LA ACCIÓN POPULAR EN PELIGRO

Parece ser que el Gobierno, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, busca desesperadamente la rehabilitación del juez Baltasar Garzón. Lo necesitan en la Audiencia Nacional, como agua de mayo,  para enjaular definitivamente a ese molesto faisán,  que se les esta yendo de las manos. De ahí que el Ejecutivo, según revela La Gaceta, haya comenzado ya a presionar insistentemente al presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, para que, por lo menos, restrinja las funciones de la acción popular. Y de hecho, ya han comenzado los contactos entre los diversos magistrados de este Tribunal, para ver cual es la posición de cada uno de sus miembros.

Es cierto que la acción popular viene  avalada por nuestra Constitución, en su artículo 125, donde se reconoce expresamente el protagonismo del pueblo en cualquier asunto penal. Se trata, ni más ni menos, de una institución procesal que complementa de manera eficaz la acusación pública, y que interviene sin el control preciso del Ministerio Fiscal. Y esto es precisamente lo que más molesta al Gobierno que preside Rodríguez Zapatero: que pueda actuar al margen de la fiscalía y, encima,  sin necesidad de ser una víctima real del delito. De ahí que recabe los buenos oficios de Pascual Sala para limitar la acción popular para que no pueda en modo alguno acusar y ni solicitar la apertura de juicio oral cuando no haya fiscal o acusador particular.

Tanto la acción popular como el juez de instrucción llevan ya tiempo en el punto de mira del Gobierno. Quiere que ambas instituciones queden reducidas a la más mínima expresión. Y de hecho, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está preparando  Francisco Caamaño, según todos los indicios, va en ese sentido.  Simultáneamente está presionando al Tribunal Constitucional para que limite al máximo el ejercicio de la acción popular, para que el monopolio de la acusación pública quede exclusivamente en manos del Ministerio Fiscal. No quiere que se repitan casos similares al de Filesa que, por culpa de acusaciones particulares, no fue posible archivar el caso, a pesar de que el Ministerio Fiscal no acusaba.

A nadie se le escapa que, con un recorte de funciones de la acusación popular por parte del Tribunal Constitucional, se allanaría el camino para que Garzón regresara nuevamente al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.  Como es lógico, se volvería a hacer cargo de los casos más polémicos, como el del chivatazo del Bar Faisán. Y además, por si esto fuera poco, conseguirían archivar la comprometida querella contra la Hípica Almenara, propiedad de la familia del actual presidente del Congreso de los Diputados, José Bono. Esta querella fue interpuesta por la asociación Ciudadanía Anticorrupción y admitida a trámite, en contra del criterio de la Fiscalía, por  el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo. Se imputa a los administradores de dicha Hípica dos presuntos delitos, uno societario y otro por falseamiento de las cuentas anuales.

Si el Tribunal Constitucional cediera a las insistentes presiones del Ejecutivo y elimina de hecho la acción popular, solamente podrían acusar el Ministerio Fiscal y la llamada acusación particular o parte perjudicada. En consecuencia, la Justicia perdería definitivamente la poca credibilidad que le queda ante los ciudadanos españoles. Es cierto que son Jueces y Magistrados los encargados de impartir justicia, y lo hacen en nombre del Rey, pero no es menos cierto, como indica la Constitución Española, que la justicia emana del pueblo. De ahí que las limitaciones que se adopten,  para que la acción popular no pueda acusar ni solicitar la apertura de juicio oral en contra del criterio del Ministerio Fiscal, sería un timo y una monumental tomadura de pelo al propio pueblo soberano. Sería tanto como reírse de la democracia.

Gijón, 21 de marzo de 2011

José Luis Valladares Fernández