LOS VAIVENES DE LA ECONOMÍA EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

 

1.-La evolución de la economía entre julio de 1976 y marzo de 2004

 

Nos guste, o no nos guste, son muchos los factores que intervienen decisivamente en la marcha de la economía. El resultado económico final, cómo no, estará siempre condicionado por los bienes y servicios que destinamos a satisfacer todas nuestras necesidades, como es el caso de los recursos naturales que nos dan la tierra, el trabajo y, por supuesto, el capital.

Todos esos medios, es verdad, son ciertamente muy importantes para alcanzar los objetivos previstos, pero no son tan determinantes, ni tan transcendentales como el tipo de Gobierno que tengamos. Y desde que se instauró la democracia en España, faltaría más, ya hemos tenido gobiernos liberal-conservadores, gobiernos socialdemócratas y ahora, para nuestra desgracia, estamos padeciendo un Gobierno social-comunista. Y como es evidente, no todos ellos comparten el mismo grado de eficiencia

Por lo que parece, los gobiernos que practican una política liberal-conservadora suelen ser bastante más comedidos y ahorradores que los socialdemócratas. Y no suelen abusar tan desconsideradamente de los ciudadanos que  pagan impuestos. Y esto se traduce, a la vista está, en unos resultados económicos mucho más aceptables que los propiciados por los socialdemócratas. Y no digamos nada de lo que nos espera con el Gobierno social-comunista actual que, según todos los indicios, nos lleva directamente a la ruina.

No podemos olvidar que, con la famosa Transición española, cerramos una etapa de crecimiento espectacular, propiciado por los planes de estabilización y desarrollo, que organizaron Alberto Ullastres, Mariano Navarro Rubio y Laureano López Rodó. De aquella, el crecimiento medio de nuestra economía era del 7,7%, que no estaba nada mal, y un PIB per cápita de 3.193$. Y en 1975 teníamos, ahí es nada, una tasa de paro del 3,7%, con un total de 600.000 parados, que entonces parecía una cantidad francamente desmesurada.

Hay que tener en cuenta que, el 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria aprovechan una de las fiestas religiosas judías más importantes, el Yom Kippur o Día de la Expiación, para lanzar un ataque por sorpresa contra Israel. Y todo porque los israelitas se negaron a devolver los altos del Golán a Siria y la península del Sinaí a Egipto, territorios que habían ocupados en la guerra de 1967. Por culpa de este conflicto árabe-israelí, el precio del petróleo sube espectacularmente, provocando una crisis energética mundial inesperada, que da lugar a una elevada inflación, incrementa el paro y acaba con cualquier posibilidad de crecimiento económico.

Por culpa de esta crisis petrolera, aumentó considerablemente la dependencia exterior de la economía española. Y para complicar aún más nuestra situación, disminuyeron drásticamente las inversiones extranjeras, comenzaron a retornar los emigrantes españoles y empezaron a  evaporarse, poco a poco, las llegadas masivas de turistas extranjeros, menguando así las divisas que aportaban estos visitantes.

Así las cosas, llega julio de 1976 y Adolfo Suárez González es nombrado presidente del Gobierno por el rey Juan Carlos I. El nuevo presidente, con la ayuda inestimable de Torcuato Fernández Miranda, comienza inmediatamente a desmantelar las estructuras del régimen franquista, para poner en marcha la llamada Transición española. Contaba con el apoyo de un gran número de políticos, entre los que había ‘falangistas conversos’, cantidad de socialdemócratas y muchos liberales y democristianos, que terminarían formando el partido de coalición Unión de Centro Democrático (UCD).

Las primeras elecciones generales libres, que abren el nuevo período democrático, se celebraron el 15 de junio de 1977. Y las ganó, claro está, la UCD, de Adolfo Suárez. Y al tratarse de una legislatura constituyente, las nuevas Cortes aprobaron la Constitución, que refrendaría ampliamente el pueblo español el 6 de diciembre de 1978.

Cuando Adolfo Suárez se hizo cargo del Gobierno, tras las elecciones de 1977, tuvo que hacer frente a cantidad de problemas políticos y sociales, una buena parte de ellos derivados del cambio de régimen. Y el resto, por culpa de la larga crisis energética, que puso fin inesperadamente al período de expansión económica, que se había abierto con los viejos planes de estabilización y desarrollo de 1959.

Para acabar con esa serie de dificultades, tan letales para nuestra economía, el 25 de octubre de 1977, Adolfo Suarez y los principales partidos del arco parlamentario firmaron los famosos Pactos de La Moncloa. Con estos pactos, intentaban estabilizar debidamente la Transición Democrática para frenar la vertiginosa subida de la inflación acumulada que llegaba al 47%. También buscaban incrementar la renta per cápita que, de aquella, era un 20% inferior a la media europea. Y tampoco podían olvidarse de la preocupante evolución del paro.

Con los  Pactos de La Moncloa, mejoró en parte nuestra situación económica. En 1977, la subida del PIB alcanzó el 2,8%, y la tasa de inflación quedó fijada en un IPC del 24,53%. Finalizamos 1980, en términos reales, con un crecimiento del producto interior bruto del 1,7%, y con un PIB per cápita de 4227$. Pero Adolfo Suárez, no fue capaz de controlar el paro, que crecía precipitadamente por el retorno continuo de emigrantes españoles.  En 1980, el paro rondaba ya el 13,5%, alcanzando la escalofriante cifra de 1.741.000 parados.

Es preciso reconocer, que Adolfo Suárez se encontró con auténticas dificultades que lastraban irremediablemente su gestión al frente del Gobierno. Además de ser esa la etapa más tétrica de la banda terrorista de ETA, no tardaron mucho en aparecer los problemas políticos que originaba su propio partido. No olvidemos que la UCD se formó muy de prisa y con fines puramente electorales, con monárquicos, tradicionalistas y franquistas, con liberales, conservadores y socialdemócratas. Y al haber intereses contrapuestos entre unos y otros, no tardaron mucho en aflorar toda clase de contradicciones  y enfrentamientos.

A parte de la división interna de su propio partido, Adolfo Suárez tuvo que afrontar la moción de censura presentada por el PSOE y la reclamación de Andalucía para acceder a la Autonomía por la vía rápida, como Cataluña, el País Vasco y Galicia. Se vio obligado igualmente a lidiar el descontento del Ejército, porque la izquierda exigía que se reconocieran los grados y las pensiones de los militares republicanos. Y sin más remilgos, presentó su dimisión el 29 de enero de 1981. Le sucedió en el cargo Leopoldo Calvo Sotelo, que era el vicepresidente de Asuntos Económicos.

La estancia de Leopoldo Calvo Sotelo al frente del Gobierno fue más bien corta, ya que no llegó a completar ni los dos años. Pero lo que tuvo de breve, lo tuvo de complicada, porque estuvo llena de incidentes lo suficientemente graves para enturbiar la situación social de los españoles. El primer percance ocurrió el 23 de febrero, durante la segunda votación de su investidura como presidente del Gobierno, con el asalto al Congreso de los Diputados del teniente coronel Antonio Tejero, al frente de un grupo de guardias civiles.

Cuando Calvo Sotelo no llevaba nada más que dos meses al frente del Gobierno, nos encontramos con el escándalo del aceite de colza desnaturalizado. El primer caso apareció el 1 de mayo de 1981, y afectó  a más de 20.000 personas, produciendo lamentablemente unas 1.100 defunciones.

Y el 2 de octubre de 1982, cuando ya estaban convocadas las elecciones generales del 28 de ese mismo mes, el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo tiene que intervenir necesariamente en el desmantelamiento de otro golpe de Estado, que estaba fijado para el 27de ese mismo mes. Este golpe de Estado estaba bastante mejor preparado  que el del 23F, y lo estaban organizando los coroneles de artillería Luis Muñoz  Gutiérrez, Jesús Crespo Cuspinera y el teniente coronel José Crespo Cuspinera. Y al parecer, había cierto grado de complicidad con el teniente general Jaime Milans del Bosch.

Durante el mandato de Leopoldo Calvo Sotelo, se produjo una nueva subida del precio del petróleo, acentuando aún más la gravedad de la recesión y estancamiento de nuestra tambaleante economía. Como no podía ser menos, volvió a subir la inflación y la tasa del déficit público paso del 1,1%, nada menos que al 5,5%. Pasó algo muy parecido con el desempleo, que se disparó hasta el 17,06%, dejando exactamente 2.234.800 parados, cuando cesó en el cargo tras las elecciones generales del 28 de octubre de 1982.

La era de Felipe González Márquez comenzó el 1 de diciembre de 1982, jurando el cargo de presidente del Gobierno ante el rey Juan Carlos I. Con la complacencia manifiesta del jefe, los voceros socialistas afirman rotundamente, que fue Felipe González quién, de verdad, introdujo en España el Estado de Bienestar, mejorando así la calidad de vida de la población. Estaría detrás, entre otras cosas, del desarrollo de la clase media y de la puesta en marcha de la Seguridad Social, con todo lo que conlleva. Le deberíamos naturalmente, el haber puesto a vivir a los españoles.

La realidad, sin embargo, es notoriamente muy distinta. Emprende, es verdad, una serie de reformas económicas y laborales, permitiendo  una mayor presencia de los sindicatos en las empresas, flexibilizando la contratación de  trabajadores por parte de las pequeñas y medianas empresas y  ajustando los aumentos salariales al incremento de los precios al consumo. También adelanta la edad de jubilación a los 64 años y permite jubilaciones anticipadas desde los 59 años. Y  ahí se acabaron prácticamente, las alharacas y los demás fuegos florales.

Es sabido que a los socialistas no se les da muy bien crear puestos de trabajo, sobre todo si son puestos de trabajo productivos. A pesar de todo, y con la intención de ilusionar a sus parroquianos, González lanzó su promesa estrella nada más llegar al Gobierno. Prometió solemnemente, vaya atrevimiento, generar 800.000 nuevos puestos de trabajo. Lo malo es que las palabras, lo mismo que las propuestas, suele llevarlas muy fácilmente  el viento.

Y como era de esperar en tiempos de recesión económica, y más tratándose de un Gobierno socialista, ocurrió finalmente lo que tenía que suceder: los 800.000 nuevos puestos de trabajo, se convirtieron en un millón más de desempleados. Felipe González finalizó su mandato, dejando una tasa de paro del 20,04% de la población activa, que traducido a números reales, alcanzaba la escalofriante suma de 3.500.000 personas sin trabajo.

La herencia que dejó Felipe González a José María Aznar era objetivamente mala, tanto por el número de desempleados, como por los demás resultados económicos. Además del 5,5% de déficit público, dejó también una deuda de 60 billones de las pesetas de entonces  y una Seguridad Social en quiebra. Y para que no faltara nada, se le fue la mano en la presión fiscal, que llegó a alcanzar un 36% claramente abusivo, la corrupción batió retos de escándalo con Filesa, Malesa y Time-Export y, para más inri, coronó la fiesta con la habilitación, por parte del Ministerio del Interior, de los terroristas del GAL.

En marzo de 1996, gana las elecciones José María Aznar López y asume la presidencia del Gobierno el 4 de mayo de ese mismo año. Nada más llegar a La Moncloa, se enfrascó en la liberalización y desregularización de la economía. Completó la faena, recortando cuidadosamente los gastos del Estado y privatizando varias empresas estatales de sectores estratégicos, porque pensaba que era esa la única manera  de recuperar la maltrecha economía, que había recibido de González.

Y la economía, quién lo iba a decir, comenzó a  crecer seguidamente, reduciéndose el déficit público hasta un 0,3%, y el desempleo, vaya sorpresa, no tardó mucho en bajar hasta el 13,6%. Con su nuevo y acertado enfoque de la economía, Aznar ya cerró el año 1997 con una inflación del 1,9%, cumpliendo así con lo establecido en el Tratado de Maastricht para poder participar en la Europa del euro.

Ni que decir tiene que, con José María Aznar, el empleo siguió mejorando imparablemente mientras estuvo al frente del Gobierno, y llegó a crear unos  600.000 nuevos puestos de trabajo. Y ocurrió justamente lo mismo con la economía, de modo que, al finalizar su mandato, estábamos creciendo nada menos que a un 2,6%.

En esa misma fecha, la tasa del paro había bajado hasta el 11,50% de la población activa, ya que el total de desempleados que dejaba Aznar, sumaban algo más de 2.200.000, muy por debajo naturalmente de los 3.500.000 parados, que había heredado de Felipe González. Si nos centrarnos en los que tienen un trabajo, vemos que Aznar se encontró con 12.626.700 ocupados y dejó a su sucesor la friolera de 17.865.800 trabajadores con empleo.

 

Gijón, 26 de diciembre de 2020

José Luis Valladares Fernández