5.-La deuda pública asfixia nuestra economía

Sin lugar a dudas, José Luis Rodríguez Zapatero llevó a España al borde de la quiebra económica. Fue un manirroto irresponsable, que dilapidó hasta el dinero que no teníamos.  Menos mal que hoy, afortunadamente, ya no es nada más que una sombra, todo lo siniestra que se quiera, pero una sombra. Podemos acusarle de lo que pasó y de lo mucho que está pasando. Pero sería ilógico acusarle en solitario de lo que puede pasar de aquí en adelante. La responsabilidad de lo que pueda acontecer a partir de ahora corresponde principalmente a Mariano Rajoy y a su Gobierno.

Es cierto que fue Zapatero el que, con su nefasta y desdichada gestión, destruyó  nuestra economía, colocándola irremediablemente al borde de la quiebra. La situación llegó a ser tan complicada e insostenible, que no tuvo más remedio que acortar en unos meses la inacabable legislatura y convocar nuevas elecciones para el 20 de noviembre. En estos comicios, Alfredo Pérez Rubalcaba sustituyó al ya más que amortizado Rodríguez Zapatero, para disputar a Mariano Rajoy la Presidencia del Gobierno.

Los resultados obtenidos por ambos contendientes confirmaron ampliamente lo que auguraban todas las encuestas de aquella época. Los ciudadanos optaron abrumadoramente por Mariano Rajoy, dejando a Rubalcaba en una situación harto complicada. El candidato del Partido popular, que era Rajoy, consiguió casi 11 millones de votos, logrando 186 diputados, tres más que José María Aznar en el año 2000, mientras que Rubalcaba, que representaba al PSOE, tuvo que conformarse con 110 diputados y casi cuatro millones de votos menos que el Partido popular.

Y es que los electores no olvidaron que Rubalcaba había sido vicepresidente primero del Gobierno socialista y estaban convencidos de que era tan responsable como el mismo Zapatero del catastrófico hundimiento de nuestra economía. Intuían, además, que se trataba de un personaje demasiado visto, perteneciente a otra época e incapaz ya hasta de conspirar en la sombra. Mariano Rajoy, en cambio, se presentaba a las elecciones con un  programa ilusionante, sobradamente contrastado, y que dio tan magníficos resultados cuando fue aplicado por José María Aznar en su etapa como presidente del Gobierno español. Y es normal que los ciudadanos, tras el fracaso rotundo del zapaterismo, apostaran masivamente por Rajoy y por el Partido Popular.

Pero Mariano Rajoy fue incapaz de mantener intacto el entusiasmo y la ilusión inicial de su electorado. Le faltó tiempo para archivar su propio programa electoral, para continuar inesperadamente con la política de recortes y subidas de impuestos, iniciada por Zapatero en mayo de 2010. Siete días después de asumir el cargo, en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, el Gobierno de Rajoy nos sorprende a todos, al hacer exactamente lo contrario de lo que se nos había prometido. Tanto el presidente como los demás miembros del Gobierno dijeron infinidad de veces que, si ganaban las elecciones, bajarían los impuestos y, ese día, se apresuran a hacer  todo lo contrario.

Cuando esperábamos una bajada significativa de los impuestos, deciden subir el IRPF entre un 0,75% para el primer tramo  y un 7% para los que superen los 300.000 euros de base liquidable. Entre estos dos porcentajes, hay otros para los distintos tramos intermedios de la renta de las personas físicas. Las rentas del capital se verán también afectadas, al gravar un 2% extra al tramo más bajo, un 4% a partir de los 6.000 euros y un 6% de los 24.000 euros en adelante. Tampoco se libra de la quema el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se incrementará un 4%, un 6% o un 10%, según la fecha catastral de los mismos. Completa el cuadro de desaguisados con varios recortes, como la supresión de la deducción por vivienda y la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios. Y en julio de 2012 nos suben el IVA hasta el 21% para que no falte nada.

En el discurso de investidura, Mariano Rajoy se mostró desproporcionadamente optimista  y no dudó en decir: “Desaparecerán los nubarrones, levantaremos la cabeza y llegará de nuevo el día en que se hable de España y se hable para bien; el día en que volvamos la vista atrás y ya no recordemos los sacrificios”. Y reduciendo drásticamente el tremendo déficit que dejó Zapatero, hubiera conseguido fácilmente ese propósito. Pero le faltó coraje para simplificar nuestra desmesurada estructura administrativa, taponando así los incontables sumideros por donde se van inútilmente ingentes cantidades de dinero público.

A Rajoy le horrorizan los conflictos y es alérgico a las discusiones abiertas. Y como sabe perfectamente que si mete la tijera en el gasto público puede levantar ampollas en la casta política,  carga todo el sacrificio económico que se requiere para salir de esta crisis, sobre los más débiles,  los humiliores que dirían los antiguos romanos, que es tanto como decir los currantes o ciudadanos de a pié. Temió la reacción de la privilegiada casta política, en este caso  los honestiores, entre los que hay evidentemente muchos conmilitones suyos.

No se puede ajustar la deuda y reducir el déficit público a costa de sacrificar a la clase media y al sector privado. Hasta el mismo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, acaba de lanzar una indirecta a Mariano Rajoy, pidiendo acertadamente que no se suban los impuestos en aquellas zonas “del mundo donde ya están muy altos”. Pero nuestro Gobierno lo fía todo a la presión fiscal para mantener incólume el Estado hipertrófico de las Autonomías, sin darse cuenta que  la estructura territorial de España, tal como la conocemos, se ha vuelto económicamente inviable desde que explotó la burbuja inmobiliaria.

El resultado de semejante política no se ha hecho esperar. Como era de esperar, se estranguló el consumo y, en consecuencia, han sido muchas las empresas pequeñas que se han visto obligadas a cerrar sus puertas y los autónomos forzados lamentablemente a cesar en su actividad. Es completamente lógico que, en tales circunstancias, la espiral de los desocupados se desbocara y alcanzara esa cifra mareante de parados  reflejada por la última Encuesta de Población Activa. Según esta encuesta, con 6.202.700 desempleados al finalizar marzo, alcanzamos una tasa de paro del 27,16%, un 1,1 punto superior al del trimestre anterior.

Con el consumo bajo mínimos, la recaudación del Estado no da para cubrir adecuadamente los gastos corrientes, de modo que a penas si arañamos unas décimas al déficit público. Y es que las medidas económicas adoptadas hasta ahora por un Gobierno titubeante  no han sido suficientes para detener la escalada imparable de nuestra  deuda pública. Los datos conocidos son escalofriantes. A finales de 2007 la deuda pública española rondaba los 350.000 millones de euros, un 36,2%  del PIB. Cuando terminó 2011, la deuda alcanzaba ya los 640 millones y un 61% del PIB.

Llega Mariano Rajoy al Gobierno y cierra 2012 con una deuda pública que roza los 950.000 millones de euros y supera claramente el 90% del PIB. Las previsiones para 2013 no son más halagüeñas. Si el Gobierno no despierta a tiempo, se cerrará el año con un porcentaje de deuda pública española en torno al 95,8% del PIB, lo que es un disparate. Mientras no revierta esta situación, el pago de los intereses generados por la deuda, se comerán inapelablemente  una parte sustancial de los presupuestos. Durante 2013, por ejemplo, España tendrá que abonar la friolera  de 38.660 millones de euros en concepto de intereses.

Estos datos son extremadamente graves y el Gobierno de Mariano Rajoy busca afanosamente reducir lo más posible los efectos perversos de los mismos. Por eso en el Consejo de Ministros del pasado día 26 de abril,  además de revisar y corregir sus previsiones económicas, se dictaron nuevas medidas con el fin de lograr un ahorro presupuestario directo. Estas nuevas iniciativas suponen, en realidad,  una vuelta más de tuerca a los de siempre, a los integrantes de la clase media. Hablan principalmente de reducción de impuestos, cuando se trata simplemente de otra subida  descarada de impuestos o recortes manifiestos.

Dicen que  no van a subir ni el IVA, ni el IRPF y tampoco los hidrocarburos. Sí subirán en cambio los impuestos medioambientales, los especiales y los depósitos bancarios. Y a la larga, se verán afectadas hasta las pensiones si terminan aplicando ese índice diferente al del IPC que se han inventado para los contratos públicos, cuando llegue la hora de actualizarlas.

Dicen que toman esta determinación para converger con Europa, pero, sin  “pedir más esfuerzo a los españoles”. Saben perfectamente que todos estos impuestos terminan afectando íntegramente a los paganos de siempre. Por lo que parece, a Mariano Rajoy y a todos sus ministros les cuesta enormemente utilizar la expresión  “subida de impuestos”, no se si porque les produce alergia, o porque les remuerde la conciencia. El caso es que, siempre que pueden, silencian esta frase y acuden al primer eufemismo que se les ocurra. Pero sustituir “subida de impuestos” por “novedades tributarias” o “recargos solidarios”, es lo más parecido que hay a una tomadura de pelo.

Gijón, 7 de mayo de 2013

José Luis Valladares Fernández