EL CANON DIGITAL Y LA SGAE

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene ya más de 100 años de historia. En teoría, se trata de una organización encargada de gestionar tanto los intereses de los autores como los de los propios editores. Y toda esta gestión, según sus estatutos, debería realizarla sin el más mínimo ánimo de lucro.
Hasta 1987, gestionó, más o menos correctamente, el cobro y la distribución de los derechos de autor, lo que le proporcionaba cierto prestigio y el respeto unánime de los diversos estamentos de la sociedad implicada en el tema. A partir de esa fecha ese prestigio y respeto se fue perdiendo gradualmente, a medida que la SGAE aumentaba su voracidad recaudatoria.
Fue en 1987 cuando comenzó a declinar el crédito de esta organización al imponer una nueva remuneración compensatoria o canon por copia privada, que comenzó a aplicarse a ciertos medios de grabación. Esta tasa fue introducida por la Ley 22/1987, del 11 de noviembre. Dicha Ley fue desarrollada y regulada en el Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril, dictado por el último gobierno en funciones de Felipe González. Esta Ley de Propiedad Intelectual española obliga a que ese cobro se realice a través de entidades de gestión colectiva.
La degradación de la imagen de la SGAE aumentó en picado en el año 2003. En esta fecha se ganó el rechazo unánime de toda la sociedad al tratar de incluir el cobro más polémico, el cobro del llamado canon digital. Esta cuesta debajo por la que va cayendo la buena imagen de la SGAE se acelera con la actuación del presidente del Consejo de Dirección Teddy Bautista. Su campaña a favor de ese canon por copia privada en los distintos soportes audiovisuales, ha sido tremendamente agresiva. Llegó a calificar de "indispensable" esta remuneración. Y agregó: retribución "a la que tienen derecho todos los creadores y productores y que se viene cobrando desde 1992.
Son significativas, también las palabras de Pilar Bardem. De una manera provocadora nos dice que ese canon hay que defenderlo con uñas y dientes. Es más, nos recuerda que la remuneración por copia privada es “una cuestión de justicia y de principios” y que si se eliminara, tal como ha propuesto el Partido Popular en el Senado, se pondrían en juego 70 millones de euros anuales. Y, para hacer más fuerza, nos dice que parte de ese dinero recaudado se destina a programas culturales, asistenciales y de promoción. Se nota a la legua que han banalizado por completo el concepto de cultura. Para estas personas la cultura, en realidad, no tiene nada que ver con conocimiento, erudición, sapiencia y otros sinónimos parecidos
El establecimiento de esta tasa indiscriminada a todos los soportes audiovisuales se negoció sin tener en cuenta a los consumidores y sin la presencia de las autoridades. Y basan su postura en que, al tratarse de particulares, no es posible controlar ni el título, ni el número de copias realizadas. Esto les llevó a adoptar ese cobro o penalización generalizada e indiscriminada.
La Ley de Propiedad Intelectual, desde 2004, ha sufrido varias reformas o actualizaciones más o menos interesadas, y todas tendentes a la ampliación de ese canon digital. De este modo, han ampliado esta a todo tipo de soportes que sean idóneos para reproducir y almacenar cualquiera de los contenidos protegidos por derechos de autor. Consideran que los autores tienen pérdidas económicas por las copias privadas de sus obras realizadas por particulares.
Ante este estado de cosas, nada más norma que los usuarios de internet y la Asociación de Internautas en cabeza hayan protestado enérgicamente por el nombramiento de la nueva ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Todo el mundo sabe lo aficionada que es a controlar los contenidos que protegen los derechos de autor. Es precisamente este motivo lo que llevó a la SGAE a voltear las campanas de su organización y a pregonar que se trataba de un nombramiento excelente.
Los nuevos conceptos por los que se cobran actualmente derechos de autor, supone una pasta considerable, pasta que en realidad nadie controla. Y no digamos el reparto de este dinero entre los diversos autores. De ahí que haya personas ajenas al sindicato de la ceja, involucradas en generar esos ingresos, que se quejen amargamente de que no entran en ese reparto. Es público el dato de que en 2007 la SGAE repartió el 75% de sus fondos entre el 1,73% de los autores. Todo un ejemplo.


José Luis Valladares Fernández