10.-El poder adquisitivo de las pensiones en entredicho

El comportamiento decepcionante del Gobierno de Mariano Rajoy ha incrementado desmesuradamente el descontento y la insatisfacción de los ciudadanos por la falta continuada de perspectivas económicas fiables. Se habían hecho muchas ilusiones al constatar que el Partido Popular concurría a las elecciones de noviembre de 2011 prácticamente con el mismo programa que en 1996 y que tan buenos resultados dio entonces.

Pero Rajoy falló estrepitosamente y no cumplió ninguna de sus esperanzadoras promesas. En vez de desarrollar su propio programa, lo archiva inesperadamente y, como si no hubiera habido cambio de Gobierno, sigue practicando la política socialista de los recortes  y  subidas de impuestos. La frustración sufrida por  los ciudadanos fue enorme y sirvió para que creciera considerablemente el descontento y la protesta callejera. La desafección hacia la clase política adquirió rápidamente caracteres alarmantes, y aunque con demasiado retraso terminó por preocupar a los de la casta.

Es muy posible que el Gobierno haya decidido efectuar, por fin, alguna reducción de la administración pública, a costa de los políticos, por miedo a que esa desafección política adquiera proporciones incontrolables. Fue Soraya Sáenz de Santamaría la que comunicó los detalles de tan interesante  iniciativa el pasado 22 de junio, con estas palabras: llegó la hora del "sacrificio de los políticos”. Se trata de acabar con las duplicidades administrativas y, esta vez, tienen que ser los políticos los que sumen su esfuerzo al que, por exigencias de la crisis, vienen realizando últimamente los ciudadanos de a pie, los que menos culpa tienen del desaguisado económico.

Pero esta reforma de las administraciones, además de llegar demasiado tarde, es claramente insuficiente. Como la mayoría de las reformas pilotadas por Mariano Rajoy nace ya descafeinada y van a eliminar muy pocos comederos de los utilizados por las cúpulas de los partidos para pagar favores y colocar a familiares, amigos y conmilitones. Van a desaparecer simplemente algunas entidades regionales, no muchas, y fusionará otras pocas con distintos organismos estatales que ofrezcan los mismos o parecidos servicios, siempre y cuando las Comunidades Autónomas no decidan lo contrario.

El recorte sobre el gasto público total, derivado de esta sombra de reforma administrativa, será necesariamente muy exiguo, ya que las instituciones que desaparecerán con ella tienen muy poca entidad. No se suprimen, sin embargo otras que comportan gastos cuantiosos y que, además, son perfectamente inútiles, como el Senado, ese majestuoso cementerio de elefantes, donde se entretienen unos y otros hablándose a través de intérpretes, aunque todos ellos sepan perfectamente el español.

Ahí están, por ejemplo, las taifas autonómicas que son el auténtico sumidero por donde se van cantidades ingentes de dinero público, y tampoco van a ser eliminadas. Salen carísimas, ya que nos cuestan unos 90.000 millones de euros cada año y únicamente sirven para ahondar las diferencias entre españoles y para romper irremediablemente la necesaria unidad de mercado. Esto obstaculiza la recuperación económica y, por lo tanto,  la necesaria creación de empleo, pero son, eso sí,  unos estupendos  juguetes para que se diviertan tranquilamente los virreyes autonómicos.

De ahí que esta reforma sea un auténtico bluf y que desilusione profundamente a los que han sido esquilmados sin miramiento alguno para mantener intactos  los caprichos y los dislates  improcedentes de los políticos. Que nadie espere que los de la casta renuncien voluntariamente a sus dádivas y contribuyan con su esfuerzo personal a normalizar la situación económica española. Tendrán que ser los de siempre, los que viven honradamente de su trabajo o de su modesta pensión, los que continuarán cargando de manera exclusiva con todo el sacrificio que demanda la complicada situación económica.

Lo tienen especialmente crudo los jubilados. Se vienen actualizando anualmente las pensiones de acuerdo con el nivel de inflación que se produzca, y esto ha resultado totalmente ineficaz para mantener intacto su poder adquisitivo. Para mantener el mismo nivel de vida de cuando trabajaban, las pensiones tendrían que crecer al mismo ritmo que vienen haciéndolo los salarios. Al no hacerlo así, su nivel de vida irá retrocediendo con la edad, ya que tanto el salario como el coste de la vida crecerán más que su pensión. La subida de cada año ha coincidido exactamente con la inflación acumulada, que venía determinada siempre por las variaciones de precios de los artículos que forman la llamada cesta de la compra. Pero no todos esos artículos experimentan las mismas subidas o bajadas de precios, aunque todos ellos contribuyeran a fijar el porcentaje de subida de las pensiones.

Hay que tener en cuenta que los pensionistas, por razones obvias, consumen casi exclusivamente artículos de primera necesidad, como la alimentación, la luz, el gas y el transporte. Por otra parte, apenas si consumen artículos más o menos superfluos o de lujo, como ropas, electrodomésticos, aparatos electrónicos y, menos aún coches. El influjo de ambos grupos de artículos en la inflación es muy diferente. Los artículos de primera necesidad hacen que esta se dispare con sus constantes subidas de precio, mientras que los de lujo la frenan y la moderan, porque suelen  mantener su precio.

Cuando sobreviene una crisis como la que padece ahora España, se contrae considerablemente el consumo, y los coches, como los muebles y demás enseres suntuosos, dejaran de venderse normalmente. Para darles salida en los mercados, se recurre entonces a las ofertas especiales, rebajando de manera notable su precio de venta. El encarecimiento normal de los artículos básicos, es neutralizado con las rebajas especiales aplicadas a los artículos de lujo a los que no tiene acceso muchos jubilados. Y esto, reduce evidentemente el porcentaje utilizado para actualizar las pensiones por debajo del coste real de la vida que han tenido que soportar.

Gracias al aumento constante de la esperanza de vida, el número de pensionistas se ha ido incrementando gradualmente y, con ellos, se ha disparado igualmente el gasto mensual de la Seguridad Social. La intensa recesión económica, que estamos soportando actualmente, ha venido provocando una fuerte y continuada caída de afiliados a la Seguridad Social. De ahí que la proporción de 2,71 trabajadores por cada jubilado  que teníamos en 2007, haya pasado a ser de 2,31 en la actualidad. La evolución negativa de estos factores es incuestionable y, de seguir así, podría llegar a peligrar gravemente la sostenibilidad de las pensiones en un futuro no muy lejano.

Para prevenir la quiebra del sistema, el Gobierno quiere promover una reforma adecuada de las pensiones y espera presentar en el Parlamento el correspondiente proyecto de Ley a lo largo del mes de julio. Para agilizar los trámites, encarga a un comité de expertos que estudie profundamente el tema y elabore finalmente un informe que sirva a los organismos correspondientes para poder adoptar la mejor decisión posible, garantizando así la viabilidad de las pensiones.

El documento en el que se recogen fielmente las conclusiones definitivas de este equipo de expertos está ya en manos del Gobierno, que se lo hará llegar próximamente a los agentes sociales y a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Las recomendaciones de estos supuestos expertos son verdaderamente alarmantes para todos los jubilados. Para los jubilados actuales, porque opinan que la subida de las pensiones no puede depender exclusivamente de la inflación acumulada. Deben tenerse en cuenta, también, el crecimiento del número de pensiones y la diferencia entre ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social. Las recomendaciones para los nuevos jubilados son igualmente muy poco halagüeñas: además de alargarles la vida laboral, piden que se tenga en cuenta la esperanza de vida a la hora de calcularles su pensión, reduciéndolas cada vez que esta aumente.

Si se aplica la propuesta sugerida por el comité de expertos, perdiendo definitivamente toda referencia al IPC, los jubilados sufrirán un fuerte varapalo. En vez de la tradicional pérdida de poder adquisitivo, confirmada cada vez que se actualizaban sus pensiones, tendrán que conformarse ahora con revalorizaciones por debajo del IPC resultante o incluso comprobar estoicamente que se quedan sin subida alguna si bajan los ingresos de la Seguridad Social. En cualquiera de los casos, el hundimiento de las pensiones públicas es inevitable, al menos en relación con los salarios.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,  trata inútilmente de calmar los ánimos, diciendo, que el acuerdo que se adopte tras el paso del Proyecto de Ley por el Pacto de Toledo y por el Congreso de los Diputados, “dará tranquilidad a los pensionistas de hoy y mañana”.  Pero mientras no aumente significativamente el número de cotizantes, las pensiones seguirán cada vez peor. Y los pensionistas futuros, si no quieren  perder nivel de vida, ya saben lo que tienen que hacer: ahorrar todo lo más posible mientras trabajen, suscribiendo un sistema de pensiones privadas tal como les aconseja el comité de expertos.

Es indudable que las recomendaciones del comité de sabios, nombrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para abrir el debate sobre las pensiones, son extremadamente duras para los pensionistas actuales y los futuros. Claro que, dada la composición de ese grupo, no podíamos esperar otra cosa. Defienden, como es lógico, sus propios intereses, lo que es perfectamente previsible.

Casi todos los miembros de este equipo están estrechamente vinculados con entidades financieras o con empresas aseguradoras o, incluso, con la propia patronal del sector. Es indudable que, con otra composición distinta del comité de expertos, las conclusiones finales hubieran sido totalmente diferentes. Ahí está, por ejemplo, el caso de los miembros afectos a otras batallas, que se abstuvieron o votaron en contra del acuerdo entregado al Gobierno. El grupo mayoritario de este comité, sin embargo, se han pasado de frenada y da a entender que le gustaría que los ancianos vivan pocos años para garantizar mejor la sostenibilidad de las pensiones.

Barrillos de Las Arrimadas, 6 de julio de 2013

José Luis Valladares Fernández