A CADA UNO LO SUYO

II – Un golpe de Estado en toda regla

El afán desmedido de intervenir en política de manera  partidista, mostrado por Alfonso XIII desde el comienzo de su reinado, fue determinante para que varios políticos monárquicos abandonaran su filiación  liberal o conservadora y se integraran con los republicanos. El 13 de septiembre, por ejemplo, Miguel Primo de Rivera se sublevó contra el Gobierno para alejar cualquier posibilidad de contagio con la revolución bolchevique y, por supuesto, para solucionar de una vez los problemas derivados de  la inapelable derrota que sufrieron las tropas españolas  el 22 de julio de 1921, ante los rifeños, comandados por el famoso Abd el-Krim.

La reacción del Gobierno legítimo ante la rebelión del capitán general de Cataluña, no se hizo esperar, y el 14 de septiembre, un día después del golpe de Estado, pidió al monarca la destitución fulminante de los generales golpistas y que convocara inmediatamente las Cortes Generales. Al no ser atendida su petición, el Gobierno presentó su dimisión y Alfonso XIII, sin más, nombra presidente del Gobierno a Miguel Primo de Rivera.

Al oficializar por su cuenta y riesgo la Dictadura Militar, el rey cometió  un error francamente garrafal. Con esa desafortunada decisión, además de sembrar el desánimo entre los políticos de tendencia liberal o conservadora, abrió una crisis extremadamente grave y peligrosa que, poco a poco, fue  socavando los cimientos del sistema monárquico tradicional. Es evidente que, en esa ocasión, Alfonso XIII se olvidó de su condición de monarca constitucional, y actuó como si fuera un simple jefe de Estado, lleno de tics de corte dictatorial.

Una vez constituido el Gobierno, Miguel Primo de Rivera confesó espontáneamente que no pensaba eternizarse al frente de un Ejecutivo y que, por lo tanto, su régimen sería algo meramente provisional. Y precisó aún más, señalando que su Gobierno no duraría nada más que los noventa días que, según sus cálculos, necesitaría para salvar a España de “los profesionales de la política” y  su regeneración posterior. Pero se olvidó muy pronto de ese propósito inicial, y su Dictadura duró nada menos que seis años completos y cuatro meses.

Y es en abril de 1924, cuando el dictador da los primeros pasos para  eternizarse en el poder. Comienza creando su propio partido político, la Unión Patriótica, para que su Directorio Militar encuentre un apoyo civil suficiente. Y en diciembre de 1925, aprovechando el indiscutible éxito de la campaña de África, da un paso más y sustituye el Directorio militar por otro más abierto y de carácter civil, con la intención maquiavélica de institucionalizar su régimen dictatorial. Con el Directorio Civil, Primo de Rivera instaura de nuevo el Consejo de Ministros tradicional, en el que participan indistintamente civiles y militares.

Pero Miguel Primo de Rivera fue aún más lejos, y en septiembre de 1927 creó la Asamblea Nacional Consultiva que elaboró un anteproyecto de Constitución diametralmente opuesto a nuestro sistema constitucional. Y no contento con esto, implanta un régimen corporativo excesivamente centralista, que rompe con los usos habituales del  parlamentarismo español, provocando así la deserción de muchos de sus seguidores. A partir de ese momento, la desbandada de sus adeptos e incondicionales fue ciertamente imparable.

Son muchos y muy variados los grupos sociales y políticos que terminaron dando la espalda al dictador. Entre ese grupo de nuevos opositores, nos encontramos con nacionalistas periféricos que se sintieron treméndamente decepcionados al ver que no llegaban las descentralizaciones que había prometido. Entre los decepcionados, hay también muchos empresarios, que terminaron cansándose, cómo no,  de las continuas intrusiones que realizaba la UGT desde los aledaños del Gobierno. Hicieron lo mismo muchos intelectuales y universitarios, porque estaban totalmente en contra de una prolongación indefinida de semejante régimen.

Al comprobar que Primo de Rivera había perdido casi todos sus apoyos políticos y morales, Alfonso XIII comienza a preocuparse, porque intuye que, si sigue apoyando la Dictadura, podía comprometer seriamente el futuro de la corona. Y para prevenir ese peligroso riesgo, también él le retira su apoyo. Ante semejante situación, el Dictador, por fin, asume su fracaso y el 28 de enero de1930 presenta su dimisión. Al día siguiente, el rey nombra presidente del Consejo de Ministros al general Dámaso Berenguer.

Con este nombramiento, el monarca intentó recuperar nuevamente la “normalidad constitucional”. Pero era ya demasiado tarde para revertir esa situación angustiosa. Con su desmedido intervencionismo en política,  provocó la desbandada de sus seguidores. Al final, los adeptos que le quedaron o eran miembros del Ejército, o formaban parte de la aristocracia o del clero. A partir de ese momento, comenzaron a menudear las manifestaciones antimonárquicas y se culpaba de todo al rey. Se le achacaba, incluso, hasta el desdichado Desastre de Annual.

El 17 de agosto de 1930, se celebró una reunión en la capital de Guipúzcoa, a la que asistió lo más granado del republicanismo español, y se firmó el famoso Pacto de San Sebastián. Entre los organizadores de esa confabulación, estaban Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, dos antiguos prebostes monárquicos, que habían militado respectivamente en el Partido Liberal y en el Partido Conservador. En octubre de ese mismo año, se sumaron  también el PSOE y la UGT, y se encargaron de promover una huelga general para arropar a la insurrección militar, que estaban organizando para dar el golpe de gracia a la monarquía.

A pesar de los repetidos intentos, la huelga general no llegó a declararse. Sí se produjo, sin embargo, el previsto pronunciamiento militar. El 12 de diciembre, adelantándose tres días a la fecha determinada, se sublevó la guarnición de Jaca, pero fracasó rotundamente y sus cabecillas fueron fusilados. El día 15, de acuerdo con el calendario fijado, se produjo la cuartelada del aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid), pero hubo varias deserciones y el general Orgaz no tuvo muchos problemas para sofocar esa intentona golpista.

Y como Dámaso Berenguer, que no era político, no lograba restablecer plenamente la Constitución de 1876, el rey Alfonso XIII lo destituye en febrero de 1931, y pone  al almirante Juan Bautista Aznar al frente del supuesto Gobierno de concentración monárquica. Nada más acceder al cargo, el nuevo presidente comienza a preparar el próximo calendario electoral. Y fijó para el domingo 12 de abril las elecciones municipales, y reservando el 3 de mayo para las provinciales y el 7 de junio para elegir a los parlamentarios nacionales.

Unos días antes de la fecha señalada para las elecciones, concretamente el día 5 de abril, se proclamaron los concejales que se presentaban y no tenían adversario que les disputase el puesto. En esa especie de primera vuelta, resultaron elegidos 14.018 concejales monárquicos y solo 1.832 republicanos. Y con un resultado tan cumplidamente favorable a sus propias candidaturas, los partidarios de la monarquía se crecieron y pensaron erróneamente que la agitación republicana desaparecería por completo de la calle tras la próxima jornada electoral.

Cuando llegó el 12 de abril y se celebró la segunda vuelta de las elecciones, volvió a repetirse la abrumadora victoria de las candidaturas monárquicas. Los republicanos tuvieron que conformarse con 5.775 concejalías, mientras que los monárquicos consiguieron prácticamente cuatro veces más, logrando 22.150 concejales. Y a pesar de tan severa derrota, los republicanos se atribuyeron sin más la victoria en las urnas,  y afirman que, justamente por eso, proclamaron la  Segunda República.

Es verdad que los republicanos ganaron ampliamente en la mayor parte de las capitales de provincia. Aunque también es cierto que,  en esas elecciones, hubo mucho juego sucio. En Madrid, por ejemplo, gracias a la mediación del concejal socialista, Andrés Saborit, votaron por su partido varios miles de difuntos. De todos modos, con esa victoria en las ciudades, los republicanos se crecieron y, el día 13, sacaron las masas a la calle para organizar una especie de toma simbólica  y revolucionaria de los ayuntamientos. Entre los monárquicos, en cambio, cundió el desánimo y, por miedo a una revolución cruenta, aceptaron cobardemente la derrota.

No olvidemos que las elecciones de abril de 1931 no tuvieron nunca carácter plebiscitario, y tampoco de referéndum. Fueron simplemente eso, unas elecciones municipales y que, por añadidura, fueron ganadas ampliamente por los monárquicos. Obviando estos resultados, a las ocho de la tarde del día 14 de abril, el “comité revolucionario” se constituyó en “Gobierno Provisional” de la República, con Niceto Alcalá-Zamora como presidente. A esa misma hora y ese mismo día, por culpa del retraimiento de unos ministros pusilánimes, y por su propia cobardía, el rey Alfonso XIII abandonó Madrid, camino del exilio.

La izquierda española, en general, presume de ese cambio de régimen, que dicen que fue modélico y que se llevó a cabo respetando escrupulosamente la democracia. Y no es verdad. Se instauró la República de manera irregular y pervirtiendo gravemente la legalidad. Ni las masas se lanzaron a la calle para exigir ese cambio, ni se preguntó al pueblo si quería o no otra forma de Estado. Aquello fue un golpe de Estado en toda regla, tan perfecto, que hasta lograron disimular la ilegalidad de ese cambio.

Las últimas horas que pasó Alfonso XIII en las dependencias del Palacio de Oriente fueron realmente muy duras y dramáticas. El rey, que estaba totalmente abatido por los resultados electorales de las ciudades, después de escuchar al presidente del Gobierno, el almirante Aznar y a su ministro de Estado, Álvaro Figueroa y Torres, el famoso conde de Romanones, se da cuenta que está muy solo y sin apoyos. Y al no poder contar ni con el Ejército ni con la Guardia Civil, presenta su renuncia al trono y afirma que se aparta “de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otros en fratricida guerra civil”.

Entre los miembros del Gobierno, solo el ministro de Fomento, el murciano Juan de la Cierva y Peñafiel se atrevió a apostar por la continuidad de la monarquía y dijo al rey que resistiera valientemente y que permaneciera en España, por lo menos, hasta que se celebraran elecciones generales. Y de manera un tanto profética agregó: “El Rey se equivoca si piensa que su alejamiento y pérdida de la Corona evitarán que se viertan lágrimas y sangre en España. Es lo contrario, señor”. Pero Alfonso XIII ya había tomado la determinación de partir hacia el exilio y  España comenzó a caminar ciegamente hacia la guerra civil.

Gijón, 29 de abril de 2017

José Luis Valladares Fernández