Fue en el año 1985 cuando el PSOE, con el poder de los votos, reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el propio Alfonso Guerra escenificó esa reforma con esta frase: “Montesquieu ha muerto”. Frase que resume gráficamente el cambio que, con dicha ley, se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico. A partir de entonces, desaparece la división de poderes articulada por el Barón de Montesquieu, para defender a los nobles del absolutismo ilustrado de Luis XIV.Desde ese momento, la justicia comienza a tener color, el color del ejecutivo de turno. Le han quitado la venda que tapaba sus ojos. Y ese es el punto de partida del enorme desprestigio de nuestra justicia. La mediatización del Poder Judicial por el Ejecutivo removió, para mal, hasta los cimientos de la Justicia española. Esa mediatización de los jueces por el ejecutivo es, a todas luces, incompatible con una auténtica democracia liberal. Es tal el desprestigio actual de la Justicia, que no hay nadie que confíe en ella. Y en ese nadie van incluidos hasta los propios jueces.
No funciona la Justicia en España, y algunos jueces de la Audiencia Nacional, descuidando sus propios cometidos, quieren impartir justicia en todo el mundo. Quieren convertirse en justicieros universalles. Y esto, a sabiendas de que ninguna de estas personas encausadas va a sentarse en el banquillo. Van buscando ese estrellato absurdo que los descalifica como jueces.
Abrió el camino el juez Garzón, ya que, con sus ansias inexplicables de titulares de prensa, montó aquellos macro-juicios internacionales contra Pinochet y contra los generales de la dictadura argentina. Hoy ya no es solo Baltasar Garzón. Una advertencia del Fiscal General del Estado, y la admonición del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, parece que motivaron a otros magistrados de la Audiencia Nacional a emular al juez Garzón.
Fue el 16 de abril pasado, en un desayuno informativo de Europa Press, donde Conde Pumpido aseguró que hay que evitar que la Audiencia Nacional se convierta en un juguete con esta universalización indiscriminada de la justicia. Más resolutivo que el Fiscal General estuvo Carlos Divar, que, el 6 de mayo, negó a los a los jueces de la Audiencia Nacional la posibilidad de convertirse en los gendarmes judiciales del mundo. Y alude a una necesaria modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de julio de 1985 para impedirlo. Concretamente el artículo 65 de dicha Ley. Hasta el propio ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aunque se muestra partidario de la jurisdicción universal, pidió a los jueces, en Los Desayunos de TVE, que hagan ejercicio de prudencia y sensatez. Y les indica que esa jurisdicción universal únicamente debe ejercitarse con países no democráticos. En países democráticos, como es el caso de Estados Unidos, se impone el principio de subsidiariedad y esperar a los procedimientos que pongan en marcha esos países
A pesar de avisos tan claros, varios magistrados de La Audiencia Nacional han reactivado su pretensión de intervenir en varios casos foráneos, y que, en alguno de ellos debieran haberse atenido al principio de subsidiariedad, descuidando o retrasando irresponsablemente multitud de procedimientos pendientes, que duermen llenos de polvo en los cajones de sus propios juzgados.
El pasado día 4 el juez Baltasar Garzón comenzó a investigar a los posibles autores materiales, inductores, cooperadores y cómplices de los delitos de torturas cometidos en Guantánamo.
Siguiendo el ejemplo del juez Garzón, el también juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, estudia una querella contra varios asesores de George Bush, entre los que se encuentra Alberto R. González, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta que, en 2005, se convirtió en el fiscal general de Estados Unidos. Les acusa de haber preparado todo el andamiaje legal que posibilitó la apertura de la cárcel de Guantánamo en Cuba.
Y, como no hay dos sin tres, ahí tenemos a otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instruyendo una querella, admitida a trámite, contra siete responsables militares israelíes por un bombardeo perpetrado en Gaza el 22 de julio de 2002 y en el que murieron, además de un líder de Hamás, varias personas civiles. Entre esos militares se encuentra el ex ministro Benjamín Ben Eliécer. Este incidente supone una grave alteración de las relaciones exteriores de España, ya que Israel considera que existe una doble moral y rasero cuando aquí hablamos del pueblo israelí. Y están convencidos, como ya indico la Ministra de Asuntos Exteriores Israelí, de que se trata de una decisión política y no judicial.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no podía ser menos que los anteriores jueces. De ahí que admitiera a trámite una querella contra tres ministros y otros cinco altos cargos del Gobierno chino por un delito de lesa humanidad durante las revueltas del Tibet. Esta querella señala que, desde el 10 de marzo de 2008, "las autoridades políticas y militares chinas dirigieron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana, causando, al menos, 203 muertos, más de mil lesionados y 5.972 detenidos ilegales”. Se trataría de un crimen contra la humanidad, contra todo un colectivo, el pueblo tibetano, por lo que el juez Pedraz solicita viajar a China para poder interrogar a los responsables.
Da la impresión de que los jueces, en la Audiencia Nacional, tienen muy poco trabajo y se aburren soberanamente. Y huyendo de ese aburrimiento, buscan desesperadamente ese trabajo extra que llene sus ratos de ocio. Hay veces que consideran poco llamativas esas causas foráneas para sus aspiraciones y se dedican a hurgar en el pasado régimen franquista en busca de algo raro que aún no haya sido investigado. Este es el caso del juez Moreno.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno estaba llevando ya una investigación contra antiguos miembros de las SS hitlerianas, que residen en Estados Unidos, por su implicación en el Holocausto nazi. Se trata de cuatro ex oficiales que desarrollaron su labor como guardias armados en los campos de concentración y que lograron instalarse en Estados Unidos al finalizar la II Guerra Mundial. El juez Moreno, aprovechando una querella presentada por un superviviente español del Holocausto, acumula a la causa anterior otra, un tanto sorprendente, contra el régimen franquista. Acusa a Franco, y al resto de las autoridades españolas de aquella época, de haberse inhibido ante las prácticas genocidas nazis contra ciudadanos españoles que habían huido a Francia tras nuestra Guerra Civil.
Si los jueces de la Audiencia Nacional se aburren, tienen aún un inmenso campo judicial por delante. Ahí tienen a Vladimir Putin, a Hugo Chávez y, sobre todo a los Hermanos Castro que, en cuanto a genocidas actuales, pocos les igualarán. Y si esto es poco y quieren casos más nuestros, no necesitan acudir a personajes difuntos contra los que no pueden hacer nada. De esa misma época, pueden iniciar actuaciones contra alguien que aún vive y que tiene mucha responsabilidad por lo ocurrido en Paracuellos de Jarama y otros lugares por el estilo.
José Luis Valladares Fernández
Fue el 16 de abril pasado, en un desayuno informativo de Europa Press, donde Conde Pumpido aseguró que hay que evitar que la Audiencia Nacional se convierta en un juguete con esta universalización indiscriminada de la justicia. Más resolutivo que el Fiscal General estuvo Carlos Divar, que, el 6 de mayo, negó a los a los jueces de la Audiencia Nacional la posibilidad de convertirse en los gendarmes judiciales del mundo. Y alude a una necesaria modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de julio de 1985 para impedirlo. Concretamente el artículo 65 de dicha Ley. Hasta el propio ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aunque se muestra partidario de la jurisdicción universal, pidió a los jueces, en Los Desayunos de TVE, que hagan ejercicio de prudencia y sensatez. Y les indica que esa jurisdicción universal únicamente debe ejercitarse con países no democráticos. En países democráticos, como es el caso de Estados Unidos, se impone el principio de subsidiariedad y esperar a los procedimientos que pongan en marcha esos países
A pesar de avisos tan claros, varios magistrados de La Audiencia Nacional han reactivado su pretensión de intervenir en varios casos foráneos, y que, en alguno de ellos debieran haberse atenido al principio de subsidiariedad, descuidando o retrasando irresponsablemente multitud de procedimientos pendientes, que duermen llenos de polvo en los cajones de sus propios juzgados.
El pasado día 4 el juez Baltasar Garzón comenzó a investigar a los posibles autores materiales, inductores, cooperadores y cómplices de los delitos de torturas cometidos en Guantánamo.
Siguiendo el ejemplo del juez Garzón, el también juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, estudia una querella contra varios asesores de George Bush, entre los que se encuentra Alberto R. González, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta que, en 2005, se convirtió en el fiscal general de Estados Unidos. Les acusa de haber preparado todo el andamiaje legal que posibilitó la apertura de la cárcel de Guantánamo en Cuba.
Y, como no hay dos sin tres, ahí tenemos a otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instruyendo una querella, admitida a trámite, contra siete responsables militares israelíes por un bombardeo perpetrado en Gaza el 22 de julio de 2002 y en el que murieron, además de un líder de Hamás, varias personas civiles. Entre esos militares se encuentra el ex ministro Benjamín Ben Eliécer. Este incidente supone una grave alteración de las relaciones exteriores de España, ya que Israel considera que existe una doble moral y rasero cuando aquí hablamos del pueblo israelí. Y están convencidos, como ya indico la Ministra de Asuntos Exteriores Israelí, de que se trata de una decisión política y no judicial.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no podía ser menos que los anteriores jueces. De ahí que admitiera a trámite una querella contra tres ministros y otros cinco altos cargos del Gobierno chino por un delito de lesa humanidad durante las revueltas del Tibet. Esta querella señala que, desde el 10 de marzo de 2008, "las autoridades políticas y militares chinas dirigieron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana, causando, al menos, 203 muertos, más de mil lesionados y 5.972 detenidos ilegales”. Se trataría de un crimen contra la humanidad, contra todo un colectivo, el pueblo tibetano, por lo que el juez Pedraz solicita viajar a China para poder interrogar a los responsables.
Da la impresión de que los jueces, en la Audiencia Nacional, tienen muy poco trabajo y se aburren soberanamente. Y huyendo de ese aburrimiento, buscan desesperadamente ese trabajo extra que llene sus ratos de ocio. Hay veces que consideran poco llamativas esas causas foráneas para sus aspiraciones y se dedican a hurgar en el pasado régimen franquista en busca de algo raro que aún no haya sido investigado. Este es el caso del juez Moreno.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno estaba llevando ya una investigación contra antiguos miembros de las SS hitlerianas, que residen en Estados Unidos, por su implicación en el Holocausto nazi. Se trata de cuatro ex oficiales que desarrollaron su labor como guardias armados en los campos de concentración y que lograron instalarse en Estados Unidos al finalizar la II Guerra Mundial. El juez Moreno, aprovechando una querella presentada por un superviviente español del Holocausto, acumula a la causa anterior otra, un tanto sorprendente, contra el régimen franquista. Acusa a Franco, y al resto de las autoridades españolas de aquella época, de haberse inhibido ante las prácticas genocidas nazis contra ciudadanos españoles que habían huido a Francia tras nuestra Guerra Civil.
Si los jueces de la Audiencia Nacional se aburren, tienen aún un inmenso campo judicial por delante. Ahí tienen a Vladimir Putin, a Hugo Chávez y, sobre todo a los Hermanos Castro que, en cuanto a genocidas actuales, pocos les igualarán. Y si esto es poco y quieren casos más nuestros, no necesitan acudir a personajes difuntos contra los que no pueden hacer nada. De esa misma época, pueden iniciar actuaciones contra alguien que aún vive y que tiene mucha responsabilidad por lo ocurrido en Paracuellos de Jarama y otros lugares por el estilo.
José Luis Valladares Fernández
No hay comentarios:
Publicar un comentario