6.-Sin consumo no hay recuperación

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero revalidó su triunfo en las elecciones de 2008, una buena parte de la sociedad española estaba plenamente convencida de que había traspasado la puerta,  donde, según Dante,  había un letrero que rezaba así: “¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!”. Empezó aquí una legislatura que parecía interminable, en la que Zapatero, emulando al mítico Dédalo, se dedicó preferentemente a construir su laberinto particular. Y condenó a toda la clase media a vagar perdida por sus innumerables pasillos sin más alternativas que ser devorada por el Minotauro de la crisis económica.

Con la convocatoria de elecciones generales para el 20 de noviembre de 2011, renació nuevamente la esperanza y los ciudadanos se volcaron sin reservas con Mariano Rajoy, creyendo que habían encontrado por fin al Teseo que necesitaban para que se enfrentara y venciera definitivamente a la bestia de la crisis. Todos pensábamos que utilizaría el ovillo de hilo proporcionado por Ariadna para sacarnos de tan terrible laberinto, eliminando gastos absurdos y no imponiendo nuevas cargas fiscales, ni recortes, a quienes ya no daban más de sí.

Pero la euforia duró muy poco. Unos días después de que el nuevo Gobierno se hiciera cargo de la situación, los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, sumieron en la desesperanza y en el desánimo a la mayor parte del electorado. Mariano Rajoy había prometido reiteradamente bajar los impuestos y aplicar el programa que tan buenos resultados dio con José María Aznar. Pero nada más acceder a la Presidencia del Gobierno, cambió inesperadamente de planes, aparcó su propio programa y asumió la política de recortes y subida de impuestos iniciada en mayo de 2010 por Zapatero.

Además de otras muchas medidas, congela el sueldo de los funcionarios e incrementa el horario laboral de los mismos, que pasa de 35 a  37,5 horas semanales. Se crea igualmente un gravamen complementario destinado, al parecer, a la reducción del déficit público. Este inesperado incremento del IRPF fue calificado de temporal, ya que, en principio, se iba a aplicar solamente en los ejercicios de 2012 y 2013. Hoy sabemos que se mantendrá también durante todo el año 2014. Los porcentajes aplicables van del 0,75% para las rentas más bajas, hasta el 7% para las más altas.

En dicho Consejo de Ministros, también se estableció un gravamen complementario para las rentas del ahorro en unos porcentajes que van del 2% para los rendimientos de hasta 6.000 euros, hasta el 6% para rendimientos superiores a los 24.000 euros. Con el objeto de alcanzar una estabilidad presupuestaria, se establece excepcional y transitoriamente un incremento impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las fincas urbanas de un  4%, un 6% y un 10%, siempre de acuerdo con la antigüedad de la revisión catastral. Pensaba Rajoy que, con este esfuerzo colectivo que se imponía principalmente a las clases medias, España cumpliría los objetivos marcados y, en consecuencia, recuperaría la confianza y volvería nuevamente a la senda del crecimiento económico y a la creación de empleo.

Pero a pesar del enorme sacrificio soportado por los ciudadanos de a pié, los que de verdad trabajan, nuestra deuda soberana seguía creciendo desmesuradamente y resultaba imposible reducir el déficit público. Así que Rajoy, equivocándose una vez más, decide sorprendernos desagradablemente con una nueva batería de recortes, los más duros de la historia, tanto por el lado de los gastos como de los ingresos. Además de aplicar una subida excesiva  del IVA, suprime la paga extra de Navidad a los empleados públicos y arrambla  con una buena parte de sus habituales días de libre disposición. Los nuevos parados verían también reducida su prestación económica. Recordemos que, en 2010, el propio Rajoy dijo a Zapatero que “la subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a sus compatriotas”.

Como era perfectamente previsible, con estos nuevos recortes decretados por Mariano Rajoy en julio de 2012 se agrava, aún más, la recesión de la economía española. Las familias perciben, con enorme preocupación, que cada vez tienen menos dinero para gastar y son plenamente conscientes de que esta situación es muy complicada y tiene muy mal arreglo. Así las cosas, lo prudente es ahorrar por lo que pueda suceder. Por lo tanto, es normal que disminuya sensiblemente el consumo de los hogares, sobre todo en el grupo de los bienes duraderos y de los servicios.

Esta atonía creciente en la demanda de bienes de consumo y servicios influye negativamente sobre todo en las empresas pequeñas. Y si  las empresas manufactureras son incapaces de dar salida a sus productos, terminarán cerrando sus puertas y mandando al paro a sus empleados. Pasa otro tanto con los autónomos y con las pymes que viven de prestar sus servicios a los ciudadanos. Si nadie requiere sus prestaciones ni pide su asistencia, cerraran sus tenderetes y sus gentes pasaran a incrementar las ya abultadas listas del paro.

Querer cuadrar las cuentas del Estado casi exclusivamente a base de recortes y de imposiciones fiscales, como ya hizo José Luis Rodríguez Zapatero, es un error monumental,  es algo totalmente  inútil e improcedente. En primer lugar, porque no aporta solución alguna y, en segundo lugar, porque no hace más que empobrecer a la clase media, obligándola necesariamente  a hacer auténticos malabarismos para llegar a final de mes. El bolsillo de los contribuyentes está siendo sistemáticamente esquilmado y, aunque ya no da más de si, se le sigue exigiendo nuevos sacrificios, sin más contrapartidas que una recesión continuada y sin precedentes.

Si Mariano Rajoy quiere reducir de manera significativa el déficit público y ajustar debidamente nuestra deuda, tendrá que dejar los remilgos a un lado y simplificar la Administración Pública. Contamos con 17 reinos de taifas que, además de romper la unidad de mercado y propiciar la desigualdad entre los españoles, nos están llevando directamente a la ruina. No hay dinero para mantener tanta parafernalia de virreyes, de diputados autonómicos y demás congéneres, eso sin contar la proliferación exagerada de organismos autónomos, fundaciones, todo tipo de empresas públicas y otras instituciones inútiles que utilizan descaradamente los  partidos políticos para dar cobijo a sus amigos, familiares y conmilitones. Este es el auténtico sumidero por donde se va la mayor parte del dinero público.

Las Comunidades Autónomas, además de ineficientes, son políticamente disolventes y económicamente  insostenibles y, por lo tanto, totalmente inviables. Hasta que apareció la crisis, no sin grandes dificultades, pudimos mantener ese modelo tan mastodóntico de Estado, gracias a la burbuja inmobiliaria, que proporcionaba dinero fácil para cubrir los gastos faraónicos de los barones autonómicos  y sus secuaces. Como primera medida, se impone al menos la supresión inmediata de los distintos Parlamentos autonómicos y de todas aquellas instituciones que no sirven nada más que para hipotecar nuestro futuro y que no aportan nada más que inconvenientes, como es el caso del Senado.

Tenemos muchos más políticos que los demás países de nuestro entorno y mantenemos abiertos muchos más pesebres y comederos que nadie. España es muy poca cosa al lado de los Estados Unidos. Su población nos supera en 252 millones de personas y, sin embargo, les ganamos ampliamente en número de parlamentarios nacionales. Cuentan con 100 senadores, dos por cada estado y 435 personas en la Cámara  de Representantes. En total 535 parlamentarios. Nosotros, en cambio, tenemos 616 parlamentarios, 81 más que Estados Unidos, ya que contamos con 208 senadores elegidos directamente por los ciudadanos, 58 senadores más designados directamente por las Comunidades Autónomas y los 350 diputados del Congreso.

Si comparamos la ciudad de Nueva York con Madrid, por ejemplo, también salimos claramente malparados, ya que la ciudad española tiene más regidores que la norteamericana. El Municipio de Madrid, con una población de 3,3 millones escasos es administrada por 57 concejales, mientras que en la municipalidad de Nueva York, con 8,5 millones de habitantes, se las arreglan perfectamente con 51 concejales. Allí, eso sí, tanto el alcalde como los demás regidores, al contrario que aquí, tienen fecha de caducidad,  ya que solamente pueden ser reelegidos otra vez más.

En España, además, se abusa impúdicamente de los consejeros. No hay cargo público que no disponga de una nube de asesores. Es llamativo, por ejemplo, el caso del único diputado regional de UPYD que se sienta en el Parlamento asturiano. Ignacio Prendes dispone actualmente de siete consejeros para él solito: una asesora que es funcionaria de carrera; un asistente personal; una responsable de comunicación; dos secretarios de grupo con horario de media jornada y dos eventuales más en función de secretarios de mesa.

Nuestra situación económica es extremadamente angustiosa, y aunque la inflación de políticos es manifiestamente abultada y obscena, Rajoy no quiere reducir tan disparatado número. Tenemos 445.000 políticos, 300.000 más que Alemania, el doble que Italia y Francia y todos ellos, eso sí, viviendo holgadamente a costa del presupuesto público. También procura, faltaría más, que conserven íntegras todas sus innumerables prebendas y que no pierdan ninguno de sus privilegios y mamandurrias. Está empeñado en conservar intacta una estructura administrativa mastodóntica que no podemos mantener, y reservando para la sufrida clase media todos los esfuerzos y sacrificios que se necesitan para salir de esta crisis.

Para cerrar esta etapa de intensa escasez y penuria, Mariano Rajoy deberá redimensionar y simplificar cuanto antes la Administración Pública. La reordenación territorial de España es tan urgente que no se puede diferir por más tiempo, si queremos abandonar el furgón de cola de la Unión Europea. Ese es precisamente el mandato de los ciudadanos que tan generosamente le apoyaron en las últimas elecciones. Debe, además, bajar convenientemente los impuestos, sobre todo el del IRPF, para que los españoles puedan gastar, se recupere el consumo y se abra así una nueva etapa en la que las empresas necesiten contratar a más trabajadores.

Si Mariano Rajoy, al asumir la presidencia del Gobierno, hubiera cumplido a rajatabla todo esto, que en realidad estaba en su programa electoral, en vez de salir a la tribuna del Parlamento a lamentarse inútilmente de la herencia recibida, podía haber repetido, con todo orgullo, la frase utilizada por Julio Cesar cuando comunicó al Senado de Roma su victoria en el Ponto y la pacificación completa de Oriente: “Veni, vidi, vici”, Vine, vi y vencí. Pero le pudo su cobardía y le faltó el arrojo necesario. Menos mal que, si quiere, todavía está a tiempo para recuperar el terreno perdido.

Gijón, 16 de mayo de 2013

José Luis Valladares Fernández