NO HAY CASO, NI LO HABRÁ

Somos muchos los que pensábamos inocentemente que, el uso indebido del poder público en beneficio propio o para distribuir beneficios o cargos políticos  entre familiares y amigos, eran siempre actos claros de tráfico de influencias y de nepotismo. Con estos hechos tan poco edificantes  –y creíamos que ilegales-, se busca invariablemente la obtención de algún tipo de privilegio, recurriendo, cómo no, a la obtención de información privilegiada o cualquier otro tipo de ventaja por amistad o pagando en dinero o en especie.

Siempre se han dado episodios como estos, hasta en la más remota antigüedad. Quien no recuerda al tirano Pisístrato que, nada menos que cinco siglos a. C.,  se hizo con el poder en Atenas y, para conservarlo y protegerse, entregó casi todos los los cargos políticos y públicos a familiares suyos y a sus amigos más leales. De este modo, tenía prácticamente maniatados al resto de aristócratas atenienses. Es cierto que Pisístrato gobernó con una moderación y una benevolencia desconocida en Atenas hasta entonces. Y aunque esto favoreció realmente a los más pobres de la ciudad, no deja de ser por eso un acto tremendamente deshonesto.

También en la antigua Roma encontramos casos flagrantes de tráfico de influencias, como sucedió con Pompeyo y su suegro Metelo Escipión. Aunque Escipión carecía evidentemente de talento militar, Pompeyo, que aspiraba a ser nombrado dictador, le cedió dos legiones romanas. El tribuno de la plebe Marco Antonio, que era partidario de Cesar, denunció inútilmente este hecho en el Senado, ya que este foro, en ese momento, estaba dominado por los “boni” o hombres buenos, situación que fue ampliamente utilizada por más de un político de aquella época conflictiva.

El proceso que se produce en todo tráfico de influencias es siempre el mismo: alguien que disfruta de cierto poder y autoridad en la vida pública, lo utiliza egoístamente para favorecer a sus familiares y amigos o a cualquier otra persona de confianza a cambio de determinadas cantidades de dinero o el pago en especies. El sentido común dice, que los políticos jamás deben utilizar su autoridad para beneficiar a alguien con detrimento del interés público. Y esto es lo que ha ocurrido claramente con el ex ministro José Blanco, presunto imputado por tráfico de influencias en el “caso Campeón”  por el juez instructor José Ramón Soriano.

La investigación abierta en relación con la llamada “operación Campeón” fue iniciada por la juez de Lugo, Estela San José, que apreció indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias, que apuntaban directamente al entonces ministro de Fomento, José Blanco. Entre los implicados en un delito de fraude de subvenciones, aparecen varios empresarios, entre ellos Jorge Dorribo y José Antonio Orozco que, según todos los indicios, habrían recibido préstamos,  subvenciones u otro tipo de bicocas utilizando, claro está, medios ilícitos.

La juez de Lugo, Estela San José, después de las declaraciones de alguno de los empresarios encausados, dedujo que Blanco podía haber recibido irregularmente varias entregas de dinero, a través de su primo político, Manuel Bran, a cambio de algún apetecido beneficio. Si nos fiamos de la exposición razonada que la juez Estela envió al Tribunal Supremo, José Blanco habría ayudado a su amigo José Antonio Orozco para superar las iniciales trabas municipales para construir una nave en las inmediaciones del aeropuerto de El Prat.

El ex ministro de Fomento gestionó también, ante el Ministerio de Economía, la concesión de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) al empresario Jorge Dorribo, socio de Orozco y administrador de los laboratorios Nupel. Según indica la propia magistrada San José, las informaciones realizadas  “hacen suponer que la obtención del préstamo ante el Ministerio de Economía habría pasado por la intermediación de José Antonio Orozco con José Blanco“. Y se confirmaría así el dicho de Blanco, sacado de las conversaciones telefónicas intervenidas, que mantuvo con Orozco: “Siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno”.

En la exposición enviada al Tribunal Supremo, figura la declaración realizada por Jorge Dorribo ante la juez lucense, Estela San José. Según dicha declaración, Dorribo entregó personalmente a Manuel Bran un sobre con 200.000 euros en billetes de 500, muy poco antes de reunirse con Blanco en la gasolinera de Guitiriz para que este interviniera ante el Ministerio de Sanidad y le agilizasen unos permisos solicitados por su empresa farmacéutica. Y dadas las circunstancias, Dorribo supone que ese dinero pasó posteriormente a manos del ex titular de Fomento. 

Al margen de si hubo dinero de por medio, o no, el encuentro en la gasolinera es indudable que se realizó. El mismo José Blanco, aunque niega rotundamente la existencia de esa entrega de dinero, corrobora ese encuentro y explica las circunstancias por las que se realizó. Dice Blanco que estaban invitados ambos a una comida de empresarios. Y como Jorge Dorribo quería plantearle una cuestión privada, quedaron en verse en esa gasolinera, donde lo recogería para ir juntos al restaurante.

Si nos atenemos a las conversaciones telefónicas y a los mensajes intercambiados entre Blanco y Orozco, recogidos detalladamente en el sumario, la mediación del ex ministro ante el alcalde socialista de San Baudilio de Llobregat, Jaume Bosch, allanó el camino al empresario Orozco para construir su nave en las proximidades de El Prat. Tras esa mediación, desaparecieron totalmente las trabas administrativas que le impedían llevar adelante esa construcción. Fue extremadamente llamativo y radical el cambio de actitud del Ayuntamiento tras la entrevista de Orozco con el alcalde, tras la mediación de José Blanco. El juez instructor, José Ramón Soriano señala oportunamente ese sospechoso cambio de actitud en su petición del suplicatorio para encausar al ex ministro de Fomento.

La actuación de José Blanco en este caso es aparentemente muy similar a la protagonizada por otros políticos y que fue debidamente tipificada como tráfico de influencias impúdico e ilegal. Y eso es lo que nos llevó a muchos a pensar erróneamente que Blanco era un prevaricador más y que había incurrido en actos claros del condenable tráfico de influencias. Cuando el ex ministro nos advertía una y otra vez que “No hay caso. Ni lo hay ni lo habrá”, no le creíamos y pensábamos que trataba simplemente de despistar.

Entendíamos que el alcalde socialista de San Baudilio de Llobregat se había sentido obligado a acatar las indicaciones de Blanco, que entonces era el vicesecretario general del PSOE, y podía hacer que desapareciera su nombre de las futuras listas electorales. Quizás nos hayamos dejado llevar torpemente por las apariencias, ya que, todo lo que se desprendía de la actuación del anterior responsable del Ministerio de Fomento, tenía un cariz apabullante de tráfico de influencias. No podemos extrañarnos que la fiscal y la juez de Lugo, que fueron las primeras en  estudiar  este caso, cayeran también en la misma trampa, y que siguieran después el mismo camino el fiscal y el juez instructor del Supremo.

Ha tenido que venir más tarde la Sala de lo Penal del Supremo para sacarnos a todos  de tan lamentable error y puntualizar justificadamente que la mediación de Blanco “para convenir una entrevista entre un alcalde y un particular que actúa en interés propio de una empresa sin sugerir ni ofrecer una alteración de la resolución administrativa”, no puede ser tipificada como delito de tráfico de influencias.  

Según el auto de la Sala de lo Penal, el ex ministro jamás ejerció “predominio o fuerza moral” para alterar la voluntad de la administración. Y aunque, en el caso de José Antonio Orozco, desaparecieron por fin las trabas burocráticas, aducidas inicialmente por el Ayuntamiento de San Baudilio de Llobregat,  y se le concedió la correspondiente licencia de obras, se debió exclusivamente a “criterios técnicos”, y no a influencia externa alguna. En ningún momento  José Blanco utilizó su autoridad y su cargo para favorecer a su amigo. Se limitó, tal como se desprende del auto del Supremo, a buscar simplemente “el buen fin de un procedimiento”, actuando  con la debida agilidad administrativa.

De acuerdo con la tesis de la Sala de lo Penal del Supremo, Blanco no es un “corruto”. En realidad no hizo nada más que informar. De ahí que, Némesis, la mítica diosa de la Venganza, en vez de perseguirle blandiendo su temible lanza, le dio a beber del licor divino de su copa para fortalecer su virtud. Fuimos nosotros los que le culpamos injustamente de favorecer de manera delictiva a sus amigos. Si ese comportamiento fuera realmente tráfico ilegal de influencias, habría sido dura y oportunamente acusado por la policía y los fiscales de Rubalcaba. Y después aparecería algún juez de la misma cuerda que lo imputaría irremediablemente, como pasó con los implicados en el caso Gürtel.

Tampoco debemos hacer caso a las acusaciones que puedan hacer ocasionalmente imputados como Jorge Dorribo. Como es evidente, carecen de la más mínima credibilidad, salvo cuando inculpan, faltaría más, a destacados miembros del Partido Popular. Esto es, al menos, lo que piensan la mayor parte de las mentes preclaras de la izquierda española. Para estos progres de vía estrecha, hasta las denuncias más absurdas de Luis Bárcenas son auténticos dogmas de fe.

Barrillos de Las Arrimadas, 7 de agosto de 2013

José Luis Valladares Fernández