LA PESADILLA DE LOS IMPUESTOS

Cuenta la leyenda que uno de los reyes míticos de la antigua Tracia, llamado Fineo, abusaba constantemente de sus dotes proféticas y comunicaba a los hombres, sin consentimiento alguno, los designios secretos de los dioses del Olimpo. Como castigo por ese atrevimiento, Zeus lo confina en una isla y ordena a las Harpías  que le persigan implacablemente y no le dejen comer.

Aunque inicialmente las Harpías, según cuenta el poeta Hesiodo en su Teogonía, eran unas mujeres muy hermosas, de adorables cabellos, para mortificar más a Fineo, terminaron convertidas en auténticos monstruos alados, extremadamente repugnantes, que tenían el rostro de vieja y el cuerpo de buitre. Cuando Fineo intentaba comer algo para mitigar el hambre espantosa que padecía, las Harpías se adelantaban y le robaban los manjares de su mesa, justo antes de poder comerlos. Y Fineo, para librarse de tan execrables bestias, tuvo que acudir a los argonautas que se prestaron a expulsarlas de allí si les indicaba el camino de la Cólquida.

Y si Fineo tuvo que soportar un doloroso viacrucis con las Harpías, los ciudadanos españoles vamos camino del Calvario, llevando sobre nuestros debilitados hombros la pesada cruz de un sistema tributario completamente disparatado e injusto. Es cierto que en los impuestos indirectos, aplicados de manera casi exclusiva a operaciones de producción y consumo,  los Estados miembros tienen muy poco margen de maniobra. Es la Unión Europea la que marca la pauta, para evitar cualquier tipo de competencia desleal entre empresas y asegurar la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios. Afecta, entre otros, a impuestos tan importantes como el IVA, los carburantes, las bebidas alcohólicas y el tabaco.

No es ese, sin embargo, el caso de los impuestos directos, que son los que se aplican sobre la renta de los particulares, sobre el patrimonio y sobre los beneficios que vayan acumulando las sociedades. En este caso, la Unión Europea se mantiene al margen y deja que los Estados miembro fijen libremente, tanto los tipos de impuesto que prefieran, como  las cargas o gravámenes fiscales que imponen al ahorro y a las supuestas plusvalías. Y  España se ha excedido al exigir a los ciudadanos unos impuestos claramente injustos y abusivos, que nos colocan al frente de los países de nuestro entorno en presión fiscal.

Los ciudadanos españoles pagamos proporcionalmente bastantes más impuestos que cualquier otro europeo y, en nuestro caso, no se corresponden en absoluto con el Estado de Bienestar que disfrutamos. España, es verdad, tiene unos gastos astronómicos y completamente insoportables y todo por culpa de la Administración tan desmesurada que nos hemos dado. Tenemos en nómina a bastantes más políticos que Francia, Inglaterra y Alemania juntas. Ahí están, por ejemplo, las 17 Autonomías, con su Gobierno particular, sus respectivos parlamentos y toda una inacabable parafernalia de empresas públicas, fundaciones, observatorios e infinidad de chiringuitos que se utilizan descaradamente para colocar a familiares y amigos y para pagar favores.

Y claro está, para mantener todo ese cúmulo de gastos absurdos, explotan, exprimen  y espolian sin contemplación alguna a la ciudadanía española. Además de pagar impuestos hasta por cosas inimaginables, los porcentajes aplicados suelen ser excesivamente altos. El sistema tributario español es realmente asfixiante para la clase media ya que, con relativa frecuencia, más del 50% de sus ingresos, termina invariablemente en manos de la hacienda pública. Y todo para desaprovecharlo y malgastarlo después, manteniendo contra viento y marea esas 17 legislaciones diferentes que, como rompen la necesaria unidad de mercado, espantan las inversiones extranjeras y, por lo tanto, influyen muy negativamente en la marcha de nuestra economía y en la creación de empleo.

Aunque son muchos los tributos que pagamos a las distintas Administraciones Públicas, no todos ellos son justos y razonables. Hay veces que, por culpa del desmedido afán  recaudatorio, se nos obliga a pagar impuestos, que son manifiestamente inadmisibles e injustos. Y tenemos casos escandalosamente flagrantes, que afectan tanto al Estado central, como a las Autonomías y a los Ayuntamientos, aunque aquí, por razones de espacio, me centre exclusivamente en el impuesto de la “plusvalía  municipal”, que paga siempre el que vende o el que hereda algún bien urbano.

El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, o “plusvalía municipal”, es posiblemente el más polémico y absurdo de todos los tributos que dependen de las Administraciones locales. Se trata, cómo no, de un impuesto directo y objetivo que grava el incremento del valor que experimenta el suelo urbano desde el momento de su adquisición hasta que se vuelve a vender o a cambiar de dueño. Y aunque haya construcciones de por medio, lo que cuenta es el valor del suelo, y no la edificación en sí.

El problema está en que las Haciendas Locales dan por hecho que, entre la fecha de compra y la venta, se produce invariablemente un determinado incremento en el valor del suelo, y no siempre es así. Es cierto que, hasta el año 2009, el precio de los inmuebles no tenía techo y experimentaba continuas revalorizaciones. Pero con el estallido de la burbuja y la consiguiente crisis económica que estamos padeciendo, los precios se desplomaron, y muchos se vieron obligados a vender sus casas o sus pisos muy por debajo de su precio de compra. Y aún así, siguen estando obligados al pago injusto de semejante tributo.

Y por supuesto, los Ayuntamientos fijan esa supuesta “plusvalía municipal”, sin tener en cuenta la diferencia entre lo que costó en su día ese suelo urbano o edificio y el precio en que finalmente fue vendido o transferido a los herederos.  El valor sometido a gravamen se calcula, faltaría más, multiplicando un porcentaje determinado por el número de años en que ese bien perteneció al que ahora lo vende o transfiere.

 Pero la manera de fijar ese porcentaje es radicalmente injusta,  porque dicho porcentaje se obtiene directamente sobre el valor catastral del suelo en el momento que se produce  la venta. Y lo hacen así los Municipios, porque de este modo se aseguran siempre un incremento del valor, aunque en realidad se haya perdido dinero, porque se vendió lógicamente por debajo del precio de compra.

Y no termina aquí la actuación interesada de las Haciendas Locales. Para compensar la caída de la recaudación fiscal, que comenzaba a producirse por culpa de la crisis económica, los Ayuntamientos revisaron al alza los valores catastrales precisamente en el año 2009, que fue cuando comenzó a desplomarse el valor de las edificaciones. Y esas subidas del valor catastral, que en algunos casos sobrepasaron el 300%, perjudicaron gravemente a los contribuyentes en general.

Gijón, 17 de mayo de 2015

            José Luis Valladares Fernández