NACIONALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DE LAS CAJAS

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue siendo fiel a sí mismo y destroza todo cuanto toca. Ahora toca el turno a los bancos y a las cajas. La supuesta buena salud del sistema financiero español, tan celebrada por el presidente del Gobierno en Nueva York el 24 de septiembre de 2008, resultó ser una verdadera filfa o al menos una vana ilusión. Los directivos de multinacionales y de bancos de inversión americanos, asistentes al acto que organizó la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España,  sabían más que les enseñaron y de ahí las carcajadas con que recibieron las afirmaciones de Zapatero.

La banca española, a finales de 2008, tenía verdaderos problemas financieros y se vio obligada a cerrar el crédito a la pequeña y a la mediana empresa. El 31 de diciembre  de ese año además debía hacer frente a unos pagos importantes  a diversas entidades de crédito europeas y al propio Banco Central Europeo y no estaba en condiciones de afrontar semejante obligación. El Estado acude en su auxilio con 100.000 millones de euros que los bancos utilizan para saldar las deudas europeas, y no para engrasar la maquinaria económica española con los correspondientes créditos a las empresas que crearían empleo, y mucho menos para ayudar a las  familias. 

Como un favor se paga con otro favor, las entidades financieras españolas no han tenido más remedio que comprar masivamente deuda del Estado. Tal es así que los bancos españoles, entre agosto de 2008 y agosto de 2009, acudieron a todas  las emisiones del Tesoro, subscribiendo más del 50% de las mismas. Un porcentaje sumamente elevado si lo comparamos con lo que poseen sus homólogos de otros países en deuda de sus respectivos Estados. Solamente en los tres últimos meses del año  2009, la banca española adquirió una cantidad equivalente  al 63% de lo emitido. De ahí que, a lo largo de todo ese año, los bancos restringieran al máximo los préstamos personales  a las PYMES, perjudicando seriamente a la producción de artículos y a su consumo.

Las cajas de ahorros, al estar demasiado mediatizadas por los políticos, han sufrido también una descapitalización aún mayor que la de los otros bancos. El Banco de España, de acuerdo con el Gobierno, descuidó consciente e interesadamente  los obligados controles bancarios que debía ejercer sobre las cajas y estas seguían a lo suyo, concediendo préstamos hipotecarios sin extremar las medidas cautelares. Y en vez de prevenir el problema y solucionarlo a tiempo, como hicieron en otros países, Rodríguez Zapatero y todo su coro de palmeros se jactaban de que teníamos el mejor sistema financiero del mundo.  Como negaban la evidencia, no se tomaron las oportunas medidas y salían del paso, huyendo sin más hacia adelante. Cuando les llega el agua al cuello, se enteran de repente que la mitad de las cajas necesitan recapitalizarse.

Ante el cariz que va tomando el problema, al Gobierno no le queda otra opción que abrir la puerta a la nacionalización de aquellas cajas que no cumplan ciertos requisitos. La crisis económica y el reventón de una de las mayores burbujas inmobiliarias, han dejado un poco en el aire la solvencia de muchas de estas cajas. Los activos de riesgo de estas entidades financieras sobrepasan con creces los 93.000 millones de euros, más de 17.000 millones solamente en suelo urbanizable. De ahí que el pasado día 24 de enero, la ministra de Economía y Hacienda concretara las nuevas exigencias del Gobierno para fortalecer el nivel de solvencia de toda la banca y de forma muy especial de las cajas de ahorro. Estas entidades deberán contar, a partir del año 2012, con una reserva de capital del 8%, para así poder cubrir perfectamente los activos con riesgo. Se trata de un porcentaje referido  a la relación entre los fondos con que cuenta y el valor de esos activos inseguros. 

Para contar con esa especie de ‘colchón’ financiero, según Elena Salgado, deberán captar hasta 20.000 millones de euros. En un principio tenían de plazo hasta el mes de septiembre, para demostrar que son viables y que son capaces de agenciar ese dinero; pero ahora han acortado ese plazo hasta el próximo marzo. Y ese dinero deberán buscarlo las propias cajas de ahorro. Y si no lo consiguen, el Ejecutivo se encargará de inyectar dinero público a través del fondo de rescate de forma temporal, siempre que las cajas con problemas se hayan transformado en bancos. Esto, evidentemente, abre la posibilidad de que aquellas cajas, que no logren cumplir esos requisitos, sean nacionalizadas al menos  de manera parcial y temporal.

Las intenciones del Gobierno, explicitadas por Elena Salgado, tuvieron su eco en la Comisión  Europea correspondiente. De ahí que del departamento del comisario de la Competencia, dirigido por Joaquín Almunia, advirtieran a nuestros regidores  que cualquier rescate de las cajas con dinero público tenía que ser previamente  aprobado por el Ejecutivo comunitario. Y razonan esta decisión en que no se puede favorecer con fondos públicos a ninguna entidad financiera para que después utilice esos mismos fondos para competir con otras cajas que no hayan recibido ayuda alguna de las arcas del Estado. Hay otro inconveniente más: para inyectar ese dinero a las cajas con problemas, el Gobierno debería acudir a la deuda pública y las agencias de calificación han amenazado con bajar el rating de España si se emite más deuda para proceder al rescate de las cajas de ahorro.

De todos modos, aquellas cajas que no alcancen  ese mínimo señalado del 8% de los activos ponderados, estarán obligadas a convertirse en bancos y su nacionalización y posterior privatización será un hecho ineludible. El Consejo de Ministros, tal como anunció la vicepresidenta Elena Salgado, aprobará en las próximas semanas un Real Decreto-ley determinante para que las cajas con problemas pierdan su particular estatus actual y se conviertan  en sociedades anónimas. Las nuevas entidades resultantes tendrán que emitir acciones ordinarias por el 100% de su capital. Y el Estado, a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), entrará con todos los derechos políticos a formar parte del consejo de administración, participando plenamente en su gestión. Se trata, por lo tanto,  de una nacionalización en toda regla.

Según ha indicado Elena Salgado, el Estado formará parte del consejo de administración de las antiguas cajas con problemas, convertidas ahora en bancos, como mucho, durante  cinco años. Pasado ese tiempo, los poderes públicos venderán su participación en el mercado al mejor postor. Estas nuevas entidades bancarias terminarán siendo para nuestro Ejecutivo, como las islas del Egeo para el Gobierno griego. Grecia puso a la venta algunas de sus islas para paliar en parte sus enormes  problemas económicos. España, como no tiene islas para vender, serán las antiguas cajas nacionalizadas las que cumplan semejante destino. Y serán entidades extranjeras las que se hagan con los nuevos bancos resultantes, cuando el Gobierno venda su participación en los mismos, privatizándolos de nuevo.

Gijón, 2 de febrero de 2011

José Luis Valladares Fernández