EL SISTEMA DE PENSIONES A DEBATE

Con la llegada de la actual crisis económica y la falta de una respuesta adecuada por parte del Gobierno se han trastocado muchas cosas, entre otras, la estabilidad del sistema de pensiones. No quiso José Luis Rodríguez Zapatero reconocer a tiempo el problema que se avecinaba y ahora pagamos todos las consecuencias. Hasta se atrevió a tachar desvergonzadamente de antipatriotas a quienes avisaban de que la crisis estaba ya haciendo estragos en nuestra economía. Y cuando ya no pudo negar la evidencia, no supo adoptar las medidas oportunas y las pocas que tomó fue ya demasiado tarde, por lo que resultaron totalmente estériles.
Así las cosas, algo habrá que hacer para prevenir la quiebra de la Seguridad Social y garantizar la percepción de las pensiones dentro de unos años. Son varios los puntos que inciden negativamente sobre nuestra economía y que contribuyen de manera notable en acrecentar las dificultades que hacen inviable el actual sistema de pensiones. Los cinco millones de parados por un lado, determinantes de que sean muy pocos los que, en este momento, están cotizando a la Seguridad Social. Por otro lado el excesivo déficit que soportamos que por lo que parece no hay manera de reducir, y el descalabro real de las finanzas públicas que han provocado un fuerte y peligroso incremento de la deuda pública y que en el año 2011 representará al menos el 72% del PIB. Esto sin contar el considerable endeudamiento de las entidades autonómicas y locales y la deuda privada.
Una recuperación económica que diera lugar a un aumento significativo de cotizantes a la Seguridad Social, se aplazaría al menos la urgencia en tomar medidas drásticas, que no gustan a nadie, sobre el sistema público de pensiones. Podría demorarse lo que ya ha comenzado a llamarse el “pensionazo”. Pero con este Gobierno, la solución a la crisis y la creación de empleo, visto lo visto, es totalmente imposible. Son incapaces de asumir el reto de la economía española de absorber a la mayor parte de esos cinco millones de desempleados. A la vista de estos datos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE) ha preparado un informe en el que advierte que nuestro modelo de pensiones “es demasiado generoso” y que el gasto público registrará un incremento sustancial como resultado del envejecimiento de la población. Para solucionar esto, recomienda retrasar la jubilación hasta los 70 años y computar toda la vida laboral para determinar la cuantía de la pensión.
El Gobierno, consciente de la gravedad del problema y a pesar de la oposición frontal de los sindicatos, quiere retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años. Pretende además elevar el número de años cotizados para el cálculo de la pensión, de los 15 actuales, hasta los 20 ó 25 últimos. Esto supondría ya una rebaja media del 5% al 10% en las futuras prestaciones. Mantiene en cambio los 35 años actuales de cotización para tener derecho a la pensión máxima. Los sindicatos de la UGT y de CC.OO. ya han puesto el grito en los cielos y han amenazado con una nueva huelga general si por fin se adoptan las reformas anunciadas.
Sin embargo a la OCDE le parecen insuficientes y un tanto descafeinadas las modificaciones que pretende incluir el Gobierno. Dice que se hace imprescindible una reforma mucho más contundente que la anunciada. Esta organización de cooperación internacional considera “bienvenidos” los 67 años como nueva edad legal de jubilación tal como propone el Gobierno de Zapatero, e indica que hay que ir más lejos si es que se quiere mantener la sostenibilidad del sistema público. Dependiendo de la evolución de la esperanza de vida, con el tiempo habrá que retrasarla hasta los 70 años. Y es indispensable ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral, para que el recorte medio de las futuras pensiones sufra un recorte de alrededor de un 30%.
Teóricamente todo esto estará muy bien, pero en las circunstancias actuales, a donde nos ha llevado la incuria de Zapatero, hay algo que no cuadra, que resulta demasiado extraño y llamativo. Queremos retrasar la edad de jubilación a los 67 años, cuando todos sabemos que son muy pocos los que se jubilan a los 65 años. Lo normal es que se prejubilen, como mucho, a los 55 años y otros incluso antes de cumplir los 50 años. Ahí está el caso actual de las Cajas de Ahorro que pretenden realizar ahora unas 20.000 prejubilaciones a costa de todos y todos entre los 54 y 55años. De todos modos, me parece una aberración que haya trabajadores en activo con más de 65 años, cuando tenemos a más de un 40% de la juventud en el paro.
Tampoco resulta ética y estéticamente correcto que se amplíe el número de años de 15 a 20 ó 25 para realizar el cálculo de la pensión y exigir los 35 años de cotización, o incluso más, para tener derecho a la pensión máxima, cuando hay un grupo privilegiado, los políticos que, de manera insultante, tienen derecho a esa pensión máxima cubriendo solamente dos legislaturas en El Parlamente o en El Senado. Y además, ya lo han dicho, no renuncian a esa gabela, ni admiten que se les rebaje el sueldo. Según esto, parece ser que la igualdad ante la ley de que nos habla la Constitución es un cuento, ya que unos son más iguales que otros.

Gijón, 21 de diciembre de 2010

José Luis Valladares Fernández