A CADA UNO LO SUYO

III – Primeros pasos de la II República

En España, es verdad, se instauró por dos veces la República, y terminó rematadamente mal en ambas ocasiones.  La I República fue proclamada por las Cortes el 11 de febrero de 1873, tras la renuncia al trono de España del rey Amadeo I de Saboya. Hay que reconocer que, de aquella, el republicanismo tenía muy poco predicamento entre los españoles de a pie, y los políticos estaban internamente divididos. Por un lado estaban los federalistas moderados que pretendían construir la federación desde arriba, desde el Estado. Y por otro, estaban los intransigentes que, como Antonio Gálvez Arce, pretendían construir esa federación desde abajo.

Y gracias a esa división interna que mantenían los federalistas, la República mantuvo siempre su debilidad inicial y su enorme inestabilidad política. Precisamente por eso, y a pesar de su extremada brevedad, fueron cuatro los presidentes que se sucedieron en ese año escaso: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, todos ellos militantes del Partido Republicano Federal.

La Tercera Guerra Carlista y los continuos disturbios que se generaban en las Antillas Mayores con la aparición del sentimiento nacional  en Cuba y en otras colonias, estaban demorando excesivamente la puesta en marcha del sistema federal acordado. Y ese retraso fue determinante para que los federalistas jacobinos e intransigentes decidieran independizarse de Madrid y llenar España de minúsculas repúblicas autónomas, los famosos cantones independientes, algunos tan pequeños como Camuñas o Jumilla. Ese levantamiento cantonal afectó principalmente a localidades de Valencia, Murcia y Andalucía.

Destaca por su violencia, y por su duración, la República independiente o cantón de Cartagena, que logró mantener su independencia algo más de medio año. El diputado federal murciano, Antonio Gálvez Arce, apodado  Antonete,  asumió el mando del cantón, y el día 12 de julio de 1873, con la inestimable ayuda de la marinería, se apoderó de la flota de  la Armada, que estaba fondeada en el puerto de Cartagena.

Comandando esa especie de escuadra pirata, el famoso diputado Antonete, se dedicaba constantemente a sembrar el terror en las ciudades y poblaciones costeras más próximas.  Y todo, para que  se unieran a la rebelión y, más que nada, para que contribuyeran a los gastos con cuantiosos impuestos revolucionarios. Y cuando alguna ciudad se negaba a pagar ese impuesto, era inmediatamente bombardeada, como ocurrió con Almería y con Alicante, por negarse a abonar los 100.000 duros exigidos.

Aunque Cartagena llevaba meses asediada y la situación era ya francamente insostenible, Antonio Gálvez (Antonete) y su compinche Juan Contreras y San Román seguían resistiendo y causando serios problemas a las tropas del Gobierno central. Entre tanto, llega el 3 de enero de 1874, y el presidente Emilio Castelar pierde la moción de censura presentada por Francisco Pi y Margall. Tratando de defender a Castelar, el general Manuel Pavía, capitán general de Castilla la Nueva, da un golpe de Estado y, entrando en el Congreso, expulsa a los diputados cuando estaban votando un nuevo presidente.

Fue el 12 de enero, unos días después del triunfo del golpe de Estado de Pavía, cuando el general José López Domínguez consigue la rendición de Cartagena. Y al negarse Castelar a seguir en el poder, el general Pavía  nombra presidente del Gobierno al general Francisco Serrano. Serrano, que disuelve las Cortes republicanas y gobierna de forma autoritaria. La República federal  acaba prácticamente aquí, y se abre una etapa de transición hacia la restauración monárquica, que se produce el 29 de diciembre de 1874, cuando Arsenio Martínez Campos, que se amotina en Sagunto,  proclama a Alfonso XII de Borbón como rey de España.

No corrió mejor suerte la II República Española. La izquierda española actual sigue afirmando incansablemente, que las fuerzas progresistas de 1931 volvieron a instaurar la República, porque deseaban fervientemente modernizar y democratizar el país. Y mantiene, que esos anhelos eran ampliamente compartidos por los intelectuales y hasta por una gran parte de los movimientos obreros de la época. La II República no fue democrática, ni en su origen, ni en su comportamiento posterior. Nació, como ya hemos visto, de manera ilegal, tras unas elecciones municipales y, por lo tanto, sin capacidad legal para realizar un cambio de régimen.

Durante todo ese período, la libertad de expresión o información estuvo sujeta a una rigurosa censura previa, mucho más implacable que en tiempos de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera. Los responsables de la República llenaron esa etapa de atropellos e ilegalidades. Y con la misma irresponsabilidad que excusaban a los que quemaban iglesias y conventos, se servían de las instituciones republicanas para dictar frecuentemente la suspensión de las garantías constitucionales, o para organizar desde dentro todo tipo de insurrecciones y, mira por dónde,  hasta algún asesinato político.

Hay que reconocer, por qué no, que los grupos izquierdistas deseaban fervientemente implantar el régimen republicano. Pero esos grupos estaban tan atomizados y dispersos,  eran tan irrelevantes, que no tenían poder alguno de decisión. Para poder disfrutar de cierto grado de representatividad y ser operativos, necesitaban limar asperezas entre unos grupos y otros, abandonar personalismos propios, aunar esfuerzos y, por supuesto, elaborar un proyecto común. Y esa labor fue realizada magistralmente por dos personajes de la derecha tradicional española, tan importantes como Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura.

 Por culpa de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, tanto Alcalá-Zamora, antiguo militante del Partido Liberal, como el conservador Miguel Maura, abandonan su antigua posición monárquica y se hacen republicanos. Por despecho hacia la Corona, y con ánimo claro de revancha, organizan el famoso Pacto de San Sebastián y comienzan a conspirar para derrocar  a la monarquía, representada por el rey Alfonso XIII. Y para lograr ese propósito, comienzan a coordinar y a organizar cuidadosamente a todos esos grupos republicanos de izquierda y los empujan a tomar el poder el 14 de abril de 1931. 

Y aunque queda ya un poco lejos esa fecha, los responsables de los distintos partidos de la izquierda siguen vendiéndonos la República como si fuera el régimen político más democrático que existe y la única forma de Gobierno que puede garantizar plenamente nuestras libertades y, de rebote, solucionar todos los males históricos que ha padecido España. Y siguen defendiendo absurdamente que, cuando llegó la II República, se produjo una explosión de júbilo incontenible, lanzándose la gente a la calle para celebrarlo, lo que no es verdad.

La gente se echó a la calle, es verdad, pero después de ser convenientemente manipulada por los que protagonizaron el cambio ilegal de régimen. Otra cosa, no, pero calentar a las masas y manejarlas caprichosamente, es algo que siempre ha hecho muy bien la izquierda. Una vez enardecida la muchedumbre resulta extremadamente fácil ocupar la calle y, a base de algaradas y revueltas, tratar de condicionar en un sentido u otro el desarrollo de los acontecimientos.

Los hechos demostrarían muy pronto que la República no era, en realidad, el auténtico paradigma  de las libertades y del respeto mutuo de los ciudadanos, pregonado constantemente por los republicanos. No olvidemos que, pocas semanas después del advenimiento de la República, entre el 10 y el 13 de mayo de 1931, se desató una ola de violencia inusitada contra instituciones de la Iglesia Católica.

Esos disturbios, que comenzaron en Madrid,  se extendieron después a otras ciudades de levante y del sur de la península. Tuvieron, como es lógico, consecuencias francamente catastróficas. Además de arder un buen número de  iglesias y conventos, se profanaron algunos cementerios conventuales y se destruyeron cantidad de objetos valiosos del patrimonio artístico de la Iglesia. Y lo que es aún peor, esas revueltas violentas produjeron lamentablemente varios muertos y una cantidad considerable de heridos.

Los distintos partidos de la izquierda republicana mantenían cierta prevención enfermiza contra la derecha, tildándola injustamente de reaccionaria y fascista. Fue acusada absurda y descaradamente de intentar conspirar contra el proyecto democrático y progresista, avalado por el Gobierno Provisional de la República. La derecha, por lo tanto, estaba incapacitada de por vida para asumir responsabilidades de Gobierno. Como la República era “para todos los españoles”, según expresión de Manuel Azaña, se la permitía, eso sí, convivir con otras fuerzas, pero desempeñando exclusivamente  papeles secundarios o meramente testimoniales.

Es verdad que a la derecha no le gustaba mucho la República. Y aunque desconfiaba del régimen republicano, acató disciplinadamente sus leyes sin la menor protesta. Al defender abiertamente la democracia liberal y representativa, la derecha aceptaba sin más la alternancia política en el poder y, por qué no decirlo, se mantuvo fiel al nuevo régimen hasta el final mismo de la II República. Bastante más fiel, por supuesto, que los anarquistas y mucho más que los socialistas.

Como toda la izquierda republicana, los anarquistas estaban claramente en contra de la democracia liberal y no tenían complejos para reprobar la alternancia en el poder. No se identificaban en absoluto con la República, pero contribuyeron voluntariamente a instaurarla con sus votos, porque pensaban que era ese el mejor régimen para conspirar desde dentro del propio sistema, y así poder propagar su comunismo libertario.

En los años 30, los socialistas eran aún más radicales y violentos que los anarquistas, y consideraban que la democracia liberal no era nada más que un invento burgués para dividir y explotar descaradamente a la clase trabajadora. Y cuando comprobaron que la República era un régimen ostensiblemente débil y manipulable, comenzaron a colaborar con  las izquierdas republicanas, con la intención de desbordarlas. Pensaban que esa colaboración iba a ser mucho más útil y rentable que la huelga revolucionaria de 1917,  para hacerse con el poder  e imponer seguidamente el socialismo que estaba triunfado en Rusia.

Como era de esperar, las actuaciones iniciales del Gobierno Provisional de la República fueron todas ejemplarmente moderadas. Pero comenzó muy pronto a escorarse a la izquierda, sobre todo en cuestiones relacionadas con la religión, de modo que la derecha y la izquierda republicana terminaron defendiendo posiciones totalmente contradictorias e inconciliables. La derecha, cómo no, defendía la secularización del Estado, pero mantenía la libertad de cultos, la “libertad de enseñanza” y la llamada “escuela neutra” que respetaba escrupulosamente las creencias religiosas de cada uno.

Los izquierdistas de la II República, en cambio, iban mucho más lejos y no se conformaban con la simple secularización del Estado. Llevados de su anticlericalismo radical, pidieron también la secularización de la sociedad, el divorcio y, por supuesto, acabar de una vez con la vinculación religiosa de los cementerios. Y no contentos con esto, decretaron la supresión de las distintas Órdenes Religiosas, especialmente de la Compañía de Jesús, a la vez que nacionalizaban todos sus bienes. Y crean la famosa escuela “única” y laica para sustituir a los colegios que venían regentando los religiosos.

La izquierda republicana se aprovechó taimadamente de su mayoría en el Gobierno Provisional de la II República, para llevar a la Constitución que se estaba redactando sus aspiraciones laicistas y anticlericales. Como es lógico, la minoría conservadora, que solía llevar la voz cantante desde la celebración del Pacto de San Sebastián, se sintió tremendamente desairada. Y el 14 de octubre de 1931, tras la aprobación por las Cortes del artículo 24 donde aparece alguna de esas medidas radicales, el presidente del Ejecutivo, Niceto Alcalá-Zamora, y el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, deciden abandonar el Gobierno Provisional.

Con la llegada de Manuel Azaña a la presidencia del Gobierno de la República sustituyendo a Alcalá-Zamora, se abre un período de reformas, en el que los socialistas asumen nuevas responsabilidades en detrimento del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux.  El 9 de diciembre de 1931, con la inevitable abstención de la derecha, las Cortes Constituyentes aprueban la nueva Constitución. Y para evitar protestas de la derecha liberal católica y su más que probable campaña de desprestigio contra los responsables del Gobierno, Manuel Azaña designa personalmente a Alcalá-Zamora como primer presidente constitucional de la República.

A partir de ese momento, la coalición de los republicanos de izquierdas con los socialistas comienza a transformar el país, profundizando y radicalizando apropiadamente las distintas reformas realizadas durante el período constituyente. Y como Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura fueron incapaces de constituir y de organizar mínimamente una derecha republicana con posibilidades reales de competir, el partido de Manuel Azaña y las mesnadas del PSOE y de la UGT endurecían arbitraria y libremente sus reformas, sin encontrar oposición.

Gijón, 16 de mayo de 2017

José Luis Valladares Fernández