ABUSOS DE LOS POLÍTICOS

La administración pública española cuenta con más políticos por habitante que ningún otro país de Europa.  Hay un estudio que, según las malas lenguas fue elaborado por tres asesores de la Presidencia del Gobierno, según el cual son  445.568 los políticos que, de una manera u otra, viven  espléndidamente bien a costa de nuestro presupuesto público. Según ese mismo estudio,  tenemos 300.000 políticos más que Alemania, algo inconcebible ya que Alemania nos dobla en población. Superamos también en número a los políticos de  Italia y Francia, y eso que Francia se caracteriza por una administración pública muy sobredimensionada.

Con el estrepitoso fracaso de la burbuja inmobiliaria y, por tanto, sin los estupendos ingresos proporcionados por permisos de obra,  por calificaciones de terrenos y por otros muchos capítulos, nos resulta extraordinariamente difícil mantener a tanto político. Y a ese abultado número de políticos tenemos que añadir sus asesores y alguno de sus familiares y amigos que también viven a nuestra costa. Para eso están precisamente las empresas públicas, las fundaciones, las agencias y todo tipo de observatorios, para colocar  a dedo a toda esa tropa de adeptos, allegados y demás colegas.

Nuestra administración  ha crecido desmesuradamente, sobre todo a nivel autonómico y municipal. Y todo para que ningún político se quede sin su correspondiente cargo, sea éste electo o contratado. Es escalofriante la cifra de cargos electos, que suma en total 73.515 políticos. A los 350 diputados del  Congreso, hay que añadir los 266 senadores y los 1.218 diputados autonómicos que sobran evidentemente. Tenemos también 68.462 entre alcaldes y concejales, 1.810 consejeros comarcales y 1.409 diputados provinciales y consejeros insulares.

Es en las empresas públicas o con participación pública de las  comunidades autónomas y de los ayuntamientos, donde se concentra la mayoría de los contratados a dedo. Ocupando siempre puestos relevantes en las mismas, nos encontramos con 131.250 políticos, prestos a llevarse un dinero que no tenemos. Pasa algo parecido con los 8.160 cargos designados directamente para Sanidad y los 9.320 para Educación. Estos cargos políticos, además de una labor de asesoramiento, tienen la misión específica de controlar  al resto de los empleados públicos.

Los grupos municipales y parlamentarios no se quedan cortos a la hora de nombrar cargos de confianza, en total unos 40.000 políticos. Se trata simplemente de cargos sin otro cometido que el de ayudar  a los que les han nombrado. También abundan los asesores personales de los políticos electos, y se da el caso de que, a veces, estos asesores cuentan con sus propios asesores. En cualquier institución u organismo que miremos, encontraremos  a un buen número de políticos viviendo sin el menor escrúpulo de nuestros dineros.

No acaba aquí el número de los que se aprovechan desvergonzadamente del dinero público. Ahí están, por ejemplo, los sindicatos y la patronal. En España tenemos más de 65.000 liberados sindicales que, sin defender a nadie, han hecho del sindicalismo un negocio boyante. Y pasa algo similar con las 31.210 personas con cargos de responsabilidad en la dirección política  de la patronal.  Como las cuotas de sus afiliados se quedan cortas, los liberados sindicales y los miembros de la patronal, fingen rendir un servicio público a la sociedad. Y como tal, es retribuido con dinero público, con aportaciones periódicas del Estado, de las comunidades autónomas y, a veces, de los ayuntamientos.

 Como vemos, es interminable el número de políticos que se aprovechan del erario público, sin aportar nada útil al conjunto de la sociedad. Es inadmisible que haya tanto gorrón chupando desenfrenadamente de nuestros impuestos. Pero aún es peor su ostensible afán de derrochar caudales públicos y la facilidad con que abusan de la confianza de los ciudadanos en beneficio propio. Les puede la corrupción política y la practican profusamente en todas o en alguna de sus formas más conocidas.

El que no se ve envuelto en un detestable tráfico de influencias  para obtener favores personales o un trato preferencial, practicará  el soborno y la extorsión; se aprovechará de cualquier atisbo de información privilegiada o, si se presenta la ocasión, utilizará el fraude, la malversación de fondos públicos y no le hará ascos a la prevaricación, dictando cualquier tipo de resolución a sabiendas de que es injusta. Y buscando siempre, faltaría más, la impunidad más absoluta para todos sus actos.

La corrupción es prácticamente tan antigua como la misma política. Ya en la Antigua Grecia, casi 500 años a C. nos encontramos con Pericles, uno de los políticos y oradores más influyentes de la época, que tuvo que rendir cuentas, por corrupción, ante la ekklesía (ἐκκλησία), la principal asamblea popular de la democracia ateniense. Se le acusaba ya entonces de una mala administración y del notorio despilfarro de dinero público. Y para proteger su posición política, según cuentan algunos historiadores, metió deliberadamente al pueblo en la Guerra del Peloponeso.

Pasó otro tanto con Fidias, arquitecto y el más famoso de los escultores de la Antigua Grecia. Fidias, que era socio del propio Pericles, dirigía todos los proyectos de construcción de Atenas y tuvo que enfrentarse a dos tipos diferentes de acusaciones. En primer lugar, fue acusado de apropiarse indebidamente de parte del oro destinado a la construcción de la estatua de Atenea, acusación que no tuvo consecuencias, ya que pudo demostrar su inocencia. En la otra imputación, se le acusaba de infringir al pueblo una ofensa moral con su blasfemia,  por incluir su retrato y el de Pericles en el escudo de la diosa Atenea. La asamblea le declaró culpable y le condenó a 9 años de prisión.

De aquella,  los que abusaban de la confianza del pueblo lucrándose  irregularmente de cualquier beneficio, pagaban con creces su atrevimiento. Los miembros de las asambleas populares y democráticas eran insobornables y administraban justicia con absoluta independencia de los poderes fácticos. A Fidias, por ejemplo, no le valió de nada su inmensa fama, ni todo lo que hizo por Atenas y terminó en la cárcel, donde murió, según cuentan algunos cronistas de la época.

A los políticos de hoy día, al menos en España, no les ocurre nada parecido. Para empezar, suelen taparse unos a otros ya que todos tienen algo que ocultar y lo único que les preocupa es seguir con su trasero pegado a la poltrona. Es lo que sucedió recientemente con los ERE en Andalucía. Se esfumaron misteriosamente  más de 1.000 millones de euros de los destinados a los parados, e Izquierda Unida le echa un capote al PSOE para desvincular de la presunta red de corrupción política a los verdaderos responsables del escandaloso fondo de reptiles andaluz.

Y cuando la prensa pincha el globo con alguna denuncia aparentemente fraudulenta, procuran matar al mensajero y proclaman solemnemente su honorabilidad. Para empezar, los jefes no hacen nada mal, ni se apropian indebidamente de lo que no es suyo. Ellos solamente están, faltaría más, para colgarse medallas cuando hay que celebrar algún éxito. Y si la prensa insiste y publica algún documento irrefutable, los responsables políticos lo seguirán negando una y otra vez y las que haga falta. Cuando se constata la evidencia, dirán que ellos no sabían nada y responsabilizarán tranquilamente a cualquier cabeza de turco, que está metido en el ajo, aunque, a lo mejor, no le han tocado nada más que las migajas. Y si éste está aforado, mejor que mejor porque así se entorpece al máximo la actuación de la justicia.

Por de pronto, y para salir mejor librados, ya se han encargado los partidos  políticos de controlar al aparato judicial. Recordemos que Alfonso Guerra certificó exultante la muerte definitiva de Montesquieu. Como la autonomía y la independencia de los jueces suponía un verdadero obstáculo para los mangoneos y los chanchullos de los políticos, el Gobierno del partido socialista acabó definitivamente con ella de  un plumazo con la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985. A partir de entonces, los jueces se tientan cuidadosamente la ropa a la hora de dictar sentencia contra los políticos a los que debe el puesto.

El nivel de corrupción política ha crecido desmesuradamente y se ha extendido tanto, que la opinión pública la ha asumido ya como algo inevitable. De producir  alarma social y un alto grado de indignación, la corrupción de los políticos ha pasado a ser la cosa más normal del mundo, algo que ya no escandaliza a nadie. Y de hecho, a la vista está, ni siquiera se deja sentir en los resultados de los distintos procesos electorales.

Para arreglar tan lamentable situación, necesitaríamos que el Poder Judicial recuperara su independencia y, sobre todo, poner fecha de caducidad a los políticos, tarea harto difícil a estas alturas. Lo más deprimente es que sean estas personas tan poco ejemplares, y sin autoridad moral alguna por su comportamiento,  las que nos apliquen indiscriminadamente toda una serie  de recortes y  las que nos exijan sacrificios enormes para salir de una terrible crisis que nosotros no hemos provocado.

Gijón, 3 de diciembre de 2012

José Luis Valladares Fernández