EUTANASIA ENCUBIERTA

El pasado 19 de noviembre, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alfredo Pérez Rubalcaba anuncia formalmente que el Gobierno está preparando una ley de muerte digna para los enfermos terminales que “no tiene nada que ver con la eutanasia”. "La eutanasia –señala Rubalcaba- es una decisión de alguien, que por la razón que sea, decide morirse y la Ley que vamos a aprobar es para aquellos enfermos terminales que lo único que les queda por delante es un calvario por vivir". Esta Ley de Muerte Digna, cuyo proyecto se presentará en marzo del próximo año, únicamente pretende, según confiesa el vicepresidente primero del Gobierno, la protección adecuada de “los pacientes, los familiares y los médicos”.
El propio Pérez Rubalcaba, lo mismo que los demás miembros del Gobierno, se cuidan mucho de disociar de este proyecto toda referencia a la eutanasia, e insiste una y otra vez en que se trata de garantizar plenamente los derechos que tienen los pacientes terminales a morir de manera digna y sin dolor. Quieren dejar muy claro que esta regulación va dirigida exclusivamente a aquellas situaciones en las que el enfermo morirá irremediablemente y con grandes sufrimientos. No es una ley de eutanasia afirma insistentemente Rubalcaba. “La eutanasia es una decisión de alguien que sencillamente decide morirse”. Aquí se trata de aquel que “está desahuciado clínicamente y la espera un calvario antes de morir. Ahora la medicina tiene mecanismos para que la muerte sea digna y sin dolor”.
Posteriormente a esta rueda de prensa, en uno de sus mítines preelectorales en Cataluña, Rubalcaba no duda en erigirse en garante de los derechos sociales y de la vida y de la muerte dignas. “Somos los socialistas -dice- los que nos ocupamos de que la gente tenga una vida digna, y ahora también una muerte digna. Si se puede morir sin dolor y sin hacer sufrir a los demás, ¿por qué no usar la ciencia para esto?” Tiene su gracia que nos hable ahora de dignidad quien, durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas, pasó olímpicamente de practicar la más elemental decencia política.
El vicepresidente del Gobierno olvida voluntariamente que en España está funcionando, a pesar de la falta de medios económicos suficientes, la llamada medicina paliativa. Esta especialidad médica se ocupa muy directamente de paliar el sufrimiento, tanto físico como moral, de las personas que, por haber sufrido un deterioro irreversible en su salud, requieren un cuidado permanente. Nace esta especialidad médica en Londres a finales de la década de los 60, en el centro médico creado por la doctora Cicely Saunders para atender a los enfermos terminales. Ante los evidentes resultados benéficos obtenidos en ese centro, se comenzarán a utilizar esos tratamientos en todo el mundo.
La Organización Mundial de la Salud describe perfectamente cual es el alcance de la atención prestada a los enfermos terminales: "Los Cuidados Paliativos son un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y espirituales”. Aplicando correctamente estos principios, es absolutamente innecesaria esa ley de muerte digna que quiere sacar de la manga el Gobierno para colarnos la eutanasia por la puerta de atrás.
Entre la aplicación actual de los cuidados paliativos al enfermo en situación terminal y el proyecto de muerte digna explicado por Pérez Rubalcaba hay una diferencia esencial. Los cuidados paliativos prestados por los servicios médicos procuran mejorar la calidad de vida y evitar el sufrimiento de los enfermos y dejar que sea la propia naturaleza la que fije el día y la hora del fallecimiento. El proyecto de ley previsto por el Gobierno soluciona el problema del dolor, de manera irreversible, acelerando la muerte del enfermo. Quiere oficializar la práctica puesta en marcha por el doctor Luis Montes en el servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa y acortar, por ley, la vida de este tipo de enfermos. Se trata, ni más ni menos, de legalizar subrepticiamente la eutanasia disfrazándola con otros nombres más piadosos.
La determinación tomada por el Gobierno de introducir, precisamente ahora, la eutanasia, aunque de manera eufemística le den otro nombre, tiene doble intención. Por un lado, se trata de dar carnaza a los medios para que no critiquen la política de saltimbanqui de Zapatero en cuestiones económicas y en las relaciones con otros países, sobre todo con Marruecos. Además, con esta manera tan expeditiva de dignificar la muerte de los enfermos terminales, acelerando artificialmente su fallecimiento, alivian las maltrechas finanzas de la sanidad pública. Y sin remilgos éticos, al igual que ya hicieron un día con el aborto, provechan la oportunidad para imponer por la brava la eutanasia.
Con la disculpa de evitar sufrimientos insoportables a estos enfermos desahuciados, querrán hacernos ver que el acelerar su muerte es un acto piadoso y caritativo. Dirán que para realizar este tipo de actos de compasión se requiere el consentimiento del enfermo o de sus familiares. Pero al final, como pasó en el Severo Ochoa de Madrid en la época en que el Dr. Montes era el jefe del servicio de urgencias, se pasaportea a los enfermos, sin autorización de nadie, por puro interés crematístico. Es más barato, claro está, provocar la muerte de quien ha llegado a esta situación extrema, que aliviar su sufrimiento a base de cuidados paliativos y esperar a que sea la naturaleza la que determine su fallecimiento.

Gijón, 25 de noviembre de 2010

José Luis Valladares Fernández