4.- Compromisos incumplidos

Es muy posible que hoy día el Gobierno de Mariano Rajoy esté completamente de acuerdo con aquel dicho de Napoleón Bonaparte que reza así: “no hay mejor  manera de mantener la palabra dada que no darla nunca”. Y es que fueron muchas las promesas que se hicieron a los ciudadanos españoles en la pasada campaña electoral de noviembre de 2011, y la mayoría de ellas han quedado sin cumplir.

Es cierto que España, en cuestiones económicas, no puede decidir por sí misma. Además de formar parte de la Unión Europea y de estar sometidos a una legislación comunitaria, estamos tremendamente endeudados y mantenemos un déficit público exageradamente alto que hipoteca nuestro futuro. Son por lo tanto nuestros acreedores los que condicionan nuestras actuaciones y los que, en definitiva, tienen la última palabra a la hora de tomar cualquier clase de decisión cuando haya intereses económicos de por medio.

Es perfectamente comprensible que Alemania, cuyo nivel de intervención en España es tan alto, haya conminado a Mariano Rajoy a endurecer recortes y a elevar desmedidamente la presión fiscal. Y Rajoy sabía, cómo no, que esto iba a ser así, por lo que debiera haber sido  mucho más cauto a la hora de formular promesas electorales sobre temas eminentemente económicos. Se hubiera ahorrado un buen número de alborotos callejeros y los ‘escraches’ o acosos irracionales  que han tenido que soportar algunos responsables populares.

Lo malo es que hay otros compromisos electorales en los que ni entran ni salen las autoridades comunitarias y siguen, no se si en el baúl de los recuerdos o en el de los olvidos intencionados. El caso del aborto es uno de ellos. En su programa electoral, el Partido Popular se comprometió a promover "una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas". Aunque habla claramente de cambiar “el modelo de la actual regulación para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores", la fórmula que ofrece es intencionadamente ambigua. Pues nadie sabe si se trata de la derogación de la actual Ley del Aborto o de una simple reforma de la misma.

Es evidente que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende desvincular esta reforma del ámbito sanitario y de unos supuestos derechos femeninos y darla un carácter eminentemente mucho más jurídico. De ahí que se encargue de pilotar esta esperada reforma el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en vez de Ana Mato, la actual ministra de Sanidad. Pero, por lo que parece, Gallardón  no tiene prisa alguna para devolver por fin,  a los más inocentes, su incuestionable derecho a nacer y a vivir.

Nadie sabe, por ahora, cual va ser el alcance definitivo de ese esperado Proyecto de Ley sobre el aborto. Ni el mismo Ruiz-Gallardón lo tiene claro. Ha hablado varias veces de semejante proyecto y las pistas que va dando,  no son en absoluto concluyentes. Unas veces da a entender que la nueva ley del aborto será, con mucho, la más dura de toda la democracia. Otras veces intuyes que solamente pretende poner fin a la ley de plazos de 2010 para volver, con más o menos matizaciones, a la ley de los supuestos de 1985.

El día 5 de marzo del pasado año, el ministro de Justicia compareció en el Senado y admitió que tampoco le gustaba la primera norma despenalizadora del aborto porque permitía abortar a embarazadas de ocho meses de gestación, aduciendo simplemente algún tipo de riesgo psíquico para la madre. Este supuesto fue justamente el más utilizado por las mujeres que decidían abortar. Es muy posible que pretenda volver a los supuestos de 1985, pero aplicados de una manera bastante más estricta y racional. Los problemas psicológicos, que es el  motivo aducido por el  95% de las mujeres que abortaron, tendrían que ser debidamente diagnosticados por varios médicos.

En esa comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió a presentar el primer borrador de la Ley del Aborto en otoño, en el que se recuperará evidentemente la necesidad de que, las menores de 18 años, cuenten con el permiso de sus padres para abortar.  Pero pasó el otoño, pasó igualmente el invierno y, o mucho corren ahora, o pasará también la primavera y el Gobierno del Partido popular seguirá incumpliendo su promesa de presentar un proyecto de ley que cambie esta anómala situación.

Y mientras tanto, sigue la vaguedad y la indefinición del Gobierno de Mariano Rajoy. Dice que está estudiando detenidamente en qué casos se permitirá el aborto. Y añade que está buscando simultáneamente la mejor manera de salvaguardar la doctrina constitucional que establece  la obligación de proteger al no nacido. Dan a entender que se están esforzando para concitar el necesario consenso de todos los grupos políticos para sacar adelante las pretendidas reformas a la Ley del Aborto. Consenso que saben perfectamente que es imposible.

Está visto que en el ministerio de Justicia se olvidan fácilmente de los valores morales que han sido tradicionalmente santo y seña del Partido Popular, y se dejan contaminar por doctrinas típicamente socialdemócratas. De ahí que demuestren tan poco interés y se den tan poca prisa en solucionar el problema del aborto. Y mientras tanto y no, siguen conculcándose abiertamente, de  la manera más expeditiva posible, los derechos fundamentales de muchos de los concebidos. Y, para colmo de males, se hace con dinero público. Dinero que tanto se regatea cuando se presenta una enfermedad y se prodiga alegremente para acabar con la vida humana de seres tan indefensos como los no nacidos.

No conocemos aún las cifras oficiales de los abortos del año 2012; las de 2011, con 118.359 abortos, son auténticamente escandalosas. Un 4,7% más que en el año anterior. Desde 1985, fecha en que se implantó el aborto en España por primera vez, se han  eliminado de la manera más cruel  y aberrante más del millón seiscientas mil vidas  de inocentes, a las que se les ha negado su incuestionable derecho a nacer. No deja de ser una terrible infamia que sean precisamente sus madres, aduciendo un derecho que no existe, las primeras interesadas en acabar con la vida de sus hijos dentro de su propio vientre.

No se por qué ponen tanto empeño en corregir a la naturaleza, que es la que en realidad selecciona correctamente y de manera natural a los privilegiados. Los espartanos fueron los primeros que, en la antigüedad, comenzaron a practicar un tipo similar de selección, arrojando desde el Monte Taigeto a los niños extremadamente débiles. Les imitaron más tarde los romanos, lanzando desde la roca Tarpeya a los recién nacidos que venían al mundo con algún problema o deformidad física. Una costumbre sumamente brutal, pero bastante menos cruel que los abortos actuales. Al menos les daban la oportunidad de nacer.

En España, al revés que en Europa, cada vez se utiliza más el aborto como método de planificación familiar y, en consecuencia, es una práctica que se ha disparado en estos últimos años. No sirvió de nada la venta indiscriminada y sin el debido control médico de la píldora del día después. Fueron además completamente inútiles las campañas de prevención y adoctrinamiento de los adolescentes sobre la materia, lanzadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y por sus ministras de cuota. Últimamente se ha generalizado el aborto, la siniestra expropiación de la vida de los más débiles, y, en  el 89,58% de los casos registrados, se utilizó sin pudor alguno la barra libre del aborto en las primeras 14 semanas de vida. El mismo porcentaje de cuando se acogían al supuesto despenalizador por riesgo psicológico de la madre.

Y es tremendamente lamentable que haya personas sin conciencia, dedicadas a comerciar y a hacer caja provocando la muerte de unos seres humanos inocentes, dentro del seno de sus propias madres. Desde 1985 hasta finales de 2011 se han practicado oficialmente 1.692.991 abortos. El coste medio por aborto está en los 500 euros, lo que hace un total de 846.495.500 euros. Una cifra ciertamente inasumible y escandalosa en un contexto de enorme crisis como el que padecemos, y mucho más si tenemos en cuenta que se utilizan para acabar con la vida de las criaturas más débiles e indefensas de este mundo, los nascituri que dirían los romanos.

A esa cantidad habría que agregar lo que la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo sigue entregando regularmente  a la ONG Solidaridad Internacional para exportar el aborto, especialmente a una amplia zona de Hispanoamérica. Los responsables actuales del Gobierno eliminaron, eso sí,  el epígrafe “salud sexual y reproductiva” porque suena mal, pero nada más. Sigue manteniendo el compromiso de destinar el 9% de la ayuda al desarrollo a la práctica del aborto y violencia doméstica.

Todo esto indica que la sensibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy con el derecho a la vida es francamente mejorable. Es tremendamente remiso a tomar decisiones responsables que anulen o, al menos, minimicen los terribles efectos de la barra libre para el aborto. Es muy posible que en 2012 hayamos superado con creces los 120.000 abortos, aunque tardaremos en enterarnos del número exacto. Como saben que son cifras sumamente escandalosas, que ofenden a la razón y a la sensibilidad más elemental de los que defienden los derechos fundamentales, demoran todo lo que pueden su publicación.

Los abortos oficiales, practicados durante el año 2011, no se dieron a conocer hasta el 21 de diciembre de 2012. Eligieron precisamente un fin de semana de puente de Navidad, y ya de noche, para que la noticia tuviera el menor impacto posible. Fue María Mercedes Vinuesa Sebastián, directora general de salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, la que  elaboró y publicó la estadística  de los abortos de 2011.

En la presentación de dicho documento, Mercedes Vinuesa se atreve a decir que la Ley Aido "garantiza la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación". Esto indica claramente que Mercedes Vinuesa carece de la más elemental sensibilidad para desempeñar semejante cargo en un Gobierno conservador. Pero es más preocupante  y sospechoso que el Ministerio de Sanidad no la haya destituido fulminantemente y se haya conformado con suprimir simplemente semejante alegato del correspondiente informe anual.

Gijón, 19 de abril de 2013

José Luis Valladares Fernández