TODO ES POCO PARA LOS POLÍTICOS

Los políticos españoles acaban de recibir toda una lección magistral del tenista mallorquín, Rafa Nadal. Después de proclamarse brillantemente campeón del US Open estadounidense, Nadal tenía que viajar a Madrid para participar en el decisivo encuentro de la Copa Davis contra Ucrania, del que depende nuestra permanencia en la élite del tenis mundial. Aunque la Federación Española de Tenis le ofreció un avión privado para realizar este largo desplazamiento, Nadal prefirió regresar a España en vuelo regular, ya que, según dijo, “Tal y como está el país no creo que sea el momento de hacerle pagar un viaje al Estado”. Todo un ejemplo del extraordinario deportista. Su comportamiento, más que un “revés”, es todo una “dejada”, la mejor quizás de su vida, que lanza a los políticos que están siempre a la que salta.

Nuestros políticos nacieron y crecieron en la misma tierra que Don Quijote, pero no se les pegó nada del idealismo y caballerosidad del famoso hidalgo. Para Don Quijote, el mundo que le rodea está siempre subordinado a su pensamiento, a su altruismo y a su generosidad. Y antes que traicionar ocasionalmente a su ideología, este caballero andante prefiere vivir permanentemente de espaldas a la realidad, sin la más mínima preocupación por las cosas materiales aunque afecten a su persona. Todo lo contrario que los de la casta; estos van siempre detrás de lo tangible, de las cosas reales. Se parecen a Don Quijote, eso sí, en la falta permanente de logros y de resultados.  En lo demás, son Sancho en cuerpo y alma.

Los oportunistas  y los gorrones, que han hecho de la política su único modo de vida, anteponen siempre su acomodo y su bienestar y el de los suyos al del resto de los ciudadanos. Y toda esta caterva de aprovechados, que integra esa casta política, se atribuye el derecho a marcar el camino al resto de los ciudadanos, a los que exige responsabilidades por todo y obediencia ciega a sus torpes caprichos. Es extremadamente raro, no obstante, que ellos se responsabilicen de alguna de sus acciones. Y muchos de ellos, faltaría más, viven permanentemente instalados en la maquinación, en la intriga  y  en el peloteo, para mantener indefinidamente sus cargos políticos y sus  extraordinarios privilegios.

Será muy difícil encontrar, entre los políticos oficiales de España, a alguien tan generoso y altruista como el Creonte de las tragedias de la antigua Grecia. Cuando gobernaba en Tebas,  apareció en aquella comarca la terrible Esfinge, que solía situarse sobre una colina próxima a Tebas para devorar despiadadamente a los que por allí pasaban si no acertaban a descifrar sus enigmas arteros y capciosos. Para acabar lo más rápidamente posible con esa monstruosa Esfinge, Creonte sacrifica desinteresadamente su propio interés al interés del pueblo y anuncia por toda Grecia que dará la corona de Tebas y la mano de su hermana a quien logre acabar con semejante monstruo. Y cumplió su oferta cuando Edipo acabó con la Esfinge.

Es cierto que hay excepciones y alguna muy honrosa, pero la mayoría de los políticos, antes que imitar a Creonte, haría causa común con la Esfinge, si con esto suman algún  nuevo beneficio. Todo es poco para los de la casta, para los que nunca se ven satisfechos de las variadas franquicias y prerrogativas que ya disfrutan. Y esto, claro está, desmiente claramente lo que se afirma en el artículo 14 de nuestra Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El aforamiento político, ese fuero jurisdiccional que les protege de manera muy especial ante la justicia, es el  privilegio más escandaloso de todos los que disfrutan  los sablistas de la casta política. Cuando se abre alguna causa contra ellos, siempre salen mejor parados que los ciudadanos de a pie, porque dependen siempre de un tribunal muy concreto: el Superior de Justicia de cada Autonomía para los aforados autonómicos o el Supremo para los diputados y senadores  nacionales.

El aforamiento surge cuando aparece el Estado Liberal y desaparecen los regímenes absolutistas para proteger y garantizar la actuación  de los miembros de las cámaras, mientras ejercen su cargo público. En aquellas circunstancias, era lo mejor que podían hacer para evitar las malévolas injerencias del poder ejecutivo sobre el legislativo para que los representantes de la soberanía popular decidan siempre con total libertad. Pero a los políticos españoles les pareció insuficiente este fuero parlamentario y extendieron también ese privilegio a los delitos comunes, rompiendo así la necesaria igualdad de trato con el resto de ciudadanos. Y esto es ya francamente inadmisible. Cuando los políticos cometan algún delito común, debe aplicárseles la norma procesal común como al resto de los mortales

Si los ciudadanos corrientes, que son los que en realidad pagan los sueldos a los políticos, se enfrentan a la administración sin ningún tipo de privilegio, es normal que los políticos hagan exactamente lo mismo, salvo en esos casos muy concretos en los que estaría justificado el aforamiento. Cuando se trata de delitos comunes, el diferente trato procesal que suelen recibir los aforados, rompe el principio de igualdad ante la ley que proclama solemnemente la  Constitución española. Y es hora de acabar, de una vez por todas, con ese exceso escandaloso de ventajas y prerrogativas con que se blindan los cargos electos.

Los casos de corrupción en España son interminables e inundan, cada vez con mayor frecuencia, las primeras páginas de los periódicos y los informativos de los demás medios de comunicación. Y todos ellos, por supuesto, son  extremadamente graves y preocupantes. Tenemos para escoger en una lista interminable de casos, por ejemplo, el caso Gürtel, el caso Campeón, el caso Mercasevilla, el caso Palau, el caso Pallerols o el caso ITV. Los casos Bárcenas y los EREs de Andalucía han cobrado últimamente bastante más resonancia mediática que los demás casos, por la cantidad de controversias dialécticas que están generando.

En casi todos los casos de corrupción nos encontramos con la supuesta implicación de ciudadanos corrientes al alimón con algún representante público. Pero el enfrentamiento con la justicia de los políticos va a tener un recorrido completamente diferente al de los ciudadanos de a pie, aunque estén incursos en la misma trama corrupta. Y son siempre delitos totalmente ajenos a las funciones propias de los representantes públicos.

Aunque se trata del mismo delito, a  los políticos se les asignará injustamente un Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo, dependiendo, claro está,  de que se trate de diputados autonómicos o parlamentarios estatales. Más aún, el juez de Instrucción que investiga la supuesta trama, cuando ve que hay algún aforado en la causa, debe enviar normalmente toda la documentación al órgano jurisdiccional  competente, aunque haya otros imputados que no estén aforados, con lo que se queda sin el caso.

De ahí que, cuando un Juez de Instrucción se encuentra con un caso especialmente interesante, tarde en involucrar a los posibles aforados, que es ni más ni menos lo que está pasando con  los EREs o fondo de reptiles de Andalucía. Esto puede dar lugar, como ocurre en este caso, a que algunos ciudadanos normales pasen por la cárcel, antes incluso de que se impute a los aforados supuestamente  responsables.

Está visto que los políticos españoles se han pasado unos cuantos pueblos al elaborar ese fuero parlamentario que los inmuniza prácticamente a la hora de responder por sus posibles delitos,  aunque no tengan nada que ver con su cometido político. Mientras que para el resto de los imputados esto supone una pérdida evidente de garantías, para los aforados es un privilegio excesivamente desmedido.

De una manera u otra, los políticos intervienen, al menos indirectamente, en la elección de los jueces que deberían imputarles si transgreden alguna ley. Pues no olvidemos que es el Parlamento el que determina la composición del Consejo del Poder Judicial, que es el que, después,  nombra a los magistrados que intervienen en esas causas. Y si, a pesar de estas ventajas legales, alguno de ellos resulta condenado, viene el Gobierno de turno y le indulta. Es el caso, por ejemplo, de los políticos implicados en el caso Pallerols, o el del ex alcalde Tomás Gómez Arrabal, implicado en doce delitos de corrupción urbanística.

A los representantes de la soberanía popular española se les ve el plumero con relativa frecuencia.  Lo que pasa en España, no sucede en ningún otro país de nuestro entorno. En España tenemos alrededor de 10.000 aforados, si incluimos a los jueces y a otros cargos institucionales, entre los que están los que ejercen algún cargo de representación pública. Portugal e Italia, por ejemplo, no tiene más aforados que el Presidente de la República. Francia tiene alguno más, aunque no llega a la docena, el Presidente de la República y los  Ministros del Gobierno. Y no tienen ningún aforado ni Alemania, ni el Reino Unido y ni los  Estados Unidos de América. Y nuestros políticos, se quejan amargamente de que son muy pocas las compensaciones que reciben por sus desvelos y sacrificios.

Barrillos de Las Arrimadas, 14 de septiembre de 2013

José Luis Valladares Fernández