LO SERÁN, PERO NO LO PARECEN

Antes de asumir la más alta magistratura de la antigua República de Roma, el entonces edil Julio Cesar fue nombrado Pontifex Maximus. Esta distinción, además de una enorme autoridad, le confería una dignidad extraordinaria en la vida religiosa romana. Esta designación de Cesar implicaba también que Pompeya Sila, con la que llevaba casado cuatro años, pasaba a ser la responsable de organizar los ritos secretos del 4 de diciembre a favor de la Bona Dea, diosa de la fertilidad, la castidad y la salud. En semejante labor festiva y religiosa, la mujer del Pontifex Maximus era ayudada por las Vírgenes Vestales.  

En realidad, se trataba de una ceremonia litúrgica, exclusivamente femenina, a la que los hombres no podían asistir. Pero en el año 62 a. C., en los primeros ritos presididos por la mujer de Julio Cesar, ocurrió algo imprevisible. Un joven patricio, llamado Publio Clodio Pulcro, se había enamorado de Pompeya y con la intención de seducirla, entró en la casa donde se festejaba a la Bona Dea disfrazado de mujer. Fue oportunamente descubierto y juzgado por la doble acusación de engaño y sacrilegio. Tuvo que sobornar al jurado para librarse de una condena segura.

Es casi seguro que Pompeya no tuvo culpa alguna de que este intruso se colara subrepticiamente en la celebración de los actos festivos de ese año. Y Julio Cesar, aunque estaba plenamente convencido de la honorabilidad de Pompeya, la reprueba y se divorcia inmediatamente de ella. Justificó su acción, según nos cuenta Plutarco en su obra ‘Vidas paralelas’, porque le molestaba que su mujer pudiera ser sospechosa de infidelidad. Fue entonces cuando dijo: “Mi esposa debe estar por encima de toda sospecha”. Esta frase, a través de los años, se transformó en esta otra que, a base de ser repetida miles y miles de veces, se ha hecho extremadamente famosa: “La mujer de Cesar no solo debe ser honrada; además debe parecerlo”.

Pero por lo que vemos a diario, esta sabia máxima no es aplicable a los que se encargan de gestionar los dineros públicos,  a nuestros políticos. Y es que hoy día, a muchos de ellos, les importa un bledo comportarse honestamente, y mucho menos el aparentarlo. Se ha generalizado tanto la corrupción que salpica prácticamente a todos los grupos de poder y, de una manera muy especial,  a la clase política y a la sindical. La abulia de unos y la golfería continuada de otros, apropiándose indebidamente de lo que no es suyo, ha terminado por insensibilizar a la sociedad española. Ya no es capaz de reaccionar de manera automática ante hechos tan escandalosos como los que nos cuentan  diariamente los periódicos.

No hay partido político que no esté afectado, en mayor o menor medida, por la corrupción. No se libra actualmente ninguno de semejante peste, ni siquiera el partido socialista por mucho que jure Alfredo Pérez Rubalcaba de que ellos quedaron vacunados con Filesa, Malesa, Time-Export, los Fondos Reservados y un largo etcétera de otros casos por el estilo. Quizás hayan aprendido, eso sí, a disimularlo mejor, pero nada más. No creo que haga falta recordarle a Rubalcaba, entre otros,  el Caso Campeón, o el ERE gate o fondo de reptiles andaluz y, por qué no, el reciente affaire de la  Fundación Ideas.

Al abrir la prensa, igual te encuentras con un ministro de Gobierno que acude a una gasolinera para cobrar una importante mordida, o con otros que disponen de cuentas en Suiza con millones de euros que nadie sabe de dónde salieron o te cuenta el viaje de algún primogénito,  camino de Andorra, portando bolsas llenas de billetes de 500 euros. Hoy día, desgraciadamente, es muy habitual este tipo de noticias. Es cierto que hay políticos honrados, quizás la inmensa mayoría, aunque no lo parezcan. Pero también estos son responsables de la corrupción que nos afecta, por su lamentable falta de interés en demostrar su honestidad personal y dar otra imagen, además de  rechazar activamente tan escandalosa lacra.

El problema radica en que se ha dejado de creer en Dios y,  como Dostoievski hace decir a uno de los hermanos Karamazov, “si Dios no existe todo está permitido”.  El relativismo meta-ético se ha adueñado de nuestra sociedad y ya no hay valores objetivos o universales, ni cívicos ni morales a los que debamos ajustar nuestra conducta.  Se trata de valores puramente relativos, dependientes por lo tanto de la condición de  cada individuo,  de su cultura y de las circunstancias concretas de cada momento. El triunfo de semejante concepción ideológica ha sido determinante para que la sociedad civil se hiciera tremendamente oportunista y se decidiera, sin más, a sustituir a Dios por el dinero.

No es de extrañar que, al prevalecer esta moral puramente laica sobre cualquier otro principio moral objetivo y transcendente, proliferen a sus anchas tantas tramas corruptas. Tenemos que tener en cuenta que la política se ha proletarizado y las cúpulas de los partidos han terminado siendo prácticamente inamovibles. Nos encontramos además que, en dichas cúpulas, abundan las personas sin escrúpulos. y con un bagaje cultural más bien escaso. Como carecen  de frenos éticos y morales, si tienen la ocasión de medrar, aunque sea irregularmente, seguro que no  hacen ascos y  la aprovechan de inmediato.

Son muchas las maneras de llevarse dinero público y todas ellas son extremadamente graves y vergonzantes. El cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas, por ejemplo, está a la orden del día. También es muy frecuente que utilicen ilegítimamente la información privilegiada para enriquecerse o enriquecer a sus familiares y amigos. Abunda igualmente, entre la casta política,  la malversación de fondos y caudales públicos, el nepotismo y hasta el nauseabundo clientelismo político. Y es que la picaresca política es muy variada.

Se trata de un mal endémico tan enraizado en nuestras instituciones y muy difícil de erradicar por simple “voluntad política”. No habrá manera de desmontar esas tramas corruptas ni con un pacto global anticorrupción, ni siquiera con la nueva Ley de Transparencia que se ha comenzado a tramitar. Y es que, además, hay muy poca voluntad de acabar con la corrupción entre la clase política. Buena prueba de ello es que los corruptos, los que abusan  descaradamente de la confianza de los ciudadanos,  suelen “irse de rositas” con más frecuencia de la debida. Para empezar no se les aplica de manera tajante el  Código Penal y cuando alguno de ellos es condenado, mira que casualidad,  se le indulta y todos tan contentos.

Mientras la clase política no tenga, como los yogures, fecha de caducidad, o se ponga fin al sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, no conseguiremos acabar con la corrupción institucionalizada que padecemos. Tenemos, además, otro inconveniente muy grave, al no poder contar con una Justicia libre e independiente. Pues no olvidemos que, desde que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, todos los órganos esenciales del Estado de Derecho, como es el propio Consejo del Poder Judicial, y el Tribunal Supremo entre otros, reflejan exactamente la composición del arco parlamentario. Así que no podemos pedir imparcialidad al magistrado que debe entender sobre casos de corrupción de políticos a los que, quizás, debe su puesto.

La misma clase política debiera poner su mayor interés en acabar con esos casos flagrantes de corrupción, que está acabando con su propia credibilidad y con la paciencia de los ciudadanos. Como primera providencia, si es que dicha clase política quiere dejar de ser una ‘institución suicida’, además de pedir perdón a la sociedad, debería ella misma pedir cuentas a los corruptos, a los que se han manchado con dinero público, exigirles cuentas y su dimisión inmediata. Y una vez purgadas sus listas de elementos indeseables, ocuparse de orientar meticulosamente toda su actividad política al servicio desinteresado de la ciudadanía y mirar por el dinero público como si fuera el suyo propio.

Pero no basta con que los políticos se preocupen  de que nadie  se apropie de manera indebida del dinero de nuestros impuestos y denuncie ante el juez al que lo haga. Necesitan algo más para rehabilitarse y dejar de ser esa desprestigiada casta política que conocemos. Y para ello, deben comenzar de inmediato a eliminar chiringuitos absurdos y reducir ostensiblemente nuestra organización administrativa. No es de recibo que se asfixie a los ciudadanos a base de tasas e impuestos y se gaste un 70% de los ingresos en mantener una burocracia tan desmesurada con el único fin de cobijar a un exagerado número de palmeros y familiares.

El político honesto debe aún ir mucho más lejos y debe cuidar y manejar exquisitamente el dinero público. No olvidemos que, aunque no se robe, es mucho el dinero que se va en banalidades, en cosas que aparentemente carecen de importancia y que son perfectamente prescindibles, como las Fundaciones, los Institutos y Observatorios de toda índole que proliferan sobre todo en las Administraciones autonómicas y locales. No es admisible que se mantengan todos estos comederos, sobre todo en una época en que se limitan las pensiones, se recortan salarios y hasta se restringen servicios básicos que afectan al Estado de bienestar.

Puestos a aquilatar gastos, sobran los famosos pinganillos del Senado y, si hemos de ser consecuentes, sobra hasta el mismo Senado. Sobra, cómo no,  toda esa nube de consejeros particulares, que cobran religiosamente del erario público, de los que abusan con demasiada frecuencia el  Gobierno de España,  los Gobiernos autonómicos, las Diputaciones y los Ayuntamientos. Tienen a los funcionarios, que es un cuerpo especializado y mejor preparado que los consejeros particulares para esos menesteres, pero se da la circunstancia que no son amigos ni familiares. Estamos demasiado acostumbrados a disparar con la pólvora del rey y así nos va.

Gijón, 4 de febrero de 2013.

José Luis Valladares Fernández