LA AMENAZA DEL SEPARATISMO CATALÁN

La Diada del pasado día 11 de septiembre, por su excesiva deriva separatista, levantó ampollas hasta en ambientes completamente despolitizados y se han rasgado las vestiduras algunos políticos habituados a contemporizar irresponsablemente con nacionalistas y soberanistas de dudosa trayectoria. Este problema, aunque de manera un tanto vaga y equívoca, viene de muy atrás. Estos sentimientos nacionalistas afloran cuando el rey Felipe V decide suprimir el autogobierno de Cataluña

Es cierto que Felipe V, para congraciarse con sus vasallos de la Corona de Aragón, se había comprometido a mantener todas sus instituciones y, además, juró solemnemente guardar y respetar los privilegios del Principado catalán. Pero la torpeza de su abuelo, el rey de Francia Luis XIV,  provoca que los reinos de Aragón, de Valencia y el principado de Cataluña optaran por alinearse con el archiduque Carlos de Austria en la guerra sucesoria. La revancha no se hizo esperar. Como represalia por haberse comprometido a otorgar los derechos sucesorios al segundo hijo del Emperador, Felipe V suprimió los fueros de los reinos de Valencia  y de Aragón en 1707 y los del Principado de Cataluña ocho años más tarde. 

Pero la auténtica fiebre nacionalista se desata con la entrada en la escena política del escritor Enrique Prat de la Riba. Es en 1887, cuando Prat de la Riba ingresa en el Centro Escolar Catalanista, que es donde surgen las primeras definiciones serias del catalanismo. Hasta entonces se añoraba el autogobierno y se hablaba incluso de que Cataluña tenía una identidad propia, diferente a la de las demás regiones españolas. Pero nadie decía que era una nación. Fue este escritor y político  el primero que acuñó ese término cuando, refiriéndose a las provincias catalanas, escribió: “Veíamos que Cataluña tenía -lengua, derecho, arte propios, que tenía un espíritu nacional; Cataluña era, pues, una nación. Y el sentimiento de patria, vivo en todos los catalanes, nos hacía sentir que patria y nación eran una misma cosa y que Cataluña era nuestra nación al igual que nuestra patria”.

La actividad de Enrique Prat de la Riba fue muy intensa. Fue secretario de la Asamblea constitutiva   de la Unió Catalanista, que redactó las llamadas Bases de Manresa,  en las que se exigía, entre otras cosas,  la restitución del autogobierno, el restablecimiento de la Audiencia de Cataluña y el reconocimiento de la oficialidad  del catalán como única lengua propia  del país. Dentro de Unió Catalanista, desempeñó varios cargos de responsabilidad, desde donde trató de justificar ése nacionalismo inicial, cuyo desarrollo llevaría necesariamente, según pensaba,  a la constitución de un Estado catalán federado con la nación española. Así es como Enrique Prat de la Riba echo a andar la bola del separatismo catalán y, desde entonces, no ha parado de rodar y de crecer. La llegada de la República, por supuesto, alentó y afianzó notablemente ese movimiento independentista.

El 17 de agosto de 1930 se reunieron en San Sebastián representantes del republicanismo español para pactar la inminente instauración de la República. La delegación de Cataluña condicionó la aceptación de los acuerdos de lo que se llamaría posteriormente Pacto de San Sebastián, al reconocimiento previo de las aspiraciones catalanas de autogobierno. Los republicanos del resto del Estado español aceptan el reto catalanista exigiendo, eso sí, que plasmaran sus aspiraciones en un Estatuto de autonomía, y que fuera sometido a la aprobación de las Cortes constituyentes después de haber sido refrendado por los ciudadanos catalanes.

Finalizada la Guerra Civil, se ejecuta la supresión de la Generalidad de Cataluña y se restauran las Diputaciones provinciales. La Diputación de Barcelona pasaría a ocupar curiosamente el  Palacio de la plaza de San Jaime, sede hasta entonces de la Generalidad. Las autoridades  de la Generalidad se exiliaron, unos a Francia como su presidente Lluís Companys y otros a Méjico. Tras el fusilamiento de Lluís Companys en 1940, ocupa interinamente el cargo Josep Irla y forma un Gobierno en el exilio que se mantendría prácticamente inoperante. Cuando dimite Josep Irla en 1954, con el fin de mantener la continuidad institucional, antiguos diputados del Parlamento catalán reunidos en Méjico, eligen como presidente a Josep Tarradellas.

Con la restauración democrática, Cataluña recupera el autogobierno y Tarradellas, que vivía en el sur de Francia, regresa a Barcelona para hacerse cargo de la presidencia de la Generalidad en esta nueva singladura. Tras las elecciones de abril de 1980, es investido presidente de la Autonomía catalana Jordi Pujol i Soley. Con Pujol al frente de la Generalidad, comenzó a  rodar y a crecer nuevamente la bola del separatismo catalán. Hay que reconocer que  no hilaron muy fino los padres de la Constitución, al creer que, satisfaciendo algunas de las aspiraciones de los nacionalistas díscolos, éstos aparcarían sus exigencias soberanistas y dejarían de dar problemas. No se dieron cuenta que estos personajes son insaciables y, a la vista está, que  siempre quieren ir más allá.

Se da la triste circunstancia de que, Adolfo Suarez,  Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, en algún período de su mandato, tuvieron que pactar con los nacionalistas para poder formar Gobierno. Esto ha servido para que los presidentes autonómicos del País Vasco y Cataluña se crecieran  y se animaran a plantear reivindicaciones nuevas,   reivindicaciones cada vez más atrevidas y audaces y que inexorablemente iban minando la unidad de España. Estos pactos ocasionales sirvieron para que Convergencia i Unió se enfundase el falso traje de la moderación, para obtener más fácilmente insospechadas  ventajas políticas.

Se da la circunstancia francamente deplorable de que ni con CIU, ni con PSC al frente de la Generalidad se cumplen las sentencias, las dicte el Tribunal Supremo o el Constitucional. Como quienes tenían que hacérselas cumplir,  se ponen voluntariamente de perfil o se hacen los distraídos, los responsables políticos del autogobierno catalán se ríen de los jueces y pasan por el arco del triunfo los dictámenes judiciales de esos tribunales sobre todo si afectan  a la inmersión lingüística. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a la Generalidad a introducir la vehicularidad del español en la educación infantil, Artur Más afirma rotundamente que seguirán hablando y enseñando el catalán “pese a quien pese y haya las barreras que haya”.

Estas sentencias judiciales sacaron de quicio a Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán, y el berrinche mayúsculo que ha cogido le ha hecho decir que les ampara la Ley de Educación de Cataluña y que su contenido es el que hay que aplicar porque “el tema de la inmersión lingüística es sagrado para todos los catalanes de todos los colores políticos”. Y sin abandonar ese gesto ceñudo e iracundo, que adopta cuando defiende algo indefendible, añade seguidamente:  "Tenemos que centrarnos en saberlo preservar y no ponernos demasiado nerviosos ante este tipo de agresiones".

A toda esta patulea de nacionalistas y soberanistas, nadie les había negado nada desde que se restauró la democracia. Y Artur Mas esperaba que todo siguiera igual. Así que la negativa de Mariano Rajoy a renegociar un nuevo pacto fiscal le sacó de quicio y respondió chulescamente adelantando las elecciones y anunciando que, si las gana, organizará una especie de referéndum popular con el consentimiento del Gobierno central  o sin él. Sabe perfectamente que carece de competencia para poner en marcha este tipo de consulta popular, pero es igual. Su despecho le lleva a tratar irresponsablemente de separar a Cataluña del resto de España.

Para cortar de raíz el plan Ibarretxe, el Gobierno de Aznar se encargó en 2003 de tipificar como delito la organización de consultas ilegales. La correspondiente modificación del Código Penal establecía penas entre tres y cinco años de prisión y la correspondiente inhabilitación para el que convocara cualquier consulta popular careciendo de las debidas competencias.  Pero Zapatero, para congraciarse con el nacionalismo vasco, enmendó una vez más la plana a su antecesor en el Gobierno derogando en 2005 esta salvaguarda constitucional. Así que, el Gobierno de Mariano Rajoy, si quiere hacer frente a este reto, tendrá que rehabilitar nuevamente la modificación promovida por Aznar. De lo contrario, el Estado estará indefenso ante esta absurda canallada de Artur Mas.

No se cómo reaccionará el Gobierno actual. Lo tiene ciertamente muy difícil, pero algo tiene que hacer para evitar que el presidente de la Generalidad lleve a cabo sus propósitos y convoque impunemente ese referéndum ilegal con el propósito firme de conseguir la secesión de Cataluña. El Parlamento catalán ya ha iniciado el proceso aprobando el pasado 26 de septiembre la siguiente resolución: "El Parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al Gobierno a hacer una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura".

La Diada del pasado día 11 de septiembre ha aclarado muchas cosas. Fue, sin duda alguna, la manifestación independentista más masiva de la historia catalana. La Vanguardia tituló así el editorial del día siguiente: ‘El tsunami de Barcelona’. Los separatistas de esta región española están ahora tremendamente  exultantes y venden descaradamente que Cataluña tiene ya al alcance de su mano la esperada independencia. Suponen que, al final del proceso, Cataluña será un nuevo Estado asociado en plan de igualdad con España, pero no les cabe duda de que será un nuevo Estado de Europa,  como rezaba el lema de la manifestación: “Catalunya, nou estat d’Europa”.

Espero que los Gobiernos,  que se dedicaron a repartir alegremente competencias,  se den cuenta ahora, aunque ya sea demasiado tarde, de que fue un mayúsculo error transferir Educación. Los que gobiernan actualmente debieran recapacitar y proceder inmediatamente  a posibilitar la recuperación de  las competencias de Educación, Sanidad y Justicia. Con la Educación en manos de los soberanistas, más que a enseñar, se han dedicado al adoctrinamiento de la juventud. Y así, nos encontramos ahora con varias generaciones de jóvenes, que desconocen hasta la historia real de su propia región. No nos engañemos, la situación actual catalana, y también la vasca, obedece al abuso que se ha hecho de las competencias de Educación.

En Cataluña tenemos hoy  millones de jóvenes, nacidos de padres foráneos, que les han enseñado  a despreciar la cultura de sus suyos y les incitan a que aborrezcan sinceramente a todo lo que huela a español. Y este sectarismo no aparece por generación espontánea, se induce y se construye a base de astucia y maledicencia.

Gijón, 28 de septiembre de 2012

José Luis Valladares Fernández