Con la
llegada de Rodríguez Zapatero a la
presidencia del Gobierno, se abrió una etapa de dogmatismo ideológico, que
devolvió al PSOE a su pasado más
cutre. Se trataba de reescribir la historia, para quitar validez a la meritoria
Transición española de los años 70, y devolver el honor y la dignidad moral a
los del bando opuesto al franquismo. Con la mascarada de su ‘Memoria
Histórica’, Zapatero buscaba
infatigablemente que, después de tantos años, ganaran aquella guerra los que la
perdieron entonces y huyeron al exilio, llevándose las pocas riquezas que aún
quedaban a los españoles.
No cabe
duda que Rodríguez Zapatero recibió
una herencia bastante aceptable, que no supo aprovechar. Se encontró
aproximadamente con unos 2.227.000 parados. Pero al cabo de pocos años, cuando
se vio obligado a marchar de La Moncloa, ya tenía un total de 4.910.200
desempleados, el 21,4% de la población activa.
Durante los
tres primeros años vivió de las rentas, porque las reservas que le dejó José María Aznar cubrían enteramente
sus necesidades. Y como se dejaba llevar por la inercia del crecimiento
heredado, hasta daba la impresión que se había olvidado del intervencionismo
típico de los socialistas. Pero a mediados del año 2007, cuando nadie lo
esperaba, estalló la famosa crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos que
llenó de incertidumbre a las demás economías mundiales, incluida la española.
Fue
entonces, cuando aparecieron los primeros problemas que Zapatero intentó solucionar incrementando disparatadamente el gasto
público, pasando en ese ejercicio de un superávit de casi 2 puntos sobre el PIB, a un preocupante déficit del 4,4%.
Pero esto no era nada más que el principio del desaguisado económico. En 2009,
el déficit se volvió a disparar, y subió hasta el 11,1% del PIB. Y el Gobierno desnortado de Rodríguez Zapatero, trató de remediar
el problema, con un aumento disparatado de la presión fiscal, que alcanzaba los
15.000 millones de euros.
Y en mayo
de 2010, cuando España estaba al borde del rescate financiero, Zapatero se ve obligado a realizar el
mayor recorte del gasto social de la Democracia. Obligado por las
circunstancias y por los ‘hombres de
negro’ de Bruselas, bajó el sueldo de los funcionarios un 5% y congeló
inopinadamente las pensiones.
Cuando
Zapatero abandonó el poder, dejaba una deuda totalmente envenenada a su
sucesor. Además de los datos negativos que ya conocemos, el endeudamiento de
España estaba ya en el 69,5% del PIB.
Y en esa deuda de 734.530 millones de euros, quedaban fielmente reflejados,
entre otros, los gastos absurdos de la chiquillada del cheque de los 400 euros y el Plan E. Y para quitar hierro en el traspaso de poderes, Zapatero aseguró al PP que quedaba un
déficit del 6%. No le dijo, en cambio, que dejaba más de 35.000 millones en
facturas sin contabilizar, que elevaba ese déficit, al menos, hasta un 9,6%.
En las
elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, Mariano Rajoy logra una mayoría absoluta considerable. Y es absolutamente
normal que sucediera así, ya que los ciudadanos estaban hasta la coronilla de
las ‘jaimitadas’ de Rodríguez Zapatero
y el líder del Partido Popular accedía a aquellos comicios con un programa muy
completo y atrayente.
En primer
lugar, Rajoy se comprometía
explícitamente a no subir los impuestos. Intentaría solucionar el problema,
reduciendo los gastos públicos para que haya menos paro y más crecimiento. Para mantener el Estado del
Bienestar, procuraría reducir el tamaño del sector público, eliminando empresas
y fundaciones inútiles, para mantener intactos todos los servicios básicos. Y
además de otras promesas, promulgaría una Ley de Estabilidad para controlar las
cuentas de las Comunidades Autónomas. Y más importante aún, mantener el poder
adquisitivo de las pensiones era una línea roja, que no traspasarían jamás.
Pero se da
la circunstancia que Mariano Rajoy,
no sé si por decisión propia, o por imposición de la logia de turno, se olvidó muy pronto de sus promesas
electorales y, nada más llegar al Gobierno, subió el IRPF y simultáneamente,
subió también el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Y posteriormente incrementó también el IVA Y en vez actualizar las pensiones con arreglo al 2,9%, que fue
la tasa de inflación de 2011, estableció el copago, que obligaba a los
pensionistas a pagar el 10% del coste de sus medicamentos. Y no paró ahí, ya
que se tragó todas las leyes ideológicas, promulgadas por Rodríguez Zapatero.
Y en
diciembre de 2015, cuando se celebraron las siguientes elecciones, los
ciudadanos pasaron la correspondiente factura a Mariano Rajoy, por el incumplimiento de sus promesas solemnes. Y
pasó lo que tenía que pasar, los 186 diputados anteriores quedaron reducidos a
solo 123 escaños. En esas circunstancias es absolutamente normal que se encontrara
con cantidad de complicaciones graves
para formar Gobierno.
En cuanto
al resultado económico de su gestión al frente del Gobierno, hay que decir que,
en 2011 el Producto Interior Bruto (PIB)
cayó hasta el 1%. Y en 2012, que fue el año del rescate de la banca, se
desplomó hasta el 2,9%. A partir de 2015, el PIB se fue recuperando paulatinamente, alcanzando en 2018 una tasa
interanual de crecimiento del 3%.
No tuvo Mariano Rajoy la misma suerte con la
deuda pública, que seguiría incrementándose gradualmente hasta llegar, en
2014, al 100% del PIB. A partir de entonces comenzaría a mejorar ligeramente, para
quedar en 2018 en el 98,30% del PIB,
lo que supone una deuda astronómica de 1,140.000 billones de euros, que
heredará y empeorará aún más el sabiondo y entrometido Pedro Sánchez.
Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno, se
encontró con una tasa de paro del 21,4%. Y esa tasa de paro siguió escalando
puestos, hasta llegar al 26,1% en el año 2013. En esa fecha, ningún país de la
Unión Europea, tenía tantos desempleados como España. Llegamos a superar holgadamente
a Grecia, que ya es decir.
Esa
situación tan dramática comenzó a mejorar progresivamente, tras la reforma
laboral introducida por Rajoy, que
ha sido criticada y puesta en entredicho por el infortunado dúo gubernamental, formado
por la imprevisible pareja de Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias. El
caso es que, en junio de 2018, cuando Rajoy
es obligado a salir de La Moncloa, la cifra de parados sumaba un total de
3.252.130, que representaban el 15,28% de la población activa.
En esa
fecha, el intruso y atrevido Pedro
Sánchez presentó una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy. Y justificó ese hecho en
la sentencia parcial contra la trama Gürtel, retorciendo torticeramente la
condena, para incluir entre los culpados al propio Partido Popular. En esa
ocasión, el secretario general del PSOE
consiguió lo que no le dejaron hacer los barones socialistas en octubre de
2016: pactar con lo más granado de los enemigos declarados de España. Se alió
con los comunistas de Unidas Podemos, con los independentistas catalanes, con
el PNV y, vaya por Dios, hasta con
los proetarras de Bildu.
Estamos,
por lo tanto, ante una moción de censura tramposa, utilizada
irregularmente para apartar a Mariano
Rajoy del poder, porque no cumplía los requisitos más elementales, requeridos
por nuestra Constitución. Esa moción de censura debería ser constructiva,
pero Sánchez llegaba sin un programa político de Gobierno y, al no contar nada
más que con ochenta y cuatro diputados propios, carecía también de una mayoría
suficiente para desarrollar ese programa. No tenía nada más que unas ganas
locas de llegar a La Moncloa, para dar alas a su enorme y enfermiza egolatría.
El pecado
mayor de Pedro Sánchez es, creo yo,
la vanidad, la presunción y, por supuesto, la envidia. Y aunque no anda muy
sobrado de luces, va de divo por la vida. Se ha endiosado tanto, que presume
insolentemente de su planta y hasta de su sombra y le produce una terrible
dentera que el rey Felipe VI disfrute
de los oropeles y de los ornatos que
proporciona el ser jefe del Estado.
Y son los
españolitos de a pie los que pagan inocentemente el pato de las medidas osadas
que toma un presidente del Gobierno tan intervencionista y radical como Pedro Sánchez. Como no tenía otra
manera de hacerlo, recurrió al consabido Real Decreto Ley, que criticaba
anteriormente, para recuperar las ayudas a los parados de larga duración y para
subir el salario mínimo un 22,3%, cuando solo llevaba medio año al frente del
Gobierno. Y todo sin comprobar si había dinero bastante para semejantes
dispendios.
Lo primero
que hace es elaborar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que fueron
oportunamente devueltos al Gobierno, porque contemplaban una subida de
impuestos alarmante y un incremento exponencial del gasto, que rondaba los
7.000 millones de euros. Y a la vez
disparaba exageradamente los objetivos
de déficit y de deuda. No sé de dónde pensaría sacar el dinero para mantener el
equilibrio presupuestario, porque con los impuestos sería poco menos que
imposible llegar a cubrir esa millonada de gastos.
El rechazo,
por parte del Congreso de los Diputados, del presupuesto propuesto para el año
2019, llevó al presidente Sánchez a
convocar unas elecciones generales anticipadas, que se celebraron el 28 de abril
de 2019. En estos comicios, es verdad, el PSOE
pasó de 84 diputados a contar con 123 escaños. Así que Pedro Sánchez, para ser investido presidente del Gobierno,
necesitaba contar con el apoyo de otras fuerza políticas.
Y al no
contar con los votos de Unidas Podemos que, por lo visto, eran sus “socios preferentes”, fue preciso volver
a repetir las elecciones. Y ese nuevo proceso electoral tuvo lugar el 10 de
noviembre de 2019. Pero los resultados, aparentemente al menos, no aclararon la
situación en absoluto, ya que volvió a ganar el PSOE, pero perdiendo tres escaños con respecto a las pasadas elecciones
del 28 de abril.
Pero el
envanecido Pedro Sánchez, que no estaba
dispuesto a abandonar La Moncloa, aceptó
sin más todas las condiciones que imponía el incorregible guerrillero Pablo Iglesias. Y aunque conocía
sobradamente, según sus propias palabras, que con una persona cercana al líder
de Podemos en los ministerios “no
dormiría tranquilo”, accedió a formar un Gobierno de coalición. Y mira por
donde, además de dar un ministerio al propio Pablo Iglesias, le entrega la ‘vicepresidencia segunda’ del
Gobierno y nombra también ministra a Irene
Montero, que es la compañera sentimental de Iglesias.
El programa
económico de este Gobierno de coalición se radicaliza hasta extremos
verdaderamente graves. Recupera la subida de impuestos de los PGE de 2019, que habían sido
rechazados. Y no contentos con semejante desafuero, hablan de derogar la reforma
laboral de Mariano Rajoy, que dio tan buenos resultados para mejorar las
estadísticas del paro.
Quieren
también subir artificialmente el salario mínimo, lo que es letal sobre todo
para las pymes y para los autónomos, ya que así da lugar a una disminución
notable de la demanda empresarial, que se traducirá en un aumento considerable
del desempleo. Y no cabe la menor duda que esa vuelta acelerada al
intervencionismo radical influirá contundentemente en la desaceleración o
agotamiento del crecimiento económico y, por lo tanto, en la destrucción de puestos de trabajo.
En 2017,
por ejemplo, estuvimos creciendo al 2,9%, para bajar rápidamente al 2,4% en
2018 y al 2% en 2019. Al finalizar 2019, Pedro
Sánchez ya tenía 1.723 parados más, que
cuando llegó al Gobierno. Pero esto no es más que el principio del desastre que
se avecina. Y la peor parte, que le vamos a hacer, se la van a llevar los
autónomos que, en esa misma fecha, ya habían desaparecido nada menos que 10.279
de las listas de la Seguridad Social.
Sin ir más
lejos, al finalizar 2020, el paro registrado en las oficinas de Empleo ya
alcanzaba la escalofriante cifra de 3.888.137 parados, más de 630.000 más de
los que le dejó Mariano Rajoy. Y no
podemos olvidar que, en esa fecha, había 755.613 personas incluidas en las
listas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Y muchos de los trabajadores que
ahora están cobijados en los ERTE, como
consecuencia de la asfixia que padecen las empresas, terminarán pasando
lamentablemente a engrosar los ERE.
Algo muy
parecido está pasando con la deuda pública. Cuando Pedro Sánchez era el único responsable del Gobierno, la deuda venía
creciendo diariamente una media de 105,99 millones de euros. Pero desde que se asoció con el del moño, la
deuda crece a un ritmo de unos 168,20 millones por día.
Y la
situación seguirá agravándose, porque a la vez
que crece exponencialmente el gasto, también cae en picado la
recaudación y se produce un descenso importante del PIB. Dependiendo de la intensidad que alcance el movimiento del
déficit y del PIB, es casi seguro
que la deuda española termine, a finales de 2020, termine entre el 115% y el
125% del PIB. De hecho, el
gobernador del Banco de España pronostica que terminaremos este ejercicio en el
128,7%, y afirma que, de seguir así las cosas, es muy posible que, a finales de
2021, superemos el 130% del PIB.
Es sabido
que Pedro Sánchez, arropado por sus disciplinados
polizontes, achaca el cataclismo que sufre nuestra economía a la pandemia, por
culpa de las restricciones de movimientos, el cierre de fronteras, las
limitaciones comerciales y el cierre de los centros de ocio, para frenar la
propagación del coronavirus. Y es verdad que todas estas medidas restrictivas han
tenido un impacto notable en la marcha de la economía española.
Pero el
verdadero culpable de la situación económica que atravesamos es el propio presidente del
Gobierno, que ha hecho una gestión desastrosa de esa epidemia. Presume mucho,
pero en porcentajes, tenemos más contagiados y más muertos que nadie y una
destrucción de riqueza que hace historia. Está visto que, para desarrollar
satisfactoriamente su papel de gobernante necesita más luces y, sobre todo, le
sobra arrogancia y soberbia.
Gijón, 28 de
diciembre de 2020
José Luis
Valladares Fernández
Zapatero reabrió las viejas heridas, que parecían cerradas y así seguimos, creando un enfrentamiento entre españoles totalmente artificial.
ResponderEliminarEsa fue la mayor torpeza de Zapatero. Y lo peor de todo es que el dúo de Sánchez-Iglesias, siguen en esa misma línea. Se han propuesto recuperar el espíritu y la letra del tristemente célebre Frente Popular.
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