GRAN FRACASO DEL ESTADO DE BIENESTAR

El origen del “Estado del Bienestar” se remonta a 1945 y es un intento loable de apartar definitivamente a los ciudadanos de los terribles traumas que vivió como consecuencia de la “Gran Depresión” de 1929, que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Fue en Estados Unidos donde,  por iniciativa de su presidente Roosevelt, se pusieron las bases de un “Estado del Bienestar” incipiente, creando campamentos de trabajo para ocupar a los desempleados, principalmente en trabajos de conservación de parques naturales y de espacios verdes.

Algo más tarde, el economista John Keynes, ministro de Economía de Gran Bretaña, trata de emular a Estados Unidos y pone en marcha este mismo proceso en el Reino Unido, desde donde se extendió posteriormente a toda Europa. En primer lugar, prescindió del oro como patrón del sistema financiero internacional, dejó que el valor de la moneda dependiera prácticamente de la  confianza de los inversores. Propugnó la intervención del Estado en la economía y,  como Roosevelt en Estados Unidos, procuró que aumentara el consumo público y privado para acelerar la salida de la crisis económica.

Según Keynes, la inversión privada es fundamental para reactivar la economía. Y si esta no se produce, el Estado tiene entonces que elevar el nivel de su inversión para incrementar convenientemente el gasto público y recuperar así la demanda. Considera que los empresarios cometen un grave error si, cuando llega una situación de desempleo generalizado, reducen el sueldo de sus trabajadores. Con tan inoportuna medida, se contraería aún más el poder adquisitivo de un buen número de ciudadanos. Esto se traduciría inevitablemente en una merma considerable del consumo, que afectaría negativamente a los propios empresarios y terminarían por verse obligados a cerrar sus empresas o a despedir a parte de sus trabajadores.

Podemos decir, por lo tanto, que el Estado del Bienestar nació a la sombra de una tremenda crisis económica mundial, la llamada “Gran Depresión” y se está ahora deteriorando peligrosa y rápidamente como consecuencia de otra crisis económica mundial, que está haciendo verdaderos estragos en varios países europeos y que se está prolongando bastante más de lo previsto. En la “Gran Depresión” dieron muy buenos resultados la iniciativa de Roosevelt y las recomendaciones de John Keynes. Hoy, en cambio, huimos del keynesianismo y optamos, no se si acertadamente o no, por exigir sacrificios e imponer recortes a los trabajadores y a los jubilados, que son los que menos culpa tienen  de esta crisis tan profunda.

Y entre tanto, los responsables económicos recuperan los famosos brotes verdes, y anuncian que hay indicios evidentes de la recuperación de nuestra economía. Dicen que seguimos en crisis, pero que ya hemos salido afortunadamente de la recesión y que comenzaremos a crecer y a crear empleo en breve tiempo. Si se produce tan esperanzadora circunstancia, el Gobierno y la casta política no tienen parte alguna en semejante milagro, ya que, si han hecho algún esfuerzo económico para salir de la crisis, este ha sido puramente testimonial. Han obligado, eso sí, a que carguen con todo el peso de la recuperación a los trabajadores y a los pensionistas, hundiendo así, a muchos de ellos en la indigencia y en la pobreza de la que van a tardar en salir.  

Los datos económicos, desde luego, son muy poco halagüeños. Tenemos, para empezar, el consumo por los suelos y sin ánimos de recuperación. Agreguemos además que, durante el primer semestre de 2013, el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social recaudaron exclusivamente  160.199 millones de euros, y gastaron, durante ese mismo período, 201.606 millones de euros.  Esto supone un agujero fiscal de 41.407 millones de euros, lo que equivale nada menos que al 4,02% del PIB. Con semejante desfase entre ingresos y gastos, tenemos ya un déficit del 8% sobre el  PIB acumulado hasta el pasado mes de julio. El Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que hacer encaje de bolillos para cerrar el año 2013 con un déficit del 6,5%, que es el objetivo marcado por Bruselas.

Y hay algo más: la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas, al finalizar el primer semestre del año,  alcanzaba ya la astronómica cifra de 947.184 millones de euros. Esto quiere decir, que el peso del endeudamiento público, al comenzar julio, llegaba  exactamente al 92,6 % del PIB, un punto por encima de lo que había previsto el Gobierno para todo el año de 2013. Y una de dos, o echamos el freno a tiempo, o nuestra deuda llega al 100% del PIB a más tardar a finales de 2014. Y esto sería enormemente catastrófico, y más teniendo a uno de cada cuatro españoles en el paro.

Los sufridos ciudadanos que integran las clases medias, tanto si están aún en activo como si están ya jubilados, están dejando demasiados pelos en la gatera. Se les exige bastante más de lo que pueden dar y hasta  se les acusa de ser ellos los que, por sus continuados abusos, han hecho que el clásico Estado del Bienestar sea hoy prácticamente insostenible. Y hasta se afirma erróneamente que el Estado del Bienestar ha generado una nueva clase social, que se dedica a vivir tranquilamente de las ayudas estatales. Puede haber, eso sí, algún abuso aislado que el Estado tiene la obligación de detectar y  corregir.

El problema es que no hay dinero, porque un Gobierno, el de José Luis Rodríguez Zapatero, lo dilapidó miserablemente y, lo poco que se recauda hoy día, se malgasta en mantener una estructura administrativa gigantesca que consume todos los recursos habidos y por haber. A los trabajadores, a los que producen riqueza, se les recortan los salarios o se los congelan. A los jubilados se les limita al máximo las subidas de sus exiguas pensiones. Se quiere incluso desvincular la oportuna actualización de sus pensiones del consabido IPC, hundiendo precipitadamente a muchos de ellos en la indigencia y en la miseria.

En consecuencia, los trabajadores y los jubilados han perdido ya más del 30% de su poder adquisitivo, lo que les obliga, de manera inmediata, a reducir drásticamente su consumo. Al perder estos colectivos buena parte de su capacidad de compra, las empresas se ven obligadas, en el mejor de los casos, a reducir su producción, y ajustarla a la demanda real de cada momento. Habrá, cómo no, empresas afortunadas que solucionen los problemas sobrevenidos por el estancamiento del consumo, mandando al paro a parte de sus trabajadores. Pero otras, en cambio, tendrán que cerrar necesariamente, pasando todos sus trabajadores  a incrementar, aún más, las desbordadas listas del paro.

Al desaparecer muchas empresas y aumentar escandalosamente el desempleo, disminuye de manera notoria la recaudación del Gobierno y, a la vez, se necesita más dinero para continuar financiando el Estado del Bienestar. Y es entonces,  cuando los responsables de la gestión de las cuentas públicas tratan de solucionar el problema dando aplicando otra vuelta de tuerca a los de siempre, a los que trabajan y a los pensionistas, imponiéndoles más recortes o estableciendo algún nuevo tributo y, si llega el caso, aumentando intempestivamente los impuestos ya existentes. Y si chirrea la curva de Laffer, es igual.

Y como ya advirtió oportunamente John Keynes, con motivo de la “Gran Depresión”, los nuevos recortes salariales inducen  necesariamente a restringir aún más el consumo y, en consecuencia, las empresas venderán menos y volverá a crecer el paro. Y como es muy posible que esta rueda siga, cada día habrá menos dinero y será imposible mantener intacto el Estado del Bienestar, tal como lo conocemos hoy día.

Dentro de Europa, solamente  Bélgica, Dinamarca y Suecia tienen unos impuestos más altos que los nuestros, aunque les superamos ampliamente en presión fiscal. Pero en estos tres países, y en la mayoría de los que integran la Unión Europea, el dinero de los impuestos se destina prioritariamente a mantener y a mejorar el Estado del Bienestar de sus ciudadanos. En España, no es así. El dinero de nuestros impuestos va a parar casi todo a mantener  y a engordar una Administración excesivamente sobredimensionada, donde vegetan muchos políticos, sus familiares y cantidad de amigos y allegados.

Con la reforma de las pensiones que ha puesto en marcha ahora el Gobierno, se pretende, según dice Fátima  Báñez, “garantizar la confianza, la tranquilidad y la certidumbre a los pensionistas de hoy y de mañana”. Con esta reforma,  las pensiones “no se congelarán nunca” pero van a ir acumulando, año tras año, una pérdida tan brutal de poder adquisitivo que, en pocos años, muchos  de ellos, serán incapaces de cubrir sus necesidades más básicas.

Pasa otro tanto con el sistema sanitario. Para mantener operativo el tenderete de la Sanidad Pública con una aportación mínima de dinero, los responsables políticos fueron reduciendo, poco a poco,  la lista de los medicamentos dispensados gratuitamente por el seguro  y, lo que es peor aún, terminaron implantando el dichoso copago sanitario. Buscan, de esta manera, arañar unos pocos euros más. Y lo hacen rascando impúdicamente el bolsillo de los jubilados, prolongando así un poco más la agonía del sistema.

Las reducciones, en cambio, de los gastos en las diferentes Administraciones son puramente testimoniales.. Y no es cierto que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 estén basados en la austeridad y la restricción, como quiere hacernos creer desde el Ejecutivo. El gasto público vuelve a crecer, una vez más, como ha ocurrido siempre. Los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado día 27 de septiembre, fijan un gasto de 133.259 millones de euros para 2014. Se incrementan, por lo tanto,  en un 3,5%, ya que los gastos para 2013 ascendían a 126.792 millones de euros.

Se mantiene prácticamente toda la estructura administrativa diseñada por los Padres de la Constitución en 1978. Como las Comunidades Autónomas se han empeñado en replicar todos y cada uno de los organismos estatales, resulta que ahora, además de las instituciones del Estado Central, tenemos 17 Parlamentos o Asambleas Legislativas autonómicas, 17 Consejos de Gobierno, 17 Tribunales de Defensa de la Competencia  y, por supuesto, 17 Defensores del Pueblo. Y esto sin contar las televisiones propias, las embajadas y observatorios de toda índole para ocuparse de las mismas cosas que viene desempeñando normalmente el Estado Central.

Es aberrante que mantengamos todos estos organismos e instituciones que, además de ser totalmente inútiles, son extremadamente caras y, alguna de ellas, claramente contraproducentes. Los Parlamentos Autonómicos, por ejemplo, además de romper la unidad de mercado, lastran la industria española al introducir cantidad de trabas burocráticas. Y ¿qué me dicen del Senado? ¿Vale ese enorme cementerio de elefantes para algo más que para gastar un dinero que no tenemos? Pero de todas estas cosas, la casta política  no quiere ni oír hablar

José Luis Valladares Fernández