AHOGADOS POR LA DEUDA PÚBLICA

Los ciudadanos de siempre, los que menos podemos y menos culpa tenemos de la situación actual, llevamos ya demasiado tiempo sacrificándonos y renunciando a muchas cosas para colaborar positivamente en la recuperación económica de España. Y es muy posible que, al final, todos esos esfuerzos resulten completamente inútiles por la actitud incomprensible del Gobierno, que ni baja los impuestos, ni liberaliza la economía y, sobre todo,  no quiere simplificar adecuadamente nuestra mastodóntica Administración Pública.

Para comenzar a producir  riqueza de manera sostenida y crear empleo, tenemos que empezar a reducir drásticamente nuestro enorme gasto público, rebajar de manera significativa los impuestos y, cómo no, liberalizar convenientemente la economía. Tenemos un sector público francamente insostenible. En 2007, por ejemplo, el gasto público alcanzó la enorme cifra de 413.000 millones de euros. Menos mal que, de aquella, la burbuja inmobiliaria cubría satisfactoriamente estos y otros muchos gastos.

Con la llegada de la crisis, se desploma la actividad económica y, en consecuencia, disminuye la recaudación y, sin embargo,  aumenta desproporcionadamente el gasto público. En el año 2012, ya en plena crisis y sin poder contar con el colchón de la burbuja inmobiliaria, ese gasto alcanzó los 494.000 millones de euros, 81.000 millones más que en 2007. Al llegar la crisis, tanto el sector privado, como las familias, procuraron adaptar sus gastos a las circunstancias económicas para no desequilibrar sus balances, algo que no quiso hacer el sector público.

Es evidente que las administraciones públicas en general, a pesar de la crisis, continuaron gastando como si no bhubiera pasado nada.  De ahí que, a finales de 2012, nuestro déficit real se disparara hasta el 10,6% del PIB, al contabilizar los dineros del rescate bancario. Es normal que, con un agujero fiscal tan elevado, se ponga en cuestión nuestra solvencia, además de entorpecer el necesario crecimiento económico y de perder buena parte de nuestra ya escasa competitividad. Y esta situación se agrava aún más por el excesivo encorsetamiento  de nuestra economía y de la desmedida presión fiscal que soportamos

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Mientras no reduzcamos considerablemente semejante déficit, la deuda pública continuará creciendo de manera alocada hasta límites cada vez más insostenibles. Durante los 6 años que llevamos de crisis, dicha deuda creció 543.858 millones de euros, pasando de un aceptable 40% del PIB a más de un 92%. Durante el primer trimestre de este año, la deuda pública aumento nada menos que 39.438 millones de euros, alcanzando un total de 923.311 millones, lo que representa un 87,8% del PIB.  Y cerramos el segundo trimestre, con una deuda de 942.758 millones de euros, equivalente nada menos que al 92,2% del PIB.

Con toda seguridad, según criterio general de una buena parte de los analistas económicos, la deuda pública alcanzará el 94,2% del PIB a finales de 2013 y 2014 cerrará, según datos del propio Gobierno, en un preocupante 99,8%, rondando prácticamente el 100% del PIB. Es cierto que, en la presentación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales para 2014,  el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,  dijo que se trataba de unos Presupuestos excepcionalmente austeros. Pero los datos que allí se aportan, en realidad, tienen muy poco que ver con el concepto de austeridad.

Según el proyecto presentado en Las Cortes, el gasto real del Estado alcanzará en 2014, los 354.622 millones de euros, un 2,70% más que en los de 2013, un 21,8% más que en 2007. Y menos mal que se ha moderado el coste de refinanciación de la deuda al descender considerablemente la prima de riesgo. Pero aún así, la carga financiera seguirá aumentando de manera significativa a lo largo del año 2014, en términos de PIB un 3,5%, al pagar 36.590 millones de euros en concepto de intereses.

Pero a pesar de estos datos, un tanto alarmantes, Cristóbal Montoro se muestra extremadamente optimista y afirma que “no solo hay luz al final del túnel”, sino que ya “se atisba la salida del túnel de la crisis”. Y Mariano Rajoy no se queda atrás, cuando afirma que “hay tierra a la vista, aunque muy lejana aún”. Y tanto el presidente del Gobierno, como los ministros del área económica, vaticinan sin complejos que volveremos a crecer y a crear empleo a partir del próximo  año.

Son frases que desbordan un injustificado optimismo, motivado por la inesperada evolución del Comercio Exterior,  que está registrando magníficos resultados positivos por cuenta corriente. Se trata indudablemente de un dato magnífico, ya que, por primera vez,  hemos logrado equilibrar esas cuentas sin devaluar artificialmente nuestra moneda. Pero esto no quiere decir que hayamos resuelto el principal problema económico que nos aqueja, la terrible crisis que venimos soportando desde 2008. En realidad es poco más  que la constatación de que el sector privado ha hecho los deberes, algo que aún tiene pendiente el sector público.

Piensa Cristóbal Montoro que la ligera recuperación de alguna de las variables macroeconómicas como consecuencia del auge de las exportaciones, terminarán generando rentas y beneficios empresariales que tendrán que tributar a Hacienda. Cristóbal Montoro sueña con los impuestos. No quiere reconocer que las subidas fiscales no tienen ya el mismo impacto que otras veces y que cada vez será más escaso. Está meridianamente claro que los aumentos sucesivos de impuestos no siempre mejoran la recaudación y hay veces que puede llegar a reducirla, tal como nos explica Arthur Laffer con su famosa curva. Y de hecho, es lo que está pasando en España.

Los responsables políticos han procurado conservar prácticamente intacta nuestra descomunal y estrambótica Administración Pública, atiborrada  de empresas y fundaciones fantasmas, para tener acomodo para todos  sus allegados, amigos  y correligionarios. Y como hacía falta dinero, acudieron a la vía impositiva para conseguirlo. Olvidándose de las promesas, utilizaron desmedidamente los recortes, subieron exageradamente los impuestos y crearon otros nuevos, asfixiando así a toda la clase media. Y aunque tarde, el Ministerio de Hacienda ha reconocido ya que las nuevas cargas fiscales perdieron  todo su efecto recaudatorio, más o menos, al año de su aplicación.

Como consecuencia de semejante decisión, España pasó a ser uno de los países europeos con mayor  presión fiscal. Al principio, aumentó considerablemente la recaudación. Pero después de un año de continuas y excesivas subidas fiscales, comienza a caer la actividad económica, ya que los ciudadanos no tienen dinero para mantener su nivel de consumo habitual. Los beneficios empresariales, por consiguiente, comenzaron a desplomarse, provocando así un aumento acelerado del paro y una obligada moderación salarial.

La renta bruta de las familias desciende bruscamente un 4,2%, empobreciéndose toda la clase media. Trabajadores y jubilados, cada vez cuentan con menos dinero para mantener su nivel de vida habitual, lo que fue determinante para que restringieran su consumo a lo estrictamente necesario. Y sin consumo, las empresas que no se vean obligadas a cerrar, tendrán que reducir sensiblemente su actividad económica. Y esto comporta una mayor destrucción de empleo y los integrantes de la clase media, al perder buena parte de su poder adquisitivo, pasarán desgraciadamente a ser ciudadanos de segunda.

El Gobierno de Mariano Rajoy, como hizo antes el de José Luis Rodríguez Zapatero, cargó prácticamente todo el peso de la recuperación económica sobre los de siempre, los trabajadores y los jubilados que son los que menos culpa tienen de la situación económica que atravesamos. A pesar de ser este el colectivo que en realidad produce riqueza, lo abrasaron con recortes e impuestos y, como era de esperar, el resultado fue totalmente negativo, recaudando menos dinero del esperado, ya que las retenciones sobre el trabajo y sobre el capital cayeron de manera significativa. En concreto, la recaudación por IRPF cayó un 5,2% interanual hasta el pasado mes de abril.

Tanto los trabajadores como los jubilados  han visto cómo disminuía aceleradamente su poder adquisitivo. Cada vez disponen de menos dinero, lo que les lleva a reducir su consumo a lo básico, a lo que es estrictamente necesario, para que, al menos, les permita seguir malviviendo. Es evidente que,  mientras no se normalice el consumo, no habrá posibilidad de salir de la crisis. Es verdad que, técnicamente hablando, hemos salido de la recesión y, por consiguiente, de la Unidad de Cuidados Intensivos, como dijo Mariano Rajoy.

Todos los miembros del Gobierno se muestran excesivamente optimistas porque, según dicen, comenzaremos a crear empleo neto, a partir del segundo semestre de 2014. Será verdad, pero mientras no vuelva a recuperarse el consumo, tanto el crecimiento económico como la creación de empleo serán  meramente testimoniales y la economía continuará estancada. Por consiguiente, urge estimular el nivel de consumo anterior a la crisis económica. Y esto solamente es posible reduciendo la presión fiscal y racionalizando jubilaciones y salarios, para que jubilados y trabajadores vuelvan a recuperar el poder adquisitivo que han perdido.

Gijón, 18 de noviembre de 2013

José Luis Valladares Fernández