INCONVENIENTES DEL SISTEMA AUTONÓMICO

Los llamados Padres de la Constitución Española, pensando que así acababan con los movimientos del nacionalismo contestatario de algunas regiones de España, institucionalizaron una gestión parcialmente descentralizada con el Estado de las Autonomías. La labor de Gobierno queda estructurada en tres niveles básicos: el Estado central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. El texto constitucional no especifica en absoluto el peso relativo de cada uno de esos tres niveles, circunstancia que aprovecha la casta política para dejar prácticamente sin competencias al Estado central, traspasándolas a las distintas Comunidades Autónomas.

La restructuración de dicho modelo de gestión fue radicalmente errónea. Como era de esperar, no contentó ni a tirios ni a troyanos, ni solucionó el problema que, de manera inocente, trataba de zanjar: las veleidades separatistas de algunos partidos políticos. Antes al contrario, el estado autonómico exacerbó aún más los ánimos independentistas de vascos y catalanes. La clase política terminará de aguar la fiesta, al ceder a las Autonomías competencias que, por su naturaleza, corresponderían exclusivamente al Estado, como es el caso de Sanidad, Educación y Justicia.

Por otra parte, esa descentralización irracional no mejoró en absoluto la atención al ciudadano de la calle. En realidad, no ha valido nada más que para acentuar enormemente las desigualdades entre los españoles, y para que los políticos monten sus chiringuitos particulares para colocar en ellos a sus familiares y amigos. Así que es normal que se dispare de manera irracional el gasto público, evidenciando la inviabilidad de las  Autonomías.

El estado autonómico se bandeaba, mal que bien, mientras estuvo en auge la famosa burbuja inmobiliaria. Al fallar esa fuente anormal de ingresos,  comenzaron a encenderse todas las alarmas al comprobarse la tajante incompatibilidad del sistema autonómico con el estado de bienestar. De ahí que vayan aumentando gradualmente los ciudadanos que piden la desaparición de las Comunidades Autónomas o, por lo menos, que devuelvan al Estado algunas de las competencias transferidas.

La casta política quiere mantener a ultranza el actual modelo autonómico aunque para ello tenga que sacrificar el estado de bienestar. El coste de las Comunidades Autónomas es totalmente inasumible por la sociedad española. A parte de otros inconvenientes, el coste de las mismas ronda los 90.000 millones de euros cada año. Y para hacer frente a semejante gasto, primero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y después el de Mariano Rajoy, no han tenido más remedio que aumentar considerablemente la presión fiscal y recortar gastos en partidas tan importantes y sensibles como son Sanidad, Educación y Justicia.

Desde que se inició la crisis económica, los impuestos en España subieron de una manera tan brutal para la clase media que, dentro de la Unión Europea,  solamente  Bélgica, Dinamarca y Suecia pagan más impuestos que nosotros. Pero en estos tres países, y en la mayoría de los que integran la Unión Europea, el dinero de los impuestos tiene un destino prioritario: mantener y mejorar el estado de bienestar de sus ciudadanos. En España, no. La mayor parte del dinero de nuestros impuestos se destina de manera irresponsable a mantener y a engordar una Administración ya excesivamente sobredimensionada.

Los ciudadanos españoles,  los que viven honradamente de su trabajo o de su modesta pensión, quieren acabar de una vez con ese desmadre autonómico, que es extremadamente caro y que nos está llevando inevitablemente a la ruina. La casta política, en cambio, no quiere oír hablar ni de la más mínima simplificación de tan disparatado modelo de gestión. No es de extrañar que quiera mantener a toda costa esas 17 estructuras paralelas, cuesten lo que cuesten, para disimular en ellas todo tipo de fundaciones, agencias, empresas públicas y toda clase de subterfugios para colocar a dedo a sus amigos, familiares y al mayor número posible de militantes de todos los partidos políticos. También, cómo no, para complicar la fiscalización de sus cuentas, ya que todo ese conglomerado de instituciones sirve perfectamente para ocultar o encubrir su enorme despilfarro público.

España no se puede comparar en extensión con China, ni con Estados Unidos y mucho menos con Rusia. Y aunque somos un país muy pequeño, la avaricia desmedida de los políticos les ha llevado a fragmentarlo por regiones, creando 17 taifas o estructuras administrativas diferentes, con un gasto y un nivel de competencias muy superior al de cualquier otro país del mundo con administraciones intermedias. En todos los países que cuentan con una administración intermedia, el mayor gasto público corresponde siempre, y con gran diferencia, al Estado central. En España, no. En España el mayor gasto público lo realizan las Comunidades Autónomas.

Desde que estalló la crisis económica, los distintos Gobiernos de España se han comprometido una y otra vez a reducir gastos, sobre todo a nivel autonómico. Las continuas promesas de austeridad nunca se vieron adecuadamente reflejadas en los presupuestos de cada año. En 2012 por ejemplo, el gasto total de las Comunidades Autónomas alcanzó la importante cifra de 186.474 millones de euros, ni más ni menos que 30.000 millones más que en 2007, que es cuando se inició la actual y persistente crisis económica. Aunque en 2012 se redujeron levemente los gastos, estos siguen siendo bastante más elevados que los del inicio de la crisis. Así que la famosa austeridad no pasa de ser un cuento chino.

Hay que tener en cuenta,  que el personal de estas  administraciones intermedias ha estado creciendo exponencialmente desde el principio de nuestra transición democrática. Así que, a pesar de la crisis, es normal que se disparen los gastos generales e incluso los llamados gastos sociales. Con el traspaso alocado de competencias a las Comunidades Autónomas, el Estado transfirió también los 821.357 empleados que las gestionaban. Pero hoy día, el personal autonómico supera con creces los 1.740.000 empleados. Desde que aparecieron las primeras dificultades económicas a mediados de 2007 hasta hoy, el personal asalariado de las Autonomías creció en más de 32.000 personas.

Dicho de otro modo, las Comunidades Autónomas necesitan más de 1.740.000 de asalariados para realizar exactamente el mismo trabajo que desempeñaban en el Estado las 821.357 personas, antes de realizar las transferencias. Y no es que tengamos muchos más médicos o profesores. Tenemos algunos más, pero muy pocos más y como consecuencia del aumento de la población. Crecieron, eso sí, y de manera desmedida, los políticos autonómicos y los contratados a dedo para pagarles algún favor o por su condición de amigos o familiares de los responsables autonómicos, para que vivan despreocupadamente del presupuesto público.

Pero las administraciones públicas ni son, ni se comportan  como empresas y, por lo tanto, no es posible arreglar su situación económica mejorando simplemente su gestión. La plantilla de las Comunidades Autónomas está claramente inflada. Así que el único arreglo posible pasa, al menos, por un  adelgazamiento considerable de su estructura. Y mientras no se supriman las autonomías o se racionalicen adecuadamente sus plantillas, no queda más remedio que subir los impuestos y recortar notablemente el estado de bienestar, o cerrar los ojos y seguir hipotecando nuestro futuro y el de otras muchas generaciones venideras.

La casta política no quiere oír hablar de devolver competencias al Estado, ni siquiera aquellas que nunca debieron ser transferidas  como Sanidad, Educación y Justicia, y mucho menos que se pretenda suprimir radicalmente las autonomías. Necesitan mantener ese tipo de gestión autonómica  para camuflar convenientemente empresas públicas, agencias y fundaciones para ocultar sus enjuagues con dinero público y poder enchufar injustamente a sus familiares y amigos y conmilitones políticos.

Barrillos de Las Arrimadas, 15 de septiembre de 2013

José Luis Valladares Fernández