción institucional.

        Llevábamos años comprobando que cada vez eran más los políticos profesionales que utilizaban desvergonzadamente las instituciones públicas, que practicaban sin disimulo alguno el tráfico de influencias y el soborno para enriquecerse de manera ilegal. Y si viene a cuento, y esto les reporta algún beneficio personal, burlan los escasos controles que existen, incumplen las leyes y, si hace falta, engañan descaradamente a los ciudadanos, amparándose, claro está, en la opacidad de nuestro modelo administrativo. Ha habido casos muy claros en los que han desarrollado todo un proceso de complicada ingeniería para delinquir y apropiarse de dinero público.

          Raro era el día en que los medios de comunicación no airearan algún caso grave de corrupción. Y sin embargo, la ciudadanía callaba y se comportaba como si no se enterara de los continuos enjuagues que hacían muchos políticos profesionales para lucrarse irregularmente del sudor ajeno. Se comportaba como el séquito y los súbditos de aquel rey del famoso cuento , escrito por Hans Christian Andersen,  que salió a la calle con el supuesto vestido invisible, tejido para la ocasión por unos desvergonzados charlatanes. Todos los vecinos del pueblo alababan la elegancia y la belleza del traje, para que sus vecinos no se enteraran que no lo veían. Hasta que un niño exclamó: “¡Pero si va desnudo!”.  Entonces, la gente perdió el miedo y toda la multitud gritaba ya sin complejos "el rey va desnudo",  "el rey va desnudo".

         La conmoción producida por el impacto de la crisis económica sirvió para que los ciudadanos perdieran el miedo y comenzaran a denunciar abiertamente los escandalosos casos de corrupción, cada vez más generalizados, y que han provocado la actual animosidad y la desafección generalizada contra toda la clase política, que vive extraordinariamente bien a expensas, claro está, del erario público. Y ante este hecho, y a la vista del preocupante resultado de las últimas elecciones europeas, los grandes partidos tradicionales no han tenido más remedio que anunciar la puesta en marcha de algunas medidas concretas que huelan simplemente a regeneración democrática.

          Por fin se han dado cuenta, que si no cambian su discurso y aparentan moderar su ambición, crecerá la animosidad de los ciudadanos contra los políticos hasta límites imprevisibles. Y entonces corren el  riesgo serio de ser desplazados irremisiblemente por Podemos y por toda esa caterva de indignados anti sistema, nacidos de aquel 15M madrileño. Pero ya es demasiado tarde para que los ciudadanos tomen en serio esas ofertas de regeneración y catarsis que ofrecen ahora los partidos políticos mayoritarios.

       Algunos miembros destacados de las organizaciones políticas con responsabilidades de Gobierno, ansiosos de poder y dinero, se lanzaron a navegar, sin pensar que las seductoras sirenas de la isla de Artemisa estaban al acecho para devorarlos sin piedad. Y al no tomar la precaución de atarse al mástil de la honestidad, como hizo Ulises en su viaje a Ítaca, el influjo  irresistible del  canto de la sirena de la corrupción los hechizó y terminaron estrellándose contra las rocas como otros muchos marineros.

         La crisis económica tan brutal, que venimos soportando desde hace tanto tiempo, ha contribuido a encrespar peligrosamente los ánimos de los ciudadanos, sobre todo la de aquellos que tienen tremendas dificultades para cubrir decentemente sus necesidades básicas. En esas condiciones, es normal que protesten airadamente contra este ambiente de corrupción y fraude que respiramos. Y como consecuencia de las necesidades económicas que soportan, no toleran en modo alguno, que la clase política exija  austeridad y sacrificio a los demás mortales, sin renunciar previamente a ninguno de de sus numerosos privilegios, tratando incluso de aprovecharse de lo que no es suyo.

            Es normal que, ante una situación tan explosiva como esta, la gente se desespere y se indigne y aparezca incluso algún grupo político con un perfil extremadamente preocupante, como es el caso de Podemos, dispuesto a desestabilizar aún más nuestra débil democracia. Esto ha servido para que los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el PSOE, ante el temor de perder su enjundioso momio,  prometan regeneración y transparencia en todas sus actuaciones. Pero ya no tienen credibilidad alguna. Después de casi dos años, aún no han entrado en vigor las normas contra la corrupción, desgranadas por Mariano Rajoy, hace ya casi dos años, en su primer debate del estado de la Nación como presidente.

           En realidad, ninguno partido tiene voluntad política de acabar definitivamente con la terrible lacra de la corrupción institucional. Cuando llegan las campañas electorales, todos ellos prometen solemnemente elaborar una ley de transparencia, actuar siempre a plena luz y con taquígrafos.  Pero cuando llegan al Gobierno, se olvidan de semejantes promesas,  y se oponen a que exista algún organismo independiente y con autoridad para exigir el cumplimiento de esa ley. Estos partidos serían creíbles, si fueran plenamente democráticos en su funcionamiento y si dejaran al Tribunal de Cuentas cumplir con su cometido, en vez de utilizarlo para situar a muchos de sus deudos y amigos.

          Si los partidos políticos quieren que creamos en sus promesas de regeneración democrática y en la diafanidad de sus cuentas, tienen que renunciar inmediatamente a intervenir en los nombramientos del Consejo de Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas y, por supuesto, suprimir el actual y escandaloso sistema de aforamiento. Deberían desistir igualmente de cubrir cargos públicos, abusando de los nombramientos de familiares y amigos, utilizando profusamente el método de libre designación. Pero no caerá esa breva.

        Aparentemente al menos,  las cúpulas de las formaciones políticas tradicionales solamente buscan aparentar que luchan denodadamente contra la corrupción institucional, pero jamás han pretendido  acabar con semejante lacra. Ahí está para demostrarlo su persistente afán de mantener bajo siete llaves la tumba de Montesquieu, para controlar libremente a los demás poderes del Estado, con la malsana intención, creo yo, de no ser controlados.

Gijón, 8 de diciembre de 2014

José Luis Valladares Fernández