BACHILLERATO DE EXCELENCIA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, utilizó el marco de la entrega de los premios Miguel Catalán y Julián Marías, del pasado día 5 de abril, para anunciar solemnemente la creación de un  “Bachillerato de Excelencia”. A este Bachillerato accederán, según indicó la propia Esperanza Aguirre, “los alumnos que más méritos hayan acumulado en el periodo de su escolarización obligatoria". Se pondrá en práctica el próximo curso como experiencia piloto, al que accederán directamente, con carácter voluntario, los 25 mejores alumnos de la ESO, que han sido distinguidos por la Comunidad de Madrid con el Premio Extraordinario en Secundaria. 

El resto, hasta completar 80 ó 100 alumnos, se seleccionarán entre los estudiantes que hayan finalizado la Educación Secundaria Obligatoria con mención honorífica y por lo tanto con más de un ocho de nota media. Para este nuevo Bachillerato, que se iniciará el próximo curso,  se habilitará un nuevo centro, donde los estudiantes recibirán una enseñanza “más exigente”, tanto en la modalidad de Ciencias y Tecnología, como en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Este centro contará con un director propio, un programa y unos profesores especiales, adecuados al nivel académico de los alumnos. Según palabras de Esperanza Aguirre, se trata de crear instituciones que sepan primar la excelencia, el trabajo, el esfuerzo, el talento y la dedicación, como ya ocurre en otros países europeos. Es una forma de animar a los jóvenes madrileños "a dar lo mejor de sí mismos, a esforzarse y a superarse".

Pero este proyecto,  que quiere implantar Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, por lo que parece, disgusta tremendamente a los que presumen de progresistas. En ese coro jacobino discrepante nos encontramos con la Federación de Asociaciones de Padres (FAPA), con los sindicatos de CC OO y de la UGT, los socialistas y, como no, el Gobierno actual. Cuando el PSOE, con fecha 3 de octubre de 1990,   alumbró la malhadada Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE),  creyó haber descubierto la ansiada forma de educar igualitariamente a los alumnos. La nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) alumbrada por el Gobierno de Zapatero el 3 de mayo de 2006, derogaba la  LOGSE, no lograba corregir las deficiencias de esta  y acentuaba aún más, si cabe, su  igualitarismo pernicioso. 

La Federación de Asociaciones de Padres de la Comunidad de Madrid, Francisco Giner de los Ríos, fue la primera en levantar  la voz contra ese “Bachillerato de Excelencia”, anunciado por Esperanza Aguirre.  José Luis Pazos, presidente de esa Federación de Asociaciones, critica con dureza que se intente “disgregar” a los alumnos. "Estamos -dice- en contra de la separación del alumnado como consecuencia de sus capacidades personales”. Ante todo, agrega, hay que integrar y huir de la división. Y termina diciendo que habrá que esperar a ver en que termina todo esto, ya que la Comunidad de Madrid, a su juicio, anuncia muchas cosas “que luego no se traducen en nada”.

Los sindicatos se han sumado también a la protesta y dicen que se trata de una medida discriminatoria y  ridícula. El  secretario  general de la Federación  Regional de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Francisco García, reprocha a la presidenta de la Comunidad su afán desmedido de "dar bonitos titulares que no resuelven los problemas del sistema educativo madrileño". Viene a decir que se está ayudando a 80 alumnos "que no lo necesitan" y "se abandona a los que sí lo necesitan". Por su parte, Eduardo Sabina, responsable de Acción Sindical de FETE UGT de Madrid,  afirma claramente que la iniciativa de Esperanza Aguirre “va en línea” con todo lo que está haciendo, basado en el “apartheid de los alumnos”

Los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid tampoco se han quedado atrás en la protesta. La portavoz socialista, Carmen Menéndez, más conocida por Maru Menéndez, nos dice que  "los anuncios de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, profundizan en su política de segregación y no dan ninguna respuesta a las necesidades educativas del alumnado madrileño". Y agrega: "La presidenta regional insiste en la segregación del alumnado y ha olvidado que la educación es un instrumento esencial para nivelar la igualdad de oportunidades”. Más tajante ha sido la secretaria de Educación del PSOE, Cándida Martínez, que afirma rotundamente que se trata de una medida que “segrega, privatiza y retrocede”. La portavoz de Educación de IU, Eulalia Vaquero, dice que es un despropósito que la Comunidad de Madrid “destine más dinero a los alumnos que menos lo necesitan”. 

Es cierto que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo se muestra algo más precavido y contemporizador y dice que hay que atender a los estudiantes con mejor rendimiento, pero hay que hacerlo sin aislarlos ni separarlos. Y agrega que “las aulas no son solo lugares para aprender, son lugares también para convivir”. Sin embargo, el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional ha sido algo más duro en sus aseveraciones. Insiste en la idea de que el aula “es un ecosistema donde el joven aprende a convivir con sus compañeros”. Pero es extremadamente tajante, cuando dice que “esto es separar, segregar y crear guetos”.

El argumento invocado por estos progresistas de salón se basa exclusivamente en que se discrimina a los menos dotados y a aquellos otros jovenzuelos que no quieren estudiar porque no les gusta o porque no quieren trabajar. Y para que estos, que son una rémora en el desarrollo de las clases, se sientan realizados, hay que discriminar y perjudicar gravemente a los que responsablemente se esfuerzan en el estudio. No se trata de inventar un nuevo Bachillerato. Se busca simplemente solucionar el problema con que se encuentran los jóvenes y las jóvenes que quieren aprovechar el tiempo para ampliar sus conocimientos y se lo impiden desgraciadamente los charlatanes,  los que disfrutan reventando la clase y viendo desmoralizado al profesor. 

Sería bastante más racional que se les separara incluso antes; por lo menos, al finalizar el primer ciclo de la ESO. Al finalizar segundo de la ESO ya se sabe lo que da de sí cada uno de los alumnos. Y es absurdo que, por una mal entendida equidad en el trato, se perjudique seriamente a los dos grupos. En aras de un igualitarismo absurdo, se discrimina y margina a los que quieren estudiar y se perjudica seriamente a los que acuden a las clases de mala gana y porque se les obliga. Esa separación reportaría grandes ventajas a los que trabajan y estudian con afición, ya que, al no haber interrupciones en las clases, aprovecharían mucho mejor el tiempo. 

El otro grupo, el de los que no quieren estudiar, también saldría ampliamente beneficiado. Partiendo de que no se puede obligar a nadie a hacer lo que no quiera, se les haría un gran favor, orientándoles en esa edad temprana, de acuerdo con sus aptitudes,  hacia la formación profesional. Por lo menos, no perderían el tiempo y no se lo harían perder a los demás. Y al final, como pasaba hace años, se enfrentarían a la vida siendo un buen fontanero, un buen electricista o un profesional modelo de cualquier otro oficio. De todos modos, eso sí, habría que dejar siempre alguna puerta abierta para que se reintegren de nuevo al primitivo grupo, si reconsideran su actitud y comienzan a ser buenos estudiantes.

Los que si quieren estudiar y además valen para ello, al verse sin el freno de los revoltosos de la clase, tendrían muy poco que envidiar a los que hacen sus estudios en esos colegios elitistas, demasiado caros para la gente corriente. Y se da la circunstancia de que son muchos los progres adinerados, que alaban desmesuradamente la enseñanza pública y abogan por ese igualitarismo castrante, pero envían sus hijos a esos colegios de ricos para que reciban una buena educación. ¿No se opondrán a la creación  de ese Bachillerato de Excelencia por que temen que, el día de mañana, los agraciados con la nueva forma de enseñar puedan presentar igual o mayor número de másteres que sus propios hijos y puedan hacerles una dura competencia?

Gijón, 12 de abril de 2011

José Luis Valladares Fernández