No hay nada peor para un país que dar el poder a una persona intelectualmente mediocre. Estas personas, con el BOE en sus manos, tratarán, por todos los medios, de aparentar lo que en realidad no son. Y esto les hace extremadamente osados y peligrosos. Y si van de iluminados, terminan por creerse que pueden regular por ley hasta los mismos fenómenos atmosféricos. Este es, hasta cierto punto, el pecado político que los españoles, por torpes, estamos ahora expiando.
Zapatero, tan pronto se vio investido presidente, comenzó a entrar a saco en todas las instituciones españolas, sean estas estatales o no, con el ánimo de influir en cada una de ellas, alterando así su normal funcionamiento. Por lo que parece, le importaba un comino que lo que funcionaba más o menos bien, comience a funcionar mal como consecuencia de su intervención. Y no digamos lo que ya marchaba mal, como es el caso de las Autonomías. Con la mediación de Zapatero van directamente al desastre.
Los padres de nuestra Constitución de 1978 pecaron de incautos con el establecimiento del denominado Estado de las Autonomías que, a la larga, ha resultado ser todo una calamidad manifiesta. Con toda la buena fe del mundo, pensaron que, con la descentralización y la cesión de competencias a las regiones, se solucionaba el problema creciente del separatismo de alguna de ellas. Pero lejos de solucionar el problema, con esa cesión de poder, excitaron aún más los instintos independentistas de los caciques autonómicos. Y el problema grave de una de las regiones se propagó de inmediato a otras zonas españolas donde ese movimiento estaba más latente.
Con la llegada a la Moncloa de Zapatero, el problema se complicó enormemente. Con su memoria histórica y su filosofía política de comenzar nuevamente donde acabó la República, dio nuevos ánimos a los oportunistas y advenedizos de la cosa pública. Y de este modo comenzó nuevamente la carrera política para ver quien llegaba antes, al menos, a las cotas de poder alcanzado en aquellos desgraciados momentos de nuestra historia. Aparecen por doquier nuevos Sabinos Aranas, predicadores incansables, que cantan a los suyos las excelencias y bondades de una posible independencia.
Surge, de este modo, una efervescencia absurda por la elaboración de nuevos Estatutos que prescindan de la Constitución Española, den más poder a las regiones, y las conviertan en presuntas naciones soberanas. Comenzó Cataluña la fiesta, pero diversos y encontrados intereses nacionalistas propició que terminara en fracaso. Es aquí cuando aparece otra vez en escena, vestido de hada madrina, el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Llama a la Moncloa a Artur Mas y comienza un tutelaje absurdo de un Estatuto que, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, es claramente anticonstitucional.
Como nadie quiere ser menos, todas las regiones se aprestan a seguir los desatinados pasos del Estatuto catalán. Y los que logran ponerse de acuerdo y redactan nuevos Estatutos, votados eso sí por una escasa minoría, todos pecan de anticonstitucionales, aunque los distintos próceres políticos traten de disimular esa anticonstitucionalidad con rebuscados y simples subterfugios gramaticales.
El estado de las autonomías, desde el punto de vista económico, digan lo que digan unos y otros, es totalmente inviable. Duplica cargos que cuestan un dinero que no tenemos y que se necesita para cubrir otras necesidades más básicas y primarias. Además del empobrecimiento progresivo a que nos lleva el mantenimiento de tanta taifa, el proceso ha modelado unas regiones tremendamente insolidarias que no dan ni el agua que les sobra y prefieren que se vierta al mar antes que la aproveche quien no la tiene y la necesita. Y ha vuelto la hora del caciquismo regional que es más propio del cantonalismo del pasado que del momento actual.
Comienza de este modo una carrera loca para ver quien gasta más y de modo más absurdo. Como no abunda el dinero, se buscará la manera de recabar fondos a costa de otras regiones más pobres, utilizando para ello la complicidad de un gobierno incapaz y que saben que necesita apoyos políticos puntuales para mantenerse de un modo medianamente decoroso. Y gastan tan desaprensivamente que la deuda de las Comunidades Autonómicas sufrió un aumento de nada menos que de un 20% solamente en el primer trimestre del año actual. Tanto que, según el Banco de España, llegaron a acumular una deuda de 73.385 millones de euros, lo que supone el 6,7% del PIB, y en un momento tan delicado como este por nuestra crisis económica. Nunca antes se había alcanzado una deuda tan alta y desorbitada.
Lo malo de todo esto es que se despilfarra el dinero del contribuyente de una manera insultante, entre otras cosas en abrir embajadas diplomáticas autonómicas en vez de mejorar los servicios deficientes de sanidad, educación, justicia y en diversas y necesarias infraestructuras. E incluso en solucionar, de una vez por todas, la dichosa Ley de Dependencia, de la que el Gobierno del PSOE solamente se acuerda en periodo electoral.
Es bochornoso que, a finales de junio de este mismo año, las Comunidades Autonómicas contaran con 196 embajadas, frente a las 116 del Estado español, lo que no deja de ser un despropósito intolerable. No sé si, posteriormente a esa fecha, el independentista Rovira ha abierto alguna nueva embajada catalana. Es cierto que estos caciques de poco pelo no las llaman embajadas y emplean eufemísticamente el nombre de delegaciones, pero estos centros no hacen otra cosa que invadir las competencias diplomáticas en asuntos que constitucionalmente corresponden en exclusiva al Gobierno central.
Está fuera de toda duda que las 46 delegaciones diplomáticas catalanas, que estaban en funcionamiento a finales de junio pasado, se dedican con ahínco a propalar la idea de que Cataluña es una nación aparte de España. Cataluña, lo mismo que el país vasco, utilizan estas delegaciones diplomáticas para recabar, de un modo descarado, el mayor número de apoyos posibles para su causa separatista. Todas ellas, y las delegaciones gallegas principalmente, se dedican también a procurar para el nacionalismo el voto cautivo de los emigrantes españoles.
Estas embajadas autonómicas les sirven a estos dictadorzuelos regionales para disimular sus abundantes corruptelas y colocar en ellas a los familiares, los amigachos y a los conmilitones más allegados.
Con Zapatero, y casi sin darnos cuenta, se ha puesto en práctica un tipo de política incompetente, claramente tabernaria, que nos lleva sin remisión al despropósito y a la ruina y a la desaparición irremediable de la idea de España. Despropósito y ruina que se acrecentará y acelerará aún más con el nuevo tipo de financiación que ha impuesto ahora el Gobierno. ¿Cuánto tiempo tardarán los catalanes en pedir más dinero?
Barrillos de Las Arrimadas, 19 de julio de 2009
José Luis Valladares Fernández
Zapatero, tan pronto se vio investido presidente, comenzó a entrar a saco en todas las instituciones españolas, sean estas estatales o no, con el ánimo de influir en cada una de ellas, alterando así su normal funcionamiento. Por lo que parece, le importaba un comino que lo que funcionaba más o menos bien, comience a funcionar mal como consecuencia de su intervención. Y no digamos lo que ya marchaba mal, como es el caso de las Autonomías. Con la mediación de Zapatero van directamente al desastre.
Los padres de nuestra Constitución de 1978 pecaron de incautos con el establecimiento del denominado Estado de las Autonomías que, a la larga, ha resultado ser todo una calamidad manifiesta. Con toda la buena fe del mundo, pensaron que, con la descentralización y la cesión de competencias a las regiones, se solucionaba el problema creciente del separatismo de alguna de ellas. Pero lejos de solucionar el problema, con esa cesión de poder, excitaron aún más los instintos independentistas de los caciques autonómicos. Y el problema grave de una de las regiones se propagó de inmediato a otras zonas españolas donde ese movimiento estaba más latente.
Con la llegada a la Moncloa de Zapatero, el problema se complicó enormemente. Con su memoria histórica y su filosofía política de comenzar nuevamente donde acabó la República, dio nuevos ánimos a los oportunistas y advenedizos de la cosa pública. Y de este modo comenzó nuevamente la carrera política para ver quien llegaba antes, al menos, a las cotas de poder alcanzado en aquellos desgraciados momentos de nuestra historia. Aparecen por doquier nuevos Sabinos Aranas, predicadores incansables, que cantan a los suyos las excelencias y bondades de una posible independencia.
Surge, de este modo, una efervescencia absurda por la elaboración de nuevos Estatutos que prescindan de la Constitución Española, den más poder a las regiones, y las conviertan en presuntas naciones soberanas. Comenzó Cataluña la fiesta, pero diversos y encontrados intereses nacionalistas propició que terminara en fracaso. Es aquí cuando aparece otra vez en escena, vestido de hada madrina, el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Llama a la Moncloa a Artur Mas y comienza un tutelaje absurdo de un Estatuto que, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, es claramente anticonstitucional.
Como nadie quiere ser menos, todas las regiones se aprestan a seguir los desatinados pasos del Estatuto catalán. Y los que logran ponerse de acuerdo y redactan nuevos Estatutos, votados eso sí por una escasa minoría, todos pecan de anticonstitucionales, aunque los distintos próceres políticos traten de disimular esa anticonstitucionalidad con rebuscados y simples subterfugios gramaticales.
El estado de las autonomías, desde el punto de vista económico, digan lo que digan unos y otros, es totalmente inviable. Duplica cargos que cuestan un dinero que no tenemos y que se necesita para cubrir otras necesidades más básicas y primarias. Además del empobrecimiento progresivo a que nos lleva el mantenimiento de tanta taifa, el proceso ha modelado unas regiones tremendamente insolidarias que no dan ni el agua que les sobra y prefieren que se vierta al mar antes que la aproveche quien no la tiene y la necesita. Y ha vuelto la hora del caciquismo regional que es más propio del cantonalismo del pasado que del momento actual.
Comienza de este modo una carrera loca para ver quien gasta más y de modo más absurdo. Como no abunda el dinero, se buscará la manera de recabar fondos a costa de otras regiones más pobres, utilizando para ello la complicidad de un gobierno incapaz y que saben que necesita apoyos políticos puntuales para mantenerse de un modo medianamente decoroso. Y gastan tan desaprensivamente que la deuda de las Comunidades Autonómicas sufrió un aumento de nada menos que de un 20% solamente en el primer trimestre del año actual. Tanto que, según el Banco de España, llegaron a acumular una deuda de 73.385 millones de euros, lo que supone el 6,7% del PIB, y en un momento tan delicado como este por nuestra crisis económica. Nunca antes se había alcanzado una deuda tan alta y desorbitada.
Lo malo de todo esto es que se despilfarra el dinero del contribuyente de una manera insultante, entre otras cosas en abrir embajadas diplomáticas autonómicas en vez de mejorar los servicios deficientes de sanidad, educación, justicia y en diversas y necesarias infraestructuras. E incluso en solucionar, de una vez por todas, la dichosa Ley de Dependencia, de la que el Gobierno del PSOE solamente se acuerda en periodo electoral.
Es bochornoso que, a finales de junio de este mismo año, las Comunidades Autonómicas contaran con 196 embajadas, frente a las 116 del Estado español, lo que no deja de ser un despropósito intolerable. No sé si, posteriormente a esa fecha, el independentista Rovira ha abierto alguna nueva embajada catalana. Es cierto que estos caciques de poco pelo no las llaman embajadas y emplean eufemísticamente el nombre de delegaciones, pero estos centros no hacen otra cosa que invadir las competencias diplomáticas en asuntos que constitucionalmente corresponden en exclusiva al Gobierno central.
Está fuera de toda duda que las 46 delegaciones diplomáticas catalanas, que estaban en funcionamiento a finales de junio pasado, se dedican con ahínco a propalar la idea de que Cataluña es una nación aparte de España. Cataluña, lo mismo que el país vasco, utilizan estas delegaciones diplomáticas para recabar, de un modo descarado, el mayor número de apoyos posibles para su causa separatista. Todas ellas, y las delegaciones gallegas principalmente, se dedican también a procurar para el nacionalismo el voto cautivo de los emigrantes españoles.
Estas embajadas autonómicas les sirven a estos dictadorzuelos regionales para disimular sus abundantes corruptelas y colocar en ellas a los familiares, los amigachos y a los conmilitones más allegados.
Con Zapatero, y casi sin darnos cuenta, se ha puesto en práctica un tipo de política incompetente, claramente tabernaria, que nos lleva sin remisión al despropósito y a la ruina y a la desaparición irremediable de la idea de España. Despropósito y ruina que se acrecentará y acelerará aún más con el nuevo tipo de financiación que ha impuesto ahora el Gobierno. ¿Cuánto tiempo tardarán los catalanes en pedir más dinero?
Barrillos de Las Arrimadas, 19 de julio de 2009
José Luis Valladares Fernández
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