LAS PRERROGATIVAS DE LOS POLÍTICOS

 Usando la terminología del materialismo histórico popularizada por el marxismo, podemos decir que, en Occidente,  bajo el yugo del Imperio Romano, se fue sustituyendo poco a poco el esclavismo por un feudalismo que, aunque algo más humano, consagraba jurídicamente la desigualdad entre los ciudadanos. Y este régimen feudal se mantuvo intacto en España durante varios siglos. Fueron las Cortes de Cádiz las que dieron el primer paso, en 1811, para abolir los injustos dictados de vasallo y vasallaje. Colaboraron positivamente en la supresión del feudalismo, la revolución industrial que llegó por fin a España y la revolución burguesa.

Los últimos vestigios del feudalismo desaparecieron, al menos aparentemente, con la configuración del Estado liberal durante el reinado de Isabel II. Y hoy día, el artículo 14 de nuestra Constitución quiere corroborar esa igualdad absoluta de todos los ciudadanos con estas palabras: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Será verdad que todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros porque la casta política ha terminado por situarse más allá del bien y del mal. Aunque entre nuestros políticos predomina ampliamente la mediocridad, han sabido instalarse en el privilegio y en el favoritismo más descarado. Funcionan como en un sistema feudal y, con la excepción del período de elecciones, tratan al resto de ciudadanos como si fueran auténticos plebeyos. Ya se han encargado ellos de redactar su propio régimen jurídico y laboral, que les reporta unas prerrogativas excesivas y unos beneficios extraordinarios, que no están al alcance de los demás mortales.

Muchos de esos privilegios, a los que se aferran de manera escandalosa,  quiebran inevitablemente el principio de igualdad consagrado por la Constitución. Hasta se pasan unos cuantos pueblos con la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial reconocido por nuestra Carta Magna. Estas prerrogativas surgieron para proteger la necesaria independencia de los parlamentarios en tiempos de las monarquías absolutistas y no tenían la consideración de privilegios. Se trataba simplemente de garantizar el funcionamiento libre e independiente de las cámaras parlamentarias y hoy ese problema no existe. Aquí en España se va aún más lejos, y se extiende la inmunidad parlamentaria hasta para los delitos de corrupción.

A parte de estas tradicionales y hoy innecesarias prerrogativas, la casta política no ha hecho más  que procurarse egoístamente el mayor número posible de privilegios. Y como lleva más de 30 años acaparando gangas y beneficios, sus ventajas sobre los demás ciudadanos son escandalosamente insultantes y astronómicas. Para la casta política no hay crisis económica que valga, ya que están por encima de cualquier contingencia económica. Las privaciones, las  estrecheces no van con ellos. Eso queda para los currantes, para los ciudadanos de a pié.

La lista detallada de las diferencias de trato entre un político y un ciudadano corriente, sería interminable. Por eso vamos a repasar las más lacerantes y que más desmoralización producen entre las gentes normales. Cuando los diputados electos llegan al Congreso después de una elecciones, con el correspondiente acta que acredita su nombramiento, reciben un  móvil última generación, un Ipad último grito y la conexión, desde su domicilio, a una línea de ADSL Y todo ello sin coste alguno.

Mientras que los currantes están obligados a tributar por el total de sus ingresos, los políticos que se sientan en el Congreso y el Senado solamente lo hacen por los dos tercios de su salario y al insultante tipo del 4,5%. El otro tercio restante no está sujeto al IRPF porque se supone que es una especie de indemnización para cubrir los gastos que origina el cargo institucional.  Pasa lo mismo con los años de cotización que precisan unos y otros para alcanzar la pensión máxima. Mientras que los trabajadores necesitan cotizar durante  35 largos años para conseguir una jubilación de 32.000 euros anuales, a sus señorías les basta con  dos legislaturas en el cargo o siete años de cotización y los primeros espadas alcanzarán los 74.000 euros anuales de pensión. Hay además otros agravantes: las pensiones de los políticos son perfectamente compatibles con otros sueldos de la administración o con cualquier otra actividad económica.

Otra ventaja considerable de estos parlamentarios es el sueldo. El salario medio de un trabajador en España es de 22.511 euros, algo más de 1.800 euros mensuales. Los diputados,  por ejemplo, tienen un sueldo base  de 2.813,87 euros. Pero a esta cantidad hay que sumar toda una serie de ayudas y los más variados e inimaginables complementos, de modo que su salario aumenta considerablemente, acercándose en muchos casos a los 10.000 euros mensuales. Guarda relación, eso sí, según que participe en más  o en menos ponencias y comisiones, y que ejerza o no de portavoz de alguna de ellas. De todos modos, son muy pocos los diputados que se quedan por debajo de los 5.000 euros mensuales.

Uno de esos complementos, que incrementan el sueldo de los diputados, corresponde a los gastos de alojamiento y manutención. Todos los  diputados de circunscripciones distintas  a la de Madrid reciben 1.823,86 euros, para ayudarles a pagar los gastos de manutención y de hotel o alquiler de vivienda en la capital. Los parlamentarios electos por Madrid perciben exactamente por el mismo concepto 870,56 euros. Estas cantidades están, además,  exentas de tributación a la hacienda pública. Y aún hay más: cada vez que los parlamentarios viajan oficialmente al extranjero cobran una dieta de 150 euros diarios y 120 euros si es por España.

No es esto todo. A pesar de las elevadas dietas que cobran para gastos  de alojamiento y manutención, sus señorías pueden utilizar ventajosamente, si así les place, los servicios de restaurante que funcionan con toda normalidad en el Senado, en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid. Los políticos pueden utilizar estos servicios por un precio módico y ridículo, aproximadamente una tercera parte  de lo que pagan, por el menú más barato, aquellos trabajadores que tienen que mantenerse  por su cuenta. Los de la casta privilegiada, que utilicen esos servicios de restaurante,  pagarán 3,55 euros por una comida normal con dos platos, el postre, la bebida y el café. Los mismos escolares madrileños tienen que pagar 25 céntimos más, y eso que solamente se trata de utilizar el comedor y servirse del microondas para calentar la comida que llevan de su casa.

En el Congreso están a la orden del día las comisiones que llaman de trabajo, a las que están adscritos 29 presidentes, 55 vicepresidentes, 56 secretarios, 217 portavoces y 148 portavoces adjuntos y sustitutos. Y todos ellos, claro está, reciben gastos de representación, que oscilan, según el cargo, entre los 697,65 euros y 1.431,31 euros. En el caso del presidente del Congreso, esa cantidad se eleva hasta los 3.327,89 euros. También existe un complemento mensual por gastos de libre disposición que cobra el presidente del Congreso, el vicepresidente, los secretarios y los portavoces. El importe de esta ayuda va de los 600 euros a los 2.728 euros para el presidente.

Además de no pagar ningún medio de transporte, los parlamentarios foráneos que utilicen su propio vehículo  para ir a Madrid, cobran un kilometraje de 0,25 euros por kilómetro. Y a los que no disponen de coche oficial, se les facilita  una tarjeta personalizada, con un límite anual de 3.000 euros que utilizan profusamente para abonar el servicio de taxi en Madrid.  Cuentan además con un plan de pensiones con cargo a la Cámara legislativa, con lo que van a completar  su pensión el día que se jubilen.

Las ventajas de los parlamentarios no terminan aquí. Disfrutan en exclusiva de otros muchos beneficios que no tienen los demás mortales, por ejemplo la indemnización por cese en el cargo, sea este institucional o representativo. Así que, cuando dejen el cargo, percibirán una indemnización equivalente a una mensualidad de su asignación salarial por  cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales hasta un máximo de 24 mensualidades. Otro tanto ocurre con los ministros. Cuando estos cesan en su cargo, cobrarán una indemnización del 80% de su salario durante dos años, perfectamente compatible con la remuneración de cualquier otro cargo público. Disfrutan también de esta Ganga los ex secretarios de Estado. Ahí están para demostrarlo Diego López Garrido e Inmaculada Gómez Piñero.

Pero aún hay más cosas. Mientras no se trate de una votación, no se controla el absentismo de los parlamentarios. Y de hecho, estamos cansados de ver, con demasiada frecuencia, distintas tomas de la televisión mostrándonos cantidad de asientos vacíos. Este comportamiento es impensable en un trabajador normal, porque correría el riesgo de ser despedido inmediatamente.

Pasa otro tanto con los negocios. No son muchos los diputados que se dedican exclusivamente a su labor política. La mayoría de ellos procura engordar sus cuentas corrientes participando asiduamente en empresas privadas o en fundaciones y también, como no, colaborando con algún medio de comunicación.

Así las cosas, no es de extrañar que sean muchos los que quieren dedicarse a la política. Se da, además, la circunstancia de que para político vale cualquiera, ya que no hay que hacer oposiciones como para cualquier otro trabajo. Tienen un inconveniente, eso sí, y es que suelen manchárseles frecuentemente las manos. Es por esto por lo que el Premio Nobel de literatura irlandés, Bernard Shaw,  se guaseó de ellos con una frase que se ha hecho célebre: “Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo y por los mismos motivos”.

Gijón, 23 de noviembre de 2012

José Luis Valladares Fernández