A CADA UNO LO SUYO

IV –El Golpe de Estado de octubre de 1934

Los militantes de la derecha y del centro republicano llegaron a las elecciones generales de junio-julio de 1931 totalmente divididos y desorganizados y sin la más mínima opción de obtener un resultado decoroso. Fueron ampliamente derrotados por la llamada Conjunción Republicano-Socialista que, en un principio, estuvo formada por los socialistas,  los radicales de Alejandro Lerroux, los radical-socialistas de Juan Botella, la Derecha Liberal Republicana  de Niceto Alcalá-Zamora y la Acción Republicana de Manuel Azaña.

La abultada derrota de los conservadores les obligó a desarrollar un papel meramente secundario y testimonial en las reñidas discusiones constitucionales que se abrían con aquellas elecciones. Y esta situación fue aprovechada despiadádamente por la flamante Conjunción Republicano-Socialista para rechazar, sin remilgo alguno, su participación en el proyecto de la Constitución de 1931 que se comenzaba a elaborar.

Y aunque esa Conjunción Republicano-Socialista comenzó a redactar la nueva Constitución con ilusión y entusiasmo, el carácter sectario y revanchista de los socialistas del PSOE y de la UGT terminó chocando con la Derecha Liberal Republicana, liderada por Alcalá-Zamora y, más tarde, con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Y esas disensiones, como es lógico, acabaron con el idilio republicano inicial de la coalición.

Tanto Niceto Alcalá-Zamora como Miguel Maura se opusieron rotundamente a la disolución de las Órdenes Religiosas y a que se nacionalizaran sus bienes. Pretendían, cómo no, elaborar una Constitución en la que cupieran todos los españoles, una Constitución, por lo tanto, sin el menor rastro de radicalismo o sectarismo ni de la derecha, ni de la izquierda. Y como no fue posible el acuerdo, Alcalá-Zamora y Maura dimitieron de sus cargos en el Gobierno, siguiendo su ejemplo, poco tiempo después, los radicales de Lerroux, dando paso así al llamado bienio reformista, en el que los socialistas tenían un amplio margen de maniobra.

Es verdad que Alcalá-Zamora y Miguel Maura fueron incapaces de constituir una derecha republicana competitiva y con cierto gancho o predicamento entre los electores. Y esto sirvió, como era de esperar, para que se frustraran totalmente sus expectativas de organizar un grupo con posibilidades reales de exigir cuentas a la coalición izquierdista del Gobierno, que encabeza Manuel Azaña.

Tras el fracaso ineludible de los dirigentes de la Derecha Liberal Republicana, entra en escena José María Gil-Robles, que trata de consolidar una fuerza política conservadora, con posibilidades reales de competir en unas próximas elecciones, y que esté dispuesta a enfrentarse con garantía a los desmanes  laicistas de los Gobiernos de Azaña. Para conseguir semejante propósito, agrupó en Acción Popular, a todos los defensores los valores tradicionales, entre ellos, el derecho a la propiedad, el orden social, la unidad de la patria y, por supuesto, la familia y los intereses de la Iglesia Católica.

Y pasaron a formar parte  de  ese conglomerado político amplios sectores de las clases conservadoras, formando, eso sí, un revoltijo un tanto atípico y explosivo con personajes procedentes del asociacionismo católico y con monárquicos carlistas y alfonsinos. Los católicos buscaban el poder utilizando escrupulosamente  la legalidad vigente, mientras que los otros, los monárquicos, eran proclives a utilizar la fuerza, que es, ni más ni menos,  lo que hizo el polémico general Sanjurjo en Sevilla, el 10 de agosto de 1932.

La famosa Sanjurjada fracasó política y militarmente y no consiguió ninguno de sus objetivos. Sí sirvió, en cambio, para provocar un desencuentro peligroso entre católicos y monárquicos que formaban parte de Acción Popular. Y para solucionar formalmente la crisis interna ocasionada por ese pronunciamiento, José María Gil-Robles constituyó una gran alianza política, la famosa Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que representaba básicamente a las clases medias conservadoras  católicas, partidarias, claro está, de mantener siempre la legalidad.

A pesar de la impaciencia de los afiliados más exaltados de la UGT, el Gobierno de Manuel Azaña seguía contando con el apoyo imprescindible de los socialistas. Pero en enero de 1933, por culpa de la insurrección anarquista, que desembocó en la  matanza de casas viejas, comenzó a resquebrajarse el romance o devaneo entre Acción Republicana y el PSOE y a tambalearse  la credibilidad republicana.

Y la disolución inapelable  de la coalición republicano-socialista se consumó definitivamente en septiembre de 1933. En esa fecha, se había disparado el paro, las dificultades económicas de los campesinos eran insoportables y cada vez subían más de tono las protestas de las organizaciones patronales contra el sistema corporativo de los jurados mixtos. La situación era tan complicada y tan insistente el acoso  del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que Manuel Azaña se vio obligado a buscar el voto de confianza de las Cortes. Y aunque lo ganó, al día siguiente Alcalá-Zamora le retiró la suya y Azaña tuvo que dimitir.

En las elecciones, que se celebraron el 19 de noviembre de 1933, votaron por primera vez las mujeres. La CEDA se presenta a esa convocatoria formando una coalición o alianza electoral,  mientras que los republicanos de la izquierda y los socialistas, que están más divididos que nunca, mantienen una importante confrontación. Como era de esperar, los resultados electorales fueron ampliamente favorables a la Confederación Española de Derechas Autónomas, que fue la fuerza más votada (115 de 470 escaños), convirtiéndose en la principal organización política de la derecha española.

El gran triunfador de esa jornada electoral fue precisamente Gil-Robles, ya que el centro derecha obtuvo más de  cinco millones de votos, mientras que la izquierda no logró pasar de los tres millones. La extrema derecha y la extrema izquierda tuvieron que conformarse con unos resultados meramente testimoniales, ya que, entre unos y otros, fueron incapaces de llegar al millón de votos. El partido de Manuel Azaña, por ejemplo, que tenía 26 diputados, en esta ocasión no sacó nada más que seis.

La CEDA, es verdad, fue la fuerza política más votada en esas elecciones y, en consecuencia,  Gil-Robles estaba capacitado para exigir legalmente el poder. Pero renunció a hacerlo de momento, porque sabía perfectamente que no contaba con la confianza del presidente de la República y que no sería admitida su designación ni por la izquierda obrera, ni por la izquierda burguesa. Y decidió prestar su apoyo parlamentario al Partido Radical de Lerroux, eso sí, pero sin entrar en el Gobierno. Y todo para provocar el descrédito de los radicales y para dar tiempo a que amainaran  las pasiones que atenazaban a la izquierda republicana.

Los republicanos de izquierda en general y los socialistas de una manera muy especial, no supieron asimilar el dictado de las urnas en las elecciones generales de 1933. Aquellos resultados, fueron tan indigestos para estos demócratas de vía estrecha, que pidieron insistentemente al presidente de la República que no los reconociera y que convocara nuevas elecciones, para devolver el Gobierno a la izquierda republicana. Las gentes del PSOE y de la UGT se encabritaron aún más y amenazaron con desencadenar una revolución si la CEDA entraba en el Gobierno.

En abril de 1934, presenta su dimisión Alejandro Lerroux, porque el presidente de la República se mostraba reacio a la excarcelación de los militares implicados en la Sanjurjada. Para solucionar la crisis, Niceto Alcalá-Zamora encarga la formación de un nuevo Gobierno al dirigente radical, Ricardo Samper Ibáñez. Pero los problemas se recrudecieron, y de qué manera, a partir de octubre de 1934. Samper perdió apoyos parlamentarios por culpa de una supuesta derechización y, por si eso fuera poco, la CEDA se decide a poner en marcha su estrategia para conquistar el poder, exigiendo, claro está, la entrada de tres ministros suyos en el Gobierno.

Como era de esperar, Ricardo Samper es incapaz de aguantar el envite y se ve obligado a dimitir. Y la izquierda republicana, que está siempre a la que salta, vuelve a pedir al presidente de la República que, antes de entregar el Gobierno a los enemigos de la Republica, disuelva las Cortes  y convoque elecciones nuevas. Pero Alcalá-Zamora acudió una vez más a Alejandro Lerroux para formar Gobierno y el controvertido político, faltaría más, aceptó nuevamente el reto. Y teniendo en cuenta las exigencias de Gil-Robles, entregó a la CEDA los ministerios de Agricultura, Justicia y Trabajo.

El día 4 de octubre se hace pública la composición del nuevo Gobierno y, sin esperar a más, los socialistas cumplen inmediatamente su amenaza y convocan la huelga general revolucionaria, que comenzaría a las 0 horas del día 5 de octubre. Esa huelga revolucionaria, que recibió el nombre de Revolución de octubre de 1934, sirvió para romper las reglas del juego democrático y para abrir uno de los períodos de mayor turbulencia política de la República, que hizo de España un país prácticamente ingobernable.

La Revolución de octubre de 1934 fue un movimiento huelguístico revolucionario, impulsado básicamente por dirigentes del PSOE y la UGT de la talla de Francisco Largo Caballero o Indalecio Prieto. No podía faltar la colaboración ocasional de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y el Partido Comunista de España (PCE). El principal foco de esa rebelión o insurrección armada se produjo en Asturias y, de manera más liviana, en las cuencas mineras  de Castilla y León. Los sucesos más graves, sin la menor duda, tuvieron lugar en Asturias.

Desoyendo las advertencias  de Julián Besteiro, los socialistas más radicales habían ratificado con entusiasmo su circunstancial alianza con los republicanos y entraron, cómo no, a formar parte del primer Gobierno de la II República. Y no adoptaron esa decisión para defender la legalidad republicana de los continuos y peligrosos ataques de la derecha. Lo hicieron sencillamente porque trataban  de hacerse con el poder sin hacer mucho ruido, para imponer por la brava el socialismo.

Con su derrota y el triunfo inapelable de la derecha en las elecciones generales de 1933, los socialistas más lanzados llegaron a pensar que, si querían tomar el poder, tenían que abandonar el sistema institucional representativo y utilizar decididamente la insurrección. Que, para cambiar el rumbo de la República burguesa, impulsar el socialismo y proteger eficazmente a los trabajadores del fascismo, tenían que olvidarse de la vía parlamentaria y de la lucha legal y recurrir obligatoriamente a la vía revolucionaria. Y esa fue precisamente la estrategia seguida por Largo Caballero y por sus colaboradores más cercanos.

La camarilla de Francisco Largo Caballero comienza a preparar seriamente la insurrección en enero de 1934 y, para no tener problemas, intentará desalojar de la comisión ejecutiva de la UGT a Julián Besteiro y a los demás dirigentes socialistas que estaban en contra de la estrategia revolucionaria. Y para facilitarles esa salida, someten a debate varios puntos conflictivos, en el primero de los cuales se pregunta de manera capciosa, si interesaría organizar “un movimiento francamente revolucionario con toda la intensidad posible y utilizando todos los medios de que se pueda disponer”.

Al someter a votación este primer punto, el  Comité Nacional de la UGT se posicionó  abrumadoramente a favor del movimiento insurreccional. Con el resultado de esa consulta pusieron en el disparadero a los distintos miembros de la dirección moderada del sindicato que encabezaba Julián Besteiro,  y que, en vista de las circunstancias, tuvieron que dimitir. Y como estaba previsto, esa dirección fue sustituida por otra, ideológicamente mucho más radical, presidida, claro está, por el propio Largo Caballero, que acumulaba así los cargos de presidente del PSOE y secretario general de la UGT.

Tan pronto como los moderados abandonaron la dirección de la UGT, los socialistas radicales crearon seguidamente una Comisión Mixta, que estaba integrada por dos miembros del partido, dos de la central sindical y otros dos de las Juventudes Socialistas y que, como no podía ser menos, estaba presidida por Francisco Largo Caballero. Para asegurar el éxito de la huelga general revolucionaria y del movimiento insurreccional armado, la Comisión Mixta comenzó inmediatamente a organiza los “comités revolucionarios” de cada localidad y otros grupos, que se prestaran a sabotear servicios tan importantes como la electricidad, el gas o el teléfono.

Para garantizar plenamente el triunfo de esa huelga revolucionaria y del movimiento insurreccional previsto hacen falta muchos medios económicos y militares. Y la Comisión Mixta recurrió  a un personaje tan polivalente como Indalecio Prieto, para conseguir esos recursos. Y gracias a su círculo de amistades e influencias, consiguió inicialmente captar abundantes recursos financieros y comprar una cantidad considerable de armas.  Pero fracasó, y de qué manera, cuando intentó que la oficialidad del Ejército se sumara a la insurrección, y al no lograr que la totalidad de las armas adquiridas llegaran a los “comités revolucionarios”.

De todos modos, y a pesar de los fallos organizativos y de alguna que otra deserción, la huelga general revolucionaria comenzó, como estaba previsto, a las 0 horas del 5 de octubre de 1934 y pararon casi todas las ciudades.  Pero con la excepción de Asturias, fracasó prácticamente en todas partes la insurrección armada. Y tuvo lugar ese fracaso,  cómo no, porque no contaron con el necesario apoyo de la CNT y porque los socialistas del sector “bolchevique” o “leninista”, dirigidos por Largo Caballero y con el apoyo explícito de Indalecio Prieto, esperaron inútilmente a que se abrieran las puertas de los cuarteles y que los soldados se unieran a los revolucionarios

En Madrid, por ejemplo, amaneció el día 5 de octubre sin metro ni tranvías, y no se podía comprar ni pan, ni prensa, ni nada de nada porque estaba todo cerrado. Un grupo de socialistas jóvenes, comandados por el capitán Fernando Condés y el teniente Máximo Moreno, intentaron ocupar el Ministerio de la Gobernación y otras instalaciones militares, pero no lo consiguieron. La insurrección se mantuvo hasta el día 8 de octubre, fecha en que fueron detenidos casi todos los miembros del Comité revolucionario socialista.

Y como los nacionalistas se negaron a secundar a los sediciosos, en el País Vasco la huelga revolucionaria no duró nada más que hasta el día 12 de octubre. Fue precisamente en la zona minera de Vizcaya, donde el Ejército  y la Guardia Civil tuvieron que emplearse más afondo para doblegar a los insurrectos y, claro está,  hubo varios muertos, casi todos huelguistas. Como es natural, también hubo disturbios graves  en Éibar y en Mondragón, donde se contabilizaron igualmente varias víctimas.

La complicación más grave que se vivió en Cataluña fue debida a Lluís Companys, presidente de la Generalitat, más que a  la huelga general revolucionaria que convocó la Alianza Obrera. El 6 de octubre, un día después de iniciada esa huelga, Lluís Companys, como buen catalán, aprovecha la revuelta y proclama solemnemente “el Estado catalán dentro de la República Federal Española”. Pero como no contaba con el apoyo y la complicidad de la principal fuerza obrera de Cataluña, la rebelión catalana fue rápidamente dominada con la intervención del Ejército.

Aunque el movimiento insurreccional fracasó prácticamente en toda España, en Asturias, al menos inicialmente, cosechó un triunfo inapelable gracias a la acción mancomunada entre los anarcosindicalistas de la  CNT y los socialistas de la UGT y el PSOE. Hay que reconocer además que, durante la preparación del asalto a las instituciones asturianas, los conspiradores no perdieron  el tiempo y fueron haciéndose poco a poco con armas y con dinamita, que iban sustrayendo pacientemente de las fábricas o de las minas donde trabajaban.

 Como en las demás partes de España, la huelga general revolucionaria se puso en marcha en la madrugada del 5 de octubre y las milicias obreras, integradas mayoritariamente por mineros, en muy pocos tiempo se hicieron con el control de las cuencas del Nalón y del Caudal. Y desde los centros de operaciones que crearon precisamente en Sama de Langreo y en Mieres, coordinaban cuidadosamente las acciones de los mineros que, además de conseguir la rendición total de 23 cuarteles de la Guardia Civil, lograron apoderarse de la fábrica de armas de Trubia y de ciudades tan importantes como Gijón y Avilés.

Y utilizando sagazmente el sistema de guerrillas, las milicias obreras derrotaron en La Manzaneda a un batallón de infantería y a una sección de Guardias de Asalto. Y a continuación, entraron también en  Oviedo. Y el 6 de octubre, tras un duro enfrentamiento con las fuerzas del orden, los mineros asaltaron el Ayuntamiento y lo convirtieron en Cuartel General Revolucionario. El día 7 cayó en sus manos el cuartel de los Carabineros y la Estación del Ferrocarril. El día 8 asaltaron el cuartel de la Guardia Civil, y al día siguiente, de madrugada, ocuparon la fábrica de armas de La Vega.

 A los pocos días de iniciada la insurrección, casi toda Asturias, estaba ya en manos de los rebeldes. No olvidemos que los revolucionarios llegaron a contar con un ejército de unos 30.000 efectivos, compuesto mayoritariamente por obreros y mineros. En el apogeo del Ejército Rojo Asturiano, se creó un “comité revolucionario”, dirigido por el diputado socialista Ramón González Peña, para controlar los distintos comités locales y, por supuesto para intentar mantener el “orden revolucionario” en localidades que iban conquistando.

Pero ese “comité revolucionario” fue incapaz de mantener el orden, y allí donde entraban, se desataba una ola de violencia, desconocida hasta entonces. Acosaron ciegamente a los odiados capitalistas por el simple hecho de tener posesiones y, faltaría más, a las gentes de la derecha. También persiguieron ferozmente a los clérigos, 34 de los cuales murieron asesinados.

Es verdad que las columnas mineras no lograron dominar por completo la capital del Principado. Los cuarteles de Pelayo y Santa Clara, aunque estaban totalmente cercados, resistieron valientemente los embates de los revolucionarios. De todos modos, en Oviedo incendiaron cantidad de iglesias y conventos, el palacio episcopal y el Seminario. También prendieron fuego al teatro Campoamor y a la Universidad, en cuya  biblioteca había fondos valiosísimos que no pudieron ser recuperados. Vaciaron, eso sí, la caja fuerte del Banco de España, y hasta cometieron la tremenda salvajada de dinamitar la Cámara Santa en la Catedral.

La situación en Asturias llegó a ser tan complicada que, lo que comenzó siendo aparentemente una simple revuelta, se convirtió al final en una auténtica guerra civil. Y  para sofocar la rebelión y restablecer el orden, por decisión expresa de Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, el Gobierno encargó  al general Francisco Franco dirigir toda  esa operación. Y como en las demás regiones fracasaron los revolucionarios, comenzaron a llegar a Asturias tropas procedentes de León, de Galicia  y de Bilbao. También desembarcó en Gijón una columna de legionarios y regulares marroquíes, curtidos en la Guerra de África.

Y a pesar de la fuerte resistencia que ofrecían las milicias mineras, que se defendían hasta con piezas de artillería, el avance de las tropas gubernamentales era francamente imparable. Los legionarios y los regulares, bajo el mando del teniente coronel Yagüe, recuperaron Gijón y avanzaban decididamente  hacia Oviedo. Las columnas procedentes de Galicia, comandadas por el general López Ochoa una vez recuperada la fábrica de armas de Trubia, pusieron rumbo hacia la capital del Principado. Las que salieron de León estaban ya a las puertas de Mieres, y las que venían de Bilbao habían llegado ya al Berrón.

El enardecimiento apoteósico, mostrado por las milicias mineras en los primeros momentos del movimiento revolucionario, desapareció como por ensalmo, cuando comprobaron que las unidades militares del Gobierno les desbordaban  más fácilmente de lo esperado y cuando constataron que la insurrección obrera y campesina había fracasado en el resto de España. En vista de los acontecimientos, el 11 de octubre por la noche se reúne el Comité Revolucionario Provincial y, preso del desánimo y el abatimiento más extremo, ordena la retirada de la capital y se disuelve.

No todos los insurrectos acataron esa decisión y, aunque las tropas del general López Ochoa combatían ya dentro de la ciudad, deciden formar un nuevo Comité Revolucionario, compuesto mayoritariamente por socialistas jóvenes y comunistas, que deciden continuar luchando. Y lo hacen, claro está, desde puntos estratégicos como el Naranco o San Esteban de las Cruces y, por supuesto, desde los barrios eminentemente obreros. Pero son incapaces de impedir que entren en la capital las tropas africanas de Yagüe y el 13 de octubre cae definitivamente Oviedo.

Tras la caída de Oviedo, los obreros combatientes se retiran a las cuencas mineras con el ánimo de seguir resistiendo, constituyendo en Sama de Langreo otro nuevo Comité Revolucionario Provincial, presidido por el socialista Belarmino Tomás. Pero el 15 de octubre, las unidades militares, que entraron en Asturias por Pajares, vencen los últimos obstáculos y entran triunfalmente en Mieres. Desde ese momento, la situación de los insurrectos es ya insostenible y, tras una somera negociación con el general López Ochoa, que era el comandante en jefe  de las fuerzas desplegadas por el Gobierno, se rindieron el 18 de octubre

La llamada Revolución de Octubre de 1934, promovida por los socialistas del PSOE y de la UGT para colmar las ansias de poder de Francisco Largo Caballero, dejó un balance de víctimas verdaderamente trágico: 1.100 muertos entre insurgentes y personas civiles, 2.000 heridos entre los insurrectos y unos 300 muertos entre las fuerzas de seguridad y del ejército. Todo un golpe de Estado contra la República que, además de retratar el verdadero espíritu antidemocrático de los socialistas y de toda la izquierda en general, los incapacitó moralmente  para criticar y condenar lo que ocurrió el 18 de julio de 1936.

Gijón, 12 de junio de 2017

José Luis Valladares Fernández