ACABEMOS CON EL IMPUESTO DE SUCESIONES

Hemos tenido que llegar al final de la legislatura y estar a pocas fechas de unas nuevas elecciones municipales y autonómicas, para que el presidente autonómico asturiano, Javier Fernández, se haya dado cuenta de las numerosas deficiencias que presenta, en Asturias, el actual impuesto de Sucesiones. En declaraciones recientes a Onda Cero, reconoce que "hay cosas que mejorar" en dicho impuesto y promete solemnemente que, si gana las elecciones, en ningún caso se contabilizarán los primeros 150.000 euros, para evitar  los conocidos  “errores de salto”, que suelen producirse con relativa frecuencia. Y nos recuerda que, las herencias están completamente exentas de  cargos mientras no sobrepasen esos 150.000 euros, pero con un solo euro que pase, el heredero pasaría a pagar 18.000 euros.

Quizás estemos ante un simple señuelo del presidente asturiano para captar votos con vistas a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Puede tratarse igualmente, de una de esas promesas que, como dijo el inefable profesor, Tierno Galván, ·”están hechas para no cumplirlas”. Y puede, por qué no, estar hablando en serio, y comprometiéndose formalmente con los asturianos. En cualquiera de los casos, el verdadero problema del impuesto de Sucesiones no está en esos absurdos “errores de salto”, que denuncia Javier Fernández. Tampoco está en la forma o la manera de gestionar ese impuesto. El problema es el propio impuesto de Sucesiones.

No olvidemos que, en España, las Comunidades Autónomas gestionan los impuestos de Sucesiones y Donaciones como les place, fijando cada una de ellas su baremo particular. Por lo tanto, es inevitable que el impuesto de Sucesiones sea mucho más alto en unas Autonomías que en otras, lo que da lugar a que haya españoles que se sienten fuertemente discriminados por razón de su residencia. Y mientras no se trate a todos los españoles de la misma manera y se eviten esos agravios comparativos, los ciudadanos pudientes cambiarán su residencia fiscal y, como sucede actualmente, serán frecuentes las deslocalizaciones de patrimonios y empresas, buscando siempre la región que  menos impuestos cobre.

Está visto que el fisco español es insaciable, y trata de sacar tajada hasta de la muerte de quienes, a base de sacrificio y mucho esfuerzo personal, lograron reunir un capital interesante. Y lo hicieron, cómo no, sin ninguna ayuda oficial, y sin que nadie les regalara nada, derrochando, eso sí,  grandes dosis de pasión y de amor para facilitar a los suyos un futuro lo más halagüeño posible. Y aunque, en su momento, pagaron religiosamente cuantiosos impuestos por todo lo que iban adquiriendo y ahorrando, resulta que, sus hijos y allegados más próximos, tienen que volver a pagar otra tasa fiscal desmesurada para heredar esos mismos bienes patrimoniales.

Estamos por lo tanto, ante un impuesto, a todas luces, improcedente e injusto. Precisamente por eso, cada vez son más los países que han dejado de aplicárselo a sus ciudadanos. En Europa, por ejemplo, Portugal fue el primer país  que abolió el impuesto de Sucesiones. Detrás vendrían otros países, algunos de ellos tan importantes como Suecia, Austria o Noruega e, incluso, la misma Rusia postsoviética.

España, sin embargo, es uno de los países europeos donde más se tributa por las transferencias patrimoniales. Es verdad que, en alguna de sus Comunidades Autónomas, ese impuesto es meramente testimonial. Pero aún así, si nos atenemos a España en su conjunto, tenemos  un impuesto de Sucesiones escandalosamente más alto que en Italia, que en Suiza o que en Holanda.  Estamos bastante por encima de Dinamarca, de Grecia y de Finlandia e, incluso, por encima de Alemania, Bélgica e Irlanda. En Europa, solamente Francia y el Reino Unido tienen una carga fiscal más alta que nosotros para este tipo de transmisiones patrimoniales.

En España, ni siquiera hay uniformidad entre unas Autonomías y otras, a la hora de liquidar los impuestos de Sucesiones y Donaciones. Si fuera verdad, como dice nuestra Constitución, que  todos los españoles somos iguales ante la ley, no existirían esas enormes diferencias. Los ciudadanos que reciban hoy día una herencia en Madrid, en Logroño, en Baleares, en Navarra o en Cantabria, saldrán mucho más beneficiados fiscalmente, que si la herencia tuviera lugar en cualquiera de las otras autonomías restantes. Los más perjudicados serían, cómo no, los que reciban un legado de esas características en  Murcia, en Andalucía o en Asturias.

Una persona soltera que, por fallecimiento de su padre, hereda un piso valorado en 200,000 euros y otros bienes, cuyo valor llegue a los 600.000 euros, en Andalucía o Murcia tendría que desembolsar la friolera  de 164.049 euros. En Asturias pagaría muy poco menos, 162.618 euros en concreto, y en Galicia cumpliría con 55.180 euros. Por el contrario, ese importe sería considerablemente menor si esa transmisión patrimonial se produjera en Madrid, ya que solamente pagaría 1.586 euros. En la Rioja cumpliría con 1.576 euros y en Cantabria tendría que desembolsar la cantidad de 1.262 euros.

Recibir una herencia en España, como vemos, comporta siempre una factura fiscal absolutamente disparatada. En consecuencia, los teóricos beneficiarios  se van a encontrar desgraciadamente, más que con  un oportuno desahogo económico, con un auténtico quebradero de cabeza. Para aquellos herederos que carecen de liquidez, siempre ha sido extremadamente complicado hacerse cargo de las propiedades legadas por sus familiares más directos. En estos casos, es muy normal que renuncien a esa herencia y que, con enorme decepción, acepten que esos bienes familiares pasen irremediablemente a las manos del Estado.

La prolongada y terrible crisis económica, que hemos padecido, ha hecho que se disparara aún más la cifra de los ya abundantes desistimientos. En los últimos siete años, según datos del Consejo General del Notariado, se multiplicaron prácticamente por cuatro el número de los que han renunciado  al legado de sus antepasados.  En Andalucía, por ejemplo,  en el año 2007, fueron 1417 los herederos que no pudieron hacerse cargo de la herencia. En 2014, sin embargo, esa cifra subió hasta los 5.980. En Asturias, aunque la subida fue un poco más moderada, pasamos de las 497 a las 1.505 renuncias. Y ya es hora, cómo no, de corregir semejante disparate.

Gijón, 10 de abril de 2015

José Luis Valladares Fernández