MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

Tanto El Mundo como El País se han desmelenado últimamente y han puesto en la picota a destacados miembros de la cúpula del Partido Popular. Ambos periódicos utilizaron profusamente, y muy a la ligera, una información poco constatada, suministrada al parecer por el abogado Jorge Trías, un antiguo afiliado del partido y amigo íntimo de Baltasar Garzón. Según nos cuentan quienes le conocen, estaríamos ante un personaje excesivamente enrevesado e impredecible, muy dado a la venganza y al resentimiento y, además, quiere ser siempre protagonista.

Según datos suministrados por Luis Bárcenas, el ex diputado Jorge Trías se ofreció al Partido Popular para desempeñar el cargo de Ministro de Justicia o Defensor del Pueblo en el Gobierno de Mariano Rajoy. También pasó al partido una minuta de 50.000 euros por el asesoramiento prestado, según él, en el caso Gürtel. Al no ser atendida ninguna de sus pretensiones, montó en cólera y, siguiendo quizás el consejo del despechado ex juez Garzón,  entrega a los periódicos citados una documentación un tanto sospechosa y muy comprometida para el Partido Popular. Según esos papeles, varios dirigentes del partido, entre los que estaría el actual presidente del Gobierno, habrían cobrado sobresueldos en dinero negro.

Hasta ahora nadie ha podido probar estos hechos. Los papeles publicados, según todos los indicios, no son más que unas simples fotocopias, posiblemente amañadas para castigar de manera intencionada a esa formación política. De momento, ni El Mundo, ni El País  han podido aportar documento alguno que avale la veracidad de esos papeles, lo que ha sido determinante  para que este asunto se haya ido desinflando poco a poco. De ahí que no sepamos aún el verdadero alcance de tan grave acusación. Podemos estar ante un hecho real o ante un burdo embuste, montado y divulgado con la maliciosa idea de desacreditar al Partido Popular. Lo malo es que,  aunque se trate de un simple infundio, además de perjudicar gravemente a este partido, se pone en cuestión la credibilidad de España y se hace un daño irreparable a toda la clase política.

Haciendo bueno el conocido refrán de  “Consejos vendo y para mi no tengo”, el primero en lanzarse a la yugular del Partido Popular ha sido precisamente el inefable Alfredo Pérez Rubalcaba, que es precisamente quien más motivos tiene para callar. Su partido ha sido históricamente uno de los más corruptos de España, y hasta hoy mismo tiene bastantes casos de qué arrepentirse, sobre todo en Andalucía. Pero prefiere obviar sus propios pecados y, sin ordenar antes su casa, se dedica con verdadera fruición a barrer la de los demás. No se si se da cuenta de que, con sus incendiarias acusaciones y la extemporánea petición de dimisión del presidente del Gobierno está contribuyendo, consciente o inconscientemente, a propagar el descrédito de las instituciones españolas y a agrandar  considerablemente nuestra falta de credibilidad en el exterior.

Con independencia de que exista o no esa contabilidad B en el Partido Popular, el ambiente de corrupción entre la clase política es francamente irrespirable. No hay partido político que no se vea salpicado, de una manera u otra, con algún caso de corrupción y la sociedad ya no confía en ninguno de ellos. Para los ciudadanos de a pie y, lo que es peor, para los medios de comunicación extranjeros, todos los cargos públicos españoles o están manchados, o están bajo sospecha. Y como la tan cacareada Ley de Transparencia sigue durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, hay políticos que, con mayor o menor sinceridad,  se atreven a plantear  posibles soluciones  para acabar con la corrupción y recuperar nuevamente la honorabilidad perdida. Por su significación política, citamos a Esperanza Aguirre y al inevitable Alfredo Pérez Rubalcaba.

Omitimos en cambio a Mariano Rajoy porque aún no ha expresado claramente su postura. Ante la oleada de acusaciones suscitadas por las afirmaciones publicadas en El Mundo y en El País, el jefe del Ejecutivo publicó en la web de La Moncloa la información detallada de sus declaraciones fiscales entre los años 2003 y 2011. Pensó que, con semejante gesto, acallaría todas las críticas y quedaría completamente a salvo su honorabilidad personal. Si hubiera tomado alguna otra decisión más radical, Mariano Rajoy dejaría de ser Rajoy, porque está plenamente convencido de que “la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, y esa es también una decisión".

Rubalcaba, en cambio, sí se moja y habla como si en su vida nunca hubiera roto un plato y su partido no tuviera nada que ocultar. Dando por supuesta su inocencia y la de todos los suyos, se atreve  a proponer cuatro medidas urgentes para evitar actos corruptos en las demás formaciones políticas. Y pide sanciones extremadamente duras y ejemplares para los que, a pesar de todo,  se dejen corromper, sanciones que alcanzará por igual  “al que corrompe y al que se corrompe”.

El secretario general de los socialistas españoles aboga, en primer lugar, por la creación inmediata de una Oficina Anticorrupción dentro de la propia Administración del Estado. Los integrantes de la misma se dedicarán preferentemente a vigilar de cerca a los políticos y funcionarios que tengan algo que ver con la gestión económica de los recursos públicos.  Este grupo de inspectores especiales, u “hombres de negro” como les llama Rubalcaba, estarían debidamente facultados para entrar por sorpresa y sin aviso previo, en las distintas administraciones públicas para ver “qué se hace allí”.

En segundo lugar, Alfredo Pérez Rubalcaba exige que sea la Audiencia Nacional la que entienda y enjuicie los posibles casos de corrupción política, cometidos por los distintos cargos o representantes públicos en cualquier parte del territorio nacional. De esta manera, según dice el líder de la oposición, tendríamos garantizado un proceso judicial rápido y ejemplar. Propone, en tercer lugar, que todas aquellas empresas, que aparezcan implicadas en casos de corrupción política,  queden oficialmente inhabilitadas para conseguir contratos públicos con cualquiera de las administraciones, al menos, mientras dure la condena de sus responsables.

La cuarta y última media propugnada por Rubalcaba exige una total e inexcusable transparencia en la financiación de las distintas formaciones políticas. Y esto solo se consigue prohibiendo totalmente las donaciones empresariales a los partidos, tanto de forma pública como privada. El dinero que habitualmente se llevan los partidos políticos con ese tipo de donaciones, sería mucho más útil si las empresas lo destinaran a la creación de empleo.

La fórmula aportada por Esperanza Aguirre para acabar con la corrupción y reiniciar el proceso de regeneración democrática,  es mucho más simple y bastante más efectiva que la de Rubalcaba. En primer lugar, habría que proceder a la liberación plena de todos los sectores productivos e industriales y que los contratos de las empresas con cualquiera de las administraciones se diriman necesariamente en subastas públicas rigurosas. A la vez, habría que  “dar el poder a los ciudadanos”, lo que implicaría acabar definitivamente con las habituales listas cerradas y bloqueadas de los partidos políticos. Esperanza Aguirre exige, además, otra condición complementaria a quienes quieran acceder a la política, que demuestren que han realizado previamente tareas laborales o empresariales en el sector privado.

Con las medidas propuestas por Alfredo Pérez Rubalcaba, quedarían muchos cabos sueltos. Para empezar, los  miembros de la Oficina Anticorrupción, los famosos “hombres de negro”, serían elegidos por los mismos políticos a quienes tendrían que vigilar, por lo que acabarían lamentablemente siendo tan poco fiables como ellos.

Las medidas propuestas por Esperanza Aguirre para prevenir la corrupción, aunque insuficientes, serían bastante más efectivas que las de Rubalcaba, ya que los ciudadanos podrían mandar directamente a casa a los políticos que protagonizaran actos sospechosos. En la actualidad, esto no es posible en absoluto, ya que solamente se les ofrece la posibilidad de optar por una lista u otra, integradas todas ellas por personas impuestas por las cúpulas de los partidos. Pero haría falta algo más. Por ejemplo, fijar por ley la fecha de caducidad de los políticos y, como no, restablecer de manera meticulosa la separación efectiva de poderes, proscrita por el Gobierno de Felipe González en julio de 1985.

A pesar de utilizar todas estas cautelas,  es muy posible que aún haya representantes políticos más débiles de la cuenta, que cedan ante la tentación de aprovecharse ilegalmente del cargo. Para estar seguros de su probidad, no estaría de más tomar las precauciones adoptadas por Ulises en su peligroso viaje hacia Ítaca. Advertido por la diosa Circe de lo peligroso que era escuchar el canto de las sirenas, decidió taponar con cera los oídos de sus remeros para que no pudieran oírlas. El mismo Ulises se hizo atar fuertemente al mástil del navío, para no saltar al agua seducido por su música cautivadora.

Gijón, 18 de febrero de 2013

José Luis Valladares Fernández